AVN – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU)
incluyó a funcionarios venezolanos en una lista de “narcotraficantes”
por su supuesto apoyo a grupos insurgentes colombianos, conclusión que
sustentan en las desestimadas “pruebas” halladas en las presuntas
computadoras del asesinado Raúl Reyes, líder de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc).
Los nombres que aparecen en la lista divulgada este jueves por la
Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas
en inglés) son los del parlamentario Freddy Bernal, el general Cliver
Alcalá, Amílcar Figueroa, ex presidente alterno del Parlatino, y el
oficial de inteligencia Ramón Madriz.
“La decisión de hoy expone a cuatro funcionarios del Gobierno
venezolano como colaboradores claves de armas, seguridad, entrenamiento y
asistencia de otro tipo a las operaciones de Farc en Venezuela”, dijo
el director de Ofac, Adam Szubin, según reseñaron agencias.
El Gobierno venezolano, en la figura del canciller Nicolás Maduro,
rechazó tales señalamientos por considerarlo abusivos y carentes de
sustento, por lo que no descartó que en las próximas horas Caracas eleve
una nota de protesta ante la Casa Blanca.
“Un país como ese no tiene moral para calificar a generales y a
dirigentes políticos de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros
lo repudiamos y creemos que las mafias narcotraficantes están allí, en
una sociedad enferma como la de los Estados Unidos”, puntualizó.
Pruebas desestimadas
Según una nota de AFP, los nombres de los funcionarios venezolanos
“aparecían en los archivos del fallecido jefe de las Farc Raúl Reyes”.
En mayo de este año, el supuesto contenido de las computadoras
portátiles fue desestimado como prueba por la propia justicia
neogranadina, que las consideró “ilícitas”.
Según la máxima corte colombiana, la información contenida en
computadores -que presuntamente fueron confiscados por el Ejército
colombiano tras el bombardeo a un campamento de las Farc en el que murió
Reyes junto a otros 20 insurgentes- no tiene ningún carácter
probatorio.
Desde 2008, de los supuestos correos y discos duros del computador de
Raúl Reyes se derivaron denuncias respecto a los presuntos nexos con el
grupo insurgente que mantenían gobiernos progresistas en América
Latina, líderes políticos de izquierda, periodistas e intelectuales, que
ahora no tienen ningún sustento jurídico.
Además, meses antes del fallo de la Corte colombiana, Ronald Coy,
investigador de la policía colombiana, confesó ante un tribunal que
manipuló la información que se encontraba en los ordenadores.
