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Los casos expuestos y que son ampliados en la edición de hoy involucran a Javier Meléndez Quiñónez y los actos de corrupción, conflicto de intereses y violaciones a la ley cometidos en un período que comienza en 2003 y que, al parecer, aún continúan.
Veamos los principales hallazgos en el caso de Meléndez:
Meléndez, un ex funcionario del Instituto Nacional Demócrata, NDI (por sus siglas en inglés) fue contratado por el gobierno nicaragüense para trabajar en la elaboración de políticas públicas sobre la seguridad y defensa nacional.
El consultor firmó un contrato con el Ministerio de Defensa y mediante un decreto ministerial se le dio legalidad (por tanto, sujeto al escrutinio de las instituciones oficiales y del público) a su labor.
Javier Meléndez Quiñónez aceptó durante varios meses, mientras ejercía su trabajo de consultoría, un pago extra por la suma de USD$2,000 mil dólares autorizados para empleados del Ministerio de Defensa que “se entregará cada mes a diferentes funcionarios de esta institución conforme lista adjunta, por la excelente labor y alto empeño demostrado en las diferentes acciones tendientes al avance y consolidación del Proyecto Libro de la Defensa Nacional”.
Meléndez no era funcionario del gobierno, por tanto no debió aceptar esos pagos por la función que ya desempeñaba. Por eso fue protagonista de un acto de corrupción y de flagrante violación a las leyes de la Contraloría y de la administración Pública.
El trabajo del consultor fue hecho en un gobierno que aún se precia de haber combatido la corrupción en ex funcionarios de la administración anterior, con el presidente Arnoldo Alemán a la cabeza, y de haber salido “limpio” en la evaluación final del quinquenio.
Un conflicto de intereses
En el año 2004, Meléndez incurrió en el más complejo y quizás más grave acto de corrupción.
Ese año su esposa, Deborah Ullmer, fue nombrada directora de país del Instituto Nacional Demócrata.
Las evidencias en nuestro poder muestran un compromiso pleno de la directora con sede en Managua y el principal proyecto desarrollado por su esposo: el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), creado precisamente en abril de 2004.
Mientras la señora Ullmer aparecía públicamente como miembro del Consejo Editorial de las publicaciones del IEEPP, y los sellos del NDI respaldaban el trabajo de la oenegé, la entidad fue creciendo con el apoyo de otras agencias estadounidenses, como la NED.
Cuando la señora Ullmer fue enviada como representante de país de NDI a Honduras, Meléndez se trasladó a Tegucigalpa en donde creó otros proyectos que llevan la misma marca del patrocinio.
A todas luces, hay un conflicto de intereses que se contradice con las normas de ética tomadas por el instituto para sus funcionarios y empleados.
La señora Ullmer fue nombrada recientemente como la figura más importante del NDI para América Latina y el Caribe y su marido, ahora residente en Washington, D.C., en donde ella trabaja, ha lanzado nuevos proyectos que se ven signados por la misma relación familiar.
El público exige ser transparentes
A lo largo de 17 años, los proyectos que ejecuta Javier Meléndez Quiñónez han sido patrocinados por las oficinas que ha dirigido su esposa (en Managua, Tegucigalpa y ahora el D.C.). Al menos, el NDI le debe una explicación a las personas que han recibido con reconocimientos plenos este trabajo de investigación.
La rendición de cuentas y la transparencia, parafraseando un viejo dicho, comienzan en casa, por tanto, el NDI debe investigar y aclarar si todo fue conforme a sus reglamos éticos o no.
En el transcurso de esta indagación encontramos que la relación entre Meléndez Quiñónez y el actual precandidato presidencial, Félix Maradiaga, ha sido sostenida y creciente.
El político de origen liberal fue el ejecutor del plan ilegal y corrupto de desviar una donación del gobierno de China Taiwán destinada para “el fortalecimiento institucional” del Ministerio de Defensa y que terminó, mayoritariamente, en los bolsillos de Quiñónez y Maradiaga.
Otras personas que se vieron beneficiadas recibieron entre un mil y cuatrocientos dólares de los llamados “fondos chinos”.
Por eso exigimos respuestas y no amenazas de linchamiento público en las redes sociales.
https://www.trincheraonline.com/2021/03/15/melendez-y-maradiaga-deben-responder/
