I
Lo que ha ocurrido con el gobierno de Costa Rica, poniendo en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, a casi 2 mil cubanos en situación de ilegalidad, empujando su ingreso violento a nuestro país, añade una nueva y gratuita hostilidad contra la soberanía nacional.
San José despreció los mecanismos pertinentes, haciendo caso omiso a los organismos regionales e irrespetando las Convenciones y Acuerdos Internacionales sobre Movilidad Humana.
La voluntad de Nicaragua es la integración centroamericana que en términos prácticos adelanta una sana política de paz, como el impulsado en conjunto con El Salvador y Honduras en la zona del Golfo de Fonseca, en la activa participación en el Parlamento Centroamericano y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Nicaragua ha intentado promover unas relaciones maduras con la vecina del sur a través del diálogo bilateral y reconocernos como lo que en realidad somos y seremos: países unidos por la historia, la cultura y hasta por el gusto de ver las mismas películas mexicanas, de donde Costa Rica extrajo su emblemática frase “¡Pura vida!”, del comediante Antonio Espino y Mora, “Clavillazo”. Conste, no fue del cine suizo ni de un artista nacido en Zúrich, sino en Teziutlan, Puebla.
Es obvio que las autoridades costarricenses no quieren nada con nuestra patria y los países del norte, al dar muestra de su falta de espíritu morazánico, aprovechando cualquier espacio, oportunidad y lugar.
Hay que dejar en claro que Nicaragua estima a esa República, a su pueblo, a sus empresarios, a su comercio, y que en nuestras ciudades y campos se consumen alimentos y artículos elaborados allá. Es decir, si acaso existiera un leve asomo de venganza y repudio a Costa Rica, no circularan sus productos en los mercados y pulperías nacionales, ni por las carreteras transitaran sus furgones con mercadería tica.
II
Lo que ha acontecido con los inmigrantes cubanos es parte de ese historial en la que sus altos cargos, lejos de auspiciar un clima de hermandad, se empecinan en dar por sentado su desacuerdo en trabajar por objetivos comunes.
Mientras otras regiones del mundo posibilitan los intercambios, tienden los puentes y los muros de antaño se derrumban a como se vio en este año entre los Estados Unidos y Cuba, Costa Rica rechaza a la Corte Centroamericana de Justicia, al Parlacen y no abona en nada a los instrumentos de la comunidad ístmica.
Pero el distanciamiento de San José no es nuevo. Rubén Darío lo escribió el 12 de agosto de 1886: que el presidente Bernardo Soto Alfaro (1885-1889) “no puede absolutamente hacer tratados sobre Unión Centroamericana, porque todo Costa Rica es enemiga de ella, viéndolo bien. Si el pensase semejante idea, le harían una revolución” (“R.D. Escritos Políticos”, 2010, p.191).
De tal manera que cuando fabrican tristes episodios como el manejo irresponsable con los antillanos, no es aventurado pensar que se consideren “superiores” y por tanto pueden atropellar la soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua cuando les dé la gana.
Los más recientes antecedentes cuentan con un corolario de antigua data: el río San Juan. Nicaragua ha hecho lo que le corresponde para mantener navegable el caudal y contribuir a “preservar la salud medioambiental”, con el dragado, como lo expuso en su oportunidad el abogado Paul Reichler, lo cual ha “molestado” a Costa Rica, al punto de dirimir el asunto en La Haya.
Costa Rica también ha acusado, sin presentar evidencias, que Nicaragua causó daños a un humedal protegido por convenios internacionales en la zona de Harbour Head, territorio nicaragüense que pretende ocupar Costa Rica, como ya ha sido referido por las agencias internacionales de prensa.
La construcción, durante el gobierno de Laura Chinchilla, de una carretera paralela al curso del Río, con terribles secuelas medioambientales a lo largo de sus 160 kilómetros, motivó que se denunciara el caso ante La Haya en 2011.
III
Nicaragua fundamenta sus derechos en la frontera sur incluso, reconociendo el Tratado que más ha maltratado a la Patria: el lamentable e injusto convenio Jerez-Cañas (15 de abril de 1858).
El “prócer” Máximo Jerez entregó, sin nada a cambio, más de 13 mil kilómetros cuadrados de Guanacaste, Nicoya y tierras adyacentes a la ribera sur del Río San Juan, como bien documenta el doctor Miguel Ángel Álvarez Lejarza (“De cómo pedimos las provincias de Nicoya y Guanacaste”, Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 2001).
La nación que le ha tocado la peor parte de esta historia común desde la Independencia en el Siglo XIX, es precisamente Nicaragua: las provincias aludidas significaron la insólita entrega –sin guerra perdida de por medio que “justificaran” semejante pago– de una décima parte de su territorio. Al apoderarse de esa inmensidad, el mapa de Costa Rica se extendió artificialmente hasta casi las costas del Lago Cocibolca y se “convirtió” en forzada ribera del Río San Juan en un exagerado trecho.
IV
Sin embargo, Nicaragua le ha dado vuelta a la página, prefiriendo la paz con un país que paradójicamente se resiste a ser hermano; no busca el pleito y privilegia la legitimidad derivada del Laudo Cleveland y las Actas Alexander.
El pasado no orienta ni condiciona su política exterior. Solo defiende y protege lo suyo.
El tono de la nación, imperturbablemente, ha sido de pleno sometimiento al Derecho Internacional y de acatamiento a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, sean favorables o no.
Además, Nicaragua en el mundo es un baluarte en la lucha contra el desalmado comercio de seres humanos y el tráfico de inmigrantes ilegales que son expuestos por redes delictivas a toda clase de riesgos y vejámenes a la dignidad de la persona, cuando no a la muerte.
Si esa es la vocación histórica de la República, de respeto hacia otras naciones y de procurar alianzas regionales y hemisféricas para contribuir a la paz y la cooperación entre los pueblos, no se puede permitir de ninguna manera, “la violación de nuestro Territorio Nacional ni de nuestra Soberanía ni que sea vulnerado nuestro Ordenamiento Jurídico”, como lo ha expuesto el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ante la crisis generada por las autoridades de San José.
Nicaragua no es provincia de Costa Rica, mucho menos del Crimen Organizado.
