Hace algunos años escribí un largo, detallado y fundamentado articulo (por ahí anda todavía en Redes sociales), alertando sobre la necesidad que tenía (y sigue teniendo) nuestro gobierno sandinista de atender el ingente problema de las alzas en las tarifas domiciliares y de todo tipo, del servicio de energía eléctrica y la urgencia de “re-nacionalizar” el sector comercial de la Industria eléctrica del país.
Dada la importancia del tema y por sus implicaciones sociales y políticas, vuelvo al mismo esta vez prescindiendo de los profusos datos, estadísticas y números en general, servidos en mi artículo de entonces, con la intención de hacerlo más claro para los cientos de miles de conciudadanos y sobre todo más directo para que nuestras autoridades nos escuchen y atiendan la difícil situación (agravada por el golpe fallido del 2018, el cerco político y económico del Imperialismo yanqui y sus lacayos y el impacto económico de la presente pandemia ocasionada por el virus del covid-19) que afronta nuestro pueblo y nuestro gobierno revolucionario.
La Industria eléctrica nicaragüense fue seccionada en tres sectores durante los años en que imperó el nefasto experimento neoliberal en nuestro país: Generación, Transmisión y Comercialización.
Este esquema de re-insertación al modelo capitalista de un sector nacionalizado previamente en la década de los ochenta por la Revolución popular sandinista, estaba orientado –obviamente- a su privatización. Objetivo cumplido a medias a causa de la resistencia del Sandinismo en la oposición y la posterior victoria electoral del pueblo nicaragüense en el 2006. Pero el daño ya estaba hecho.
El Gobierno de Unidad Nacional (GRUN) heredó entonces un sector de generación eléctrica al que tuvo que aplicar un modelo mixto, estatal y privado, asumiendo los contratos de privatización de algunas plantas ( las más rentables) y quedándose con otras (las obsoletas o que necesitaban una enorme inversión), además de permitir e incluso promover, la inversión privada nacional y extranjera en nuevas tecnologías y modalidades de generación, ligadas a prácticas modernas medioambientales amigables (geotérmica, eólicas, solares, biomasa, etc.), cuyos contratos fueron negociados aún en tiempos de los gobiernos neoliberales, con muchas desventajas para nuestro país, sobre todo el precio por megawatt generado y la trampa de la “disponibilidad” de generación eléctrica. Es decir que una electricidad que debía de ser (teóricamente) más barata que la generada por hidrocarburos importados, resulta tan cara como estos y además a esas empresas se les debe de pagar cuando no están generando, “pero están listas para generar”. Aquí se esconde la primera posibilidad de lograr una reducción a la tarifa al consumidor final: Renegociar los contratos.
El segundo componente: La Transmisión de la energía eléctrica generada, bajo control del gobierno (“Gracias a Dios” diría mi mama), ha demostrado cómo una empresa del sector público puede ser altamente eficiente y útil para los planes y programas de desarrollo del país y sobre todo de la construcción de un nuevo modelo sociopolítico inclusivo y alternativo al Capitalismos salvaje, aún en país empobrecido ya asediado. ENATREL ha administrado e invertido ingentes recursos financieros con resultados impactantes no solo en la lucha contra la pobreza y el bienestar de la población, sino en los planes de desarrollo económico y las proyecciones de crecimiento productivo e inversión. La cobertura eléctrica nacional se acerca a un asombroso 97.69% y sembrando de subestaciones el mapa económico nacional, lo que ha dejado impresionado a los organismos financieros internacionales y claro, muy contentos y optimistas en su futuro a miles y miles de familias nicaragüense. Sin embargo, de este desarrollo y amplitud, se aprovecha la visión de lucro del componente siguiente.
El tercer componente de la Industria es el de la Comercialización. ES la tercera pata del "patepollo" eléctrico, arrendado por medio de contratos a largo plazo a empresas privadas extranjeras sucesivas, que no han honrado sus compromisos contractuales para con el Estado y en directo perjuicio para las economías familiares y las empresas usuarias del servicio.
Acá esta “el incordio de la mula” dirían nuestros campesinos: Estas empresas (la original y las que han comprado posteriormente sus acciones) se comprometieron a invertir para reducir las pérdidas técnicas (por obsolescencia en equipos y líneas, fraude, etc.) y para ampliar, mejorar su servicio y garantizar la correcta facturación a los usuarios. Si esto ha sido hecho, pues la verdad es que no se nota, no se manifiesta en reducción o al menos en los incrementos desmedidos de los montos de cobro domiciliar y a sujetos económicos.
La ciudadanía no comprende cómo las oscilaciones de precios de los hidrocarburos o la producción de energía renovable que alcanza un publicitado porcentaje del 56% de la matriz energética, parecen no influir en la reducción de sus pagos por consumo de electricidad. Es todo un misterio y produce en los usuarios, sino ira y desesperación, frustración y un sentimiento de abandono e impotencia.
El Estado anuncia inversión a través de su programa nacional de electrificación sostenible y energías renovables, las reformas a la Ley de ENEL Y ENATREL y la consiguiente restructuración de sus juntas directivas ligadas a la prestación de servicios a la población de manera más eficiente y económica, además de una vigorosa Inversión en las hidroeléctricas publicas…Pero aún nada:
Los recibos “siguen subiendo” se queja la población sin distingos de colores políticos, estamento económico o lugar de residencia.
¿Entonces qué pasa?
La situación económica por los motivos arriba señalados es del conocimiento de nuestro gobierno responsable que ha demostrado que el pueblo es Presidente, que el bienestar de las mayorías y el desarrollo de nuestra patria es la prioridad máxima. Pero la gente sigue esperando con paciencia que sus dirigentes pongan manos a la obra y resuelvan este problema que es vital para su subsistencia, para que sus pequeñas economías sobrevivan y tengan posibilidades de reflotar.
¿Por qué nuestro gobierno no agarra el toro por los cuernos y “re-nacionaliza” (es decir, suspende los contratos) de esas empresas sin sensibilidad social que está torpedeando los planes del gobierno y dañando al pueblo?
Una empresa privada que no frena las pérdidas técnicas (del 27 al 30%) y se lleva montos parecidos en beneficios (ahí tenemos –sumados- alrededor del 50% que trasladan a la tarifa eléctrica) y que si fuera administrada (como siempre ha sido, con excepción de los fatales 16 años neoliberales) por el Estado a travez de una empresa pública, obviamente ese cincuenta por ciento se reflejaría en una rebaja sustancial o en el congelamiento de la factura por servicio a la población.
Y esto no incluye la re-negociación, a favor del pueblo nicaragüense, de los contratos con las empresas generadoras.
No quiero ser alarmista, pero es claro que -como decía al principio- este tema puede convertirse en un asunto político, con daño a la imagen de nuestro gobierno sandinista y lastre a nuestro Partido (utilizado por nuestros enemigos) en la lucha electoral que se avecina y lo que puede ser peor:
Seguirá dañando los escuálidos bolsillos de nuestra gente, alejará las posibilidades de un pujante resurgimiento de las MIPYMES, frenará el emprendimiento y ralentizará la inversión extranjera, que tanto estamos necesitando.
Edelberto Matus.
