Una de las características de las principales instituciones de la Unión Europea (desde la Comisión Europea al Parlamento Europeo) es que han estado gobernadas durante la mayor parte de su existencia por una mayoría conservadora-liberal ferviente creyente del dogma neoliberal, plenamente comprometida con la existencia y extensión de la globalización mundial de la actividad económica e impulsora de políticas de equilibrio presupuestario a nivel nacional (mediante austeridad de gasto público) sujeto a las reglas del capital financiero dictadas por el Banco Central Europeo.
Estas políticas -como las de austeridad de gasto público- debilitaron los servicios públicos del Estado del Bienestar (como los sanitarios, los de salud pública y los sociales, entre otros) de gran parte de los países de la UE (y, muy en especial, de los del sur de Europa), disminuyendo su capacidad de responder a la pandemia y proteger a la población frente a sus estragos.
La privatización de la sanidad pública, estimulada por sus políticas neoliberales, ha causado un enorme daño a la población, puesto que –predeciblemente- los servicios privados han tenido una eficacia limitada frente a la pandemia.
Otra consecuencia del neoliberalismo del establishment político europeo ha sido el enorme fracaso de la provisión de vacunas en la UE. Para resolver la urgente necesidad de vacunar a la población europea, se siguieron las sacrosantas leyes del mercado, intentando adquirir a buen precio las vacunas a las empresas farmacéuticas que las producen. Un tanto igual había ocurrido antes con la adquisición de mascarillas y ventiladores en el mercado internacional.
El resultado de esta fe en el mercado global para adquirir las vacunas anti covid-19 ha favorecido claramente a las empresas farmacéuticas productoras (poseedoras del monopolio del mercado debido al derecho de propiedad privada, es decir, de las patentes, otorgadas precisamente por los Estados y por las instituciones reguladoras de los mercados internacionales) a costa de las poblaciones de los países desarrollados y, especialmente, de los países subdesarrollados que más las necesitan.
Esto se debe a que estas empresas antepusieron el objetivo de optimizar sus beneficios a todo lo demás, respondiendo con celeridad al mejor pagador, incumpliendo incluso el calendario de entrega acordado con compradores como la UE, que creyó que había hecho una buena compra a un buen precio, hasta constatar que había sido descartada al disponer de compradores que ofrecieron mejores precios.
El reciente cambio de la política del establishment de la UE: la prohibición de las exportaciones
El enorme fracaso que supuso la respuesta neoliberal de la Comisión Europea (y de la mayoría del Parlamento Europeo) a la pandemia ha hecho variar su postura y se ha visto forzada a suspender su fe en el libre mercado, interviniéndolo mediante la prohibición a las industrias farmacéuticas de exportar las vacunas producidas en el territorio de la UE a países que no pertenecen a la UE.
Se ha convertido así al nacionalismo más intervencionista que se opone a que se exporten vacunas producidas en la UE, limitando así las leyes del mercado a sus fronteras.
El problema con esta postura es que deja a los Estados como España (que tiene nula producción de vacunas y de otros elementos y materiales imprescindibles para contener la pandemia) en una posición muy débil.
Cómo puede resolverse el grave problema de la falta de vacunas. La necesidad de ser coherentes. ¿Estamos o no estamos en una guerra contra el virus?
La enorme escasez de vacunas que está sufriendo la UE exige dos respuestas que no están siendo consideradas todavía por parte del establishment europeo pero que se verán obligados a hacerlo si hay suficiente presión popular para que se haga. Una primera respuesta pasaría por eliminar las barreras que dificultan la producción de vacunas anti covid-19 así como otros productos esenciales.
Y ello requiere eliminar las patentes -los derechos de propiedad- de los actuales productores para permitir que España, por ejemplo, las produzca masivamente, incentivando o forzando a las empresas farmacéuticas de su territorio a producirlas.
En realidad, la suspensión de estos derechos de explotación debería hacerse a nivel mundial, autorizando a cualquier país o grupo de países a producirlas. Se dispone de suficiente materia prima y conocimiento científico para poder hacerlo en cualquier parte del mundo. La evidencia de ello es contundente, pese a lo que indican las empresas farmacéuticas, cuyo monopolio les está reportando unos beneficios enormes.
Esta postura, que cuenta hoy con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 100 países (entre ellos el Vaticano), las mayores asociaciones internacionales de salud pública y, más recientemente, 170 Premios Nobel y exmandatarios de gobiernos como Gordon Brown, del Partido Laborista británico, François Hollande, del partido socialista francés, y Jose Luís Rodríguez Zapatero, del PSOE, entre otros, está liderada en el Parlamento Europeo por el grupo parlamentario de las izquierdas The Left (al cual pertenecen los partidos y espacios políticos como Unidas Podemos, a la izquierda del grupo parlamentario socialista), apoyo que está expandiéndose a medida que la población -a la cual se le ha pedido enormes sacrificios- está exigiendo respuestas más eficaces y contundentes para resolver el problema de la escasez de vacunas.
Es sorprendente que el mismo establishment político conservador neoliberal (en el cual incluyo amplios sectores de la antigua socialdemocracia, convertida al socioliberalismo) que utiliza constantemente el eslogan de que «estamos en un estado de guerra contra el virus» (a fin de justificar enormes sacrificios sociales y económicos exigidos a la población) se oponga al mismo tiempo a que se tomen medidas para ganarla.
Y es decepcionante que el Gobierno español no apoye tal medida, a pesar del apoyo de su socio de gobierno -Unidas Podemos- y también, por cierto, de la mayoría de los votantes y militantes del PSOE.
La excesiva influencia de su equipo económico de orientación socioliberal está obstaculizando la aprobación de tal medida que permitiría que se produjeran masivamente vacunas en España en cuestión de meses. No dudo de que en la XXVII Cumbre Iberoamericana que se está celebrando en Andorra, la voluntad del presidente Pedro Sánchez es la de ayudar a los países latinoamericanos (cuya población, que representa el 8,4% de la población mundial, ha asumido el 28,7% de las muertes por la pandemia) a controlar la pandemia mediante el envío de vacunas a aquel continente.
Ahora bien, la mejor medida para ello sería permitir que esos países puedan fabricar las vacunas anti covid-19 que ya han demostrado su eficacia, pues tienen el conocimiento, instrumentos y materiales para hacerlo. Ayudarles enviando vacunas, como el presidente ha propuesto en la conferencia en la Cumbre Iberoamericana es insuficiente.
La incoherencia (hipocresía) del establishment conservador-liberal europeo. Exigen enormes sacrificios a la población pero no a los que podrían acabar con la pandemia
La incoherencia (algunos lo llamarían hipocresía) del discurso del establishment europeo es enorme. Repito que a las poblaciones europeas se les exige, con razón, enormes (insisto, enormes) sacrificios en cuanto a movilidad, confinamientos y otras medidas para intentar contener la pandemia; y esos sacrificios implican también enormes costes económicos.
Nunca antes se había impuesto tanto sacrificio a la población europea (y mundial), y el establishment y los gobiernos europeos intentan justificarlo proclamando que «estamos en guerra contra el virus«. ¿Se imagina el lector que en una situación de guerra los Estados tolerarían que las empresas armamentísticas del país dictaran el tipo de producción y los precios de sus productos? Esto nunca ha ocurrido.
Lo que se considera el bien común -la supervivencia de la población- se antepone a todo lo demás.
¿Por qué este principio no se aplica ahora? ¿Por qué se anteponen los intereses de las empresas farmacéuticas productoras de las vacunas anti covid-19 eficaces (cuya financiación de la investigación, por cierto, ha sido primordialmente pública, otorgándoseles posteriormente el privilegio de monopolizar la producción a través de las patentes) por encima de los intereses de la población? Es escandaloso que ello se permita y pone en evidencia la hipocresía del establishment europeo.
Su gran temor es que anular tal propiedad privada, suspendiendo las patentes (obligando a anteponer el bien común a los intereses comerciales) crearía un precedente que puede llegar a cuestionar la legitimidad del neoliberalismo que tanto ha beneficiado a las élites económicas, financieras, políticas y mediáticas que rigen y dominan la UE. Esta es la realidad que se pretende ocultar.
Existe un gran temor de que el enfado popular pueda cuestionar el dogma tan extendido y del cual las minorías que representan tanto se ha beneficiado.
Por qué no se discute la suspensión de las patentes en España. La necesidad del cambio en el sistema productivo: hacia el New Deal Social
Esta suspensión temporal de las patentes mientras dure la pandemia serviría también para estimular un cambio profundo en la economía española, excesivamente orientada hacia la producción y el consumo de bienes y servicios de sectores pudientes y poco enfocada hacia la economía del bienestar de la mayoría de población. La pandemia ha dejado al descubierto las enormes carencias de esta última en España. Es urgente que se desarrolle una economía que anteponga las necesidades de la población y su deseo de felicidad y calidad de vida a todo lo demás. Tenemos evidencia de que han sido los países europeos (los escandinavos, en concreto) que prestan mayor atención a este bienestar social (con el objetivo de corregir las desigualdades sociales) los que han tenido mayor éxito en la contención de la pandemia y en la reactivación de la actividad económica.
Los países escandinavos gobernados durante la mayoría del período después de la II Guerra Mundial por partidos comprometidos con políticas públicas redistributivas, imprescindibles para el máximo desarrollo de sus Estados del Bienestar, tienen menos desigualdades sociales y de género y menor tasa de mortalidad por covid-19 que la mayoría de países de la Europa Occidental.
Aviso importante: para analizar el grado de eficacia de un país en su control de la pandemia hay que mirar los indicadores de gravedad de la pandemia (como la tasa de mortalidad por covid-19) acumulados, es decir, durante toda la pandemia, y no solo en un período concreto. Desde este punto de vista, el mejor indicador es el número de muertes por covid-19 por cada 100.000 habitantes desde que comenzó la pandemia.
Al analizarlo podemos ver que aquellos países con menos desigualdades tienen menos mortalidad por covid-19. Los datos hablan por sí mismos: utilizando el conocido indicador de desigualdad de rentas, el coeficiente de Gini (a menor valor, menor es la desigualdad) podemos ver que Noruega (25,4) Dinamarca (27,5) y Finlandia (26,2), tienen todos ellos valores más bajos que España, con un coeficiente de Gini de 34 (uno de los países más desiguales en tal comunidad).
El número de muertes por covid-19 por cada 100.000 habitantes en Noruega es de solo 12,9, en Dinamarca 42,8 y en Finlandia 15,8, cifras mucho más bajas que España, donde la tasa asciende hasta 163 (uno de los países de la UE-15 con mayor tasa de mortalidad por covid-19) (para expandir este punto ver «El trumpismo y sus consecuencias para Madrid y para España«, Público, 15.04.21).
Un ejemplo de esta incoherencia y mala gestión es el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Ayuso
Un tanto igual ocurre, por cierto, en cuanto a desigualdades de género, siendo estos países los que también tienen menos desigualdades. En todos ellos, y como resultado de un compromiso político por priorizar lo social y lo público, han mostrado que una economía que valora el bien común tiene mejores indicadores de bienestar que las sociedades más liberales, que anteponen el bienestar individual sobre el colectivo. Y ello, por cierto, repercute en sus indicadores de eficiencia económica.
Esto me lleva a subrayar el otro gran error de la dirección de la UE (que comparte con el trumpismo), que separa el control de la pandemia de la recuperación económica, creyendo que lo segundo es posible sin lo primero. Esta postura está totalmente desacreditada, aunque continúa vigente en amplios sectores de las derechas en España, como Vox y la rama Ayuso en el PP, así como C’s.
Los países que se han podido recuperar económicamente han sido aquellos que han sido más exitosos en el control de la pandemia, como los citados anteriormente, realidad que también queda demostrada en España en la Comunidad de Madrid, donde sus gobernantes -siguiendo la ideología trumpiana que sostienen-, al haber relajado o ignorado las medidas de salud pública (con el supuesto fin de recuperar la actividad económica), han obteniendo como resultado una de las mayores tasas de mortalidad por covid-19 sin conseguir una mayor recuperación económica.
La necesidad de cambiar el modelo productivo: el New Deal Social
En este sentido, es muy interesante observar lo que está ocurriendo en EEUU, la cuna del trumpismo y donde, como respuesta a este, ha surgido una movilización de protesta liderada por las izquierdas que está influenciando las posturas de la administración Biden en la dirección sugerida en este artículo. Sus políticas públicas podrían definirse como de promoción del New Deal Social, en el que la inversiones del Estado no se hacen solo en las áreas que han recibido mayor atención en los últimos años, como son la digitalización y transición ecológica, sino también en el área social, indicando explícitamente que el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar (es decir, los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia a partir de los 0 años y servicios de atención a las personas dependientes, tanto domiciliarias como residenciales), por ejemplo, es tan importante para la recuperación económica como la mejora del sistema de transportes. En este sentido, los cambios de políticas públicas en cuanto a recuperación económica en la UE con la transferencia de 140.000 millones de euros a España (aun siendo insuficientes) pueden ser un elemento importante si se prioriza la corrección del enorme (insisto, enorme) retraso social del país.
Por qué la suspensión de las patentes de las vacunas anti covid-19 es esencial para el control de la pandemia
Uno de los hechos ampliamente documentados es que el virus causante de la pandemia muta constantemente, apareciendo variantes que son más peligrosas que las anteriores, bien porque sean más contagiosas, bien porque sean más malignas, o las dos cosas a la vez. Y estas nuevas variantes podrían ser más resistentes a las vacunas hoy existentes que las anteriores. De ahí que la actitud dominante en el pensamiento neoliberal del individualismo egoísta que solo se preocupa de su situación personal es suicida, pues es imposible resolver el problema de la pandemia a no ser que se resuelva a nivel mundial. EEUU o Europa pueden alcanzar niveles de vacunación elevados y, sin embargo, estarán amenazados por nuevas olas de contagio a causa de nuevas variantes del virus resistentes a las vacunas conocidas que puedan aparecer en los países donde la pandemia todavía existe.
En este sentido, ningún país puede resolver la pandemia por sí solo. Y es ahí donde queda claro que la solidaridad mundial, permitiendo a todos los países o grupos de países producir sus propias vacunas, es la mejor estrategia para resolver la pandemia en cada país. El establishment conservador liberal que dirige la Unión Europea (y el gobierno español) que se opone a aprobar la suspensión de las patentes debería saber que incluso en el caso de que pudiera vacunarse en porcentaje de la población suficientemente elevados para conseguir la «inmunidad de rebaño», continuaría sin eliminar totalmente los efectos de la pandemia, puesto que la existencia del virus en otras partes del mundo podría hacer que apareciera de nuevo en Europa (incluyendo a España). La solidaridad mundial es más necesaria que nunca, pues la vida y bienestar de uno depende de la vida y bienestar de todos. La evidencia científica que apoya esta postura es abrumadora. Y hay recursos más que suficientes para así poder hacerlo.
Vicenç Navarro. Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra, Profesor de Health and Public Policy en The Johns Hopkins University y Director del JHU-UPF Public Policy Center
