Bolivia devolvió al FMI, más de 350 millones de dólares de un crédito que solicitó la golpista Jeanine Añez.
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que devolvió 351,5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), que eran parte de un crédito solicitado en abril de 2020 por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez para supuestamente enfrentar la pandemia de Covid-19.
En un comunicado de prensa, el BCB explicó que el préstamo fue «irregular y oneroso» por las condiciones financieras en las que se efectuó, lo que a su vez le generó al Estado «costos económicos adicionales y millonarios».
De acuerdo con el análisis del BCB, el préstamo condicionó al país «a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI», que llevaron a incumplir lo estipulado en los artículos 158 y 322 de la Constitución Política Boliviana, vulnerando «la soberanía y los intereses económicos» de la nación.
El 17 de abril de 2020, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud del Gobierno de facto de obtener un crédito por 327 millones de dólares para ayudar al país a enfrentar «necesidades de balanza de pagos derivada» de la pandemia del Covid-19.
No obstante, el Banco Central de Bolivia apuntó que el crédito fue «gestionado irregularmente» por el Gobierno de facto.
Durante la discusión legislativa sobre el préstamo solicitado al FMI, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados acusó al Ejecutivo de facto de actuar de manera irresponsable, al no enviar la documentación completa sobre el contrato del crédito, las condiciones de financiamiento, la capacidad de endeudamiento y pago, entre otra información financiera.
En este contexto de irregularidades, el Gobierno boliviano, encabezado por Luis Arce, procedió a devolver al FMI los 351,5 millones de dólares.
El BCB detalló que del monto devuelto al FMI, 346,7 millones de dólares son por el pago de capital, incluyendo 19,6 millones por variación en el tipo de cambio, y los 4,7 millones restantes son por intereses y comisiones.
En suma, el Estado boliviano pagó 24,3 millones de dólares extras por variación cambiaria, intereses y comisiones.
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