Tras la muerte de Osama bien Laden, hay una oportunidad perfecta para que la administración Obama ponga fin a la “guerra contra el terror” que dura ya una década, se retire de Afganistán y cierre la prisión en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
La justificación de ambas aberraciones, tanto de la invasión de Afganistán (en octubre de 2001) como de la detención de prisioneros en la cárcel Guantánamo (que se abrió en enero de 2002), se halla en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUFM), aprobada por el Congreso el 14 de septiembre de 2001, justo tres días después de los ataques del 11/S.
Bajo la AUFM, el presidente está “autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria y adecuada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que se produjeron el 11 de septiembre de 2001, o que albergaron a esas organizaciones o personas, a fin de impedir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra los Estados Unidos por parte de esas naciones, organizaciones o personas”.
En 2004, en Hamdi v. Rumsfeld, el Tribunal Supremo confirmó que la AUFM autoriza también la detención de las personas retenidas como consecuencia de las actividades del presidente aunque, como explicó el profesor de derecho Curtis Bradley la pasada semana en el blog Lawfare:
“La opinión mayoritaria de la jueza O’Connor en Hamdi dejó claro que el Tribunal estaba decidiendo sólo la autoridad que debía proceder a las detenciones en relación con las operaciones tradicionales de combate en el escenario afgano”. Bradley señalaba también:
“En cuanto a la duración adecuada de la detención, O’Connor evitó en gran medida la cuestión, aunque se refirió a la capacidad tradicional bajo las leyes internacionales de la guerra para detener a los individuos hasta “el cese de las hostilidades activas”.
Con la muerte de bin Laden, debería estar ahora abierta la ruta para que el presidente afirmara que ha utilizado “toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que se determinó que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que se produjeron el 11 de septiembre de 2011”, y salir de una ciénaga en la que es imposible la victoria como es la ocupación actual de Afganistán.
Además, con la retirada de tropas de Afganistán, la justificación para retener hombres en Guantánamo desaparecería asimismo, y el gobierno tendría la oportunidad de volver a las políticas de detención que a todos nos servían perfectamente bien antes de los ataques del 11/S: procesar a los implicados en supuestas actividades terroristas en tribunales federales y mantener a los soldados como prisioneros de guerra, protegidos por los Convenios de Ginebra, liberándoles al finalizar las hostilidades.
Sin embargo, eso es demasiado sensible para podérselo sugerir a quienes más que aceptar la muerte de bin Laden como el final lógico de una década de “guerra” que ha sido ruinosamente cara y moral y legalmente desastrosa, y que también ha provocado una pérdida constante de vidas, quieren hacer exactamente lo contrario: un trampolín para una “guerra mayor aún contra el terror” y una cínica excusa para mantener abierto para siempre Guantánamo.
Sobre el primer punto, con referencia a la AUFM, una versión del proyecto de ley de defensa de 2012, que actualmente se encuentra en el Comité de Servicios Armados del Congreso y que se conoce como la “marca del presidente” debido al papel jugado en su desarrollo por el presidente del comité, el republicano Buck McKeon, propone actualizar la AUFM en vez de abolirla, para “reflejar”, como Spencer Ackerman explicó en un artículo para Wired, “que la Al-Qaida actual es de alguna manera diferente de la organización que atacó a los EEUU el 11/S”.
Ackerman añadía: “Aunque la Autorización original vinculaba la guerra con los responsables, directa o indirectamente, del 11/S, el nuevo lenguaje autoriza ‘un conflicto armado con al-Qaida, los talibanes y las fuerzas asociadas con ellos’ por cuanto ‘esas entidades continúan representando una amenaza para EEUU y sus ciudadanos’”.
El republicano McKeon ha venido postulando desde el pasado otoño que el Congreso tiene que aprobar, o desaprobar, el actual estado de guerra de EEUU, pero que hay que incluir esa revisión en la AUFM -ampliando potencialmente la “guerra contra el terror”, con la aprobación explícita del Congreso, “a Pakistán, Yemen o cualquier lugar que el presidente perciba como amenaza y en el que desee actuar-, lo cual representa una “gran ampliación de la autoridad del ejecutivo”, en palabras de Spencer Ackerman, y, según Karen Greenberg, directora ejecutivo del Centro para la Ley y la Seguridad de la Universidad de Nueva York, está próximo al “escalofrío terrorista”. Es también, en opinión de Greenberg, precipitado.
Antes de pensar en expandir la “guerra contra el terror”, explica, EEUU “necesita primero asimilar lo que significa la muerte de bin Laden.
Tenemos que pararnos y pensar y volver a pensar.
La idea de que vamos a seguir reaccionando y que no vamos a detenernos para reflexionar es inaceptable”.
Desde mi punto de vista, la propuesta para la AUFM, así como la apertura de nuevos “campos de batalla” sin el necesario análisis, aporta también nueva vida a un problema que ha plagado la “guerra contra el terror” desde el principio, y que debería estar ya llegando a su fin en vez de pretender sostenerlo de forma indefinida: confundir a los talibanes que combaten un conflicto militar en Afganistán (y en las zonas pastunes de Pakistán) con al-Qaida, una organización terrorista.
Esa falta de distinción entre los talibanes y al-Qaida ha estado perjudicando a los detenidos en Guantánamo, a quienes se etiquetó de “combatientes enemigos” y se les disfrazó de terroristas, como la reciente publicación de WikiLeaks de documentos militares clasificados relativa a los prisioneros ha mostrado, cuando, en realidad, la prisión no ha tenido nunca más de unas pocas docenas de prisioneros realmente acusados de estar implicados en actos terroristas.
Como consecuencia, la prisión ha sido responsable en grado sumo de demonizar a soldados en vez de sospechosos terroristas, y esto sigue siendo así hoy en día, con todavía 172 hombres retenidos, la misma cifra que cuando se abrió Guantánamo.
A pesar de la nueva propuesta para la AUFM, no es cierto en absoluto que la administración Bush quiera una nueva Autorización.
A raíz de la muerte de bin Laden, John Brennan, el asesor del presidente para la seguridad interior y contraterrorismo, sugirió que la muerte de bin Laden y las revueltas por la democracia en Oriente Medio eran el principio del fin de al-Qaida, y Jeh Johnson, el principal abogado del Pentágono, es de parecida opinión.
En marzo, le dijo al Comité de Servicios Armados del Congreso que la AUFM de 2001 era “suficiente para abordar las existentes amenazas que he visto”.
El principal problema de la administración respecto a la propuesta de una nueva versión de la AUFM puede tener que ver más con Guantánamo, cuyo cierre sigue siendo un objetivo de la administración, como explicó el fiscal general Eric Holder tras la muerte de bin Laden, que con las operaciones militares en general.
La propuesta de una nueva AUFM “mantendría la prisión de la Bahía de Guantánamo prácticamente abierta para siempre”, en palabras de Spencer Ackerman, porque vuelve a introducir valoraciones militares acerca del nivel de amenaza que representan los prisioneros, impide el reasentamiento de los prisioneros en EEUU (aunque un panel de revisión valore que no son una amenaza), hace que sea casi imposible trasladar a los prisioneros a otros países e imposibilita que la administración pueda comprar o adaptar unas instalaciones para mantener a los prisioneros de Guantánamo en EEUU, repitiéndose sobre todo los abominables añadidos al proyecto de gastos de defensa de este año, pero con las “evaluaciones del ejército” como bonificación.
Además, el republicano McKeon y sus seguidores no son los únicos congresistas que intentan mantener abierto Guantánamo, aunque el objeto de la mayoría de los interrogantes de los últimos nueve años –Osama bin Laden- esté ahora muerto.
El 11 de mayo, seis senadores estadounidenses –los republicanos Lindsey Graham, Kelly Ayotte, Scott Brown, Saxby Chambliss y Marco Rubio, más Joe Lieberman- introdujeron el “Acta de Detención de Terroristas para la Seguridad de EEUU”, basada en una respuesta de la derecha a la muerte de bin Laden, la cual, desafiando el testimonio experto de numerosos interrogadores de las últimas dos semanas, se apoya en la falsa creencia de que la detención en los “lugares negros” de la CIA, el uso de la tortura y la existencia de Guantánamo contribuyeron todos juntos a localizar a bin Laden.
Ese enfoque equivocado acerca de la recogida de inteligencia ignora la verdad: que los interrogadores, utilizando métodos legales, no coercitivos, no necesitaban torturar, ni “sitios negros”, ni Guantánamos, para conseguir la necesaria información.
En realidad, Guantánamo, una prisión a la cual se trasladaba a prisioneros atrapados al azar donde se les sometió a años de tortura hasta que decían mentiras los unos sobre los otros, es todo lo contrario de una inteligencia específica y bien dirigida en relación a un puñado de prisioneros importantes que era necesaria para empezar el largo proceso de hallar a bin Laden.
Incluso así, en comentarios posteriores a la propuesta legislación, el senador Chambliss, el miembro republicano de mayor rango del Comité Selecto del Senado para la Inteligencia, y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, se centró específicamente en Guantánamo, con el propósito de mantenerlo abierto para siempre y utilizarlo para la detención e interrogatorio de nuevos prisioneros, afirmando:
“Los sucesos de la pasada semana subrayan la importancia de la información que obtuvimos de los detenidos, especialmente de los de la Bahía de Guantánamo”.
Y añadió: “Durante meses, hemos estado preguntando a los funcionarios de la administración dónde podríamos meter a los detenidos que capturemos. La legislación proporciona una respuesta y nos da la oportunidad de recoger inteligencia procesable para mantener a nuestro país a salvo”.
El senador Chambliss se basó también en afirmaciones desacreditadas, procedentes del Pentágono, en las que se afirmaba, sin pruebas, que uno de cada cuatro de los 600 prisioneros liberados de Guantánamo –un total imposible de 150 prisioneros- “han vuelto al campo de batalla, o se han implicado en actividades terroristas contra Estados Unidos.
Por tanto, las tasas de reincidencia son superiores al 25%”, dijo el senador Chambliss, “no podemos permitirnos dejar que más detenidos peligrosos vuelvan a la lucha”.
Al igual que las enmiendas al proyecto de ley de defensa de 2012 en la Cámara de Representantes, el “Acta de detención de terroristas para la seguridad de EEUU” prohibiría también el traslado de cualquier prisionero a cualquier instalación en suelo estadounidense, impidiendo que el presidente cierre Guantánamo, mientras, como esperan los senadores, se va añadiendo una nueva población de detenidos.
Con toda esta oposición, se hace difícil poder ver cómo va a poder concretarse el “dividendo para la paz” que debería resultar de la muerte de bin Laden, aunque, por supuesto, no es razón para que los opositores a la guerra, a las detenciones arbitrarias, a la tortura y a las ruinosamente caras políticas exteriores y políticas de contraterrorismo se resignen. Bien al contrario, es hora de que hablemos más alto que nunca.
Andy Worthington es autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal prison (publicado por Pluto Press) y trabaja como asesor político para la Fundación del Futuro de la Libertad. Visite su sitio web en: www.andyworthington.co.uk
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