Costa Rica: Oscar Arias vinculado a redes del narcotráfico

¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Es la pregunta recurrente que circula en el exterior, entre profesores, académicos, editorialistas o personas de reconocida influencia en la opinión crítica de sus países.

Tratando de responder a esa inquietud, habría que señalar que los 10 años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formaron parte del ciclo de gobiernos progresistas de América Latina.

 Ellos despertaron poderosas fuerzas enemigas: el imperialismo, las élites empresariales, los medios de comunicación privados ligados a esos intereses, los partidos políticos tradicionales.

 En Ecuador, a estos sectores se unieron, con el paso del tiempo, dirigentes de movimientos sociales que perdieron antiguas prebendas y posiciones, así como partidos y sectores de la antigua izquierda, que fueron incapaces de comprender la época histórica que se vivía.

Para las elecciones de 2017, Alianza País (AP), el partido-movimiento que dio origen al gobierno de Correa, postuló al binomio Lenín Moreno y Jorge Glas.

 En la primera vuelta (19 de febrero) confrontaron a siete binomios, pero para la segunda (2 de abril) se enfrentaron al exbanquero y millonario Guillermo Lasso (binomio con Andrés Páez), auspiciado por Creo y SUMA, y apoyado por la derecha política. 

Ganó Moreno con 51.16 por ciento de votos (Lasso obtuvo 48.84 por ciento).

 Ese triunfo fue calificado de fraude por el candidato perdedor, de modo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), cediendo a las presiones, tuvo que realizar otro conteo de sufragios.

Durante la campaña, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó como el mejor presidente en la historia nacional. 

Señaló que la Revolución Ciudadana continuaría.

 Eso destapó los ataques de la oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista.

Con la toma de posesión (24 de mayo), Moreno nombró un gabinete con algunas personas identificadas con el anterior gobierno y otros nuevos empresarios, lo cual parecía una renovación necesaria. 

Pero en pocas semanas la situación cambió.

 Sirvió de estrategia el diálogo nacional que inauguró el mandatario y que derivó en el resurgir de las derechas políticas y, sobre todo, de las élites empresariales, auspiciadas por los más influyentes medios de comunicación privados, que aplaudieron el nuevo ambiente de libertad que según Moreno ahora sí se respiraba.

Bajo ese inédito ambiente, no visto en una década, estalló el tema de la corrupción, que involucró a Odebrecht, PetroEcuador y altos funcionarios del gobierno de Correa. 

Sin duda, los escandalosos casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de Revolución Ciudadana. 

El juicio al vicepresidente Glas concluyó con sentencia condenatoria. 

De modo que el tema acicateó las justificaciones de la ruptura definitiva del gobierno morenista con su antecesor, al tiempo que siguieron amenazas judiciales y de la Contraloría contra antiguos funcionarios del correísmo.

En apenas ocho meses se modificó la correlación de fuerzas en el país.

 Hoy, élites empresariales, partidos de derecha política y toda la gama de sectores que han encontrado la oportunidad para movilizar su visceral anticorreísmo han adquirido presencia e influencia, ocupan los espacios mediáticos y sienten que sus posiciones predominan. 

Los banqueros recibieron el monopolio del manejo del dinero electrónico que estuvo en manos del Banco Central, algo impensable en el gobierno de Correa. 

A esas fuerzas también se han unido las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios (otrora hicieron campaña a favor de Lasso) y hasta dirigentes de movimientos sociales (como el indígena y el de los trabajadores), atraídos con puestos públicos o nuevas prebendas de coyuntura.

 A los medios de comunicación privados se han sumado, paradójicamente, los públicos, alineados ahora con la misma visión. 

Todos se orientan por la descorreización del Estado y de la sociedad, y ven que este proceso avanza inexorablemente. 

No se habla más de Revolución Ciudadana ni del socialismo del siglo XXI.

Para el ex presidente Correa y sus partidarios, Moreno representa la traición y ahora cumple el programa perdedor de Lasso. 

En la geopolítica internacional no cabe descartar la movilización de estrategias continentales contra todo gobierno progresista en América Latina y para perseguir a sus figuras, como ha ocurrido con Cristina Fernández, Lula da Silva o Dilma Rousseff.

El mismo partido-movimiento AP literalmente fue tomado por los morenistas, que lograron el desconocimiento legal de la directiva correísta, fracción que pasó a identificarse con el nombre Revolución Ciudadana y que intentó registrarse como nueva agrupación política ante el CNE sin éxito.

En este contexto, la convocatoria gubernamental a consulta popular, siete preguntas, inevitablemente conduce a legitimar las nuevas circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal, desplazando definitivamente al correísmo.

 Son tres las preguntas de mayor significación y polémica: la dos, que propone negar la relección indefinida; la tres, para restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la seis, para derogar la ley de plusvalía.

La dos impedirá cualquier retorno de Rafael Correa al poder, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el Sí.

 La pregunta seis es fruto de la presión de un sector empresarial que considera que el impuesto a la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios. 

Pero la tres es la decisiva, porque la Asamblea Nacional nombrará siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que enviará el Ejecutivo, y que tendrá la capacidad para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el consejo cesado, pudiendo incluso declarar la terminación anticipada de sus funciones. 

En consecuencia, el CPCCS de transición podrá nombrar contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (nombra jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes.

 Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el Sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo.

 Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007.

El ex presidente Rafael Correa llegó al país (vive con su familia en Bélgica) para respaldar a quienes promueven el No bajo condiciones absolutamente adversas. 

El resultado se conocerá el 4 de febrero, día de la consulta popular. 

Lo que ocurra después es mejor que quede como materia de análisis pendiente para otra ocasión.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/opinion/022a1mun