La administración del presidente Daniel Ortega lleva cinco años en
Nicaragua bajo los efectos de continuas crisis a nivel internacional;
sin embargo, el país cerrará 2011 con alza del Producto Interno Bruto
(PIB) superior al cuatro por ciento.
En condiciones de economía abierta y de pequeña escala, la nación sufrió
en 2007 los embates de la crisis alimentaria mundial, en 2008 los
estragos de la espiral de precios energéticos y en 2009 la crisis
financiera.
Pocos auguraban que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) saliera airoso en términos macroeconómicos y mucho menos que lograra reducir pobreza y desocupación.
Para Iván Acosta, viceministro de Hacienda y Crédito Público, una de las claves del éxito son las políticas estatales de inclusión económica, mediante fórmulas como el bono productivo y el programa Usura Cero.
Desde su creación en julio de 2007 hasta la fecha, Usura Cero proporcionó alrededor de 156 mil créditos para beneficio de unas 100 mil mujeres, muchas de ellas madres solteras, quienes obtuvieron el dinero para montar o ampliar pequeños negocios, ilustró el experto en entrevista con Prensa Latina.
No solo significa aumentar las fuentes de trabajo mediante el autoempleo, sino otorgar facilidades de acceso al crédito con tasas blandas, en el entorno del cinco por ciento, y plazos de pago favorables para las beneficiarias, detalló.
La proyección es incluir también a los hombres en este programa, que en los próximos cinco años prevé entregar otros 500 mil créditos, precisó Acosta.
A juicio del ministro Ariel Bucardo, titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), hablar de pobreza en Nicaragua significa remitirse en primer lugar al panorama del campo y a la situación de las mujeres; de ahí la trascendencia de planes como Usura Cero y Hambre Cero.
En vez de acudir a políticas asistencialistas, el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, encabezado por el FSLN, optó por dar a esas personas los medios indispensables para producir alimentos y obtener ingresos por la venta de excedentes, explicó el funcionario a Prensa Latina.
PROYECCION SOCIAL
Con ascenso del 4,5 por ciento en 2010, el PIB sigue en 2011 la senda del crecimiento, pero lo más importante es que el despegue está asociado a la redistribución de la riqueza para reducir las brechas entre ricos y pobres, distinguió el viceministro Acosta.
Nicaragua dedicó en 2011 casi el 55 por ciento del Presupuesto general de la República al gasto social y a programas productivos para el combate frontal contra la pobreza.
El gobernante FSLN centró su atención en proveer servicios de salud y educación públicas gratuitas, en proyectos socioeconómicos para incorporar a sectores excluidos, y de expansión energética a fin de proporcionar bienestar a las familias y estabilidad a la gestión productiva.
Para Iván Acosta, se trata de una concepción exitosa frente al deterioro macroeconómico y del entramado humano que provocó en esta nación centroamericana tres sucesivos gobiernos neoliberales de 1990 a enero de 2007.
La política del gasto público, establecida por el presidente Daniel Ortega, implica poner de pie a la salud pública, mediante entrega de equipamiento tecnológico, suministro de medicinas y sistema asistencial comunitario para llegar a los hogares, ilustró.
Estamos hablando, comentó, de cuestiones fácilmente verificables por cualquier institución internacional, lo que incluye importantes metas en educación a fin de erradicar el analfabetismo, mejorar retención y rendimiento escolares y elevar el nivel de instrucción básica a sexto grado para 2012.
A partir de 2010 la reforma tributaria, la concertación entre el Estado, las empresas privadas y los trabajadores, y la política gubernamental de invertir en los sectores excluidos, demostraron su pertinencia, evaluó el especialista.
El impacto del modelo económico, puesto en práctica por el FSLN, tiene reflejo en el aumento de la recaudación tributaria de 2011 en unos tres mil millones de córdobas (más de 133,3 millones de dólares) por encima de lo previsto.
De tal manera, el Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de reforma tributaria, aprobado por la Asamblea Nacional, a fin de colocar mayores recursos financieros a disposición de los sectores más pobres de la sociedad y del pago de la deuda.
Hacía años que en este país no había un gobierno capaz de enfrentar deudas externas e internas con efectividad a partir de una correcta planificación, lo que permitió reducir la evaluación de riesgo otorgada por organismos internacionales, argumentó.
Al pago de la deuda interna se destinó casi el 55 por ciento de los casi tres mil millones de córdobas, es decir, aproximadamente dos mil 400 millones (casi 107 millones de dólares); esto significa que la economía nacional está generando suficientes recursos para cubrir sus gastos de operación.
Lo destinado a la emergencia equivale a inyectar dinero fresco a la construcción de viviendas para damnificados, reparación de calles, caminos, carreteras y sistemas de drenaje.
También permite resarcir gastos de partidas presupuestarias que fueron desviadas para atender la situación de emergencia provocada por las lluvias.
Desde la actividad tributaria se busca igualmente beneficiar a los trabajadores: en los últimos cinco años subió en más del 100 por ciento el salario mínimo de los empleados del sector público.
Además, elevamos el techo para fijar el cobro de impuesto por ingresos a los trabajadores de 50 mil córdobas (unos dos mil 200 dólares) anuales a 75 mil (poco más de tres mil 300 dólares), lo cual inyecta recursos a la gente más pobre, indicó Acosta.
Es decir, más del 60 por ciento del total de trabajadores quedó libre de presión tributaria a cuenta de impuestos sobre los ingresos personales.
A la par, el gobierno logró ponerse de acuerdo con el sector privado para que los mayores agentes económicos aportaran más al fisco y de ese modo incrementar recursos para las políticas públicas enfocadas a los sectores más vulnerables y hay que seguir profundizando esa concertación, señaló el viceministro.
Esperamos que en 2012 y los años subsiguientes haya un crecimiento más armónico de la economía con ascenso de las inversiones públicas e inclusión de los sectores menos favorecidos como agentes económicos, sustentó.
Cuando la mayoría resulta beneficiaria de las políticas públicas, el país crece más rápidamente; es ganancia para todos tener gente con superior nivel cultural, un sistema de salud más robusto e inclusión productiva de estratos habitualmente marginados como las mujeres y las minorías étnicas, consideró.
Mediante las políticas fiscales, señaló Acosta, estamos transfiriendo recursos al campo, que equivale a hacer justicia porque de manera histórica los pequeños productores agrícolas han sido los más pobres.
Cuando en Nicaragua nos referimos a micros, pequeñas y medias empresas industriales, agropecuarias y agro-industriales, estamos hablando de la columna vertebral de la economía, pues generan alrededor del 70 por ciento de los bienes y servicios, recordó.
El respaldo estatal deberá expresarse en mayor gestión de créditos para adquirir tecnologías e incrementar productividad, ofrecer entrenamiento a los productores y crear facilidades que permitan transitar con rapidez hacia la competitividad en los mercados externos, lo cual será una vía de sustituir importaciones, pormenorizó el funcionario.
Ahí se inscriben la producción de alimentos, las actividades de cuero, calzado, textiles y muebles de madera, lo cual representará más y mejores empleos para combatir la pobreza.
El año que termina abre un nuevo ciclo de continuidad para el modelo económico y social antineoliberal, "socialista, cristiano y solidario" del FSLN en Nicaragua: el pueblo en las urnas otorgó el mandato con el 62,46 por ciento de los votos.
La mayoría de los ciudadanos optó por las propuestas del FSLN y Ortega, con el aval de cinco años de desarrollo económico vs pobreza.
Pocos auguraban que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) saliera airoso en términos macroeconómicos y mucho menos que lograra reducir pobreza y desocupación.
Para Iván Acosta, viceministro de Hacienda y Crédito Público, una de las claves del éxito son las políticas estatales de inclusión económica, mediante fórmulas como el bono productivo y el programa Usura Cero.
Desde su creación en julio de 2007 hasta la fecha, Usura Cero proporcionó alrededor de 156 mil créditos para beneficio de unas 100 mil mujeres, muchas de ellas madres solteras, quienes obtuvieron el dinero para montar o ampliar pequeños negocios, ilustró el experto en entrevista con Prensa Latina.
No solo significa aumentar las fuentes de trabajo mediante el autoempleo, sino otorgar facilidades de acceso al crédito con tasas blandas, en el entorno del cinco por ciento, y plazos de pago favorables para las beneficiarias, detalló.
La proyección es incluir también a los hombres en este programa, que en los próximos cinco años prevé entregar otros 500 mil créditos, precisó Acosta.
A juicio del ministro Ariel Bucardo, titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), hablar de pobreza en Nicaragua significa remitirse en primer lugar al panorama del campo y a la situación de las mujeres; de ahí la trascendencia de planes como Usura Cero y Hambre Cero.
En vez de acudir a políticas asistencialistas, el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, encabezado por el FSLN, optó por dar a esas personas los medios indispensables para producir alimentos y obtener ingresos por la venta de excedentes, explicó el funcionario a Prensa Latina.
PROYECCION SOCIAL
Con ascenso del 4,5 por ciento en 2010, el PIB sigue en 2011 la senda del crecimiento, pero lo más importante es que el despegue está asociado a la redistribución de la riqueza para reducir las brechas entre ricos y pobres, distinguió el viceministro Acosta.
Nicaragua dedicó en 2011 casi el 55 por ciento del Presupuesto general de la República al gasto social y a programas productivos para el combate frontal contra la pobreza.
El gobernante FSLN centró su atención en proveer servicios de salud y educación públicas gratuitas, en proyectos socioeconómicos para incorporar a sectores excluidos, y de expansión energética a fin de proporcionar bienestar a las familias y estabilidad a la gestión productiva.
Para Iván Acosta, se trata de una concepción exitosa frente al deterioro macroeconómico y del entramado humano que provocó en esta nación centroamericana tres sucesivos gobiernos neoliberales de 1990 a enero de 2007.
La política del gasto público, establecida por el presidente Daniel Ortega, implica poner de pie a la salud pública, mediante entrega de equipamiento tecnológico, suministro de medicinas y sistema asistencial comunitario para llegar a los hogares, ilustró.
Estamos hablando, comentó, de cuestiones fácilmente verificables por cualquier institución internacional, lo que incluye importantes metas en educación a fin de erradicar el analfabetismo, mejorar retención y rendimiento escolares y elevar el nivel de instrucción básica a sexto grado para 2012.
A partir de 2010 la reforma tributaria, la concertación entre el Estado, las empresas privadas y los trabajadores, y la política gubernamental de invertir en los sectores excluidos, demostraron su pertinencia, evaluó el especialista.
El impacto del modelo económico, puesto en práctica por el FSLN, tiene reflejo en el aumento de la recaudación tributaria de 2011 en unos tres mil millones de córdobas (más de 133,3 millones de dólares) por encima de lo previsto.
De tal manera, el Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de reforma tributaria, aprobado por la Asamblea Nacional, a fin de colocar mayores recursos financieros a disposición de los sectores más pobres de la sociedad y del pago de la deuda.
Hacía años que en este país no había un gobierno capaz de enfrentar deudas externas e internas con efectividad a partir de una correcta planificación, lo que permitió reducir la evaluación de riesgo otorgada por organismos internacionales, argumentó.
Al pago de la deuda interna se destinó casi el 55 por ciento de los casi tres mil millones de córdobas, es decir, aproximadamente dos mil 400 millones (casi 107 millones de dólares); esto significa que la economía nacional está generando suficientes recursos para cubrir sus gastos de operación.
Lo destinado a la emergencia equivale a inyectar dinero fresco a la construcción de viviendas para damnificados, reparación de calles, caminos, carreteras y sistemas de drenaje.
También permite resarcir gastos de partidas presupuestarias que fueron desviadas para atender la situación de emergencia provocada por las lluvias.
Desde la actividad tributaria se busca igualmente beneficiar a los trabajadores: en los últimos cinco años subió en más del 100 por ciento el salario mínimo de los empleados del sector público.
Además, elevamos el techo para fijar el cobro de impuesto por ingresos a los trabajadores de 50 mil córdobas (unos dos mil 200 dólares) anuales a 75 mil (poco más de tres mil 300 dólares), lo cual inyecta recursos a la gente más pobre, indicó Acosta.
Es decir, más del 60 por ciento del total de trabajadores quedó libre de presión tributaria a cuenta de impuestos sobre los ingresos personales.
A la par, el gobierno logró ponerse de acuerdo con el sector privado para que los mayores agentes económicos aportaran más al fisco y de ese modo incrementar recursos para las políticas públicas enfocadas a los sectores más vulnerables y hay que seguir profundizando esa concertación, señaló el viceministro.
Esperamos que en 2012 y los años subsiguientes haya un crecimiento más armónico de la economía con ascenso de las inversiones públicas e inclusión de los sectores menos favorecidos como agentes económicos, sustentó.
Cuando la mayoría resulta beneficiaria de las políticas públicas, el país crece más rápidamente; es ganancia para todos tener gente con superior nivel cultural, un sistema de salud más robusto e inclusión productiva de estratos habitualmente marginados como las mujeres y las minorías étnicas, consideró.
Mediante las políticas fiscales, señaló Acosta, estamos transfiriendo recursos al campo, que equivale a hacer justicia porque de manera histórica los pequeños productores agrícolas han sido los más pobres.
Cuando en Nicaragua nos referimos a micros, pequeñas y medias empresas industriales, agropecuarias y agro-industriales, estamos hablando de la columna vertebral de la economía, pues generan alrededor del 70 por ciento de los bienes y servicios, recordó.
El respaldo estatal deberá expresarse en mayor gestión de créditos para adquirir tecnologías e incrementar productividad, ofrecer entrenamiento a los productores y crear facilidades que permitan transitar con rapidez hacia la competitividad en los mercados externos, lo cual será una vía de sustituir importaciones, pormenorizó el funcionario.
Ahí se inscriben la producción de alimentos, las actividades de cuero, calzado, textiles y muebles de madera, lo cual representará más y mejores empleos para combatir la pobreza.
El año que termina abre un nuevo ciclo de continuidad para el modelo económico y social antineoliberal, "socialista, cristiano y solidario" del FSLN en Nicaragua: el pueblo en las urnas otorgó el mandato con el 62,46 por ciento de los votos.
La mayoría de los ciudadanos optó por las propuestas del FSLN y Ortega, con el aval de cinco años de desarrollo económico vs pobreza.
María Julia Mayoral* (Prensa Latina)
*Jefa de la corresponsalía de Prensa Latina en Nicaragua.
