“Atenco: una tragedia gubernamental histórica, era la prueba máxima de lo que era capaz Enrique Peña Nieto, es decir teníamos frente a nosotros el PRI de siempre en su máxima expresión.
Peña Nieto no era representante de ‘un nuevo PRI’, sino del próximo represor, todos los gobiernos de derecha lo han sido, pero los priistas tienen un toque distintivo, en sus sexenios siempre hay una o más tragedias, crímenes de lesa humanidad, como el emblemático 68”, afirma la socióloga Beatriz García, especialista en historia contemporánea de México.
Tras concluir el litigio del caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco y Texcoco, acompañadas por el Centro Prodh y CEJIL, señalaron hoy en una conferencia de prensa que “han dado un paso trascendental no sólo en su lucha por la justicia sino para impulsar cambios transformadores en el país: han llevado al Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos”.
En diciembre de 2015, la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso, mismo que dio la razón a las denunciantes al encontrar que “sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia”.
Pese a lo anterior y que el propio Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo el Estado no mostró voluntad de hacer justicia.
Puntualmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
Por lo que, a una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 no hay una sola sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso, sino que se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad, aspectos que “para la CIDH comprueban la falta de cumplimiento del Estado de su deber de sancionar a todos los responsables”, se asegura.
Es por ello que, para las mujeres denunciantes, el contundente Informe de Fondo de la CIDH y la llegada de su caso ante la Corte IDH -a pesar de los obstáculos y demoras que pretendió imponer el Estado a lo largo del proceso- significan “no sólo logros en su caso, sino una oportunidad para impulsar cambios en nuestro país”, se aseguró.
“Es una respuesta alentadora, un pequeño paso, puesto que las mujeres que fueron marcadas por la tragedia priista de Atenco, llevan años luchando por justicia y denunciando la tortura, no solamente la propia, sino la de todas aquellas mujeres que la han padecido a manos de las fuerzas represoras del Estado (ejército, Marina, policías)”, menciona García.
Según se dijo, “la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al pleno reconocimiento y erradicación de este fenómeno de plena vigencia hoy”.
Por lo que la especialista señala, que un ‘triunfo total’, podría ser la condena internacional a Peña Nieto, “por haber no solamente permitido, sino enviado a las fuerzas a atacar de la manera más vil al pueblo que gobernaba en aquel momento”.
Según el análisis de la Corte IDH, de ciertos aspectos del operativo policiaco de mayo de 2006 -incluyendo la planeación, realización, supervisión y posterior impunidad en relación con los graves actos ya comprobados ante la CIDH- “será esencial en un contexto en que la respuesta gubernamental ante diversas expresiones de oposición social en los últimos años ha sido el uso arbitrario de la fuerza y la tortura por parte de agentes de seguridad sujetos a estructuras de mando, dañando familias, colectivos y comunidades”.
Además, Centro PRO, ha señalado que “el caso Atenco es muestra paradigmática de la impunidad vigente que posibilita la repetición crónica de graves violaciones a derechos humanos.
La sentencia de la Corte IDH podrá ser una herramienta importante para combatir estructuras de impunidad a través de la sanción de todas las formas de responsabilidad en un caso concreto, aprovechando el alto grado de documentación de los hechos y el análisis de los órganos del Sistema Interamericano”.
Además, durante la conferencia se resaltó que la lucha de las mujeres de Atenco podría ser “una oportunidad para establecer medidas de no repetición que eviten que este tipo de hechos vuelvan a suceder, como la emisión de una verdadera ley de uso de la fuerza basada en estándares internacionales, el establecimiento de mecanismos de control y supervisión de operaciones policiales y la implementación de instrumentos especializados para la investigación y sanción de la tortura sexual”.
Por su parte, García afirma que si se ha llevado a organismos internacionales el caso de “las mujeres de Atenco”, ha sido para poder obtener justicia, por lo que se espera que sean señalados todos los involucrados, “no ceder ante chantajes o amenazas, los autores de este hecho deben pagar. Si antes no hubo una sola sentencia condenatoria, esto debe cambiar.
Se está confiando en un órgano imparcial, que no se detendrá a ver fueros a la hora de señalar y exigir justicia. Que el Estado nuevamente sea evidenciado como el principal criminal que ataca a un pueblo, y usa la tortura para castigar a quienes defienden una causa justa”.
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