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Australia deportará a los niños refugiados a una isla remota del pacífico

El Centro Legal de Derechos Humanos de Australia denuncia que famlias y niños refugiados podrían ser deportados a remotas islas del Pacífico por el gobierno australiano.

En Australia, los barcos de los refugiados son alejados en alta mar y los demandantes de asilo que alcanzan las costas son colocados en campamentos en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, en la isla de Nauru, en el Pacífico, o en la de Christmas, en el Índico.

Este miércoles, la justicia rechazó el recurso presentado por una refugiada contra su envío a Nauru, lo que abre la vía a que manden a esta pequeña isla a cientos de personas.


Por su parte, las iglesias australianas han propuesto este jueves acoger a los demandantes de asilo que se exponen a ser enviados a un centro de retención en una isla remota del Pacífico.

La iniciativa de las iglesias concierne a más de 260 solicitantes de asilo, llevados en su mayoría a Australia por razones médicas. 

Entre ellos hay 37 bebés nacidos en territorio australiano, y otros 54 niños, según sus abogados.


Algunos de los bebés que podrían ser deportados con sus familias a una isla del Pacífico, en fotos difundidas por el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia.

El reverendo Peter Catt, de la iglesia anglicana de Brisbane, ha declarado que las iglesias están rescatando “el viejo concepto de santuario”, abriendo a los refugiados lugares de culto como la catedral Saint John de esta ciudad.

“En mi opinión, no sería conveniente que alguien venga a una iglesia para sacar a gente afuera”, ha afirmado el líder religioso a la cadena ABC.

Buena parte de esos 260 demandantes de asilo se encuentran actualmente en Wickham Point, un centro de retención situado junto a Darwin, en el norte de Australia.

En los últimos días, miles de personas se movilizaron en las calles del país para oponerse al envío de los demandantes de asilo a Nauru o Papúa Nueva Guinea, luciendo pancartas con el eslogan “Déjenlos quedarse”.

Por su lado, el ministro de Inmigración, Peter Dutton, ha declarado este jueves que las iglesias tienen derecho a tener su opinión, pero no están por encima de la ley.


Recientemente, la comisión australiana de derechos humanos destacó que “el 34 % de los cientos de niños retenidos en Wickham Point padecen trastornos mentales entre severos y moderados”, una cifra espectacular si se compara con el 2 % medio de la población infantil australiana.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Australia abrió el miércoles la puerta a la deportación de cientos de inmigrantes y refugiados a una isla del Pacífico, incluidos niños, un fallo que ha alarmado a la Unicef, Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, además de la oposición política australiana.

La decisión del alto tribunal puede afectar a 267 solicitantes de asilo, que fueron trasladados a Australia por razones médicas desde los centros de detención del país. 

Entre ellos se encuentra un niño de cinco años que supuestamente fue violado en Nauru y podría ser devuelto al lugar donde sigue su agresor.


El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) ha denunciado en un comunicado que el fallo judicial “no tiene en cuenta la responsabilidad moral de Australia o su obligación de proteger los derechos de los niños de acuerdo con la ley humanitaria internacional, y subraya su preocupación por “los niños que, habiendo nacido en Australia, pueden ser trasladados a Nauru por decisión del ministro de Inmigración”, Peter Dutton.

Activistas de derechos humanos y las Naciones Unidas han denunciado la detención de inmigrantes en terceros países, que Australia recuperó en 2012, y las condiciones en estos centros, donde ha habido motines, muertes violentas y violaciones sexuales en medio de una “cultura de secretismo”.

Dutton ha aseverado el jueves que los refugiados, incluyendo niños, serán devueltos a Nauru una vez que hayan completado sus necesidades médicas.

El pasado mayo, el Departamento de Inmigración de Australia reportó más de 280 casos de asalto y agresión sexual en tres meses en los centros de detención de inmigrantes en ese país.


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