La represión del 25 de septiembre
De manera sorpresiva la
policía intervino sobre los marchistas, indígenas de tierras bajas que
buscan llegar a La Paz para oponerse a la construcción de una carretera
por sus territorios.
La razón formal de los policías era evitar un
enfrentamiento entre indígenas y campesinos pro Evo que bloqueaban en
Yucumo para evitar su paso.
No obstante, la intervención policial derivó
en una violenta represión, con uniformados golpeando y esposando a
indígenas, incluyendo madres con niños, y cubriéndole la boca con cinta
adhesiva.
Ello generó una ola de rechazo en las ciudades, la ministra de
Defensa Cecilia Chacón renunció en rechazo a la represión con una carta
en la que dice "No así".
Los medios de comunicación, la gente en las
calles y en las redes sociales bolivianas no hablaban de otra cosa. 24
horas después Evo Morales dijo que él no ordenó reprimir, que la acción
policial fue “imperdonable”.
Unas horas más tarde cayó el ministro de
Gobierno (Interior) Sacha Llorenti. Es verdad que unas horas antes el
Canciller David Choquehuanca, que se acercó a la marcha a negociar, fue
“retenido” por un grupo de mujeres que lo obligó a marchar durante
varias horas, pero ese tipo de acciones son bastante comunes en Bolivia,
y el propio Evo Morales en el pasado también apeló a ellas, por lo que
la sobreactuación legalista de Llorenti apareció como una mera
justificación del desborde policial. Finalmente, Evo pidió disculpas a
los indígenas.
Una mezcla sin duda de cierta intransigencia, y torpezas
varias en el manejo del conflicto.
Lo que se juega en el TIPNIS
La
historia comienza con la decisión del gobierno de Evo Morales de
construir una carretera cuyo segundo tramo atravesaría el Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que es al mismo tiempo
una reserva natural (desde 1965) y el hábitat de pueblos amazónicos
como yuracarés, chimanes y mojeños (es territorio indígena desde 1990) .
Pero además hay otros actores, como los cocaleros, que se fueron
expandiendo y en los años 90 acordaron no pasar más allá de una “línea
roja” acordada con los indígenas, la Central Obrera y el gobierno de
entonces, además de narcos que aprovechan el aislamiento de esta región y
traficantes de madera.
El gobierno tiene argumentos sensatos para
justificar su iniciativa: integrar el país (viajar por tierra a la
Amazonía sigue siendo un suplicio) y sentar presencia estatal en la
Amazonía, una región tradicionalmente a merced de élites filomafiosas,
ganaderos, madereros, etc.
Pero también son razonables las prevenciones
indígenas movilizados: temen una invasión de los cocaleros, perder su
hábitat y pagar altos costos ambientales.
Y quieren que se cumpla el
derecho a la consulta previsto en la nueva Constitución (que en realidad
refiere solamente a la explotación de recursos no renovables en
territorios indígenas).
Basta visitar el TIPNIS para ver que hay lógicas
territoriales, culturales, y cosmovisiones muy diferentes entre
colonizadores aymaras/quechuas y los originarios de la región, más
vinculados a modos de vida tradicionales.
Tensiones indígenas/campesinas
Sí
y en la Asamblea Constituyente no se abordaron con seriedad estos
problemas.
La nueva Constitución habla siempre de
“indígenas-originarios- campesinos”, como si construir una voluntad
colectiva fuera una mera adición matemática, pero estos grupos tienen a
menudo visiones diferentes sobre los problemas nacionales e incluso
intereses divergentes.
Basta un ejemplo: el máximo dirigente campesino
Roberto Coraite dijo que la ruta es necesaria para que los indígenas
amazónicos dejen de vivir “como salvajes”. Luego pidió disculpas pero en
realidad solo había dicho lo que realmente pensaba.
Además, quechuas y
aymaras cuestionan que pueblos amazónicos de algunos cientos o miles de
personas hayan accedido mediante las Tierras Comunitarias de Origen a
miles y centenares de miles de hectáreas, e incluso dicen que hay que
acabar con los “terratenientes indígenas” y piden revisar la actual ley
de tierras.
Los indígenas de tierras bajas (entre los que se destacan
los guaraníes) siempre fueron militantes de segunda en el Movimiento al
Socialismo, un partido hegemonizado por quechuas y aymaras.
Finalmente,
lo indígena como un sujeto colectivo homogéneo o bien es una
autoconstrucción basada en un razonable “esencialismo estratégico” para
construir un sujeto político o es una visión derivada de las lecturas
que los ubican a todos en un imaginario bloque subalterno (o de la
propia construcción colonial de la otredad), pero mantener la “unidad
popular” requiere permanentes esfuerzos por articular intereses.
Evo lo
logró en varios momentos, pero en otros, como ahora, los
“particularismos” estallan.
Sin embargo, muchas ideas románticas sobre
la indianidad pasan por encima de estas "contradicciones en el seno del
pueblo", construyen sujetos revolucionarios/subalternos ideales y luego
piensan las cosas en términos de traidores o razonamientos por el
estilo.
El efecto sobre Evo
En menos de doce meses,
Evo Morales debió retroceder dos veces en temas que el gobierno
consideró previamente como innegociables.
En diciembre del año pasado se
vio obligado a derogar el decreto del gasolinazo (eliminación de los
subsidios estatales y aumento de los combustibles hasta 80%) cuando las
protestas amenazaban con masificarse.
Esta vez hizo lo mismo al
transferir “al pueblo” de Cochabamba y Beni -los departamentos
involucrados- la decisión de seguir o no con la carretera.
Pero más allá
de cómo se termine de resolver este embrollo, este nuevo paso atrás no
es inocuo. Muchos saben ahora que en las calles se puede torcer el brazo
de un gobierno imbatible en las urnas.
Y en Bolivia son muchos los que
tienen capacidad de veto.
Si contra la derecha y los “separatistas” Evo
es invencible, lo es menos frente a sectores de sus propias bases, en un
país donde la fidelidad a los líderes suele quedar a merced de
complicadas configuraciones del humor social. Además, la represión
violentó sin duda la “confianza étnica” de la que aún goza el presidente
boliviano.
Los campesinos consideran a Evo “uno de los nuestros, puesto
por nosotros ahí en el palacio”; una idea de autorrepresentación que no
existe en otros países de la región, y no le hace las cosas fáciles ni
siquiera a un gobierno popular.
A ello se suman las disputas por las
rentas de los recursos naturales, la base material de la economía
boliviana, disputas que combinan demandas naturalmente democráticas de
inclusión con ciertas imágenes del “Estado mágico” capaz de resolver
todos los problemas frente a una economía privada débil.
El problema es
que el estado también es débil.
En Bolivia la gente lucha
literalmente a muerte por sus reivindicaciones sectoriales, como lo
hacía el propio Evo como dirigente cocalero, por eso es tan difícil de
gobernar y por eso se necesita tanta capacidad de negociación, la que no
mostró el gobierno al decir que la carretera iba “sí o sí”.
Aunque con
un presidente más fuerte que cualquiera de los anteriores, lo ocurrido
con el gasolinazo y con el TPNIS recuerda que en Bolivia la sociedad es
fuerte y el Estado es débil, un atractivo para los estudiosos de los
movimientos sociales pero un problema, sin duda, para quienes deben
gobernar.
Además, la represión -y si hay muertes es peor- suele generar
una indignación moral mucho más efectiva en términos de movilización que
cualquier demanda reivindicativa. (y como otras "largas marchas" esta
también es más bien simbólica en términos numéricos siempre deja lugar a
la duda sobre cuántos en verdad la apoyan)
Por eso fue tan grave el
efecto de la acción policial en el TIPNIS, incluso sin haber habido
muertos: la economía moral del pueblo no tolera que un gobierno indígena
reprima a los hermanos indígenas.
Tan simple como eso.
Evo no se va a
caer, pero su segunda gestión muestra mucha menos épica e iniciativa que
la primera.
Pero cosa es la crítica para que los cambios avancen
y otra la histeria antigubernamental.
Un sector de la oposición salió a
sobreactuar una solidaridad con los hermanos indígenas difícil de
creer.
Mientras que un sector de izquierda cree que basta debilitar a
Evo para que surja algo más revolucionario. No lo creo, el bloque
“anticarretera” es demasiado heterogéneo y débil -y condicionado por
apoyos oportunistas de oposiciones varias- para construir una nueva
voluntad colectiva alternativa.
Mientras quizás no estaría mal
bajar los decibeles: la represión debe ser condenada (sin lugar a dudas)
pero no fue una masacre -como algunos de quienes protestaron llevaban
escrito en sus carteles.
Los líderes indígenas al parecer hablaron con
la embajada de EEUU (según reportes gubernamentales) -deberán explicar
para qué- pero no son agentes de la CIA.
Y quizás una enseñanza del
TIPNIS: el proceso de cambio depende de su capacidad para construir una
nueva institucionalidad (incluyendo sin duda otra policía) con
suficiente capacidad y voluntad articulatoria de todas las Bolivia que
debe contener el bloque popular. Un bloque popular muy alejado de todo
romanticismo.