Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, y hasta febrero pasado la Procuraduría General de la República (PGR) ha encontrado 38 fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, de acuerdo con informes oficiales de la dependencia. Dentro de ellas, 87 cuerpos han aparecido.
Pero hasta el pasado 4 de marzo, sólo había identificado a 16 de esos cadáveres y apenas seis se habían entregado a sus familiares.
Casi nada ha dicho la PGR de lo que ha investigado sobre esos restos, hallados en principio por la mera circunstancia de hallarlos en el camino de la búsqueda de los 43.
Y si se le pregunta, la máxima instancia de procuración de justicia del país contesta que no cuenta con información sobre cuántas averiguaciones previas se iniciaron a raíz de esos hallazgos, mucho menos de cuál es el estatus de éstas (si es que existen).
Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas en ese municipio, de “los otros desaparecidos”, llevan a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en los cerros igualtecos, sin más herramientas que palas y una varilla punteada para enterrarse, y detectar así las fosas y un marro para empujar la varilla entre la apretada tierra y las piedras.
Cuando los familiares de los desaparecidos, con su pena a cuestas, han hecho la parte más difícil de recorrer los cerros, buscar en la tierra removida, basura y piedras rastros de posibles entierros, y verificar si hay en ellas cadáveres humanos, entonces sí la PGR se involucra en exhumación de los restos humanos. Marinos y policías hacen su parte escoltando a los familiares, pero nada más.
Los familiares de “los otros desaparecidos” dicen que de los 71 cuerpos que se han exhumado de fosas clandestinas de Iguala, 69 han sido hallazgos suyos. Reconocen como su mérito el que dentro de los más de 200 cadáveres pendientes de identificar en Guerrero se incluyera a los 39 que estaban en una fosa común, y que su terquedad por revisar parajes por los que la PGR ya había pasado los llevara a encontrar más fosas en esa tierra donde los muertos sin identidad no han dejado de brotar.
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Cuando el pasado 5 de octubre, a nueve días de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de Guerrero reportó el hallazgo de seis fosas clandestinas en una localidad de Iguala, fue la primera vez que, en ese contexto, la autoridad se refirió a la existencia de tumbas clandestinas en dicho municipio.
A esa mención han seguido muchas más, no siempre por voz de las instancias oficiales, porque las fosas no han dejado de aparecer desde entonces.
Pero a siete meses de aquel primer descubrimiento, quienes encuentran los entierros clandestinos tampoco son ya las instancias de procuración de justicia del país, sino los familiares de personas desaparecidas que en su desesperación ante la falta de avances en las investigaciones se han puesto a buscar con sus propios medios a sus hijos, hermanos, parejas, padres, sobrinos…
Si el tema de los normalistas desaparecidos ha salido poco a poco de la narrativa de la Procuraduría General de la República (PGR), el del destino de los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas que fueron descubriéndose mientras se buscaba a los jóvenes estudiantes ha corrido con una suerte similar. La última vez que la Procuraduría se refirió al tema fue el pasado 13 de enero, hace casi tres meses.
Ese día, en conferencia de prensa, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, informó que había una orden de aprehensión contra cinco policías municipales de Iguala por el delito de desaparición forzada por los cuerpos encontrados en las primeras fosas descubiertas (las del 5 de octubre de 2014). Zerón de Lucio dijo que 12 de los cuerpos encontrados entonces ya estaban plenamente identificados y que serían entregados “en su momento”. La investigación por esos hallazgos, aseguró, continuaba abierta.
Sin embargo, hasta el pasado 4 de marzo, la PGR sólo había entregado seis de los cadáveres hallados en tumbas clandestinas a sus familiares, como reconoció la dependencia en su respuesta a una petición de información pública hecha por este medio, registrada con el folio 000170006115. La PGR no aclaró, además, si esos seis casos correspondían a alguno de los 39 cadáveres encontrados en fosas durante octubre, pues en los meses posteriores dio con otras decenas más, hasta acumular 87, según refirió con datos actualizados a febrero de este año.
De esos, sólo 16 habían sido identificados hasta principios de marzo: 12 de los 39 hallados en octubre y cuatro de los 16 encontrados en noviembre. El resto sigue en proceso de identificación.
Poco se sabe de esos 87 cuerpos. Al momento de entregar la información solicitada, la PGR no había conseguido siquiera determinar el género y la edad de todos ellos. Sólo sabía que 61 eran hombres y 13 mujeres y había estimado las edades de 41, las cuales iban de los 15 hasta los 55 años.
La responsabilidad de la PGR no se agota con la identificación y entrega de los cadáveres, pues también le competen las investigaciones para explicar cómo y por qué esas personas fueron asesinadas y sus restos enterrados en tumbas ilegales y quiénes son los responsables de esos hechos.
Por ello a la PGR también se le preguntó acerca de las averiguaciones previas iniciadas a partir de los hallazgos de las fosas, así como el estatus de cada una de esas indagatorias.
La PGR contestó que su Sistema Institucional de Información Estadística, único canal para el flujo de información estadística respecto a averiguaciones previas y el seguimiento de los procesos penales, no cuenta con un nivel de desagregación que permita conocer la información solicitada. Bajo ese argumento, la PGR declaró los datos requeridos como inexistentes.
¿QUIÉN SON LOS CUERPOS DE LAS FOSAS?
Si el 5 de octubre de 2014, el Fiscal General de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, se refirió al hallazgo de seis fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, Iguala, fue por los dichos de dos de los detenidos por la desaparición forzada de los 43 normalistas, ocurrida nueve días antes. Según declararon esos hombres, en las tumbas se encontraban los cadáveres de 17 de los estudiantes desaparecidos.
La información de las fosas clandestinas fue dada a conocer justo cuando el control de la investigación pasó de manos de la procuraduría local a la federal, por lo que quedó en manos de la PGR el seguimiento de ese hallazgo.
La dependencia contabilizó los restos calcinados de 28 personas en cinco de las seis fosas encontradas –la otra se reportó como “vacía”– y concluyó, con base en exámenes periciales propios y de la Policía Federal, que ninguno de ellos pertenecía a alguno de los 43 normalistas.
Una duda quedó en el aire desde entonces: Si no son normalistas, ¿entonces quiénes son?
Luego, más fosas fueron descubriéndose. Los cadáveres no han dejado de aparecer desde entonces, ni tampoco se han disipado las dudas sobre la identidad de los que van apareciendo.
Conforme a su contestación a la solicitud de información, la PGR tendría la respuesta al menos sobre 16 de esas personas.
En los meses que han transcurrido desde los primeros hallazgos de tumbas clandestinas en Iguala, alguna información sobre la identidad de los cuerpos encontrados ha ido conociéndose.
El 7 de noviembre del año pasado, en una conferencia de prensa, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, refirió que de los cuerpos encontrados para ese momento en 11 fosas en Iguala, ya habían identificado a cuatro. Sin dar a conocer las identidades de esas cuatro personas, el Procurador dijo que habían sido asesinadas en agosto y que se había podido determinar que policías municipales de Iguala estuvieron involucrados en su asesinato.
Se trataría de Gildardo Lagunas, de 51 años; su hijo Luis Alfredo, de 21; su sobrina Marlene Hernández, de 28; y el esposo de ella, José Luis Cruz, de 29, quienes desaparecieron el 12 de agosto de 2014 cuando regresaban de un funeral en Guerrero.
La esposa de Gildardo Lagunas declaró en noviembre al diario Excélsior que le habían llamado para decirle que tenía que hacerse una prueba de ADN para ver si coincidía con los cadáveres encontrados en las fosas.
El 31 de octubre, la Fiscalía General de Guerrero le indicó que su ADN había coincidido con el de cuatro cuerpos, y que debía ir a Iguala a liberar el acta para que le entregaran los cuerpos en la PGR. Pero en la Procuraduría le dijeron que no sabían nada, le mandaron a hacerse otra prueba de ADN y aunque también coincidió, para noviembre no le habían entregado los cuerpos de sus cuatro familiares.
A los primeros hallazgos de las autoridades siguieron otros más de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
De las fosas encontradas por la UPOEG también se reportó la identificación de Felipe de Jesús Parra, un taxista cuyo paradero se desconocía desde el 3 de septiembre de 2013.
El 24 de octubre de 2014, la UPOEG encontró fosas en el paraje igualteco de La Joya y fotografió las pertenencias que identificó en el lugar, entre ellas unas pulseras e identificaciones a medio quemar. Las imágenes fueron publicadas en la página de Facebook Frente Igualteco por la Dignidad, donde los familiares de Parra identificaron sus pertenencias.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que llevo a cabo un trabajo pericial independiente al de las autoridades en la búsqueda de los normalistas desaparecidos– realizó su propio peritaje de los cadáveres encontrados en las primeras seis fosas en Pueblo Viejo. El 25 de noviembre, los forenses argentinos refirieron que se había identificado a tres personas y que sus familias ya habían sido informadas.
Por respeto a la privacidad de los familiares, expusieron, no dieron a conocer más datos sobre la identidad de esas tres personas.
Apenas el pasado 28 de enero, el diario Excélsior publicó una nota sobre la identificación de tres de los cadáveres encontrados en fosa clandestinas en Iguala. Según el diario, uno de ellos era Julio César Real Molina, desaparecido el 19 de julio de 2014 tras ser detenido por policías municipales de Iguala.
RECUENTO DE FOSAS
Familiares de los 43, en las búsquedas realizadas entre octubre, noviembre y diciembre pasado. Foto: Cuartoscuro
La PGR refirió que desde la desaparición forzada de los 43 normalistas -ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014- y hasta febrero de este año, encontró 38 fosas clandestinas en Iguala con un total de 87 cuerpos humanos.
Los primeros hallazgos ocurrieron durante octubre. Sin detallar la fecha de cada uno de los descubrimientos, la PGR proporcionó una cifra acumulada de 11 fosas descubiertas con un total de 39 cadáveres.
En noviembre, el número de tumbas encontradas fue de ocho, con 16 cadáveres en total. Para diciembre se sumaron otras seis fosas, en cuyo interior había, en total, 12 cadáveres.
El primer mes de este año, encontró 16 cuerpos más en una decena de fosas; mientras que durante febrero dio con otras tres fosas en donde había enterrados cuatro cadáveres.
De las primeras seis fosas encontradas en Pueblo Viejo el 5 de octubre, la PGR reportó entonces que había 28 cadáveres en cinco de ellas, todos calcinados. Luego, el 9 de octubre, informó que había encontrado otras cuatro fosas en las inmediaciones de La Parota ( o rancho La Sierpe), también en el poblado de Pueblo Viejo.
Ahí encontró ocho cadáveres, también calcinados.
El 22 de octubre encontró una fosa más en el mismo sitio donde la fiscalía guerrerense había descubierto las primeras seis tumbas. La séptima fosa estaba apenas a 50 centímetros del resto, pero la dependencia requirió de georradares para localizarla, según informó en un comunicado ese mismo día. De esa tumba salieron dos cuerpos calcinados más.
Sin embargo, en la información proporcionada a través del sistema de transparencia, la PGR dio cuenta de 39 cadáveres encontrados en las 11 fosas.
Aparejados a esos hallazgos estuvieron los de la UPOEG, que el 7 de octubre inició sus propias labores de búsqueda de los 43 normalistas en Iguala. A la semana de comenzar, el 14 de octubre, la organización de policías comunitarios reportó el descubrimiento de cuatro fosas clandestinas en el poblado igualteco de Barranca del Tigre. Al día siguiente sumó el hallazgo de otras seis, en cuatro de las cuales supuestamente había restos óseos y ropa.
El 19 de octubre, Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, refirió que para entonces llevaban descubiertas 17 fosas en total. Se trataba de entierros viejos, de meses atrás, dijo, pero en donde se presumía el hallazgo de restos humanos.
Luego, el día 23 de octubre, la organización notificó el descubrimiento de nueve fosas en Loma del Zapatero, Iguala. Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización, confirmó al día siguiente que en cinco de ellas encontraron una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija.
Al conocerse los descubrimientos de tumbas por parte de la UPOEG, la PGR refirió que se trataban de las mismas que la instancia ya había encontrado. Sin embargo, la UPOEG insistió en que eran entierros diferentes.
La UPOEG dejó de buscar sólo a los normalistas y se abocó también al hallazgo de otros desaparecidos, cuyos familiares habían comenzado a romper el silencio y denunciar que los 43 estudiantes no eran los únicos que faltaban en la entidad.
Para las búsquedas de los otros desaparecidos la UPOEG se alió con la organización Ciencia Forense Ciudadana, que ofreció financiar muestras de ADN para la identificación de cadáveres encontrados, y llamó a familiares de desaparecidos a denunciar sus casos.
La UPOEG y Ciencia Forense Ciudadana acordaron con Óscar Mauricio Prudenciano González, párroco de la iglesia de San Gerardo María Mayela, ubicada en Iguala, ayudar a las familias con desaparecidos en ese municipio y ahí comenzaron a reunirse los parientes de los que se han dado en llamar “los otros desaparecidos”.
Las últimas noticias que se tuvieron del trabajo de búsqueda de la UPOEG fueron los hallazgos de siete fosas cerca de Laguna Tuxpan, el 23 de noviembre, y el de 17 fosas detectadas el 18 de diciembre en Barranca del Tigre.
Quienes han continuado con la búsqueda de fosas clandestinas en los cerros de Iguala son los familiares de desaparecidos, agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada.
El pasado 31 de marzo, en una reunión que tuvieron con personal de la PGR, la dependencia les informó que hasta ese día se habían exhumado 71 cuerpos de tumbas clandestinas encontradas en el municipio, así como 39 cadáveres de una fosa común que estaban sin identificar.
A esos números se sumaban los 20 cuerpos que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo sin identificar, los 54 cadáveres que estaban en el Semefo de Iguala sin identificar y que iban a ser enviados así a la fosa común (a los que finalmente se les tomaron muestras genéticas) y otros 32 cadáveres hallados durante la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa.
“Total 216 probabilidades del que sea el que buscamos” (sic), quedó escrito en la página de Facebook del Comité, al terminar de dar cuenta de las más recientes cifras proporcionadas por las autoridades.
De los 71 cuerpos exhumados reportados por la PGR, ellos se atribuyen el hallazgo de 69.
LOS QUE BUSCAN LAS FOSAS
Elementos de la Policía Ministerial arriban continuamente a distintas zonas con picos palas y cintas amarillas para delimitar las áreas de las fosas. Foto: Blog Expediente.
Mayra, Magdalena y Mario Vergara Hernández fueron de los primeros familiares que se reunieron en la iglesia de San Gerardo María Mayela cuando el párroco los convocó, a través de un anuncio en un diario. Ellos buscan a su hermano Tomás, desaparecido desde el 5 de julio de 2012.
Pero los tres hermanos también fueron de los primeros en alzar la voz cuando la conmoción por la desaparición de los 43 normalistas convirtió a Iguala en un epicentro mediático.
Así lo narra Magdalena, de 38 años: “Un día fui a hacer unos movimientos [a la ciudad de Iguala] y vi tantos medios que dije: ‘Esta es una oportunidad’. Hice una manta en un papel y nos fuimos a plantar, a que nos vieran que no nada más eran los normalistas, habían muchos más [desaparecidos]. Fuimos los primeros, se hicieron muchos reportajes y ahí empezó a que más gente se preocupara y se uniera, y después llegó esa invitación a la iglesia y fue ahí donde cada ocho días estoy ahí buscando a mi hermano”.
Como a ella, a otros familiares de desaparecidos la coyuntura por la desaparición forzada de los estudiantes también les pareció una oportunidad para romper el silencio y empezar a denunciar sus casos. Tanto así, que para el 16 de noviembre entre 60 y 70 familias, a las que unía la pena por la ausencia de un pariente, respondían a la invitación parroquial para organizarse y buscar a los suyos.
Ese día, los familiares de “los otros desaparecidos” acordaron que subirían a los cerros de Iguala a buscar por sí mismos fosas clandestinas donde posiblemente estuvieran enterrados sus parientes.
Tan sólo en esa primera jornada encontraron siete cuerpos completos y los restos de otros, cuenta Juan Jesús Canaan Ramírez, quien desde el 30 de agosto de 2008 tiene a dos sobrinos desaparecidos y que ahora funge como uno de los tres descubridores de fosas del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada. “Buscadores de tesoros de incalculable valor”, se dicen entre ellos.
Pero ese día, también, personal de la PGR llegó a decirles que estaba prohibido desenterrar cadáveres. “¿Pero sí podemos buscar?”, les preguntaron. La PGR dijo que sí y desde entonces se estableció que todos los domingos los familiares de desaparecidos que pudieran subirían a los cerros a buscar fosas clandestinas. Una vez que las encuentran y se aseguran de que en su interior hay cadáveres, las marcan para que la PGR lleve a cabo las exhumaciones.
Para detectar las fosas, los familiares buscan indicios en el paisaje, explica Canaan Ramírez. Indicios que pueden ser una hondonada en medio de un camino liso, piedras con tierra que posiblemente fueron desenterradas, varas o troncos cortados de forma inusual, tierra removida, amontonada o de otro color al del resto, o basura que no corresponda con el lugar, “porque cuando van a sacrificar a alguien llevan comida, llevan pollos, platos desechables. Es comida que está fuera del lugar”.
Los indicios llevan a establecer la posibilidad de una fosa clandestina. Pero lo que les da la certeza es una varilla de un metro y medio de longitud que entierran en donde tienen la sospecha de que hay una fosa. La varilla tiene un extremo en forma de punta para poderla enterrar -“tecnología de punta”, bromea Canaan Ramírez-; a veces basta con sumirla para que se hunda, lo que indica que ahí hay una fosa, pero a veces es necesario pegarle con un marro.
“Al salir [la varilla], la olemos y nos da el olor de putrefacción y eso nos indica que ahí hay un cuerpo, humano o no”, describe.
El descubridor de fosas –bajo de estatura, de abundante barba y bonachón– dice que se han dado cuenta que en algunas tumbas colocaron sobre los cadáveres una especie de loza de cemento, por lo que al meter la varilla ésta pegaba en la loza haciéndolos pensar que sólo había piedras.
Por tal razón ahora tienen que revisar unas 100 fosas nuevamente, para cerciorarse que no se trata de tumbas.
Quizá no será difícil regresar a ellas, pues, precavidos en su trabajo, los familiares van dejando banderolas en los sitios donde están seguros que hay fosas y montoncitos de piedras en donde no, pero para no descartarlas del todo.
Además de las búsquedas dominicales, Canaan Ramírez, Mario Vergara Hernández y otro hombre continúan la búsqueda durante el resto de la semana. Cuando salen a buscar fosas solamente ellos tres, los acompañan elementos de la PGR y la Secretaría de Marina; los domingos, van con los familiares agentes policiales de la Gendarmería Nacional. Y los peritos de la PGR se involucran cuando ellos, los familiares, ya dieron con las fosas y entonces acuden a hacer las exhumaciones.
Canaan Ramírez dice que por ahora están trabajando en el paraje llamado La Joya, que ya había sido descartado por la PGR y la fiscalía guerrerense tras haber encontrado ahí algunos cuerpos. De ahí se han sacado ya 24 cadáveres más y, de acuerdo con Canaan Ramírez, hay alrededor de una treintena más aún sin desenterrar.
La búsqueda que los familiares de desaparecidos hacen no está exenta de riesgos, reconoce Magdalena Vergara Hernández. Por eso es que ella, cada domingo que remonta el cerro, antes de salir de casa les da la bendición a sus hijos y le dice a su esposo que si se llega a morir no tenga miedo, pues su lucha es para que a sus niños no les pase lo mismo que le ocurrió a su hermano.
Margarita Isidoro Román ha optado también por no involucrar a su familia y, a sus 57 años, acude sola a las búsquedas de fosas. Ella busca a su hijo Orlando Catalán Isidoro, quien desapareció el 25 de abril de 2010 en Iguala, a los 22 años. Orlando desapareció a las 14:50 horas de ese día, cuando salió a comprar agua embotellada para llevarle a su esposa.
“Si me desaparecen a mí no importa, lo único que quiero es encontrar a mi hijo […] Yo soy la que ando aquí sola […] y voy a seguir aquí buscando a mi hijo, sea que vivo o muerto lo tenga que encontrar”.
La primera vez que Magdalena Vergara subió al cerro, se deprimió al ver su inmensidad. “¿Cuándo vamos a acabar?”, se preguntó. Para ella las búsquedas de los domingos también implican un desgaste físico que la han hecho enfermar. Además, tiene que dividir su tiempo para buscar a su hermano con el resto de sus actividades.
“Yo trabajo toda la semana, soy maestra; [hago] mis quehaceres del hogar; los sábados [tomo] los cursos que nos está imponiendo el gobierno y el domingo súbete al cerro a buscar. Y el lunes otra vez a trabajar”.
El hermano de Magdalena es uno de los tres descubridores de fosas, de los que sube a diario a los cerros a buscar fosas. Por lo que él les platica, ella considera que el personal de la PGR trabaja con negligencia. “Van, trabajan, sacan un cuerpo, descansan”. También se pregunta si operarán con la misma lentitud en obtener los resultados de las pruebas genéticas de los cuerpos que ya han exhumado.
“Tal parece que su fin es cansar, cansar, cansar, yo creo que con la idea de que digan: ‘nos vamos, nos retiramos’ y que nosotros ya no vayamos, pues, porque eso es cansadísimo, emocionalmente es cansado”.
Canaan Ramírez es más indulgente con los empleados que trabajan en campo, pues considera que ellos sí tienen la intención de hacer su trabajo, pero quizá haya un afán de entorpecer el trabajo ordenado desde una jerarquía superior. El objetivo, supone, es agotarlos para que dejen de buscar tumbas clandestinas.
“¿A qué le tiran? A nuestro cansancio, a que nos aburramos, a que digamos: ‘Este tambor ya no lo toco, ya me voy’.
A eso”, asienta. “No nos daban ni un mes…Ya llevamos cinco.
A ver hasta dónde aguantamos. Pero vamos a seguir”.
http://www.sinembargo.mx/14-04-2015/1305915
