Pobladores del municipio nicaragüense de Diriamba, Carazo, denunciaron hoy la complicidad entre representantes de la Iglesia católica y grupos calificados de terroristas, que mantuvieron secuestrado al pueblo durante varias semanas.
Videos publicados por el sitio oficial El 19 Digital muestran a ciudadanos congregados frente a la Basílica Menor de San Sebastián donde reclaman al párroco César Castillo la entrega del templo, utilizado como refugio de quienes causaron zozobra y terror, según afirman.
‘ÂíQue saque las armas, que salga el padre, queremos la Iglesia!’, demandaron pobladores de esa ciudad, liberada ayer de los bloqueos de vías y presuntos terroristas, de acuerdo con el informativo.
En opinión de analistas, la jerarquía católica, si bien tiene un peso importante en la sociedad nicaragüense, ha perdido credibilidad desde que se hizo evidente su parcialidad en el diálogo nacional, instaurado entre el gobierno y sectores opositores para superar la crisis sociopolítica desatada hace tres meses.
Varios miembros de la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del proceso, incitan públicamente a la desobediencia civil y apoyan convocatorias a un paro nacional, aun cuando las consecuencias de esa medida podrían ser nefastas para las familias más vulnerables.
El presidente Daniel Ortega exhortó el sábado a los nicaragüenses a amar al prójimo como a uno mismo, mandamiento cristiano que, según dijo, deben poner en práctica todos, ‘incluso aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencias a muerte en nombre de instituciones religiosas’.
Tras realizar operaciones para restablecer el orden público en Diriamba y Jinotepe, la policía informó la víspera que en esos municipios sujetos armados cometían asesinatos, torturas, asaltos, secuestros, incendios y extorsiones, y además mantenían retenidos a cientos de transportistas de carga centroamericanos.
La crisis estalló el 18 de abril en medio de protestas contra reformas gubernamentales al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las protestas.
El gobierno denunció que la violencia es azuzada y financiada por grupos opositores interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional en Nicaragua.
Al menos 200 personas perdieron la vida desde entonces, según datos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, encargada de esclarecer los hechos.+
