Rebelión//
Quienes luchamos por la recuperación del agua en perspectiva estratégica, es decir, que entendemos que representa parte de un proceso de paulatina recomposición del movimiento popular y su ruta hacia una sociedad organizada sobre líneas en que el desarrollo de unos pocos no signifique la explotación de las y los trabajadores y la aniquilación progresiva de la naturaleza, debemos comprender que en las dinámicas actuales del conflicto, no es factible el todo o nada, sino que se requiere pensar tácticamente qué pasos y objetivos son los adecuados al ciclo político y social que vivimos.
Este breve artículo de opinión, en el que se sugieren algunas perspectivas generales, tiene esa motivación.
Y desde el Gobierno, todo sigue igual…
El escenario más inmediato que enfrentamos es el de un gobierno que durante la campaña electoral y los primeros meses de asumida la presidencia, quiso dar la impresión de estar en sintonía con los cambios que se pedían desde “la calle”.
Pues bien, como todo juego de apariencias, se desmiente al contrastarse con los hechos y prácticas concretas: la Nueva Mayoría, referente que busca travestir las peores imágenes de la ex-Concertación, en realidad siempre ha estado afincada en los intereses del gran capital nacional y transnacional, quienes, por cierto, financiaron su campaña y construyeron su programa. Con todo, de entre todos los capitalistas, la NM tiene sus favoritos, el sector rentista-financiero, y entre sus favoritos, tiene un favorito: el grupo Luksic.
Como se ha visto, la Reforma Tributaria (una de las que la retórica electoral presentaba como la llamada a financiar los “cambios estructurales”) es en realidad el producto de un diseño que busca, aun en su propuesta inicial, poner a resguardo las ganancias estratosféricas de los grandes grupos económicos del país.
La inversión en Chile debe ser asegurada, pues es, según ellos, lo que le ha permitido ser un “OCDE” o crecer mientras otros países de Latinoamérica no crecen. Digno de mencionar es que las modificaciones esperadas no contemplan ni a la minería ni al sector financiero…
Hace unos meses la Agenda Energética sintetizó los anhelos del sector minero y de producción y transmisión energética, entregándoles una política de mediana duración que otorga estabilidad al negocio, sobre todo en un marco en que la movilización social pone en tensión los proyectos que amenazan con destrucción social y ambiental, al mismo tiempo que cuestiona la institucionalidad que permite su aprobación.
Así mismo, la NM pretende diseñar una Política de Aguas que no se diferencia de los resortes básicos de las dos políticas antes mencionadas (estabilidad para el bloque de poder hegemonizado por el sector rentista-financiero):
a) el fomento de inversiones para aprovechar de manera más eficiente el recurso (embalses, plantas desaladoras)
b) mejora institucional, centralizar el poder de decisión sobre ella
y c) reformas legales que incluyan elementos a la legalidad vigente, como el caso de glaciares o fijar límites a la posesión de derechos de agua (se estudia “limitarlos” a 80 años).
Por consiguiente, es factible sostener que las medidas no visualizan las raíces del problema y sólo buscan soluciones parche: el actual derecho de propiedad no se pone en cuestión ni se contempla la voz y los derechos de los no propietarios, principales afectados por el uso y prioridades para el agua en Chile
En suma, es posible señalar que si bien es cierto la iniciativa política del país está en manos de la Nueva Mayoría, quien representa fielmente los intereses del capital minero-energético y financiero, lo hace fundamentalmente por medio de un juego de apariencias que, sin embargo, le impiden tocar el fondo de los problemas que aquejan al país.
De esta manera, quienes se encuentran en lucha por la recuperación del agua, deben asumir el actual escenario político. No se trata de un dogmatismo ciego respecto al gobierno, simplemente se pretende posicionarlo en su justa medida, atendiendo a qué intereses representa y cuáles son las necesidades concretas de los sectores económicos y políticos que operan en el gobierno.
Se trata de realismo político, pero al mismo tiempo de posibilidades, porque sin una adecuada caracterización del escenario, difícilmente podremos ubicarnos adecuadamente en él.
El uso del agua en Chile beneficia al sector rentista de la economía y fomenta la desigualdad estructural en el marco de la crisis económica mundial, los distintos sectores y operadores del capital internacional y nacional se mueven en un escenario de incertidumbres.
Pese a tener la iniciativa política y ser todavía hegemónica a nivel mundial la facción financiera, el control de las clases dirigentes/dominantes sobre la situación no se asemeja a la de un científico que tiene en su laboratorio el poder sobre todo, lo cual las obliga a repensar continuamente las tácticas para mantener el orden y su régimen de dominación y explotación.
En ese contexto, la facción dominante en Chile, el híbrido rentista-financiero, requiere afianzar su posición mediante la “competitividad”, la que se realiza a través de la disminución de los costos de producción en general y precios de la energía en particular, pero también de una restricción de la voz de los afectados por las empresas (ellos dicen “facilitar la aprobación de proyectos e inversiones”). Así se explica el sentido fundamental de la Agenda Energética.
No obstante, el rentismo se caracteriza por las continuas ventajas que aporta tener el control monopólico de los recursos naturales y beneficiarse de esa situación en el marco del mercado mundial.
De esta manera, la importancia del cobre, el clima para el sector forestal o la abundancia de agua y sus pendientes para el capital productor de energía, son beneficios gratuitos que el Estado concede a las grandes empresas y que permite al capital nacional proyectarse a nivel mundial.
Con todo, no hay que imaginar que esa proyección implique una mejoría de las condiciones generales de la población nacional, pues es una apropiación privada que ni siquiera se piensa redistribuir (la RT no toca sustancialmente al sector minero, por ejemplo).
Es en ese panorama general en que se ubica el agua, otra “ventaja comparativa” del suelo nacional. Regulada por un Código de Aguas que “crea un mundo a imagen y semejanza” del gran capital: la figura de los derechos de agua consuntivos y no consuntivos expresa la necesidad de repartir su uso entre los que la “consumen” (consuntivos: agroindustria, forestales, minería, construcción, etc.) y quienes la deben “dejar pasar” (no consuntivos: producción hidroeléctrica), satisfaciendo y consensuando los intereses del capital minero, energético, forestal, agroexportador y ganadero, industrial, entre otros.
Llama la atención que la distribución y el uso del agua en Chile se priorice para las grandes fortunas, para el “crecimiento económico” y así lo consagre el aparato jurídico-institucional. Situación todavía más grave en tanto que se conocen centenas de casos en que la necesidad de AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO es puesta en segundo, tercer o último plano.
Además, el hecho de que esté consagrada como un bien mercantil más para favorecer la acumulación de capital de los mismos empresarios que sostienen la desigual distribución del ingreso nacional, es porque el régimen de propiedad del agua es parte de la desigualdad estructural que el sistema económico chileno promueve desde sus clases dirigentes/dominantes.
La desigualdad estructural es, como se dijo, consecuencia del sistema económico y de la conducción política del mismo.
Además, es factible sostener que en un cuadro de crisis económica mundial y combatiendo contra una tendencia histórica de disminución de la tasa de ganancia, el capital nacional y transnacional no tenga el pleno control de la situación, en tanto que las tres medidas para contener la crisis y la disminución de la ganancia (super-explotación de la fuerza de trabajo, rentar de la tierra -y agua- a costa de destruirla irreversiblemente y la complicidad de un Estado funcional a sus intereses) no pueden sostenerse indefinidamente en el tiempo.
No pueden sortearse tendencias estructurales con medidas que son únicamente coyunturales.
La lucha por la desmercantilización del agua es una disputa por las prioridades de su uso
El mercado no puede continuar siendo el criterio ordenador para la distribución y uso del agua en Chile, ya que con ello sólo ha empeorado y empeorará la situación actual, caracterizada por la privación, destrucción y ausencia de una mirada a futuro realmente sustentable y al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.
La tarea histórica de recuperación del agua exige que en el presente escenario se fijen objetivos pertinentes. Anunciar el carácter mercantil, la “financierización” del agua como bien especulativo en el mercado cuya prioridad está establecida para el gran capital nacional y transnacional, es el primer paso para avanzar en su desmercantilización.
Por otra parte, develar el carácter de clase del gobierno de la Nueva Mayoría: no son aliados tácticos ni “males menores”. Por el contrario, los hechos demuestran claramente el proyecto que impulsan y a quienes benefician realmente, en el corto, mediano y largo plazo.
El Partido Socialista, el PPD, o la Democracia Cristiana, no tienen “dos almas”, sino un oportunismo político que engaña y confunde a nuestra clase con promesas, pero que con hechos construyen los escenarios propicios para la acumulación y consolidación del bloque de poder, el que, con el apoyo e inclusión subordinada del PC, rige el destino estratégico de Chile, más allá de qué referente político (Nueva Mayoría o Alianza) esté circunstancialmente en La Moneda.
El gran empresariado nacional ya ha instalado el tema del agua como de interés nacional, por lo que quienes estamos en esta lucha no podemos quedarnos en la zaga, sino que debemos ir resueltamente a la disputa de los conceptos y ganar adhesión para construir fuerza social que apueste por transformaciones efectivas de un sistema por todos lados injusto.
Debemos apostar a consagrar el agua como un bien común, lo que implica su desmercantilización y diseño de una institucionalidad que ubique su centralidad en los derechos de los no propietarios, en su participación en la planificación democrática de un sistema de distribución y uso del agua afincado en los criterios del bien común, la necesidad y el futuro, ya que el actual criterio, que sólo beneficia a los grandes propietarios, ha demostrado su caducidad y contribución a la desigualdad estructural del país, la cual sólo perjudica al grueso de la clase trabajadora y el pueblo.
Es momento de una disputa también ideológica: el capitalismo no puede compatibilizar su crecimiento con el futuro de las generaciones.
Necesitamos un cambio de paradigma: el control del agua debe poseer un diseño de largo plazo y no la ganancia inmediata del capital monopólico y rentista que saquea Chile. El desarrollo empresarial ha demostrado ser incompatible con el desarrollo humano. Ecología y capitalismo se encuentran en abierta contradicción.
Conclusiones
1) El movimiento social/popular requiere avanzar paulatina y constantemente en la politización de lo social, entendiendo ese proceso como la afirmación de que las diferentes problemáticas y conflictos tienen un punto de origen factible de encontrarse en el sistema económico-estatal. La soberanía tiene por condición previa la politización. Así, la lucha por el agua debe ser concebida y trabajada a nivel social desde una perspectiva de totalidad que la vincule al entramado social más general.
2) Así mismo, pensar el agua desde la desigualdad estructural y de clase del país ofrece la posibilidad de unidad de propósitos tácticos y estratégicos con otros sectores en lucha.
Además, poner el acento en que la super-explotación de la fuerza de trabajo, la destrucción de la naturaleza para rentar con ella y el carácter de clase del Estado actual, lejos de entregar una perspectiva fatalista, representan más bien la posibilidad de ver que la disputa por mejores salarios y derechos laborales son junto a la lucha socioambiental dos facetas de un mismo problema general.
Con todo, no se trata de una posibilidad inevitable o históricamente necesaria, por lo que hay trabajar con voluntad para que ella se realice.
3) Es imprescindible el establecimiento de objetivos tácticos para la recuperación futura del agua. Debemos tener la habilidad política suficiente como para distinguir aquello que es una meta versus lo que es un paso para llegar a ella.
Por último, discutir a nivel de movimiento social/popular acerca de la factibilidad de instalar en este escenario político objetivos como la “gestión comunitaria” si antes no se apunta a la discusión por la propiedad y los usos del agua, en el marco de un debate más profundo sobre aquello que esperamos para el desarrollo nacional.
No podemos idealizar la figura del activista que se opone a la destrucción de la naturaleza por sobre todas las cosas, porque ello es eminentemente ensalzar una actitud reactiva que, aunque circunstancialmente necesaria, evade la responsabilidad de discutir acerca de los asuntos públicos y de interés nacional.
Lo que necesitamos es una actitud propositiva, entender que desde la lucha por el agua podemos ir construyendo alternativa y elementos programáticos para la sociedad que debemos construir si no queremos seguir sometidos a la barbarie destructiva del capital que nos aísla y pauperiza como clase.
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