En el camino por la verdad y la justicia en Ayotzinapa no hay líneas rectas. En la era de la 4T, el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos perpetrada hace casi cinco años, trascurre entre avances y retrocesos, entre luces y sombras.
El cronograma del caso en la era de Andrés Manuel López Obrador arranca el 25 de mayo de 2018, en Iguala. Ese día, los padres de familia de los jóvenes irrumpieron en el mitin electoral del aspirante presidencial.
Habían acordado emplazar a los candidatos de todos los partidos a fijar su posición sobre el caso. Demandaban la creación de un mecanismo institucional extraordinario de investigación que incluyera el regreso del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) y que se incorporara la ONU al proceso.
La respuesta del candidato fue positiva. Allí se comprometió a llegar al fondo del asunto y combatir la impunidad. Anunció que, de triunfar, conformaría una comisión de la verdad dirigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y coordinada por la ONU, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades del Ejército.
En mayo de 2018, se produjo un sobresalto en el caso. Dada la gravedad de las irregularidades detectadas, el primer tribunal colegiado de circuito del 19 circuito resolvió reponer la investigación, resolver las alegaciones de tortura y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia con controles externos, a saber, la representación de las familias y la CNDH, con asistencia de organismos internacionales.
El 20 de septiembre, ese tribunal ratificó que la sentencia debía cumplirse.
La decisión de formar una comisión de investigación con facultades penales integradas por el Ministerio Público (MP), la CNDH y los representantes de los padres fue algo inédito. El tribunal se basó en algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana y el Protocolo de Minnesota.
El 26 de septiembre, ya presidente electo, López Obrador se reunió con los familiares de los 43, junto con Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero. Allí se acordó que el 1º de diciembre, el jefe del Ejecutivo emitiría un decreto para la creación de la comisión de la verdad. Que el nuevo organismo no enfrentaría obstáculos en la investigación.
Y que, en la misma participarían la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero, más allá de los avances, no todo fue miel sobre hojuelas. El equipo de transición gubernamental se negó a que se integrara una comisión como ordenó el tribunal colegiado, es decir, con facultades penales.
No obstante que los magistrados explicaron que la comisión de investigación no invadía facultades del MP, pues éste participará y conservará la investigación de los hechos, mientras cada interviniente (representantes de víctimas, CNDH o asistencia técnica internacional) en el marco de sus facultades podrá calificarlos como delitos o como grave violación a derechos humanos, los representantes gubernamentales esgrimieron que la comisión desbordaba las facultades constitucionales del MP.
Finalmente se creó una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que tiene, en lo esencial, una función política. Encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, realiza un trabajo político para que la instrucción tenga un asidero correcto y las víctimas puedan acceder a la verdad. Participan también, cinco padres de familia, y cuatro ONG que han acompañado el proceso.
La comisión, según el abogado Vidulfo Rosales, ha tenido buenos avances. Ya se creó un grupo de acompañamiento técnico por el cual colaborará la CIDH, integrada por los miembros del ex GIEI. Ellos van a colaborar en la investigación en el marco de un convenio que les da muchas facultades.
Lamentablemente, hay muy pocos avances en la investigación. La comisión ha incorporado la coadyuvancia internacional, promovido el nombramiento del fiscal y trabajado en terreno. Pero, no le corresponde a ella hacer investigación. Ésta recae en la Fiscalía General de la República.
El fiscal especial para Ayotzinapa se nombró hasta junio. La reciente liberación de Gildardo López Astudillo es la última evidencia de que las cosas no marchan bien. Creo –señala Vidulfo–que aquí es donde el proceso tiene su talón de Aquiles. No ha hecho su trabajo.
Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional oculta información. No ha puesto a disposición de la investigación los reportes de los que dispone. No se conocen, por ejemplo, los informes de los militares que hicieron labor de inteligencia en Iguala, ni su acervo fotográfico y fílmico.
Lo mismo sucede con la Policía Federal. Pese a que integrantes de la corporación participaron directamente en las desapariciones, no se ha brindado la información disponible.
A cinco años de distancia, la verdad, justicia y reparación del daño en el caso Ayotzinapa siguen sin llegar.
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