El jurista Manuel Madriz Fornos manifestó que la sentencia emitida por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la mañana de este lunes, es válida y que el Gobierno de Costa Rica no puede argumentar no aceptar jurisdicción de la Corte o rechazar la sentencia, porque con ello ubicaría al Estado al margen de la legalidad. “Esto obliga al Estado de Costa Rica, probablemente este gobierno, por cuestiones políticas rechaza, pero habrá un gobierno en el futuro que tendrá que reconocerla (la sentencia), porque es un compromiso de Estado”, indicó el especialista.
Madriz Fornos detalló que así como Nicaragua no ha usado el argumento de la nacionalidad a como hace referencia el Gobierno de Costa Rica al afirmar que no acepta la sentencia de la Corte ni reconoce la jurisdicción del tribunal centroamericano, por estar presidida por un nicaragüense y tener su sede en Managua, ya que para Nicaragua no ha sido valido ni necesario mencionar que las oficinas del organismo Ramsar está en Costa Rica y por tanto sus opiniones serían sesgadas.
Declaró que el Estado costarricense está cayendo en desacato y por lo tanto, conforme al Artículo 39 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, se les informará de la sentencia a los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la máxima autoridades de los estados que es la Cumbre de Presidentes, cuya reunión está prevista para agosto de este año para que se aborde el tema de la sentencia y se tomen las medidas.
“Está cayendo en desacato, no Costa Rica, sino las autoridades costarricenses, porque yo he escuchado declaraciones de ex funcionarios costarricenses y de costarricenses que no tienen ningún cargo que critican ese planteamiento y son fuertes opositores del planteamiento del gobierno actual […] la sentencia no es contra el gobierno de Costa Rica, es contra el Estado de Costa Rica, este gobierno dejará de ser gobierno en uno o dos años, y este seguirá siendo una obligación para el Estado de Costa Rica, el nuevo gobierno tendrá que lidiar con esta realidad jurídica”, apuntó Madriz Fornos.
