Honduras/. Cinco años de asesinatos y represión y no hay nadie investigado, judicializado o condenado
Cuando en víspera de las elecciones generales del noviembre pasado, el entonces Fiscal General, Luis Rubí, admitió que en Honduras el 80 por ciento de los casos de asesinato nunca llegan a ser judicializados y que, del restante 20 por ciento, solamente una mínima parte llega a una sentencia condenatoria, nadie se sorprendió de verdad.
La grave crisis institucional y de derechos humanos desatada después del golpe de Estado de 2009, llevó rápidamente a Honduras a tener la tasa de homicidios más alta del mundo.
En este contexto, el Valle del Aguán se transformó muy pronto en un lugar donde el grave conflicto agrario desatado por la expansión de la palma africana y la falta de acceso a la tierra por miles de familias campesinas, dejó un saldo de varias decenas de campesinos asesinados, heridos, encarcelados y hasta desaparecidos.
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Ante la falta de respuestas concretas de parte de las autoridades de gobierno, el incremento de la represión, la impunidad y la judicialización de la protesta, en el marco de una creciente militarización de la zona, las organizaciones campesinas dieron vida a la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
Las víctimas no olvidan
Recientemente, sobrevivientes y familiares de las víctimas de este grave conflicto decidieron levantar su voz, y condenaron públicamente “la impunidad de parte del aparato judicial”, así como la participación de paramilitares, guardias de seguridad de corporaciones y terratenientes, confabulados con los aparatos represivos del Estado, en el asesinato de decenas de campesinos y campesinas.
Entre los casos mencionados en un comunicado publicado este 5 de febrero por la Plataforma Agraria, destaca el del joven Santos Bernabé Cruz, de la comunidad de Rigores, quien en 2011 fue capturado, golpeado y torturado por policías, los que empaparon su cuerpo de gasolina, amenazándolo con prenderle fuego.
Durante una conferencia de prensa que se realizó en Tegucigalpa, los presentes pudieron escuchar también los dramáticos testimonios de Doris Pérez, herida gravemente por guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé, y de Neptali Esquivel, herido de bala y golpeado salvajemente por policías durante una protesta pacífica, hasta provocarle lesiones irreversibles en una pierna.
“Los hechos antes expuestos reflejan los niveles de impunidad que gozan corporaciones como Dinant y Oleopalma, que acaparan tierra mediante el desplazamiento de las comunidades”, aprovechando de la debilidad institucional y la colusión con los entes encargados de impartir justicia”, se lee en el comunicado.
De acuerdo con las organizaciones campesinas que integran la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, estas corporaciones no solamente violentan el derecho a la vida de enteras poblaciones, sino que atentan contra el medio ambiente.
“Es por eso que pedimos al Banco Mundial que termine con el financiamiento a estas empresas, las cuales no cumplen con los deberes sociales, ambientales, ni con los derechos humanosfundamentales”, apuntan.
El año pasado, el Compliance Advisor Ombudsman (CAO), el órgano fiscalizador interno de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial, realizó una profunda investigación en la zona del Bajo Aguán.
En su informe final evidenció la grave situación que se vive en la zona, y pidió a la CFI suspender el desembolso de 15 millones a Corporación Dinant para la expansión del cultivo de palma africana. Unas 70 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, respaldaron dicho planteamiento.
Finalizando su intervención, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la represión hicieron un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a que estén vigilantes ante cualquier hecho que pueda darse en los próximos días en los asentamientos campesinos del Bajo Aguán.
Fuente: Rel-UITA
