Al-Akhbar (edición en lengua inglesa)
Los defensores de los derechos humanos y los líderes religiosos dieron muestras de una gran indignación después de que una impactante mayoría del Consejo de Ministros iraquí votase el mes pasado a favor de un polémico proyecto de ley para un estatuto personal que legaliza implícitamente la pedofilia, la violación y la prostitución, siempre y cuando entren en los límites del matrimonio basado en la sharia.
El proyecto de ley, presentado por el ministro de Justicia, Hassan al-Shimari y aprobado por 21 de los 29 ministros, disminuye la edad de matrimonio legal para las mujeres a los 9 años y para los varones a 15 (artículo 16), permite la poligamia sin restricciones (artículo 104), establece que las mujeres mayores de 18 años requieran del consentimiento paterno para casarse, y otorga al marido el derecho a mantener relaciones sexuales incluso sin el consentimiento de la esposa (artículo 101).
Asimismo, el proyecto de ley impide a la mujer abandonar su domicilio conyugal o incorporarse al mercado laboral sin permiso de su esposo. Además, la ley establece que el marido no tiene la obligación de mantener económicamente a su esposa en el caso de que esta no esté en condiciones de satisfacerle sexualmente (artículo 126). La ley también establece que, en caso de divorcio, el padre es el único tutor de los hijos, y prohíbe a los musulmanes casarse con no musulmanes (artículo 63).
'Degradación indignante'
Considerado a la vanguardia de los derechos de la mujer en el pasado, Iraq ocupa en la actualidad el puesto 21 entre los 22 Estados árabes, según una encuesta de 336 expertos en género publicada en noviembre de 2013 por la Fundación Thomson Reuters. Antes de la invasión estadounidense de 2003, las mujeres iraquíes disfrutaban de condiciones socioeconómicas favorables que disminuyeron precipitadamente en la última década para acabar con este nuevo proyecto de ley que amenaza con despojar a las mujeres de sus derechos básicos.
Yasmine Yawad, iraquí y socióloga e investigadora social sobre mujeres y desarrollo, considera que la ley “es el último clavo del ataúd de Iraq”.
Según Hanaa Edwar, destacada defensora de los derechos de las mujeres en Iraq y secretaria general de la Asociación iraquí Al-Amal, “la ley contiene disposiciones que degradan y deshonran a las mujeres de manera vergonzosa”.
Coincidiendo con Edwar, Yanar Muhammad, presidenta de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq, y militante laica, denuncia que “el proyecto de ley constituye un abuso de los derechos de la infancia y de la integridad física de las menores”.
El proyecto de ley ha sido bautizado como la “Ley Yaafari” en referencia a la Escuela del Islam chií yaafari a la que según se dice pertenecen muchos de quienes han promovido esta ley. Sin embargo, muchos clérigos chiíes de Nayaf, entre ellos el de más alto rango, el clérigo Gran Ayatolah Ali al-Sistani, ya se han distanciado de ella; otros declaran no tener nada que ver con la Escuela Yaafari.
Además, de ser aprobada, la ley sólo se aplicará a los iraquíes musulmanes chiíes, la mayoría de la población, dividiendo con ello los tribunales judiciales ahora unificados en tribunales religiosos dirigidos por clérigos.
“Esta ley sirve adecuadamente al terreno ya abonado de destrucción y división del país bajo pretextos religiosos y sectarios”, afirma Haizam al-Nahi, director general de la Organización Árabe de Traductores; “eso es exactamente lo que Estados Unidos quería que sucediera”.
Iraq tras la invasión
“La libertad del pueblo iraquí es una gran causa moral y un importante objetivo estratégico […]. Los iraquíes podrán unirse un día a un Afganistán democrático y a una Palestina democrática, lo que inspirará la reforma de todo el mundo musulmán... […]. Estas naciones pueden mostrar con su ejemplo que el respeto a las mujeres [...] puede conseguirse en Oriente Próximo y más allá”. El ex presidente de Estados Unidos George W. Bush pronunció estas palabras ante Naciones Unidas en septiembre de 2002, sólo unos meses antes de la invasión de Iraq.
En el undécimo aniversario de la invasión y ocupación de Iraq, una guerra considerada ilegal por la comunidad internacional y que causó dos millones de viudas y cinco millones de huérfanos, que provocó la lucha sectaria y fortaleció el extremismo religioso, la propuesta de la “Ley Yaafari” demuestra hasta qué punto las mujeres iraquíes son cualquier cosa menos “respetadas” y “liberadas”.
“Estados Unidos ha decidido dejar de lado los derechos de las mujeres”, decía a los periodistas Yanar Muhammad ya en 2010.
Volcados en cultivar aliados entre grupos religiosos, Bush y su gobierno promovieron la destrucción completa de los movimientos nacionalistas de Iraq, incluidos los movimientos pro derechos de las mujeres; desde el primer día designaron a los funcionarios no por méritos sino por adscripción religiosa y étnica.
Con ello, Estados Unidos incitó de manera efectiva la violencia sectaria, profundizó las divisiones étnicas, y robusteció el poder político religioso apoyando a las fuerzas islámicas reaccionarias con el fin de minar a los movimientos de la izquierda que confrontaban el capitalismo y la dominación imperialista de Oriente Próximo.
A pesar de toda la retórica sobre los “derechos de la mujer” y la “liberación”, las prácticas de Estados Unidos fomentaron un gobierno islamista. El gobierno títere iraquí ha devenido una teocracia extrema que ha forzado leyes basadas en la Resolución 137 y en la nueva Constitución iraquí elaborada por Estados Unidos.
“El proyecto de Ley sobre el Estatuto Personal se basa en la Resolución 137 que situó a las leyes de familia bajo la normativa de la sharia y abolió toda legislación que contravenía las 'resoluciones establecidas' por el Islam”, según Ammar Tohme, presidente del bloque parlamentario Fadhila, y defensor del proyecto de ley.
En diciembre de 2003, solo unos meses después del derrocamiento de Sadam Husein, los miembros designados por Estados Unidos para el Consejo de Gobierno iraquí votaron a puerta cerrada la Resolución 137 de la Ley Administrativa de Transición ya disuelta, que anulaba el corpus legal laico de Iraq y daba a entender vagamente que cada confesión religiosa aplicase su propia tradición.
“Pero la Resolución 137 fue anulada por la presión de la fuerte oposición de los grupos de mujeres iraquíes ante Paul Bremer, el administrador de la Autoridad Provisional de la Coalición en Iraq, para que rechazase la votación”, recuerda al-Nahi.
“La aprobación del proyecto de ley es el no va más de la libertad. Basado en el artículo 41 de la nueva Constitución de Iraq, cada miembro del pueblo iraquí tiene el derecho de regular su estatuto personal de acuerdo con las instrucciones de su religión y de su doctrina”, afirma Hussein al-Muraabi, legislador y dirigente del partido Fadhila.
Para Edwar, sin embargo, “concretamente, el artículo 41 de la nueva Constitución en la que se basa esta ley no ha fue aprobado por los miembros del Parlamento y a pesar de ello aún no se ha modificado, lo que hace que esta propuesta sea ilegal”.
La propuesta de ley es incompatible con el artículo 14 de la nueva Constitución, que establece que “los iraquíes son iguales ante la ley sin discriminación por motivos de género, raza, etnia, nacionalidad, origen, color, religión, secta, creencia u opinión, o económicos, o de condición social” y con el artículo 13, que establece que la Constitución es la “ley suprema” de Iraq y que “no se promulgará ninguna otra legislación que la contradiga”.
Violación de la legislación internacionales
La “Ley Yaafari” no sólo contraviene las leyes internas del país, sino que viola también la legislación internacional.
Basma al-Jatib, trabajadora humanitaria y activista por los derechos de la mujer, que representó en Ginebra a una coalición de más de 100 organizaciones no gubernamentales iraquíes en la 57ª sesión del CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), declara que “el Consejo de Ministros de Iraq debe retirar el nuevo proyecto de ley y garantizar que el marco jurídico del Iraq proteja a las mujeres y a las menores en consonancia con sus obligaciones internacionales”.
El proyecto de ley viola los principios del CEDAW, que Iraq ratificó en 1986, al dar menos derechos a las mujeres y a las menores sobre la base de su condición de género; viola la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que Iraq ratificó en 1994, al legalizar el matrimonio infantil y colocar a las chicas en riesgo de abuso sexual, y al no basar las decisiones sobre la custodia en el mejor interés del menor.
Sin embargo, al-Shimari, promotor de la ley, sigue insistiendo en que el proyecto de ley “protege a las mujeres de las injusticias”, y previene el matrimonio infantil ilícito, que ha aumentado desde la invasión de Estados Unidos al margen de los sistemas legales establecidos. Otros legisladores también han expresado su apoyo a la ley alegando que no viola los derechos de los ciudadanos.
“La 'Ley Yaafari' no obliga a que todos los musulmanes la cumplan. No elimina la Ley del Estatuto Personal de 1959, sino que más bien permite el multiculturalismo y la libertad de elección a todos los ciudadanos”, sostiene Amir al-Kanani, un destacado representante de as-Sáder.
Oposición de los activistas de derechos humanos
“La abolición de la pobreza y el fomento de la educación es lo que protege a las mujeres y revierte el creciente problema del matrimonio infantil en Iraq. Legalizar tales prácticas es una manera de estimularlas y no de prevenirlas”, según Edwar.
“La aprobación de la 'Ley Yaafari' significará un desastroso y discriminatorio retroceso para las mujeres y las niñas de Iraq”, afirma en un comunicado Joe Stork, subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de Human Rights Watch. “Mientras el Gobierno afirma apoyar la igualdad de derechos para todos, esta ley de estatuto personal sólo consolidará las divisiones en Iraq”.
Nadye al-Ali, profesora de estudios de género en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres y co-autora del libro ¿Qué clase de liberación? Las mujeres y la ocupación de Iraq, sostiene que “la ley persigue el conservadurismo social y político y el autoritarismo religioso, no la libertad religiosa”.
Del mismo modo, según el primer informe paralelo sobre Iraq presentado al CEDAW por la mencionada coalición el mes pasado, la idea de que la ley celebra la libertad de elección es “legalmente un alegato engañoso”.
El informe considera que la ley constituye “un paso previo a la promulgación de una nueva legislación sobre Estatuto Personal para cada una de las religiones y divisiones étnicas similar a la de Líbano, un país que no ha conocido ni la paz ni la estabilidad desde su independencia [...] donde las diferenciadas legislaciones sobre Estatuto Personal son clave fundamental para explicar la ausencia de sentimiento nacionalista entre los libaneses, y causa de los conflictos sectarios más sangrientos”.
Para Al-Shimari, “hay que garantizar que las personas tengan libertad de elegir la ley de estatuto personal acorde con su doctrina religiosa; no hay que obligar a los creyentes a que cumplan con legislaciones que sean incompatibles con las disposiciones fundamentales del Islam”.
Retroceso
La Asociación de Ulemas Musulmanes de Iraq también ha expresado su desaprobación por el nuevo proyecto de ley. La semana pasada, la Asociación emitió un comunicado en el que argumentaba que la ley previa de 1959 sirve a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas del país pues recoge “la síntesis de la consulta con especialistas en la sharia y en Derecho Civil que representa a todo el pueblo iraquí”.
La legislación actual sobre Estatuto Personal en Iraq, la Ley 188 emitida en 1959, cuando los iraquíes derrocaron la monarquía impuesta por los británicos, está considerada la mejor de todos los países árabes en materia de protección de los derechos de las mujeres”, recuerda Al-Ali.
Erigida como la más progresista en Oriente Próximo en lo tocante a los derechos de las mujeres, la Ley de 1959 prohíbe el matrimonio a los menores de 18 años, tanto hombres como mujeres, restringe la poligamia, prohibe los matrimonios forzados, protege a las mujeres contra la violencia doméstica y el acoso sexual, establece, al menos de manera parcial, la igualdad entre mujeres y hombres ya que garantiza la equiparación laboral y salarial entre ambos sexos, otorga a las mujeres la baja remunerada por maternidad, y rechaza que se favorezca a los hombres en los temas de herencia, divorcio y custodia de los hijos.
La Ley también fomenta la cohesión entre las diferentes comunidades religiosas “porque suprime la diferencia de tratamiento legal de suníes y chiíes” y permite que un hombre musulmán se case con una mujer no musulmana y viceversa sin restricciones.
En 1976, se promulgó en Iraq la educación obligatoria para ambos sexos. En 1979, se aprobó una legislación específica para erradicar el analfabetismo, y en 1982 recibió el Premio a la Erradicación del Analfabetismo concedido por la UNESCO; en 1985, la tasa de alfabetización de las mujeres alcanzaba el 87%, la más alta de la región.
Los derechos de las iraquíes empezaron a deteriorarse tras la Primera Guerra del Golfo de 1991 y con la puesta en marcha ese mismo año de las sanciones económicas promovidas por Estados Unidos contra el régimen. La guerra y la ocupación estadounidense en 2003 sólo consolidó lo que las sanciones ya habían comenzado.
Iraq, que sufrió por primera vez ataques suicidas con la entrada de las fuerzas occidentales en 2003, ha experimentado hasta el momento más de 1.500 ataques, en su mayoría resultado de antagonismos étnicos y del enfrentamiento sectario. El deterioro de la seguridad y de la estabilidad ha provocado un aumento del extremismo político motivado por la religión, que ha tenido un intenso efecto en los derechos de las mujeres. “Este es el legado de la 'liberación' estadounidense de Iraq”, concluye Al-Nahal.
“La ley está destinada a la manipulación por parte de los bloques políticos con vistas a obtener beneficios en las próximas elecciones; otorga a las instituciones clericales más poder y a los levantamientos tribales más capacidad de dominar para movilizar a los votantes religiosos”, afirma Al-Jatib.
El Parlamento aún debe ratificar el proyecto antes de que se convierta en ley, lo que es poco probable que ocurra hasta después de las elecciones parlamentarias previstas para el 30 de abril de 2014 y hasta que las autoridades religiosas chiíes (maryi'iya) no hayan aprobado el proyecto, lo que aún no ha ocurrido.
“Toda mi familia es chií y todos nos oponemos a esta ley; los partidos políticos sectarios utilizan el Islam como cobertura para sus repugnantes violaciones de los derechos de las mujeres”, sentencia Yawad.
