El pasado 1 de septiembre cuatro ciudadanos de la etnia asháninca fueron asesinados en la frontera de la selva amazónica entre Perú con Brasil. Uno de ellos había sido amenazado el año pasado por denunciar, con pruebas, la tala ilegal de madera en su comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, en la zona oriental de Perú. Una batalla que se prolonga desde hace años.
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), la entidad que supervisa la extracción en el 32% del área total de bosques amazónicos, estima que entre 2009 y 2013 la extracción ilegal ascendió a más de 31 millones de dólares. La Interpol, sin embargo, indica que el país pierde unos 250 millones anuales por ese delito; es decir, 1.5 veces de lo que obtiene la industria legal.
“No se ha conocido responsables, no hubo interés del Estado en hacer una investigación”, indica Ruth Buendía, presidenta de la principal organización de la etnia asháninca, refiriéndose al asesinato en 2013 del jefe nativo Mauro Pío, amenazado por madereros ilegales en la selva central peruana.
La comunidad de Pío, Nuevo Amanecer Hawai, estaba superpuesta a una concesión forestal de la empresa Balarín que el Gobierno suspendió después del asesinato del líder.
En 2012, un informe de Environmental Investigation Agency (EIA) demostró que el sistema de concesiones en Perú es corrupto y opera con información falsa, incluso cuando se trata de la exportación a EE UU de especies protegidas internacionalmente, como el cedro y la caoba.
Saweto, la comunidad de Edwin Chota, uno de los activistas asesinados a principios de septiembre, enfrenta un problema similar. Chota solicitó al Estado la titulación y demarcación de su comunidad nativa, que fue inscrita y reconocida oficialmente en 2003.
Sin embargo, un año antes, el Estado había otorgado a unos privados una concesión forestal por 40 años.
“El problema es que una entidad da los títulos y otra da las concesiones; para una, la comunidad existe y para la otra, no”, asegura la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena.
“Estamos pagando las consecuencias del desorden de la transferencia de competencias a los Gobiernos regionales”, añade desde Pucallpa, donde coordina la recogida de los restos desmembrados de Chota y de los otros tres asesinados.
Mario Osorio, especialista ambiental en Oxapampa de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), que asesora legalmente a comunidades amazónicas, cuenta que desde el Gobierno de Alan García (2006-2011) “ha habido muchos cambios en el procedimiento de titulación y muchos vacíos”.
La decisión de titular o no a una comunidad corresponde a las direcciones regionales agrarias, quienes suelen alegar la falta de presupuesto para viajar a hacer la demarcación.
Según el Colectivo Territorios Seguros, que agrupa a 26 instituciones de la sociedad civil, unos 18 millones de hectáreas de comunidades en la Amazonía peruana no están tituladas. “La tala ilegal necesita insertarse y lavarse.
Corrompe la institución: no son solo mafias de madera sino también otros poderes ilegales que han entrado a dominar ante la ausencia del Estado. Es trágico porque Edwin Chota fue asesinado por tener un rol muy activo contra estas mafias”, asegura a EL PAÍS Julia María Urrunaga, de EIA.
La investigadora peruana cuestiona, también, la futura concesión gubernamental de cinco millones de hectáreas más: “Con este sistema, que ha demostrado ser un fracaso, entregan más tierra sin controlarla, es más volumen para lavar la madera”.
“En la exportación, Aduanas no tiene capacidad de saber si se trata de la especie que la empresa dice: si no declaran que es caoba o cedro, nadie va a mirar”, añade Urrunaga. Un documento de la Superintendencia Tributaria citado en el Informe de Osinfor de 2014 alerta que no hay “normatividad que exija descripciones mínimas en la declaración aduanera de exportación de madera”.
Laura Martín, de la ONG Sustain Labour, con sede en Madrid, conoció a Chota semanas antes de su muerte. “Contó su caso ante muchas instituciones y mostró los documentos que gestionó.
Aportó pruebas de un delito, lo cual es mandato de la administración estatal: se lo puso en bandeja pero hubo dejación”. El 25 de abril, Chota reiteró a la Fiscalía provincial su denuncia, pues la tala ilegal se había intensificado en el Alto Tamaya, donde se ubica su comunidad, pero tampoco tuvo respuesta.
“Quien denuncia tiene que proveer la logística necesaria para hacer las investigaciones", precisa Max Silva, asesor de la Organización Regional Aidesep en Ucayali (ORAU), la central principal de organizaciones indígenas de la selva peruana.
Osinfor asegura que en áreas bajo permisos forestales otorgados a comunidades nativas —operados por terceros— encuentran información falsa en los documentos de gestión de la madera.
Las mafias han encontrado una nueva forma de operar: obtienen autorización de los Gobiernos regionales para sacar madera que sea producto de arrastre de río.
Osinfor no tiene competencia para fiscalizar ese rubro, pero describe que para las maderas que por sus características no pueden flotar hay “una utilización indebida de esta modalidad”, para la cual no hay límite de autorizaciones.
El volumen de extracción por arrastre de río se incrementa cada año.
Una fuente estatal que solicita anonimato incide en que la mayor parte de la madera valiosa en Perú ya fue extraída y para obtenerla “hay que ir cada vez más lejos, los costos ya no cubren la ganancia, por eso los circuitos ilegales de la madera son usados también por el narcotráfico”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/14/actualidad/1410712501_025673.html
