Prácticamente en este mes de junio, se ha dado un parte agua en las históricas y siempre difíciles relaciones con Washington, a solo cinco meses de las elecciones presidenciales.
Es lógico, que ante un FSLN unido y activo, ganador indiscutible de las próximas elecciones, frente a una oposición dividida y castigada por la ley, a los EE. UU no les queda más, que ser ellos los protagonistas a pecho abierto de la desestabilización del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) y el impedimento de la victoria electoral del FSLN.
En la edición No. 311 de marzo de este año, nuestra revista Visión Sandinista, publicó sobre las acciones bases y generales, tanto para Centroamérica como para Nicaragua, que los EE.UU habían integrado en su estrategia provisional de seguridad nacional.
150 días después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la maquinaria de política exterior intervencionista USA,https://carlosagaton.blogspot.com/2021/06/el-ataque-superficial-multidimensional.html iniciará una nueva etapa aún más agresiva contra nuestro país. Sobre todo tras el desmantelamiento de la estructura financiera golpista, que desde el 2010 tiene como propósito lograr el cambio de régimen en Nicaragua tal y como lo demandan los manuales de los “Golpes Suaves” de la CIA en coordinación con la USAID y la NED. En relación a ese plan, cuatro grandes ejes del accionar norteamericano, pueden ser visualizados en este afán.
El primero, está dirigido a crear, organizar y financiar toda la estructura política, mediática y para-militar del golpe. Este enjambre de organizaciones no gubernamentales, políticas y medios de comunicación representan la columna vertebral financiada por las agencias USA con varias decenas de millones de dólares, tiene aún como propósito la nueva guerra civil y la toma del poder en Nicaragua.
Pero hemos sido testigo de una sorprendente y audaz operación del GRUN en función de cortar de raíz toda esa estructura vende patria y sus posibilidades económicas, políticas y mediáticas para boicotear las elecciones presidenciales de noviembre de este año.
Pretendían desestabilizar al país antes o después de los comicios, según el modelo aplicado en las elecciones de Bolivia en octubre del 2019, donde la OEA jugó un papel clave en el desconocimiento del triunfo de Evo Morales.
El segundo eje, es la campaña de desprestigio global del GRUN y del Cmte. Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo, vía los medios de comunicación masiva internacional y la mal llamada comunidad internacional, que aparenta ser global, sin embargo no son más que un recurso de poder en sus objetivos de política exterior.
Es un eje muy complejo y difícil de contener porque son miles de millones, que se emplean para este propósito a nivel internacional. Sobre todo si entendemos, que tanto los medios de comunicación internacional como individuos u organizaciones en el extranjero están subordinados al financiamiento USA al igual, que lo hemos visto en Nicaragua.
Este eje, también juega un papel psicológico, de ablandamiento de la moral y la percepción del pueblo y la militancia sandinista producto de masividad de pronunciamientos en contra de la figura de nuestra jefatura partidaria, que al final logre influir en la intención del voto.
El tercero, es toda una amplia actividad de recolección de información secreta, que posibilite y le dé la excusa a la medida al gobierno USA de accionar contra Nicaragua en base “una supuesta base jurídica constitucional”.
Así se evitan ser vistos como el agresor y violadores del Derecho Internacional y que de nuevo sean castigado como en los 80 por la Corte de Justicia Internacional en la H AYA .
La recolección de información, que tanto el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Central de Inteligencia y el Pentágono han venido realizando sobre temas de interés relacionados con su estrategia de “Presión, Chantaje, Coerción y Sanción” hacia el gobierno de Nicaragua no es nuevo.
Esta actividad, se ha incrementado desde el 2016 cuando fue presentado el proyecto de la mal llamada Nica Act. Lo novedoso de todo esto hoy es, “la demanda abierta de información” de inteligencia sobre las relaciones con Rusia y sus actividades en el país.
La fachada de esta actividad clandestina para justificar todo tipo de sanciones, se presenta vía:
Las opiniones expresadas de manera pública en los medios de información sobre temas como:
Dictadura, Corrupción, Violación de los Derechos Humanos en el país. Temas, que ellos mismos inventan y difunden globalmente.
Lo que se le paga por escribir a la diáspora opositora nicaragüense en los EE.UU a sus respectivos representantes en el congreso norteamericano.
La coordinación inter- agencial para la selección de aquellos que pueden comparecer como invitados/testigos a audiencias extraordinarias del congreso.
Sin embargo, la información que obtienen agencias como la CIA y la DIA del Pentágono, por comunicación secreta no es divulgable, ya que proviene de su red de informantes colaboradores secretos en todo el país.
Cabe destacar, que uno de los enormes éxitos de la recién operación del GRUN de desmantelamiento de la estructura y el financiamiento financiada por los EE.UU, le ha dado un duro golpe a la red de informantes secreta de estas agencias, que por el nivel social, que ostentan, les permite acceder a todo tipo de información de interés sobre el gobierno.
Este es el tipo de información, que alimenta cada SECCION de la “Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua, conocida como “RENACER” (por sus siglas en inglés), presentada como iniciativa de ley por varios congresistas halcones anti sandinistas, el 25 de marzo y para su aprobación por el congreso USA.
Para este propósito le dieron un plazo entre 45 y 60 días para, que las agencias del ejecutivo, CIA, DIA, USAID y la Agencia para los Medios de Comunicación Global, presenten informes contundentes, sobre la situación en Nicaragua.
Sobre todo, en lo que respecta a la información de inteligencia ligada a la SECCIÓN 8, que debe demostrar “la supuesta corrupción de miembros de la familia Ortega y oficiales del gobierno de Nicaragua”.
De igual manera de interés tiene la SECCION 9. Sobre: “las actividades de la Federación Rusa en Nicaragua”, que ellos con tanto afán buscan.
La SECCIÓN 10, debe de ser completada con Informes secretos y clasificados sobre “graves abusos a los derechos humanos en contra de campesinos, comunidades indígenas y sociedad civil en el interior de Nicaragua”. Esta va a la par de las SECCIÓNES 2, 3 y 11 de la misma ley, que trata sobre “medios independientes y libertad de información en Nicaragua y la violación de Derechos humanos fundamentales”.
El cuarto eje de acción, lo dirige el staff encargado de la guerra de sanciones impuestas a Nicaragua por el Departamento del Tesoro. Esta estructura del gobierno yanqui, ha estado demandando de las agencias que operan en Nicaragua cumplir con la entrega de la información para la SECCIÓN 4 de esta ley, que garantizará aplicar las “Restricciones a Instituciones Financieras Internacionales con relación a Nicaragua” y que a su vez enmienda la Ley de Condicionalidad para la Inversión en Nicaragua de 2018, (Nica ACT), ampliando los mecanismos de supervisión para instituciones financieras internacionales (IFIs) que conceden créditos a Nicaragua incluyendo los de proyectos humanitarios.
El apuro de los que dirigen y participan de manera directa en la intervención política desde los EE.UU, han estado urgidos en que, más paquetes de sanciones fueran aprobados en resoluciones ejecutivas presidenciales sin, que la ley en mención estuviera aprobada.
Por eso antes del 22 de junio, cuando se discutió extensamente la aprobación de la ley en los comités de relaciones exteriores bicamerales correspondientes, en base a la información suministrada, una nueva oleada de sanciones contra varios hermanos sandinistas fueron anunciadas.
Soberbia e ilegalmente sancionaron a Camila Ortega Murillo, hija del Cmte Daniel y la Cra. Rosario, Edwin Castro, presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y a Julio Rodríguez Balladares, general de Brigada del Ejército Nicaragüense (EN) y director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Desde luego, que existe una lista más grande, que se dará a conocer apenas el congreso USA apruebe la mal llamada ley RENACER, con o sin información veraz y fundamentada.
Es más, el Departamento del Tesoro, ya tiene la coordinación con funcionarios y entidades financieras extranjeras que de una u otra forma tiene relación con Nicaragua.
Estos harán difícil la economía y las finanzas en el país de manera gradual. Esto integra movimiento de todo tipo de capital.
Desde todo tipo de transferencias incluyendo las de las remesas y créditos internacionales; lo que permitirá abrir y ampliar los términos de una negociación política con el gobierno nicaragüense, para que ceda ante las pretensiones norteamericanas.
En el seno del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y muchos congresistas anti sandinistas, la lógica de esta pronta respuesta se basa en el descontento del gobierno USA por no haber recibido las reformas electorales, que le permitiera a la oposición política pelele, que ellos financian, ganar en las próximas elecciones presidenciales en noviembre de este año. Y hoy más que nunca, cuando están siendo sancionados por la ley nicaragüense.
Una segunda etapa con mayor cantidad de sanciones será la que resulte de la coordinación de sanciones junto a los gobiernos de Canadá, Unión Europea y países centroamericanos. Este es el trabajo secreto, que el Departamento de Estado realiza con los países pertinentes, buscando como cumplir con la SECCIÓN 6 de la ley, en función del Diseño de una estrategia coordinada de sanciones con aliados diplomáticos.
En el caso de Centroamérica el Departamento de Estado, junto con la USAID y toda una red de organizaciones de financiamiento como la NED, NDI, IRI a la mal llamada “sociedad civil” regional, están utilizando el paquete de 4 mil millones de dólares en asistencia a los países del Triángulo del Norte para unirlos en un cerco diplomático primeramente contra Nicaragua. Esto ha sido parte de la agenda secreta del representante especial para estos 3 países, Ricardo Zuñiga (diplomático de carrera estadounidense), quien ha realizado ya varias visitas oficiales.
De igual manera, el 1 y el 2 de junio, Antony Blinken, secretario de estado USA, visitó Costa Rica, para abordar la “promoción conjunta de la democracia regional”. La vice-presidente USA, Kamala Harris visitó México los días 7 y 8 de junio con la misma lógica de incluir a Nicaragua en cualquier paquete de negociación de intereses mutuos, que ayude a aislar internacionalmente al gobierno nicaragüense. Al final se trata de cumplir con la SECCIÓN 7, que tiene como objetivo Agregar a Nicaragua a la lista de países sujetos a ciertas sanciones y restricciones de visas con relación a corrupción.
Observamos entonces, toda una estrategia permanente, que denominan como: “El necesario curso de acción de la casa Blanca para impedir la victoria sandinista en las elecciones presidenciales de este año”. Así, todo un plan a implementar por las diversas estructuras de política exterior norteamericana en los próximos 6 meses bajo la dirección del Consejo de Seguridad nacional (NSC por sus siglas en Ingles) se agrupa las siguientes acciones:
A. Creación de un frente Internacional: (Político – Económico y comercial), que presione al GRUN para que otorgue concesiones antes de las elecciones de noviembre. Y hasta el no reconocimiento de la victoria sandinista.
Usar la supuesta ayuda de 4 mil millones de dólares al Triángulo del Norte para comprar las voluntades políticas de esos países y lograr cercar regionalmente a Nicaragua.
Incluir a Nicaragua en el tema migratorio como amenaza a la seguridad nacional, ya que 120,000 nicaragüenses abandonaron el país tras el fallido golpe de estado del 2018. Aunque haya sido por su propia culpa.
Presión, boicot comercial de empresas del istmo y crear la imposibilidad del transporte comercial desde, hacia y por Nicaragua.
Desacreditación internacional a Nicaragua para impedir la inversión privada internacional.
Suspender la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (CAFTA-DR).
Suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea según la cláusula democrática del mismo.
Aprobar una resolución a partir del 15 de junio, en la Organización de Estados Americanos (OEA) al final pueda declarar, que no reconocerá el resultado de ninguna elección realizada en condiciones tan represivas.
Usar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que procure la aprobación del Artículo 21 contra Nicaragua y que conlleve el potencial de su expulsión de la organización.
B. Apoyar el frente interno.
Apoyar la lucha en las calles como la solución más importante contra la dictadura de Nicaragua.
Promover huelgas y paros nacionales de manera continua.
Mantener la campaña mediática de difamación y desprestigio sobre la base de los ejes principales.
Dictadura familiar, Corrupción, Violación a los Derechos humanos, Crisis humanitaria, elecciones viciadas, la posibilidad de gane de Cristiana Chamorro como sucedió en las elecciones de 1990, presencia china y rusa en el país y un país sin futuro.
Descomponer todo el proceso electoral con medidas de: abstención electoral, sabotaje electoral, desconocimiento de los resultados electorales, Golpe Suave noviembre 2021 tras las elecciones.
C. Sancionar a Nicaragua de manera más enérgica.
Reforzar la Ley de Condicionalidad de Inversión de Nicaragua (NICA-ACT), aprobada en el 2018, que debe ayudar a: bloquear los préstamos de instituciones crediticias multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Nicaragua.
En base a la Ley RENACER y avanzar con un régimen mayor de sanciones al presidente y sus familiares, funcionarios del estado, empresarios y otro tipo de individuos colaboradores.
Aumentar las SANCIONES a: Instituciones del estado y empresas privadas. Policía Nacional, Ejercito de Nicaragua, IPSM y otras empresas posibles) Asamblea Nacional, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Consejo Supremo Electoral, INISER ect.
El último punto, está muy ligado a la cultura y estrategia necropolítica económica y financiera USA. La “Necropolítica” es una teoría de Achille Mbembe, un filósofo y teórico político camerunés, sobre “muertos vivientes”. Una forma de analizar como “las formas contemporáneas de subyugación de la vida al poder de la muerte”, obligan a algunos cuerpos a permanecer entre la vida y la muerte”.
Entiéndase aquí también a actores políticos internacionales y sus habitantes, sujetos a lo que, también Mbembe denomina como “Necropoder”, que tiene por objetivo la capacidad de causar la muerte en base a una supuesta soberanía para matar.
La noción de nacropoder supera e integra la noción del derecho a matar y el “Biopoder” del filósofo francés Michael Foucault, quien lo describe en la “Biopolítica” como “la práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar y controlar la población” El nacropoder incluye “el derecho a imponer la muerte social o civil, el derecho a esclavizar a otros y otras formas de violencia política”.
Todo lo arriba expresado cabe y está muy relacionado con la lógica del nacropoder norteamericano actual en función de la implementación de una Necropolítica Económica Financiera (NEF) en lo que se conoce como el sistema de sanciones en la política exterior en su política exterior. El Departamento del Tesoro norteamericano a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es la encargada de dirigir todo un programa global de sanciones dirigidas a golpear económicamente a las naciones en función de garantizar su subordinación política.
El sistema de sanciones norteamericanas es un nuevo tipo de guerra norteamericana en sus relaciones internacionales basado, no en acciones al azar o espontaneas sujeta a la coyuntura internacional o al actuar de cualquier país en base al cliché de violaciones de los derechos humanos o a actos de corrupción como comúnmente se usan discursivamente por los razoneros yanquis. Es una estrategia a largo plazo con programas específicos para cada país donde sea necesario implementar y golpear su “ventaja absoluta” de posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, en función de evitar su soberanía económica.
Desde luego que la mayor cantidad de sanciones son dirigidas a aquellos países del bloque anti-hegemónico (BAH) como China, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde el 2009 hasta este año, la cantidad de sanciones yanquis han constituido serios golpes al bienestar económico de los pueblos de esos países. China (49), Rusia (80), Irán (147), Siria (647), Venezuela (344), Cuba (bloque de medio siglo), Nicaragua (33). Solo durante la administración Trump se sancionó a Irán, Siria y Venezuela (114), (403) y (335) respectivamente.
Lo que indica, que es la estrategia a continuar por la administración Biden y merece mayor reflexión.
El objetivo al final de la estrategia USA hacia Nicaragua está claro. No solo es crear el descontento de la población nicaragüense ante la situación grave económica, que generaran en el país, para revertir el voto a favor del FSLN en este año electoral.
El objetivo es también de empobrecer al país y ponerlo en mano de sus administradores peleles o sea la burguesía empresarial nica, vende patria.
Si la Violeta les perdonó los 17 mil millones de dólares por instalarla como presidente, entonces su hija, Cristiana Chamorro trae la misión de entregarle la construcción del Canal Interoceánico a explotación perpetua por parte de los norteamericanos.
Pero sobre todo, doblegar la voluntad de los nicaragüenses y destruir el espíritu de resistencia nacional y sandinista ante el domino yanqui, pero eso jamás! Nicaragua ya tiene a su candidato ganador y se llama Daniel Ortega Saavedra.
Manuel Espinoza
(*) Manuel Salvador Espinoza Jarquín. Especialista en Relaciones Internacionales.
