La masacre de El Aro fue perpetrada cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Foto: Édgar Domínguez
Las sombras de las masacres de La Granja y El Aro –las dos en Antioquia– volvieron a oscurecer la carrera política de Álvaro Uribe Vélez.
Esta vez fue el Tribunal Superior de Medellín el que solicitó una investigación que resuelva la siguiente duda: ¿Uribe, como exgobernador de Antioquia, conocía las dos masacres cometidas por grupos paramilitares?
Cuando se lo preguntaron a excomandantes como Salvatore Mancuso y Don Berna, la respuesta fue sí. Sin embargo, Uribe siempre lo ha negado.
Según el Tribunal Superior de Medellín, Uribe también deberá ser investigado por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, víctima de la banda La Terraza, responsable del homicidio, reportado el 27 de febrero de 1998.
Valle Jaramillo fue uno de los abogados que denunció la arremetida paramilitar en Ituango, Antioquia y quien, antes de ser asesinado, denunció un “acuerdo tácito” entre el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina; el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán; el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno; y Carlos Castaño, comandante paramilitar.
Fue justamente por este crimen que el Tribunal Superior condenó a los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo a 30 años de prisión.
Los ganaderos, señaló el tribunal, fueron determinantes en el asesinato cometido por La Terraza, banda satélite del paramilitar Carlos Castaño”.
Para el tribunal, que las Fuerzas Militares permitieran la operación era un indicador de “su compromiso con esas organizaciones ilegales” (…) igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas”.
Uribe, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que se trata de una campaña de desprestigio en su contra, “como siempre en elecciones”, deberá responder por estos casos y por otros 276 procesos que existen en su contra, dentro de los cuales están las “chuzadas” del DAS, el escándalo de Agro Ingreso Seguro, y las cuotas que habría entregado para garantizar la aprobación de su reelección en el Congreso.
A continuación les presentamos los dos casos por los que, quizás, Uribe tendrá que responder.
¿Qué pasó en El Aro?
Sucedió el 22 de octubre de 1997, cuando las Autodefensas comenzaban a consolidarse en Antioquia.
Cerca de 150 paramilitares, quienes se hacían llamar los ‘Mochacabezas’, llegaron al corregimiento El Aro, de Ituango y asesinaron a 17 personas.
Tomaron el control del territorio durante 17 días, torturando públicamente a las víctimas.
A una de ellas la ataron todo el día a un árbol, le sacaron los ojos y el corazón, como lo reportó el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En medio de la masacre, los paramilitares quemaron 42 de las 60 casas que había en la zona, se robaron más de 1.000 vacas y desplazaron forzosamente a 700 habitantes de la región.
Durante la masacre, la Fuerza Pública nunca apareció para combatir a las Autodefensas , tampoco algún representante de la Gobernación de Antioquia, en ese entonces liderada por Álvaro Uribe Vélez.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango durante la masacre.
Dijo, además, que el secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, sabía de antemano que los paramilitares se iban a tomar El Aro.
Este testimonio guarda semejanza con el del exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. Según él, el helicóptero sobrevoló la zona mientras eran asesinados 15 campesinos.
Tanto Santiago (hermano del expresidente) y Álvaro Uribe Vélez –según esa versión, sabían de esta masacre– En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por fracasar en la protección de los pobladores de El Aro.
Dentro de las exigencias que le hizo la Corte al gobierno está la obligación de investigar a los responsables de la masacre y la reparación y garantía de seguridad para las víctimas.
El helicóptero de la Gobernación es clave en toda esta investigación, pues las condiciones topográficas de la zona dificultaban que los paramilitares viajaran a otras zonas por municiones.
De hecho, el mismo Mancuso aceptó que él viajó en un helicóptero para apoyar a los paramilitares, tal como se lo ordenó Castaño.
En ese helicóptero, según otros testimonios recogidos por la Corte Interamericana, habría viajado Carlos Castaño. Justamente la presencia paramilitar en Ituango y su supuesto acuerdo con la Fuerza Pública fue denunciada por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de ese municipio.
Estas denuncias, según Don Berna, fueron suficientes para ordenar el asesinato del jurista.
El incitador del crimen, de acuerdo con esta versión, fue Pedro Juan Moreno, fallecido en un accidente aéreo en 2006.
¿Qué pasó en La Granja?
El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por los hermanos Castaño, incursionaron en el corregimiento La Granja, en Ituango, Antioquia, histórico bastión de las Farc.
Ese día recorrieron el casco urbano, ordenaron cerrar todo el comercio, amenazaron con una limpieza social y asesinaron a cinco personas por tener supuestos nexos con la guerrilla.
Los torturaron y los mataron en frente de sus vecinos y familiares.
La Fiscalía determinó más adelante que las víctimas no eran colaboradores de la guerrilla sino campesinos.
En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón ya había solicitado investigar al senador Álvaro Uribe por su “acción u omisión” en el caso de esta masacre.
Así lo dijo cuando leyó la sentencia en contra Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, excabecilla paramilitar extraditado a Estados Unidos en 2008.
Lo que sucedió en la masacre, según las víctimas El testimonio que se presenta a continuación fue publicado en la sentencia del 1 de julio de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reúne las voces de seis víctimas de la masacre.
“El Aro era un pueblo donde la gente se dedicaba al campo, al criado de ganado y donde habitaban entre trescientas (300) a quinientas (500) personas.
En mula una persona puede durar seis horas para llegar a El Aro desde Puerto Escondido u ocho horas desde Puerto Valdivia.
El Aro se consideraba una zona de influencia guerrillera, debido a que el ‘Nudo de Paramillo’ queda ahí, que es la unión de tres cordilleras desde donde se puede desplazar a diferentes lugares.
La zona es un punto estratégico de tránsito de cuatro grupos: el Ejército, la policía, los paramilitares y la guerrilla.
Los paramilitares comenzaron a llegar “años antes” de que ocurrieran los hechos en El Aro en 1997. En 1996 hubo una incursión que llegó hasta Santa Rita.
Aproximadamente dos meses antes de la masacre, llegaron al sector ‘La Esmeralda’ pero no llegaron hasta la cabecera urbana de El Aro.
Los paramilitares entraban a El Aro por Puerto Valdivia. Antes del año 1994 no había en Puerto Valdivia ni Ejército ni autoridad de ley.
Los paramilitares llevaban mapas de todos los corregimientos y municipios y marcaban con una equis roja aquellos que pensaban destruir.
El Aro estaba marcado con una equis roja en uno de eso mapas, lo cual fue debidamente notificado al Alcalde de Ituango y otros Concejales.
Ante esta situación, ‘como dos meses antes de la toma’, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la Gobernación del Estado, la cual no fue otorgada.
Las autoridades locales comenzaron a llamar ‘a toda parte, a la cuarta brigada, al batallón Girardot, hasta la fiscalía en Yarumal’.
Les respondieron que ‘no ha [bía] tropa disponible’ porque todas habían sido repartidas con propósito de las elecciones que se estaban llevando a cabo en esos días.
En octubre de 1997, antes de la masacre, los paramilitares se reunían diariamente con miembros del Ejército en la zona de Cachirimé y Tarazá.
Muchas familias “decían que fueron los paramilitares con el Ejército que se metieron a El Aro”.
Entre los soldados identificados se encontraban los conocidos como ‘piña’, ‘el burro’ y el cabo Alzate, a quien le decían ‘Rambo’ o ‘Kamiski’.
Incluso se comentaba que el encargado del Ejército en Puerto Valdivia, se había convertido en paramilitar.
Los paramilitares entraron a El Aro el 25 de octubre de 1997.
Las elecciones estaban programadas para llevarse a cabo el domingo 26 de octubre de 1997.
El sábado 25 de octubre se escucharon ‘ráfagas de fusil [y] muchas explosiones’.
En la mañana de ese sábado ‘llegó un helicóptero blanco’ que ‘hizo unas ráfagas de tiros’ y ‘cogió rumbo al Cauca arriba’.
Al llegar unos hombres armados, estos dijeron: “nosotros somos las Auto Defensas Campesinas y necesitamos que nos vengan a acompañar un poco al parque”.
Los hombres armados acusaban a los residentes de El Aro de ser guerrilleros.
Estos hombres agarrraron a varias personas del pueblo y los llevaron al centro de la plaza, los insultaron e hicieron poner boca abajo, en donde procedieron a matar a varias personas.
Entre las personas muertas en esta incursión paramilitar se encontraban las siguientes: Wilmar Restrepo Torres, Mario Torres, Mario Iván, Dora Luz Areiza, Aurelio Areiza, Arnulfo Sánchez, Luis Modesto Múnera, Nelson Palacio, Alberto Correa, y Guillermo Andrés Mendoza.
El domingo 26 de octubre los paramilitares dieron permiso de enterrar a los muertos. La gente que murió en El Aro era ‘gente honesta y trabajadora, que […] no tenía vinculo ni con la guerrilla ni con los paramilitares.
Eran finqueros’. La noche del robo de ganado en El Aro andaban con los soldados dos personas ‘de apariencia muy extraña, los cuales no portaban el uniforme del Ejército adecuado’, vestidos en ‘uniforme camuflado, iban fuertemente armados, y su corte de pelo y apariencia no [era] militar’.
El Teniente Bolaños ordenó que cerraran todos los establecimientos del corregimiento de El Aro. Las dos personas acompañaron al Ejército a cerrar todos los negocios del área que se llama El Retén.
A las cuatro de la mañana, bajaron el ganado de la finca ‘La María’ a la finca ‘El Pescado’.
El ganado provenía de las fincas entre Puerto Valdivia y El Aro, las cuales quedaron sin ningún animal.
El ganado fue montado en camiones y trasladado para Caucasia. Miembros del Ejército iban arreando el ganado.
Varios residentes de El Aro fueron obligados a arrear el ganado.
Cuando a los 15 días fueron a ver si les pagaban, les dijeron que los iban a matar.
El Gobernador de Antioquia envió un telegrama al Inspector de Puerto Valdivia solicitándole a éste que se comunicara con el Secretario de Gobierno, quien, a su vez, le solicitó que se comunicara con el comandante del Ejército del área y solicitara ayuda para recoger los ganados.
Posteriormente el oficial llamó al Teniente Bolaños, quien le respondió que eran ‘unos guerrilleros, que ese ganado era de la guerrilla, que eso ya se lo habían llevado’.
El martes o miércoles posteriores a la incursión paramilitar, un oficial civil que fue testigo de los hechos informó lo sucedido al doctor Amado Muñoz, Jefe de Gobierno local, quien le solicitó que ‘no comentara nada’ y que no hiciera ningún informe al respecto.
A raíz de estos hechos se desplazaron aproximadamente trescientas (300) personas hacia Puerto Valdivia.
Al pasar sobre el río Cauca, los desplazados vieron soldados del Ejército en un lado del puente y a paramilitares en el otro lado.
Los paramilitares les dieron la orden a los desplazados de no decir nada sobre lo sucedido en El Aro.
En Puerto Valdivia los desplazados debían inscribirse en el colegio, en donde ‘se les prestó ayuda’. Sin embargo, todos ellos ‘quedaron muy mal, porque a mucha gente le quitaron el ganado, las mulas’.
‘Todos quedaron pobres’. Mucha gente nunca regresó a El Aro.
Algunos aún no vuelven por no tener garantías de seguridad. Los paramilitares continúan llevándose las bestias del área.
En la oficina de inspección en Puerto Escondido, un grupo de paramilitares había usado y tirado ‘registros civiles, de nacimiento, de matrimonio […] como si fuera papel higiénico’.
La situación de los paramilitares y otros grupos, el miedo de otra masacre y la desaparición de su trabajo y forma de vida hacen que los desplazados no quieran regresar permanente a El Aro.
Algunos regresaron a El Aro, otros se quedaron en Puerto Valdivia y unos fueron a Medellín”.
