Analicemos ahora la situación de los derechos humanos en Francia, Alemania, España Reino Unido y República Checa.
Los derechos humanos en el seno de la Unión Europea
Francia
Según
Amnistía Internacional (AI) en Francia persisten graves violaciones de
los derechos humanos. Así, la policía es responsable de “uso excesivo de
la fuerza y de malos tratos que, al menos en un caso, causaron la
muerte de un hombre”.
Ali Ziri, un argelino de 69 años, “falleció
después de su arresto el 9 de junio [de 2009] en Argenteuil”, después de
un control de rutina. Según AI, las fuerzas del orden golpearon a Ziri
durante su arresto y su trasferencia a la estación de policía junto con
un amigo.
“Un mes más tarde, el Ministerio Público archivó el caso y
afirmó que las investigaciones que la policía de Argenteuil llevó a cabo
no indicaban que hubieran existido malos tratos”.
La familia de Ziri
exigió entonces un peritaje de comprobación al Instituto Médico Legal
(IML) de París. Esta nueva autopsia “revelaba múltiples hematomas en el
cuerpo de Ali Ziri e indicaba que la muerte resultaba probablemente de
una asfixia mecánica”. Entonces se abrió una investigación legal, pero
AI señala que “los policías involucrados no fueron suspendidos de sus
funciones”.
La organización también denuncia la impunidad de la cual
gozan los responsables de esas exacciones. Así, “además de la lentitud
de su progresión, las investigaciones sobre estas alegaciones que las
autoridades encargadas de la aplicación de las leyes y las autoridades
judiciales llevaban a cabo parecían a menudo carecer de independencia y
de imparcialidad”.1
AI subraya también el caso
de otro homicidio que cometió la policía en enero de 2005. El IML de
París publicó un informe al respecto en julio de 2009.
“Su informe de
comprobación indicaba que la muerte de ese hombre resultaba de una
violenta sacudida y que el testimonio de un policía que afirmaba que
Abou Tandia se había tirado contra una pared era contradicho por las
constataciones médicas”.
El juez de instrucción se negó a pedir la
audición de los policías responsables del crimen.2
AI
denuncia también “la sobrepoblación extrema y la falta de higiene en el
centro de retención de Mayota”, así como las condiciones de vida
degradantes de los migrantes de Calais cuyos precarios campamentos
fueron arrasados por las autoridades.3
La
organización apunta la creación de dos nuevos registros policiales
destinados a recoger información sobre las personas consideradas como
una amenaza por el orden público.
Según ella, “subsistían preocupaciones
no obstante por la amplitud de los datos personales recolectados sobre
personas que no estaban acusadas de ninguna infracción, incluso niños a
partir de los 13 años, y de la formulación vaga de los criterios de
inclusión en este registro, que concernía particularmente a las personas
cuya actividad [… ] indica que podrían atentar contra la seguridad
pública”.4
El 14 de junio de 2010, Francia
exigió de Cuba que liberara a “todos los presos de opinión y de
conciencia”, sin plazo. Cuba, por su parte, afirma que nadie está
encarcelado por delitos de opinión sino por recibir un financiamiento
del gobierno de Estados Unidos, algo que los propios disidentes
reconocen.5
En cambio, París reconoce
oficialmente la presencia de “presos políticos”, por boca de Michèle
Alliot-Marie, ministra de Justicia. El diario Le Monde relató esta
realidad en un artículo del 31 de enero de 2009:
“Preguntada
sobre la promesa del Gobierno de acercar a los detenidos corsos, ‘MAM’
certificó: “Hay que ser pragmático. Hay 28 sitios en la prisión de Borgo
(cerca de Bastia) y los 26 están ocupados…” Antes de precisar: “Además,
de los 26, ocho son presos políticos”.
La sorpresa estalla en la
pequeña alcaldía de Calvi donde se encuentra. “¿Presos políticos?” El
Estado siempre se ha negado a calificar así a los que considera como
presos comunes o terroristas mientras que los propios nacionalistas
corsos reivindican abiertamente esta calificación”.6
Alemania
Según
AI, las autoridades alemanas usaron “pruebas aparentemente arrancadas
bajo la tortura” en el marco de un caso de terrorismo internacional.
“El
acta de acusación de la fiscalía se basó en parte en las declaraciones
que hizo el acusado durante su detención en Pakistán, durante la cual
afirmaba haber sido golpeado y privado de sueño”.
La organización
subraya también que “investigadores alemanes habían interrogado a un
testigo detenido en Tachkent con la presencia de agentes del Servicio de
la Seguridad Nacional de un país, Uzbekistán, donde la práctica de la
tortura es sistemática”.7
Alemania expulsó a
“presuntos terroristas a países donde se arriesgan a ser torturados o
sufrir otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que es
contrario a las obligaciones internacionales” de la nación.8
Berlín
también participó en el programa de detenciones secretas de la CIA, a
pesar de una investigación del Parlamento alemán que excluía toda
implicación de los poderes públicos y de los servicios de inteligencia.
“Para Amnistía Internacional, no obstante, la investigación y el informe
proporcionaban suficientes elementos que demostraban que Alemania era
cómplice de violaciones de los derechos humanos”.
Por otra parte, la
Corte Constitucional Federal consideró que “el Gobierno había violado la
Ley Fundamental porque no había comunicado a la comisión de
investigación parlamentaria algunos documentos útiles, argumentando que,
en el interés del Estado, tenían que permanecer confidenciales”.9
Alemania
procedió a la expulsión de varios demandantes de asilo hacia su país de
origen, donde fueron arrestados y torturados por las autoridades.
Varios gitanos también fueron expulsados hacia Kosovo, a pesar de los
riesgos que incurridos. Según AI, “el comisario para los derechos
humanos del Consejo de Europa se declaró preocupado por esas
expulsiones”.10
La organización señala que los
migrantes en situación ilegal así como sus hijos “sólo habían tenido un
acceso limitado a la atención médica, a la educación y al apoyo jurídico
en caso de violaciones de su derecho laboral”, en Alemania.11
Según
AI, las fuerzas del orden estuvieron implicadas en la muerte de una
persona detenida. Por otra parte Alemania, en el marco de la OTAN, es
responsable de un ataque aéreo mortal que costó la vida a 142 personas
cerca de Kunduz en Afganistán, el 4 de septiembre de 2009. “Bajo la
presión, tres altos responsables gubernamentales y militares tuvieron
que renunciar en noviembre”.12
Por fin, Berlín
todavía no ha ratificado la Convención sobre la Lucha contra la Trata de
Seres Humanos del Consejo de Europa. Hay una razón precisa para ello,
revelada por la organización: “Alemania sigue siendo un país de destino y
de tránsito para las mujeres usadas con fines de explotación sexual”,
país donde la prostitución es legal.13
España
Según
AI, los actos de tortura y otros malos tratos por parte de la policía y
de las fuerzas de seguridad son recurrentes en España. “Este año, otra
vez, se señalaron casos de tortura y otros malos tratos que implican a
representantes de la ley”.
La organización apunta que después de la
instalación de sistemas completos de videovigilancia completos en las
estaciones de policía autónoma de Cataluña, las denuncias por violencias
contra policías bajaron en un 40% respecto al año anterior.
No
obstante, «la policía nacional y la Guardia Civil no han implementado
esas medidas todavía».
En total, más de 230 denuncias “por torturas y
otros malos tratos infligidos por representantes de la ley” se
presentaron en 2009.
La organización agrega que “las autoridades no han
tomado ninguna medida para crear un comisión independiente encargada de
procesar las denuncias contra la policía, a pesar de las recomendaciones
que los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos,
en particular el Comité de Derechos Humanos [ONU] han formulado varias
veces”. 14
Varios policías responsables de
asesinatos todavía no han sido enjuiciados en España. Otros, culpables
de violencias fueron condenados a pagar multas (600€).
AI subraya “un
aumento de los controles de identidad con carácter racista efectuados
por la policía”, y denuncia los atentados contra los derechos de los
migrantes y de los demandantes de asilo.15
Por
otra parte, “las autoridades han mantenido en secreto a personas
sospechosas de participación en actividades ligadas al terrorismo,
aunque los órganos internacionales de defensa de los derechos humanos
han exhortado varias veces a España para que renunciara a esta
práctica”.
Así, “en virtud de la legislación en vigor, las personas
detenidas en secreto ven muy restringidas sus posibilidades de
beneficiarse de una asistencia jurídica y corren un riesgo importante de
ser maltratadas o torturadas”.
El Comité contra la Tortura de la ONU
condenó estas prácticas. Varios casos de tortura se denunciaron en
España.16
España es culpable de graves
atentados contra los derechos de los niños. “Menores que vivían en casas
para niños administradas por los poderes públicos sufrieron violaciones
de sus derechos fundamentales.
Las informaciones recogidas muestran
denuncias por negligencia, medicación forzosa, uso excesivo de la fuerza
y violencias psicológicas y físicas por parte del personal”.17
La
situación de las mujeres también es motivo de preocupación, según la
organización. La violencia doméstica sigue causando graves daños en
España.
AI apunta que “las medidas de los poderes públicos frente a las
demás formas de violencias ligadas al género, particularmente la trata
con fines sexuales, son insuficientes”, y lamenta que “ninguna
estructura oficial permita identificar a las víctimas de tráfico sexual o
brindarles asistencia”.18
AI denuncia la
presencia persistente de discriminaciones debidas a criterios étnicos y
de origen en España. Las recomendaciones del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial [ONU] y el Observatorio Europeo de los
Fenómenos Racistas y Xenófobos no se han aplicado.
La Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea lamenta que España no
disponga de un órgano nacional para luchar contra las
discriminaciones.19
En España, las
desapariciones forzosas todavía no están inscritas entre las
infracciones reprimidas por el Código Penal. La Audiencia Nacional se
niega a investigar las desapariciones forzosas de la guerra civil y de
la dictadura de Franco.
Varios tribunales penales locales han calificado
el descubrimiento de fosas comunes como “infracciones de derecho común y
han cerrado las investigaciones con el motivo de que los presuntos
crímenes habían prescrito”.20
República Checa
En
la República Checa, los gitanos “sufren una hostilidad creciente por
parte de la sociedad checa en su conjunto”. Son víctimas “de segregación
en materia de enseñanza, de vivienda y de discriminación en el
trabajo”.
Las agresiones contra las poblaciones gitanas son frecuentes y
las autoridades judiciales se niegan a disolver las milicias del
Partido de los Trabajadores, “una formación de extrema derecha cuyos
militantes organizan patrullas que atacan a los gitanos”.
La Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia denuncia “el auge de las
palabras odiosas contra los gitanos en los debates públicos y la
multiplicación de las manifestaciones de grupos de extrema derecha”, y
lamenta que los poderes públicos rechacen “la elaboración enérgica de
leyes que prohíben todas las formas de violencia racista o de incitación
al odio”.
Así, una familia gitana resultó gravemente herida después del
incendio criminal de su vivienda.21
La
discriminación contra los niños gitanos también es amplia en la
República Checa. La Corte Europea de los derechos humanos señala que
Praga es culpable de “discriminación contra niños gitanos al ubicarlos
–porque eran gitanos– en escuelas especiales”. Según AI, “la segregación
sigue siendo la regla en centros escolares”.
La organización agrega que
“jóvenes gitanos están sobrerrepresentados en las escuelas primarias y
las clases para alumnos que sufren de incapacidad mental leve”, o son
agrupados en “escuelas y clases del sistema clásico reservadas para
ellos”, las cuales “impartían a menudo una enseñanza de calidad
inferior”.
El sistema de enseñanza checo “tiende a excluir a los alumnos
que tienen necesidades pedagógicas particulares”.
Según un informe
sobre la discriminación, “cerca de la mitad de los alumnos gitanos
escolarizados en la primaria repetían o eran orientados hacia escuelas
especiales”. Por otra parte, la justicia desestimó a varios demandantes
gitanos que denunciaron casos probados de discriminaciones.22
Los
gitanos son víctimas “de prácticas segregacionistas en materia de
vivienda”. La Corte Europea de Derechos Humanos lamentó la pasividad del
Gobierno al respecto.23
Casos recurrentes de
“esterilización forzada de mujeres gitanas” persisten en la República
Checa. La Corte Constitucional desestimó la demanda de indemnización de
una mujer gitana “que había sido ilegalmente esterilizada”.24
Finalmente,
AI denuncia casos de “tortura y otros malos tratos” por parte de las
autoridades. Así, “algunos establecimientos psiquiátricos siguen usando
camas de contención, incluso en ausencia cualquier riesgo para el
paciente o su entorno”.
El Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes recomendó en
2004 que las “camas-jaulas se retirasen inmediatamente del servicio y
que las camas de red también se abandonasen a la mayor brevedad”, sin
éxito.25
Reino Unido
El
Reino Unido es culpable de “violaciones graves de los derechos
fundamentales de personas detenidas en el extranjero”, particularmente
de “tortura y otros malos tratos” realizados por “agentes de los
servicios británicos de inteligencia”. Las autoridades rechazaron toda
investigación independiente al respecto y los responsables británicos
habrían intentado disimular la implicación del Reino Unido en estos
casos.26
Londres ha estado implicado en el
programa de “restituciones” dirigido por la CIA, en referencia a las
personas secuestradas ilegalmente, y participó en las exacciones
cometidas por las autoridades estadounidenses. Las autoridades
británicas también hicieron uso de pruebas conseguidas bajo la
tortura.27
El Reino Unido expulsó a varias
personas hacia países donde se arriesgaban a “violaciones graves de sus
derechos fundamentales, particularmente a ser torturadas”. La Gran
Cámara de la Corte Europea de los Derechos Humanos también denunció
varios casos de violaciones del “derecho a la libertad” de británicos
encarcelados sin cargos ni juicio.28
AI
denuncia “ordenanzas de control” que permiten a las autoridades
“restringir, sobre la base de elementos secretos, la libertad, los
movimientos y las actividades de personas sospechosas de implicación en
actos de terrorismo”. Varias personas están actualmente detenidas sin
razón precisa.29
En Iraq, las autoridades
británicas realizaron actos de tortura y varios asesinatos en los
centros de detención administrados por el Reino Unido. Así, Baha Moussa
murió “en Iraq después de haber sido torturado durante 36 horas por
soldados británicos”.30
En noviembre de 2009,
el Parlamento adoptó una ley relativa a los instructores de policía que
otorga al ejecutivo “el poder de ordenar la suspensión de una
investigación del instructor de policía (la cual se abre en caso de
muerte violenta, súbita o sospechosa), de abrir otras investigaciones en
el marco de la Ley de 2005 relativa a las comisiones de investigación,
con el motivo que ésas serían competentes para encontrar las causas del
fallecimiento”.31
La policía y las fuerzas de
seguridad hicieron “un uso desproporcionado de la fuerza, usaron armas
tales como porras y escudos durante las cargas contra manifestantes y
retiraron intencionalmente su matrícula”.
Según AI, “en las grabaciones
de video públicamente accesibles y fechadas el 1 de abril, pudimos ver a
un policía que llevaba un casco y un pasamontañas golpear a Ian
Thomlinson con la porra en el tobillo y hacerlo caer. En el momento del
primer contacto, Ian Thomlinson, un vendedor de periódicos de 47 años,
daba la espalda a un grupo de policías antidisturbios y se alejaba a
pie, las manos en los bolsillos. Cayó y murió poco después.
Sólo fue
después de la difusión de la grabación que la policía reconoció que tuvo
lugar un contacto con Ian Thomlinson”.
En
febrero de 2009, el Ministerio Público de Inglaterra anunció que “los
elementos de prueba no eran suficientes para concluir que hubo
infracción por parte de la policía en el caso de la muerte de Jean
Charles de Menezes, un brasileño muerto por bala en Londres en 2005 por
policías”. Según AI, “esa decisión parecía ratificar la impunidad para
este homicidio”.33
AI denuncia también la
impunidad para “homicidios con carácter político” cometidos en el pasado
en el Reino Unidos, con la “complicidad del Estado”. Cita varios casos
entre ellos los de Patrick Finucane, “abogado, eminente defensor de los
derechos humanos”, Robert Hamill, la abogada militante de los derechos
humanos Rosemary Nelson y Billy Wright.34
AI
finalmente señala discriminaciones contra gitanos, refugiados,
demandantes de asilo y migrantes.
La organización denuncia también la
detención administrativa aplicada a niños y mujeres.
Por otra parte, la
violencia contra mujeres y chicas sigue siendo un problema recurrente en
el Reino Unido.35
Conclusión
Según
los informes de Amnistía Internacional, resulta difícil para la Unión
Europea pretender que la Posición Común de 1996, todavía vigente, se
justifique por la situación de los derechos humanos en Cuba.
En efecto, las principales naciones del Viejo Continente presentan también graves violaciones de los derechos humanos, a menudo peores que las cometidas en Cuba.
En efecto, las principales naciones del Viejo Continente presentan también graves violaciones de los derechos humanos, a menudo peores que las cometidas en Cuba.
La autoridad moral de Bruselas se vuelve asá discutible en
varios aspectos.36
España, por medio de su
canciller, Miguel Ángel Moratinos, reconoce que la actual Posición Común
de la Europa de los 27 respecto a Cuba es difícilmente defendible a
causa de su carácter discriminatorio y de la falta de credibilidad de
Bruselas.
Llama a poner término a una política que ha fracasado y que
perjudica la imagen de Europa en el continente latinoamericano, opuesto
en gran mayoría a toda sanción arbitraria contra Cuba.
La vía de la
normalización de las relaciones entre La Habana y Bruselas pasa por la
eliminación de la Posición Común.37
Ver tambien:
Revisado por Caty R.
Notas:
1)
Amnesty International, «Rapport 2010. La situation des droits humains
dans le monde», mayo de 2010.
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_FR.pdf
(sitio consultado el 7 de junio de 2010), pp. 115-17.
2) Id.
3) Id.
4) Id.
5) El Nuevo Herald, «Francia vuelve a pedir excarcelación de presos de conciencia cubanos», 14 de junio de 2010.
6) Isabelle Mandraud, «Un grain de sable dans la visite de ‘MAM’ en Corse», Le Monde, 31 de enero de 2009.
7) Amnesty International, op. cit., pp. 14-15.
8) Id.
9) Id.
10) Id.
11) Id.
12) Id.
13) Id.
14) Amnesty International, op. cit., pp. 101-04
15) Id.
16) Id.
17) Id.
18) Id.
19) Id.
20) Id.
21) Amnesty International, op. cit., pp. 270-72
22) Id.
23) Id.
24) Id.
25) Id.
26) Amnesty International, op. cit., pp. 275-79
27) Id.
28) Id.
29) Id.
30) Id.
31) Id.
32) Id.
33) Id.
34) Id.
35) Id.
36) El Nuevo Herald, «La UE aplaza revisión de la Posición Común hacia La Habana», 15 de junio de 2010.
37) El Nuevo Herald, «Moratinos critica ‘posición común’ de UE», 1 de junio de 2010.
Salim
Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad
Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y
periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos.
Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront jamais.
Disponible en librerías y en Amazon:
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Para cualquier petición dedicada.
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