La Corte Penal Internacional ha intentado ejercer esta competencia en al menos dos ocasiones: los jefes de estado Omar al Bachir de Sudán y Uhuru Kenyatta de Kenia han sido formalmente acusados por ese tribunal (los cargos contra Kenyatta fueron posteriormente retirados).
Los estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) están obligados a cooperar con el tribunal llevando a las personas buscadas ante la CPI. Por otro lado, la CPI está estudiando, en estos momentos, las denuncias de crímenes de guerra cometidos en Gaza el año pasado.
Sorprendentemente, los jefes de estado pueden también ser juzgados en un tribunal de Estados Unidos.
En el caso EEUU vs. Noriega, 117 F.3d 1206 (1997), un tribunal de apelaciones de EEUU rechazó las solicitudes de inmunidad de Manuel Noriega, argumentando que la legislación federal le otorga al poder ejecutivo la última palabra sobre la inmunidad de un líder extranjero ante la justicia estadounidense.
Puesto que el poder ejecutivo declinó conceder dicha inmunidad, el tribunal ejerció su jurisdicción y atendió la denuncia penal contra Noriega.
En teoría, entonces, un jefe de estado como el primer ministro israelí Netanyahu podría ser juzgado en Estados Unidos, suponiendo que el poder ejecutivo permitiera dicho procesamiento.
Las probabilidades de que un líder político sea llevado ante los tribunales crecen sustancialmente una vez que abandona su cargo.
Hay varios ejemplos famosos de esto en las últimas décadas.
El procesamiento de Adolf Eichmann, el arresto de Augusto Pinochet (suspendido posteriormente cuando el ministro británico del interior Jack Straw permitió que el dictador chileno abandonara Reino Unido por razones de salud) y la extradición de Miguel Cavallo a España son demostraciones de la importancia creciente que ha adquirido la “justicia universal” respecto a los crímenes atroces cometidos por miembros de antiguos gobiernos.
El caso de Eichmann es particularmente importante, ya que ni siquiera existía el estado de Israel cuando el nazi cometió sus crímenes. No obstante, esto no fue un impedimento para que Israel lo llevara ante sus tribunales.
Los tribunales internacionales de Nüremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda establecieron en sus cartas fundacionales el principio legal de que los actos cometidos por miembros de un gobierno, en calidad de tales, no pueden ser objeto de inmunidad.
La carta de Nüremberg señaló expresamente que “el hecho de que una persona que haya cometido un acto delictivo según el derecho internacional haya actuado como Jefe de Estado o autoridad gubernamental responsable no le exime de responsabilidad de conformidad con el derecho internacional”.
Juicios de Nüremberg.
Es ciertamente discutible que estos principios formen parte del derecho internacional o, con otras palabras, que un tribunal de una jurisdicción competente pueda negar la inmunidad a un ex jefe de estado por el hecho de que el derecho internacional haya rechazado dicha inmunidad para ciertos delitos.
Por tanto, es previsible que un juez en Europa o América Latina pueda ser el primero que decida que los crímenes cometidos contra los palestinos merezcan una reparación en su tribunal en un futuro, cuando Netanyahu ya no esté en el gobierno.
Durante siglos, los juristas y los expertos han hablado del concepto de hostis humani generis, es decir, “enemigos de la civilización”. La ley establece que estos enemigos de la civilización pueden ser procesados en un tribunal competente, ya que sus delitos son una amenaza para una sociedad decente y humana.
Los piratas son hostis humani generis, incluso en la legislación estadounidense. Seguramente, los que cometen tortura, genocidio, crímenes de guerra y agresión pertenecen también a esta categoría.
La rendición de cuentas por estos delitos es parte integral de la tradición democrática liberal occidental. John Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno, calificó a los belicistas ilegales de “ladrones y piratas”. “El daño y el delito son lo mismo, los cometa quien porta una corona o un pequeño villano”, escribió.
Siglos más tarde, los países (incluso, o especialmente, los occidentales) siguen retorciendo el imperio de la ley para aplazar el enjuiciamiento de sus líderes gubernamentales preferidos, incluso cuando esa rendición de cuentas representa una promesa de un orden democrático meramente liberal.
Pero la historia muestra que estas inmunidades están empezando a debilitarse.
Tal vez no sea hoy ni mañana, pero, finalmente, la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos por cualquier líder —alemán, chileno, sudanés, ruso, israelí o estadounidense— será la norma en un tiempo más ilustrado y civilizado.
Fuente: From Nuremberg to Gaza – Can Netanyahu Be Prosecuted For War Crimes?, Global Research, 8/09/2015
Traducción: Javier Villate (@bouleusis)
