El 9 de mayo el Ejército llevó a cabo allanamientos y procedió a la captura masiva de ocho líderes campesinos en diferentes veredas del departamento del Tolima.
Entre los capturados se encuentra Guillermo Cano, Coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) y miembro del Ejecutivo de FENSUAGRO. Además, han sido capturados Ramiro Bazurdo Gonzalez, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García. La Fundación Lazos de Dignidad exige al Estado colombiano su libertad inmediata, así como garantías para el ejercicio de la oposición política y la defensa de los derechos humanos de los miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica.
La Fundación Lazos de Dignidad, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Colombia, denunció que este jueves 9 de mayo el Ejército llevó a cabo allanamientos y procedió a la captura masiva de ocho líderes campesinos en diferentes veredas del departamento del Tolima, quienes fueron trasladados en helicóptero a la Base Militar Móvil 21, ubicada en La Chica, Municipio de Prado, y posteriormente por carretera a Purificación, cuyo Juzgado los había requerido.
Entre los capturados se encuentra Guillermo Cano, Coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) y miembro del Ejecutivo de FENSUAGRO, quien durante los días 28, 29 y 30 asistió al “Foro sobre Participación Política” organizado por el PNUD y la Universidad Nacional, donde en su calidad de defensor de derechos humanos exigió al Estado colombiano garantías democráticas y de seguridad para el ejercicio de su liderazgo.
Astracatol es una organización sindical, filial de FENSUAGRO-CUT, que agrupa a campesinos e indígenas del departamento del Tolima. Sus dirigentes han sido víctimas de señalamientos, hostigamientos y violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas del Ejército, así como de grupos paramilitares que actúan con cobertura estatal para favorecer los intereses de las multinacionales en el territorio. De acuerdo con la información elaborada por Camilo Raigozo en Notimundo, "las nuevas víctimas del terrorismo de Estado son: Ramiro Bazurdo Gonzalez, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García. Los labriegos son acusados por el Ejército, la Fiscalía y los medios de comunicación de la oligarquía, como El Espectador, de pertenecer al Frente 25 de las FARC EP.
Guillermo Cano Borja, es un líder campesino que ha sido presidente de la junta de acción comunal de la vereda Vegas del Café y actualmente es miembro de varias organizaciones sociales y políticas, entre ellas el movimiento político Marcha Patriótica. El dirigente campesino es señalado por el Ejército y la dictadura mediática de ser el “cabecilla de la red de apoyo al servicio del frente 25 de las FARC EP”.
Igualmente ocurre con el dirigente agrario Ramiro Bazurdo González, quien ha sido varias veces presidente de la junta de acción comunal de la vereda Montoso, ha liderado varias organizaciones sociales y es miembro del movimiento político Marcha Patriótica. El régimen terrorista lo señala como el “segundo cabecilla de la estructura terrorista y lo sindica de hospedar a militantes, al igual que cuidar personas secuestradas por el frente 25”.
El dirigente Floricel Buitrago Cangrejo ha sido varias veces presidente de la junta de acción comunal de su vereda y presidente del Concejo del municipio de Dolores. En el falso positivo judicial contra Buitrago se le acusa de manejar las masas y de haber encabezado varias protestas contra los crímenes y abusos del Ejército, lo cual no es ilegal".
Este 10 de mayo, los líderes campesinos capturados fueron sometidos a audiencias preliminares concentradas de legalización de allanamiento, captura, imputación y medida de aseguramiento, donde la Fundación Lazos de Dignidad representó jurídicamente al defensor de derechos humanos y líder campesino Guillermo Cano.
Estas capturas y judicializaciones han sido promovidas por la Fiscalía 29 de Purificación (Tolima), que ha señalado a los campesinos de ser responsables del delito de Rebelión basándose en declaraciones de presuntos reinsertados. Falsos testigos a sueldo para criminalizar oposición a megaproyectos
Cabe subrayar que quienes acusan en este caso son los mismos testigos mercenarios y falsos desmovilizados del caso de los presos por montaje judicial de La Marina, por lo que las víctimas de estos falsos positivos judiciales han denunciado la existencia de un cartel de testigos falsos en Ibagué.
Otros ocho dirigentes campesinos de la vereda La Marina, municipio Chaparral, llevan un año y medio presos en la prisión La Picaleña de Ibagué, acusados de “auxiliadores de la subversión” y de rebelión. Como ha relatado José Antonio Gutiérrez D. en una serie de artículos y trabajos de investigación publicados en Rebelión [1]:
"Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey fueron acusados por falsos desmovilizados, testigos a sueldo de la red de cooperantes, como parte de la persecución que se vive en las zonas de consolidación militar contra toda forma de organización del pueblo. Su juicio se basa en el testimonio de una persona sin identificar. Se les persigue, en realidad, por su oposición al proyecto hidroeléctrico de ISAGEN en el Ambeima y por su defensa de los intereses de los campesinos en la Junta de Acción Comunal y en el sindicato agrario ASTRACATOL [1].
En Noviembre de 2011, bajo los cargos de “rebelión y financiación a grupos terroristas”, arrestan a los hermanos Edwin Lugo Caballero y José Norbey Lugo Caballero, junto a Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín y Fredynel Chávez Marín (este último originario de Las Hermosas). Todos ellos eran miembros de ASTRACATOL y personas que se habían destacado en su defensa de los derechos campesinos y en la defensa del territorio. También arrestan a Alexander Guerrero Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Marina, y a Armando Montilla Rey, miembro de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza, Río Blanco.
Según la abogada Karen Tapias, de la Fundación Lazos de Dignidad que defiende a los prisioneros de ASTRACATOL, este es un caso extraordinariamente débil y lleno de irregularidades : “primero que nada, los 30 testigos de la parte acusadora, son supuestos reinsertados. Sin embargo, guerrilleros con más de diez ó veinte años en el Frente 21 de las FARC-EP, que se encuentran en la cárcel, dicen que no los conocen, que están utilizando civiles para obtener beneficios económicos. Nos consta que estos supuestos desmovilizados han recibido beneficios económicos, de educación y vivienda ”. Pompilio Díaz, padre de Arcesio Díaz, uno de los detenidos, dijo que a su hijo se lo habían “vendido por cinco millones de pesos”.
Dice la abogada que “el escrito de acusación se basa sobre un supuesto testimonio de una persona que no se identificó… no tenemos certeza si el testimonio existió o fue invento de la policía judicial, no hay constancia de que una persona perteneciente a la insurgencia o de la población civil, llegara a hacer la denuncia… José William Devia Moreno, el gerente de la investigación, dijo que él recibió el testimonio pero que nunca vio la fuente humana ”.
Según Tapias, estos juicios son de una naturaleza eminentemente política. “ Esto es algo que se viene dando desde hace tiempo, pero ahora se ha incrementado porque hay una necesidad particular, que es la construcción de esta represa y las personas que están acusando de pertenecer al Frente 21 son todos campesinos que se han pronunciado contra este proyecto.
La Fundación Lazos de Dignidad, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Colombia, denunció que este jueves 9 de mayo el Ejército llevó a cabo allanamientos y procedió a la captura masiva de ocho líderes campesinos en diferentes veredas del departamento del Tolima, quienes fueron trasladados en helicóptero a la Base Militar Móvil 21, ubicada en La Chica, Municipio de Prado, y posteriormente por carretera a Purificación, cuyo Juzgado los había requerido.
Entre los capturados se encuentra Guillermo Cano, Coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) y miembro del Ejecutivo de FENSUAGRO, quien durante los días 28, 29 y 30 asistió al “Foro sobre Participación Política” organizado por el PNUD y la Universidad Nacional, donde en su calidad de defensor de derechos humanos exigió al Estado colombiano garantías democráticas y de seguridad para el ejercicio de su liderazgo.
Astracatol es una organización sindical, filial de FENSUAGRO-CUT, que agrupa a campesinos e indígenas del departamento del Tolima. Sus dirigentes han sido víctimas de señalamientos, hostigamientos y violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas del Ejército, así como de grupos paramilitares que actúan con cobertura estatal para favorecer los intereses de las multinacionales en el territorio. De acuerdo con la información elaborada por Camilo Raigozo en Notimundo, "las nuevas víctimas del terrorismo de Estado son: Ramiro Bazurdo Gonzalez, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García. Los labriegos son acusados por el Ejército, la Fiscalía y los medios de comunicación de la oligarquía, como El Espectador, de pertenecer al Frente 25 de las FARC EP.
Guillermo Cano Borja, es un líder campesino que ha sido presidente de la junta de acción comunal de la vereda Vegas del Café y actualmente es miembro de varias organizaciones sociales y políticas, entre ellas el movimiento político Marcha Patriótica. El dirigente campesino es señalado por el Ejército y la dictadura mediática de ser el “cabecilla de la red de apoyo al servicio del frente 25 de las FARC EP”.
Igualmente ocurre con el dirigente agrario Ramiro Bazurdo González, quien ha sido varias veces presidente de la junta de acción comunal de la vereda Montoso, ha liderado varias organizaciones sociales y es miembro del movimiento político Marcha Patriótica. El régimen terrorista lo señala como el “segundo cabecilla de la estructura terrorista y lo sindica de hospedar a militantes, al igual que cuidar personas secuestradas por el frente 25”.
El dirigente Floricel Buitrago Cangrejo ha sido varias veces presidente de la junta de acción comunal de su vereda y presidente del Concejo del municipio de Dolores. En el falso positivo judicial contra Buitrago se le acusa de manejar las masas y de haber encabezado varias protestas contra los crímenes y abusos del Ejército, lo cual no es ilegal".
Este 10 de mayo, los líderes campesinos capturados fueron sometidos a audiencias preliminares concentradas de legalización de allanamiento, captura, imputación y medida de aseguramiento, donde la Fundación Lazos de Dignidad representó jurídicamente al defensor de derechos humanos y líder campesino Guillermo Cano.
Estas capturas y judicializaciones han sido promovidas por la Fiscalía 29 de Purificación (Tolima), que ha señalado a los campesinos de ser responsables del delito de Rebelión basándose en declaraciones de presuntos reinsertados. Falsos testigos a sueldo para criminalizar oposición a megaproyectos
Cabe subrayar que quienes acusan en este caso son los mismos testigos mercenarios y falsos desmovilizados del caso de los presos por montaje judicial de La Marina, por lo que las víctimas de estos falsos positivos judiciales han denunciado la existencia de un cartel de testigos falsos en Ibagué.
Otros ocho dirigentes campesinos de la vereda La Marina, municipio Chaparral, llevan un año y medio presos en la prisión La Picaleña de Ibagué, acusados de “auxiliadores de la subversión” y de rebelión. Como ha relatado José Antonio Gutiérrez D. en una serie de artículos y trabajos de investigación publicados en Rebelión [1]:
"Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey fueron acusados por falsos desmovilizados, testigos a sueldo de la red de cooperantes, como parte de la persecución que se vive en las zonas de consolidación militar contra toda forma de organización del pueblo. Su juicio se basa en el testimonio de una persona sin identificar. Se les persigue, en realidad, por su oposición al proyecto hidroeléctrico de ISAGEN en el Ambeima y por su defensa de los intereses de los campesinos en la Junta de Acción Comunal y en el sindicato agrario ASTRACATOL [1].
En Noviembre de 2011, bajo los cargos de “rebelión y financiación a grupos terroristas”, arrestan a los hermanos Edwin Lugo Caballero y José Norbey Lugo Caballero, junto a Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín y Fredynel Chávez Marín (este último originario de Las Hermosas). Todos ellos eran miembros de ASTRACATOL y personas que se habían destacado en su defensa de los derechos campesinos y en la defensa del territorio. También arrestan a Alexander Guerrero Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Marina, y a Armando Montilla Rey, miembro de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza, Río Blanco.
Según la abogada Karen Tapias, de la Fundación Lazos de Dignidad que defiende a los prisioneros de ASTRACATOL, este es un caso extraordinariamente débil y lleno de irregularidades : “primero que nada, los 30 testigos de la parte acusadora, son supuestos reinsertados. Sin embargo, guerrilleros con más de diez ó veinte años en el Frente 21 de las FARC-EP, que se encuentran en la cárcel, dicen que no los conocen, que están utilizando civiles para obtener beneficios económicos. Nos consta que estos supuestos desmovilizados han recibido beneficios económicos, de educación y vivienda ”. Pompilio Díaz, padre de Arcesio Díaz, uno de los detenidos, dijo que a su hijo se lo habían “vendido por cinco millones de pesos”.
Dice la abogada que “el escrito de acusación se basa sobre un supuesto testimonio de una persona que no se identificó… no tenemos certeza si el testimonio existió o fue invento de la policía judicial, no hay constancia de que una persona perteneciente a la insurgencia o de la población civil, llegara a hacer la denuncia… José William Devia Moreno, el gerente de la investigación, dijo que él recibió el testimonio pero que nunca vio la fuente humana ”.
Según Tapias, estos juicios son de una naturaleza eminentemente política. “ Esto es algo que se viene dando desde hace tiempo, pero ahora se ha incrementado porque hay una necesidad particular, que es la construcción de esta represa y las personas que están acusando de pertenecer al Frente 21 son todos campesinos que se han pronunciado contra este proyecto.
Además, ASTRACATOL está asociada a la Marcha Patriótica y todos sabemos los señalamientos contra este movimiento, estos no son hechos aislados ”.
Esto mismo lo reconoce el padre de uno de los prisioneros quien dice “que los soldados saben que mi hijo no debe nada, pero que dicen que la culpa es de la familia por andar metida en cosas, porque somos de la Marcha Patriótica”.
La Fundación Lazos de Dignidad exige al Estado colombiano la libertad inmediata para el defensor de derechos humanos y líder campesino Guillermo Cano y los demás dirigentes campesinos capturados el 9 de mayo, así como garantías para el ejercicio de la oposición política y la defensa de los derechos humanos de los miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica.
La Fundación Lazos de Dignidad exige al Estado colombiano la libertad inmediata para el defensor de derechos humanos y líder campesino Guillermo Cano y los demás dirigentes campesinos capturados el 9 de mayo, así como garantías para el ejercicio de la oposición política y la defensa de los derechos humanos de los miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica.
Tolima: un departamento atractivo para las multinacionales
Fuente: ASTRACATOL
El departamento del Tolima se encuentra en la zona central Andina, su territorio hace parte del Parque Natural Nacional los Nevados, el Parque Natural Las Hermosas y el Parque Nevado del Huila.
El rio Magdalena atraviesa el departamento de sur a norte y se nutre de una amplia red de ríos, entre los cuales destacan el Saldaña, Coello, Totáre y Prado. Además, posee la Reserva Forestal Central en Cajamarca y otros escenarios de belleza paisajística.
Una buena porción de estos territorios son estratégicos para las empresas extranjeras, ya que buscan apropiarse de los recursos naturales para explotarlos a y comercializarlos en aras de acrecentar su riqueza mediante la construcción de hidroeléctricas, distritos de riego y explotaciones mineras entre otras… sin tener en cuenta los daños irreversibles ocasionados al medio ambiente, en tanto reducen la flora y fauna, disminuyen la cantidad y la calidad de agua en los ríos, hacen evidente la contaminación y deterioran las condiciones de vida de los campesinos e indígenas, por cuanto, los extraen de sus labores cotidianas y los involucran en trabajos mal remunerados, puesto que las multinacionales traen personal capacitado.
El Estado a través de la formulación y aprobación de políticas que obedecen a la influencia del capital extranjero y con el apoyo de las fuerzas militares, brindan las garantías para el saqueo de nuestros recursos naturales. Inicialmente las empresas dicen ofrecer ciertos beneficios económicos a las comunidades donde se desarrollan este tipo de proyectos o prometen algunos programas sociales para mitigar el impacto ambiental y social generado.
En el caso de las hidroeléctricas el acceso al agua se limita y se asegura el cobro del servicio. Bajo el pretexto de que “la agricultura no es rentable” se inicia la compra y legalización de tierras, y así las empresas extranjeras avanzan en el proceso de usurpación, expansión y privatización de los recursos.
Una buena porción de estos territorios son estratégicos para las empresas extranjeras, ya que buscan apropiarse de los recursos naturales para explotarlos a y comercializarlos en aras de acrecentar su riqueza mediante la construcción de hidroeléctricas, distritos de riego y explotaciones mineras entre otras… sin tener en cuenta los daños irreversibles ocasionados al medio ambiente, en tanto reducen la flora y fauna, disminuyen la cantidad y la calidad de agua en los ríos, hacen evidente la contaminación y deterioran las condiciones de vida de los campesinos e indígenas, por cuanto, los extraen de sus labores cotidianas y los involucran en trabajos mal remunerados, puesto que las multinacionales traen personal capacitado.
El Estado a través de la formulación y aprobación de políticas que obedecen a la influencia del capital extranjero y con el apoyo de las fuerzas militares, brindan las garantías para el saqueo de nuestros recursos naturales. Inicialmente las empresas dicen ofrecer ciertos beneficios económicos a las comunidades donde se desarrollan este tipo de proyectos o prometen algunos programas sociales para mitigar el impacto ambiental y social generado.
En el caso de las hidroeléctricas el acceso al agua se limita y se asegura el cobro del servicio. Bajo el pretexto de que “la agricultura no es rentable” se inicia la compra y legalización de tierras, y así las empresas extranjeras avanzan en el proceso de usurpación, expansión y privatización de los recursos.
