Hace dos años y 5 días que voceros de la oposición venezolana llevaron a la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, una supuesta solicitud de investigación contra el presidente Nicolás Maduro.
En esa oportunidad el abogado Juan Carlos Gutiérrez y el dirigente del partido de extrema derecha, Voluntad Popular (el de Leopoldo López), Carlos Vecchio (fugitivo de la justicia de Venezuela) se tomaron una foto frente a la sede del tribunal y aseguraron que habían hecho el trámite en la oficina del fiscal.
Diez meses después, el martes 6 de septiembre de 2016, Gutierrez volvió a tomarse la foto en el mismo sitio, pero acompañado ahora por la empresaria Lilian Tintori Parra, esposa del condenado Leopoldo López, diciendo casi exactamente lo mismo.
La novedad, además de la presencia de la fisiculturista, que estuvo viajando durante tres meses del año pasado, fue que ahora le agregaron la masacre paramilitar de Tumeremo a la lista de acusaciones contra el mandatario venezolano.
Hoy, 16 de noviembre, la foto ante la valla con el emblema de la CPI se la tomó la destituida fiscal general, Luisa Ortega, donde afirmó que minutos antes había presentado “una denuncia” contra el presidente venezolano por delitos de lesa humanidad.
En la denuncia también incluyó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el ministro del Interior, Nestor Reverol, el director del Sebin (inteligencia), Gustavo González López, y excomandante de la GNB, Antonio Benavides Torres.
Ortega fue más allá y dijo que había solicitado ante la Corte una “orden de captura internacional” con el jefe de Estado venezolano y su equipo de colaboradores, durante sus declaraciones en Países Bajos.
Lo que no dice la exfiscal es que solamente podrán remitir casos ante la Corte los Estado parte, el Consejo de Seguridad y la Fiscalía de la CPI.
Ni las organizaciones internacionales ni las organizaciones no gubernamentales tienen esa facultad, tal como quedó establecido en el Estatuto de Roma que regula el proceso jurisdicional del Tribunal.
Y tampoco lo pueden hacer los particulares como es el caso de Gutierrez, Vecchio o Tintori ni la señora Ortega.
Estos últimos tiene únicamente la posibilidad de remitirle información al Fiscal, para que (de oficio) lo someta a la jurisdicción de la Corte, lo cual evidentemente no ha hecho desde que recibió, supuestamente, la primera denuncia hace más de dos años.
Si esa llegara a ser eventualmente su decisión, la medida debe ser sometida a una especie de supervisión de la actuación del Fiscal por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual se encargaría de autorizar toda investigación de oficio motivada por el Fiscal.
En la oportunidad del anunció de Tintori la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) desmintió que la esposa del opositor Leopoldo López hubiera presentado una denuncia ante ese tribunal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Al contrario de lo que se ha publicado, la oficina (de la Fiscalía) puede confirmar que no ha recibido ningún documento de la señora Tintori, o de ningún grupo de abogados venezolanos, durante su visita a La Haya a principios de septiembre”, señaló la portavoz de esa instancia según un despacho de la agencia EFE.
Sin embargo hay que advertir que pese a esas garantías que formalmente ofrece el sistema de justicia penal internacional no sería descartable que los vínculos y relaciones de funcionarios de la institución puedan permitir una admisión de los señalamientos contra el gobierno venezolano.
Al respecto vale recordar que al menos los dos principales directivos de una fundación establecida en La Haya que en septiembre de 2016 otorgó un premio a la política venezolana, Lilian Tintori, han sido o aún son funcionarios de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con una revisión de sus perfiles.
La organización, fundada en enero de 2016 con la denominación Peace, Justice and Security Foundation, tiene como su presidenta a Florence Olara y como secretario a Mark Patrick Dillon.
Olara es la oficial de información pública del Fiscal de la Corte Penal Internacional, mientras que Dillon es el jefe de Información y Evidencias del propio tribunal, según lo precisan sus perfiles publicados en la red social-profesional LinkedIn.
Tanto Florence Olara como Mark Dillon pertenecen a un capa de burócratas que se ha articulado en torno a las agendas de los derechos humanos y la sanción de los crímenes de guerra.
Olara, además tiene un perfil decididamente emblemático ya que es originaria de Uganda, donde se convirtió en una niña refugiada como consecuencia de las acciones bélicas del llamado Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda.
Su líder es un fanático cristiano, Joseph Kony, que intenta imponer un estado teocrático y que se hizo famoso por un video viral llamado Kony 2012, y que impulsó una campaña para su captura ante de 2013.
En realidad tal intento de posicionamiento era parte de una jugada geopolítica en Äfrica para respaldar la independencia de Sudán del Sur y cercar a Sudan con el fin de que EEUU tuviera acceso a los recursos energéticos de la región.
Además el caso de Kony fue el proceso con el cual se inauguró la fiscalía de la CPI, que emitió sus primeras órdenes de captura contra los jefes del grupo armado.
El argentino Luis Moreno Ocampo estuvo a cargo del proceso como primer fiscal del tribunal y junto a él desde 2005 estuvo la ugandesa Olara.
Parte de su trabajo se tradujo en un documental sobre Ocampo, Prosecutor, que lo presentaba con un aura de heroe cinematográfico en lucha por la justicia.
Como oficial de prensa de la fiscalía, Olara ha tenido un rol político que supera las funciones habituales de un relacionista.
En 2011 ofreció declaraciones sobre la orden de captura del depuesto lider libio, Moammar Gaddafi, que pudieron haber estimulado la agresiva persecución que acabó con su muerte.
Mariátegui *
https://mariategui.blogspot.com/2017/11/las-falsas-denuncias-de-la-oposicion.html
