El laicismo defiende la separación entre el Estado y las iglesias u organizaciones religiosas; el laicismo garantiza la libertad de conciencia, contemplada en la Constitución, y avala el cumplimiento del respeto a la libertad de pensamiento y a la libre elección de la moral privada.
Artículo 16.3 de la Constitución española: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones».
Pero nada es lo que parece ni es lo que debería ser.
Hemos visto esta semana como el Estado se entromete en la conciencia personal y colectiva, sin garantizar, como mandata la Constitución, los derechos vinculados al libre desarrollo de la personalidad, como son la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Conocemos como el Estado se entromete en la conciencia personal y colectiva, al dotar de oficialidad la asignatura de religión católica en la escuela.
Conocemos como el Estado se entromete, desde un punto de vista religioso, en el derecho a decidir de las mujeres, reformando la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Conocemos como el Estado se entromete en las conciencias, al establecer protocolos religiosos católicos en los actos de Estado. Conocemos como el Estado incumple la Constitución contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el respeto a su libertad de conciencia.
Siendo respetuoso con las personas que profesan alguna religión, como ciudadano libre, que paga sus impuestos, me siento perjudicado en mis derechos e insultado en mi inteligencia. Año tras año se suceden, por estas fechas, una serie de hechos que contravienen la aconfesionalidad del Estado: los indultos religiosos, propuestos por las cofradías santeras; el director general de la policía imponiendo la medalla de oro al mérito policial a la virgen María santísima del amor de la cofradía de nuestro padre Jesús el rico de Málaga; la presidenta de la Junta de Andalucía, rodeada de legionarios de posturas impostadas, solemne ante la imagen de un cristo crucificado y yaciente; procesiones con cruces, vírgenes e imágenes, rodeadas de capirotes penitentes de tiempos de la inquisición en actos de fe, custodiados por la guardia civil y el ejército, apropiándose de espacios y calles, utilizado recursos públicos en beneficio «divino».
Por cierto, la virgen podría perder la medalla si la sección contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional dicta a favor de la querella presentada por Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico.
Los responsables de las instituciones del Estado, no representan a unos u otros, según conveniencia; representan siempre a la totalidad y a los intereses generales, no a grupos, por mayoritarios que estos pretendan decir ser, ni a capillitas ideológicas alejadas de procedimientos democráticos y de las libertades.
La libertad ideológica tiene una vertiente íntima, relacionada con el derecho de cada uno a tener su propia visión de la realidad, así como mantener todo tipo de ideas u opiniones, con la posibilidad de compartir y transmitir, en definitiva exteriorizar esas ideas.
Pero de esto a apoderarse del patrimonio común, en detrimento de otras alternativas ideológicas o no, como la de ateos y agnósticos, que han visto limitado su derecho a manifestación por las calles de Madrid, en perjuicio del derecho de manifestar ideas y convicciones en libertad.
Con la declaración de «aconfesionalidad» del apartado 3 del artículo 16, se pretendía marcar distancia con el franquismo y su estado nacional-católico, como marcar distancia con la declaración de laicismo en la Constitución Republicana de 1931. Hoy, el Estado español, ni es aconfesional, si es laico, como pretendía ser. «España ha dejado de ser católica practicante», decía hace unos días Julio Embid en El Diario.es. La gran mayoría de los españoles no acepta los postulados de la iglesia católica ni va a misa (64,7%), ni se casa por la iglesia (63%), acepta los matrimonios entre personas del mismo sexo (un 56%), ni cumple la cuaresma, ni la castidad prematrimonial ni tantos otros mandatos.
La inmigración, la mayor implantación de otras religiones y el crecimiento de los sectores ateos o agnósticos, cuestionan la especial colaboración del Estado con los católicos. Ha llegado la hora de denunciar los Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano (3 enero 1979), firmados —casi a traición—, días después de promulgarse la Constitución.
«España ha dejado de ser católica», decía en las Cortes el Presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña: «el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español».
En 1978, el espíritu nacional-catolicismo y del «Movimiento» estaban vivos y costó incorporar la frase «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo que era como proclamar la aconfesionalidad y neutralidad del Estado en materia religiosa, acorde con los principios de libertad y pluralismo político.
Nos decían que en el desarrollo de la ley orgánica quedaría todo claro, pero no se produjo la real ruptura entre el Estado y la iglesia, que hubiera sido la solución para la necesaria regeneración democrática.
Demasiados polvos históricos acumulamos, nos han traído a la situación actual, donde la iglesia, alejándose cada vez más de ser un poder fáctico, se convierte de nuevo en un poder real.
La redacción del artículo 16, durante el debate, fue sinuoso, pero no conflictivo. Hubo más acuerdo de lo que tendría que haber habido. Al derecho a no declarar sobre las creencias religiosas, se le sumó el de no hacerlo tampoco sobre la ideología.
El apartado 3 no figuraba en el primer borrador, aunque en el Anteproyecto ya estaba incorporado.
La mención a la iglesia católica, se introdujo en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, por la enmienda presentada por UCD y Alianza Popular (antecesores del actual Partido Popular). Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero la cooperación con la iglesia católica será especial; algo así como todos somos iguales ante la ley, salvo para algunos y algunas cosas.
El valor fundamental de un Estado aconfesional y laico, es el respeto a las creencias de toda la ciudadanía, al derecho de cada persona a pensar según sus propios criterios, a que todo posicionamiento religioso o espiritual no vulnere los derechos ajenos.
No es imponer ideas a nadie, es aspirar a que la religiosidad no vulnere la neutralidad ideológica a la que están obligadas las instituciones, y a que todos, profesemos la religión que profesemos o no profesemos ninguna, tengamos cabida, en igualdad de condiciones, en la sociedad plural y tolerante y por tanto democrática.
El laicismo defiende la separación entre el Estado y las iglesias u organizaciones religiosas; el laicismo garantiza la libertad de conciencia, contemplada en la Constitución, y avala el cumplimiento del respeto a la libertad de pensamiento y a la libre elección de la moral privada.
Por lo tanto, el laicismo no impone, defiende los derechos ciudadanos ante la imposición, dice Coral Bravo, miembro de Europa Laica: «laicismo es tolerancia, el laicismo garantiza la hermandad y la concordia.
El laicismo nada tuvo que ver con el nazismo, sino todo lo contrario, y el laicismo no sólo no conduce al fin de ninguna democracia, sino que, justamente, ninguna democracia es tal si no es laica, si no respeta la libertad de creencias de la ciudadanía»
Hay que terminar con la influencia de la iglesia en la escuela, así como con la simbología religiosa en las instituciones del Estado, prohibiendo que los cargos públicos, como tales acudan, representando al Estado, a los actos religiosos.
Hay que desvincular los actos de Estado a las ceremonias de la iglesia y poner fin a la financiación pública de de la iglesia católica.
Para establecer un Estado auténticamente laico, tenemos la obligación de romper con la iglesia católica por decencia y dignidad.
Es una institución que participó activamente en la represión franquista, sin que haya dado muestra alguna de perdón o reconocimiento hacia las víctimas. No es una institución ejemplar, es opaca y antidemocrática, alejada del principio de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Sin romper con esta institución, que oprime conciencias y controla gobiernos, jamás entraremos en la era de modernidad que necesitamos para el mayor bienestar.
@caval100
