Una constatación inicial.
En Occidente, el
nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los
derechos humanos.
Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema.
Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema.
Ningún otro
país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria
de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada
en relación con su tamaño.
En efecto, acontecimientos que pasarían
desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se
difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de
Cuba.
Así, el suicidio en febrero de
2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en
Cuba se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de
una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los
derechos humanos asesinados por el ejército colombiano.
Del mismo modo,
las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en
la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones
–¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta
militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que
gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de
2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya.1
Estados
Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones
económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los
sectores de la sociedad cubana, en particular a las más vulnerables, por
las violaciones de los derechos humanos.
De 1960 a 1991, Washington
explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su
hostilidad hacia Cuba.
Desde el desmoronamiento del bloque del Este las
diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack
Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar
el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes
del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las
dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños.2
Por
su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el
mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios
bilaterales, por las mismas razones.
Esta estigmatización constituye el
pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y
representa el principal obstáculo para la normalización de las
relaciones bilaterales.
Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también
impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las
mismas razones, por lo menos oficialmente.3
¿Una estigmatización legítima?
No
se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los
derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación.
En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales.
En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales.
No
obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por
parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión
Europea.
¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos?
¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos?
¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
Para responder a estas
preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un
enfoque interesante. Diez países –cinco del continente americano:
Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión
Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa
(líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de
las relaciones con Cuba) serán sometidos a un análisis comparativo.4
Los derechos humanos en Cuba
Según
AI, existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y
políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo
por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de
expresión]».5
En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no
obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido
fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar
actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales
para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también
en cualquier otro país del mundo.6
La
organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber
sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía
sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios
e Internet están bajo el control del Estado».
Por otra parte, los
sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se
pueden consultar desde el exterior.
Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos.
Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos.
Además, «las restricciones del derecho de circular
libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos
humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y
pacíficas».
Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos.7
Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos.7
No
obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo
de Derechos Humanos [ONU] para un nuevo mandato de tres años»,
ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte
el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de
los derechos humanos en Cuba.8
Finalmente AI
reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba
tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y
sociales de los cubanos.
La legislación estadounidense que restringe las
exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o
patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los
medicamentos y a los equipos médicos».
AI agrega que las agencias de las
Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el
embargo».9
Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.
Los derechos humanos en el continente americano
Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.
Estados Unidos
Según
AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de
Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años.
Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo.
Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo.10
Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo.
Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo.10
Además,
«varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas
por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en
Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que
las presenten ante un juez».11
AI también
denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los
«actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas
detenidas». Cita dos ejemplos:
«Entre las técnicas autorizadas figuran
la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding
(simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta
última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh
Mohammed 183 veces en marzo de 2003».
Los autores de estos actos no
serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el
Ministro de Justicia Eric Holder.12
AI señala
que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las
violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el
gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’».
La
organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de
cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas
detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq».13
AI
denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que
cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos
contra ciudadanos estadounidenses.
«Al menos 47 personas fallecieron
después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de
390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas
desde 2001».
AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres
adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un
hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort
Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos
sin interrupción en mayo de 2009.14
La
organización internacional señala con el dedo las condiciones de
detención en Estados Unidos.
Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad».
Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación».
Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior».15
Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad».
Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación».
Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior».15
Según AI, «decenas
de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban
regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales.
Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica».16
Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica».16
Por
otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios
casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden
cometieron contra migrantes.
«El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI.17
«El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI.17
AI recuerda las discriminaciones a
las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la
salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a
complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios
cientos de mujeres murieron durante el año.
Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas».
AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior».18
Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas».
AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior».18
Según
AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por
negarse a servir en Afganistán.
La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977».
AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo».19
La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977».
AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo».19
Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009.20
Brasil
La
situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona
«utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos
de torturas por parte de la policía».
Las fuerzas del orden «siguieron
cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron
objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi
inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048
personas».
En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del
36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la
policía militar aumentaron en un 41%».21
La
organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos
paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza
pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la
población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que
pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias
instituciones del Estado».22
En Brasil, «las
condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o
degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios,
con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según
AI, además del problema de la superpoblación.23
Por
otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados
contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos
profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al
menos 20 personas fueron asesinadas en 2009.24
Según
AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de
trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la
esclavitud».
El derecho a una vivienda digna no se respeta.
Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas.25
El derecho a una vivienda digna no se respeta.
Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas.25
Canadá
Según
AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los
pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la
explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales.
El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá».26
El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá».26
La organización denuncia también
las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños.
Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos».27
Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos».27
El
derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas
mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno
canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción
nacional completo para luchar contra la violencia y la
discriminación».28
Canadá también fue cómplice
de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas
en el marco de la lucha contra el terrorismo.29
Por
otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de
una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser.30
Colombia
En
Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados,
ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento
forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios»,
cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la
guerrilla.31
AI contabiliza 20.000 casos de
desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas.
La
organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una
propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las
víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin
ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones
sean agentes del Estado o no.
El texto fue rechazado por el Congreso en
junio».32
Por otra parte, el Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los
derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y
profundamente preocupante».
AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008».33
AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008».33
El Departamento
Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del
jefe del Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal
llevado a cabo durante un largo periodo.
Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción.
Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos».
AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces».34
Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción.
Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos».
AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces».34
En
2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación
legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios
magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de
muerte, según AI.35
Las fuerzas de seguridad
cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales,
Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por
un número importante de elementos del ejército».
El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres».
Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación».36
El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres».
Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación».36
México
En
México, más de 6.500 personas fueron asesinadas en actos violentos
ligados al narcotráfico.
AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias».
La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables».37
AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias».
La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables».37
AI afirma que
«se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos
–desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos
tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la
policía municipal, federal o de los Estados».
Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron».38
Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron».38
Los
migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas.
Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios».
AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla».
AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada».39
Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios».
AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla».
AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada».39
En
México varios periodistas fueron amenazados, agredidos y secuestrados,
según AI, particularmente los que «se interesaban por las cuestiones de
seguridad pública y de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron
asesinados en 2009.
Además, «las investigaciones abiertas sobre los
asesinatos, los raptos y las amenazas de los cuales los profesionales de
la prensa fueron objeto desembocaron muy pocas veces en acciones
legales, lo que contribuye a mantener un clima de impunidad».40
AI
denuncia las discriminaciones y las violencias cometidas contra los
pueblos indígenas, expoliados de sus tierras y de sus viviendas por las
autoridades, «con el objetivo de explotar los recursos locales».41
Las
mujeres y niñas constantemente son víctimas de violencias.
«Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI.
Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas».
Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto.42
«Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI.
Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas».
Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto.42
Conclusión
El
informe de Amnistía Internacional es edificante en varios aspectos.
Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente.
Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.
Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente.
Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.
Así,
la prensa occidental engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba
como el principal violador de los derechos humanos en el continente
americano.
Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas.
En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.
Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas.
En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.
En
cuanto a la Unión Europea, debe poner fin a la Posición Común, que es
discriminatoria y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las
relaciones con La Habana.
Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.
Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.
Parte II
Disponible en librerías y en Amazon: http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Vous-Diront-Jamais/dp/2953128417/ref=pd_rhf_p_t_1
Revisado por Caty R.
Notas:
1) Salim Lamrani, «Cuba, los medios occidentales y el suicidio de Orlando Zapata Tamayo», Rebelión, 2 de marzo de 2010.
2) Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París: Editions Estrella, 2009), pp. 121-134.
3) Ibid., pp. 21-36.
4)
Amnistía Internacional, «Informe 2010. La situación de los derechos
humanos en el mundo», mayo de 2010. (Sitio consultado el 7 de junio de
2010).
5) Ibid., pp. 87-88.
6)
Amnesty International, «Cuba. Cinco años de más. El nuevo Gobierno debe
liberar a los disidentes presos», 18 de marzo de 2008. (sitio
consultado el 23 de abril de 2008).
7) Amnistía Internacional, «Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo», mayo de 2010, op. cit. 87-88.
8) Id.
9) Id.
10) Ibid., pp. 105-09
11) Id.
12) Id.
13) Id.
14) Id.
15) Id.
16) Id.
17) Id.
18) Id.
19) Id.
20) Id.
21) Ibid., pp. 48-52.
22) Id.
23) Id.
24) Id.
25) Id.
26) Ibid., pp. 62-63.
27) Id.
28) Id.
29) Id.
30) Id.
31) Ibid., pp. 72-76
32) Id.
33) Id.
34) Id.
35) Id.
36) Id.
37) Ibid., pp. 210-14.
38) Id.
39) Id.
40) Id.
41) Id.
42) Id.
Salim
Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad
Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y
periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos. Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront jamais
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