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| DOS GUERRILLERAS DE LAS FARC-EP. "Susana", a la derecha sobrevivió el bombardeo del cempamento del comandante Raúl Reyes. |
Que se haga justicia” y causa una sensación de desasosiego constatar
que también en los delitos sexuales la impunidad es la regla.
Desde
hace muchos años en NotiColombia Press hemos señalado que las fuerzas
militares-narcoparamilitares son ”braguetas rápidas”, así como lo son a
la hora de disparar el ”otro fusil” contra el pueblo colombiano.
Puede
ver abajo 4 artículos a los cuales puede accesar haciendo un simple
clic. Apenas 4 de los muchos que hemos escrito y pareciera que a nadie
le importa.
Afortunamdamente en ciertas ONGs nuestro llamamiento y
nuestras denuncias no han caído en oídos sordos.
AI ”reveló que
de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó
investigar “los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 %, las
fuerzas de seguridad del 19,4 % y los paramilitares del 45,8 %”.”
Lo
primero que llama la atención es que la Agencia EFE, autora del despacho
que reproduce Pacocol, coloca en primera instancia a la organización a
quien menos se le imputan casos de violencia sexual como para que el
efecto visual lo convierta de entrada en el mayor responsable.
Creemos
que lo correcto es reseñar y resaltar que las fuerzas
militares-narcoparamilitares son causantes de al menos el 65,2% de los
casos de violaciones.
Estudios del CCJ muestran otra realidad: el estado
es responsable del 98% de las violaciones.
Lo segundo es que
estas estadísticas son apenas de los poquísimos casos que se han podido
investigar, y si es supremamente difícil estudiar el fenómeno en la vida
civil por el miedo y la vergüenza de las mujeres a denunciar el hecho,
denunciarlo ante actores armados es casí que imposible (81% no lo hace).
Sin embargo, son en éstos casos en los que más se ha hecho énfasis.
La
impunidad es casi total -99%- en los delitos relacionados con el
conflicto interno colombiano, es decir, el 99% de violaciones de
derechos humanos no se judicializa por falta de voluntad política de
castigar a los responsables y las presiones de las fuerzas militares
están a la orden del día, sobre todo con el tema del ”fuero militar”,
que dejaría las manos sueltas para cometer violaciones de todo tipo,
incluídas las violaciones sexuales contra mujeres y hombres.
Sin
embargo, vemos una tendencia a estigmatizar a la guerrilla como
culpable de la comisión de estos delitos aun cuando el Reglamento
Interno de las FARC y el ELN castiga severamente los delitos sexuales,
es decir, en la guerrilla quien viole a una mujer o un hombre o un niño
se enfrenta a un ”Consejo Revolucionario de Guerra” y la sanción que le
espera –si es encontrado culpable- es el fusilamiento, o sea, paga con
su vida el violador.
Esa estigmatización la vemos presente en un
artículo titulado ”Amnistía Internacional señala fallas de la Justica
en reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual”, firmado por
Camila Queiroz, periodista de ADITAL, quien afirma: ”
En él (el
Informe de AI), más de doce víctimas, bajo pseudónimos, obtienen voz a
partir de la reproducción de sus declaraciones.
Son historias como la
de Angélica, diez años bajo el poder de un propietario de tierra a
quien identifica como colaborador de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc).
La mujer fue esclavizada doméstica y
sexualmente y años después, desamparada por el Estado, vio que su
destino se repetía con su hija, violada dos veces a los 13 años, en
2008”.
Es necesario develar que nadie tiene la culpa de que un
supuesto ”colaborador” de las FARC tenga su aberraciones desconocidas y
toca aplicar aquel proverbio que reza:
”Toda persona es honrada hasta
que deja de serlo”.
La organización guerrillera no es culpable ni puede
ser estigmatizada por las aberraciones de un supuesto colaborador, pero
ya el agua sucia le ha sido tirada a la organización guerrillera no
sabemos con qué intención y bajo qué preceptos.
Lo que si conocemos de
primera mano por nuestras correrías profesionales por zonas de control
guerrillero es que incluso hombres que han abusado de sus hijas menores
–una práctica corriente entre terratenientes y algunos campesinos- han
tenido que enfrentar la justicia revolucionaria de las FARC y el ELN y
recibido el castigo que amerita su delito.
Más acertada parece
ser la posición de la directora del Programa Regional para América de
AI, Susan Lee, quien señala que ”si bien desde que Juan Manuel Santos
tomó posesión como presidente, en agosto de 2010, su Gobierno “ha
prometido abordar la crisis de los derechos humanos”, aún no han “visto
mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la Justicia a los
responsables de abusos, incluidos los de violencia sexual”.
Y
enfáticamente acusa: ”Las autoridades colombianas “no han abordado
efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas
sobrevivientes de violencia sexual”, según lo afirmado en el documento.
Hemos
también abordado las violaciones de los derechos humanos de las mujeres
en el conflicto interno colombiano en los artículos ”Mujer y Conflicto
Interno – I” y ”Mujer y Conflicto Interno – II”, los cuales hacen parte
del libro ”Plan Colombia y Conflicto Interno colombiano”.
Estamos
claros que la mujer dejará de sufrir las violaciones de sus derechos
humanos –incluído los derechos sexuales- cuando construyamos la Nueva
Colombia.
En esa Nueva Colombia ella ocupará el lugar privilegiado que
le corresponde, el de ”laboratorio de vida” que le ha sido asignado por
la Naturaleza,y jamás volverán a ser tratadas como ”trofeos de guerra”.
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