Tamaulipas.- Un soldado se acercó al carro y dijo: ‘¡Hey, la cagamos! ¡La cagamos, son mujeres!’, afirmó Alejandra, quien era la copiloto de Diana.
“Es ahí cuando reconocen que se equivocaron, que no eran hombres sino mujeres a quienes les habían disparado.
Ellos se equivocaron y aún así aseguran que mi hija Diana encubrió un delito”, declara María Guadalupe, madre de la víctima.
Al sufrimiento de haber perdido a un familiar de manera inesperada y producto de una ejecución extrajudicial, y estar involucradas las fuerzas armadas, se le debe sumar el tener que enfrentarse al descrédito social.
“Porque los soldados, marinos y policía, fabrican culpables, alteran escenarios y siembran evidencias”, sentencia el Licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH).
El 19 de mayo pasado personal del Ejército Mexicano disparó en contra de un grupo de jóvenes que se encontraban platicando en el crucero de Héroe de Nacataz, entre Gómez Farías y Privada Corona, en la colonia Matamoros, Nuevo Laredo.
Ricardo Daniel Borrego Miguel fue uno de los muchachos que al escuchar los disparos salió corriendo intentando salvarse de éstos, es ahí cuando los militares alcanzan a colocarle una de las balas en la nuca, la cual le salió por la boca, provocándole una hemorragia que lo llevó a la muerte, convirtiéndose así en la primer víctima del ejército ese día.
Justo cuando Ricardo caía al suelo, pasaba por el lugar Diana Calderón Bravo, una chica de 21 años, quien manejaba su automóvil acompañada de su amiga Alejandra.
Cuando se percatan de la escena Diana acelera para no ser alcanzadas por las balas, sin embargo, los militares las fijaron como su segundo blanco y disparan contra el carro poco más de 20 veces, de las cuales 10 impactaron al vehículo y cinco penetraron el cuerpo de Diana.
“Los disparos fueron en la espalda de la joven, por eso nos damos cuenta de que es una agresión directa, además de que no existe ningún militar herido y aunque hay un vehículo del ejército que presenta un impacto de bala, se hizo de adentro hacia afuera, es decir ellos mismos lo hicieron”, afirma Ramos Vázquez.
El parte oficial rendido por los militares asegura que ellos fueron víctimas de una agresión armada y presentaron a un menor de edad como integrante de un grupo delictivo, además de envoltorios con droga, armas y municiones, que dijeron le pertenecían al chico.
“Durante más de tres horas los militares impidieron el paso a familiares de las víctimas y al personal del Ministerio Público, e incluso a los servicios de emergencia, esto fue para poder manipular el lugar de los hechos y sembrar evidencias a las víctimas, en un claro intento por fabricar culpables”, dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos.
“Afortunadamente existe el testimonio de cuatro personas que presenciaron la acción de los militares, el momento en que bajan de una camioneta del Ejército Mexicano las armas y la droga para sembrarlas junto al cuerpo de Ricardo Daniel Borrego Miguel y de Diana Calderón Bravo, declaraciones que prueban modo, tiempo y lugar de los hechos”, agregó.
Ramos Vázquez explica que el caso de Diana es una representación del modus operandi del ejército.
A la joven estudiante al morir en un fuego por parte de militares, la presentan como una delincuente, una integrante del crimen organizado, pues aseguran que ella tenía un arma 223 de uso exclusivo, pero es un arma que mide aproximadamente 1 metro y pesa como cinco kilos, entonces difícilmente alguien puede manipular un arma larga mientras va manejando, menos una muchachita de complexión delgada.
“Le siembran armas y drogas, además de acusaciones que hayan quedado registradas en el parte informativo. Un ejemplo del descrédito social por parte de los militares” dijo Ramos Vázquez.
Agregando que: “otro padecimiento de las familias que sufren las ejecuciones extrajudiciales, es la impotencia de que la autoridad que debería investigar, en este caso el Ministerio Público de la Federación y la Procuraduría General de la República (PGR), no averigua a pesar de haber testigos de las irregularidades. En el caso de Diana, una de ellas es que durante tres horas el ejército no permite el ingreso del ministerio público, tampoco a la Cruz Roja, ni a los familiares al lugar de los hechos”.
A su vez, Ramos Vázquez asegura que en esas tres horas se manipularon todas las evidencias, y también se sembraron otras, provocando con esto un vacío de poder judicial. Otro punto que remarca, es que las familias se enfrentan a la parcialidad de la PGR, a la lentitud, al burocratismo y al “valemadrismo”, porque el Ministerio Público Federal tiene miedo de integrar cualquier averiguación que involucre a las Fuerzas Armadas, no solamente el ejército sino también la policía Federal y la Marina.
En el caso de Diana aún no se ha emitido ninguna respuesta por parte de las instancias involucradas en la investigación, que son: la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Presidencia de la República, y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Con información de Revolución TRESPUNTOCERO
