(PL) La administración demócrata estadounidense volvió a protagonizar
este mes otro choque con Venezuela, calificado aquí de una nueva acción
en la escalada injerencista que desde Washington se ejecuta desde hace
varios años contra esta nación suramericana.Otros exclusivos:
El jueves 8 de septiembre, la Oficina de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en
inglés), incluyó a cuatro venezolanos en una de sus tradicionales listas
"negras", a quienes vinculó, sin aportar prueba alguna, con supuestas
actividades terroristas y de narcotráfico.
En la denominada lista de "Ciudadanos con Denominaciones Especiales" de la OFAC aparecen dos militares, el general Clíver Alcalá, comandante de la Cuarta División Blindada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Ramón Madriz, oficial de inteligencia de ese cuerpo castrense.
Junto con ambos fueron incluidos Freddy Bernal, exalcalde de Caracas y actual diputado a la Asamblea Nacional, y Amílcar Figueroa, expresidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), capítulo Venezuela.
Ante tales acusaciones, al parecer sustentadas en informaciones supuestamente obtenidas de la computadora ocupada al asesinado dirigente guerrillero colombiano Raúl Reyes, fue inmediata la reacción de organizaciones políticas locales y del gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez.
En una primera declaración, el mismo 8 de septiembre, el canciller, Nicolás Maduro, rechazó y calificó de abusiva la acusación contra los cuatro venezolanos, y recordó que Estados Unidos carece de moral, ya que es el principal consumidor de estupefacientes a nivel mundial.
Al día siguiente, el presidente Chávez aludió al tema, que ya ocupaba espacios principales en la prensa capitalina, y la oposición comenzaba a tratar de utilizarlo como arma contra el gobierno bolivariano.
A juicio del mandatario, la acusación contra los cuatro venezolanos "forma parte de las agresiones contra Venezuela, para algún día colocarla como un Estado fallido", y consideró esa acción como parte de los esfuerzos de Washington para desacreditar a Caracas y preparar el terreno para otras acciones.
Reto al presidente estadounidense, Barack Obama, a que presente pruebas que sustenten la acusación, dijo Chávez durante un intercambio con periodistas en el Palacio de Miraflores.
Si de listas se trata, yo también tengo la mía, afirmó y mencionó, entre otros personajes que la integrarían, a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, a quien calificó de terrorista por haber llamado a su derrocamiento, y al exsubsecretario de Estado Otto Reich, a quien responsabilizó por asesinatos y otras actividades subversivas en diversos países latinoamericanos.
Mientras, el gobierno, por intermedio del ministerio de Relaciones Exteriores, convocó a la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Kelly Keiderling, a quien entregó una nota formal de protesta, y seguidamente la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que calificó la acción de OFAC de unilateral y violatoria del derecho internacional.
Amplio respaldo al gobierno
La posición asumida por el gobierno contó desde el primer momento con el claro respaldo de organizaciones y de amplios sectores populares, donde fue unánime el repudio a las acciones estadounidenses, dirigidas realmente contra el proceso político liderado por Chávez como parte de una estrategia global concebida y ejecutada desde Washington con el apoyo de figuras y partidos venezolanos, de acuerdo con numerosos pronunciamientos emitidos aquí.
Uno de los implicados, el diputado Freddy Bernal, por ejemplo, opinó que la acción no es dirigida contra él ni contra los otros tres venezolanos, sino que se trata de un ataque contra la Revolución Bolivariana, porque ellos "son funcionarios que están comprometidos con la revolución y el liderazgo del presidente Chávez".
Bernal afirmó que el gobierno de Estados Unidos es el principal patrocinador del narcotráfico y del terrorismo y recordó que en esa nación reside tranquilamente y bajo protección oficial el terrorista Luis Posada Carriles, cuya extradición Caracas ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito hasta el momento.
También emitieron declaraciones de respaldo el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras la Asamblea Nacional celebró una sesión extraordinaria para abordar el tema, de la que emergió una declaración parlamentaria aprobada por la mayoría de los diputados.
Tras resaltar el firme rechazo a esta "nueva acción de difamación al pueblo y las instituciones nacionales", la declaración aprobada por el Parlamento alude a Estados Unidos y subraya que los venezolanos "no permitiremos que con su formato de guerra preventiva vengan a echar por tierra el proceso de unidad y desarrollo político, social, económico y cultural que construimos con esfuerzo los latinoamericanos".
El respaldo internacional a Venezuela provino de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), reunidos el 9 de septiembre en Caracas a nivel de cancilleres para examinar la situación en Libia como consecuencia de la agresión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en esa nación norafricana.
Los representantes de los países miembros del ALBA expresan su respaldo al Gobierno Bolivariano de Venezuela ante esta inaceptable actuación unilateral que pretende desconocer el derecho internacional, al abrogarse un solo país la atribución de juzgar y condenar a los ciudadanos de otros países prescindiendo igualmente de la vía judicial y de las instituciones internacionales, dice el comunicado aprobado por los cancilleres.
El ALBA ratifica su compromiso con el multilateralismo como el espacio natural para el combate a los grandes flagelos internacionales contemporáneos, y su rechazo a toda práctica que pretenda hacer uso de la difamación acerca de estos asuntos tan sensibles con fines políticos, señala el documento.
No es la primera vez
De todos estos pronunciamientos se infiere la certidumbre de que esta acción estadounidense es un nuevo episodio del voluminoso expediente acumulado por Washington en los numerosos intentos de poner fin a la Revolución bolivariana encabezada por el presidente Hugo Chávez desde hace 12 años.
Sin hablar del golpe de estado del año 2002, es larga la lista y entre las más recientes pueden citarse las sanciones aplicadas en mayo de este año por el Departamento de Estado contra la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para las que Washington usó como pretexto las relaciones comerciales de esta nación suramericana con Irán.
En opinión del diputado socialista Pedro Carreño, el propósito de todas estas acciones -entre las que no descarta una eventual opción militar- es apoderarse de los recursos naturales venezolanos, tal y como Estados Unidos ha hecho en Iraq y pretende hacer ahora en Libia.
En declaraciones formuladas a Prensa Latina, el legislador recordó la responsabilidad que algunos sectores de la oposición interna comparten con Estados Unidos, pues -a su juicio- actúan de acuerdo con una agenda elaborada en Washington.
Pese a todo, solo conseguirán fortalecer la unidad y el compromiso de la mayoría de los venezolanos con la Revolución Bolivariana y su máximo líder, el presidente Hugo Chávez, aseguró Carrión.
* Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela.
En la denominada lista de "Ciudadanos con Denominaciones Especiales" de la OFAC aparecen dos militares, el general Clíver Alcalá, comandante de la Cuarta División Blindada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Ramón Madriz, oficial de inteligencia de ese cuerpo castrense.
Junto con ambos fueron incluidos Freddy Bernal, exalcalde de Caracas y actual diputado a la Asamblea Nacional, y Amílcar Figueroa, expresidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), capítulo Venezuela.
Ante tales acusaciones, al parecer sustentadas en informaciones supuestamente obtenidas de la computadora ocupada al asesinado dirigente guerrillero colombiano Raúl Reyes, fue inmediata la reacción de organizaciones políticas locales y del gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez.
En una primera declaración, el mismo 8 de septiembre, el canciller, Nicolás Maduro, rechazó y calificó de abusiva la acusación contra los cuatro venezolanos, y recordó que Estados Unidos carece de moral, ya que es el principal consumidor de estupefacientes a nivel mundial.
Al día siguiente, el presidente Chávez aludió al tema, que ya ocupaba espacios principales en la prensa capitalina, y la oposición comenzaba a tratar de utilizarlo como arma contra el gobierno bolivariano.
A juicio del mandatario, la acusación contra los cuatro venezolanos "forma parte de las agresiones contra Venezuela, para algún día colocarla como un Estado fallido", y consideró esa acción como parte de los esfuerzos de Washington para desacreditar a Caracas y preparar el terreno para otras acciones.
Reto al presidente estadounidense, Barack Obama, a que presente pruebas que sustenten la acusación, dijo Chávez durante un intercambio con periodistas en el Palacio de Miraflores.
Si de listas se trata, yo también tengo la mía, afirmó y mencionó, entre otros personajes que la integrarían, a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, a quien calificó de terrorista por haber llamado a su derrocamiento, y al exsubsecretario de Estado Otto Reich, a quien responsabilizó por asesinatos y otras actividades subversivas en diversos países latinoamericanos.
Mientras, el gobierno, por intermedio del ministerio de Relaciones Exteriores, convocó a la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Kelly Keiderling, a quien entregó una nota formal de protesta, y seguidamente la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que calificó la acción de OFAC de unilateral y violatoria del derecho internacional.
Amplio respaldo al gobierno
La posición asumida por el gobierno contó desde el primer momento con el claro respaldo de organizaciones y de amplios sectores populares, donde fue unánime el repudio a las acciones estadounidenses, dirigidas realmente contra el proceso político liderado por Chávez como parte de una estrategia global concebida y ejecutada desde Washington con el apoyo de figuras y partidos venezolanos, de acuerdo con numerosos pronunciamientos emitidos aquí.
Uno de los implicados, el diputado Freddy Bernal, por ejemplo, opinó que la acción no es dirigida contra él ni contra los otros tres venezolanos, sino que se trata de un ataque contra la Revolución Bolivariana, porque ellos "son funcionarios que están comprometidos con la revolución y el liderazgo del presidente Chávez".
Bernal afirmó que el gobierno de Estados Unidos es el principal patrocinador del narcotráfico y del terrorismo y recordó que en esa nación reside tranquilamente y bajo protección oficial el terrorista Luis Posada Carriles, cuya extradición Caracas ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito hasta el momento.
También emitieron declaraciones de respaldo el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras la Asamblea Nacional celebró una sesión extraordinaria para abordar el tema, de la que emergió una declaración parlamentaria aprobada por la mayoría de los diputados.
Tras resaltar el firme rechazo a esta "nueva acción de difamación al pueblo y las instituciones nacionales", la declaración aprobada por el Parlamento alude a Estados Unidos y subraya que los venezolanos "no permitiremos que con su formato de guerra preventiva vengan a echar por tierra el proceso de unidad y desarrollo político, social, económico y cultural que construimos con esfuerzo los latinoamericanos".
El respaldo internacional a Venezuela provino de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), reunidos el 9 de septiembre en Caracas a nivel de cancilleres para examinar la situación en Libia como consecuencia de la agresión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en esa nación norafricana.
Los representantes de los países miembros del ALBA expresan su respaldo al Gobierno Bolivariano de Venezuela ante esta inaceptable actuación unilateral que pretende desconocer el derecho internacional, al abrogarse un solo país la atribución de juzgar y condenar a los ciudadanos de otros países prescindiendo igualmente de la vía judicial y de las instituciones internacionales, dice el comunicado aprobado por los cancilleres.
El ALBA ratifica su compromiso con el multilateralismo como el espacio natural para el combate a los grandes flagelos internacionales contemporáneos, y su rechazo a toda práctica que pretenda hacer uso de la difamación acerca de estos asuntos tan sensibles con fines políticos, señala el documento.
No es la primera vez
De todos estos pronunciamientos se infiere la certidumbre de que esta acción estadounidense es un nuevo episodio del voluminoso expediente acumulado por Washington en los numerosos intentos de poner fin a la Revolución bolivariana encabezada por el presidente Hugo Chávez desde hace 12 años.
Sin hablar del golpe de estado del año 2002, es larga la lista y entre las más recientes pueden citarse las sanciones aplicadas en mayo de este año por el Departamento de Estado contra la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para las que Washington usó como pretexto las relaciones comerciales de esta nación suramericana con Irán.
En opinión del diputado socialista Pedro Carreño, el propósito de todas estas acciones -entre las que no descarta una eventual opción militar- es apoderarse de los recursos naturales venezolanos, tal y como Estados Unidos ha hecho en Iraq y pretende hacer ahora en Libia.
En declaraciones formuladas a Prensa Latina, el legislador recordó la responsabilidad que algunos sectores de la oposición interna comparten con Estados Unidos, pues -a su juicio- actúan de acuerdo con una agenda elaborada en Washington.
Pese a todo, solo conseguirán fortalecer la unidad y el compromiso de la mayoría de los venezolanos con la Revolución Bolivariana y su máximo líder, el presidente Hugo Chávez, aseguró Carrión.
* Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela.
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