Las autoridades judiciales de España, siguen llevando a cabo medidas de todo tipo para destituir al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Como razón oficial para llevar a cabo estas medidas, sirvió su investigación de los asesinatos de 114.000 personas que desaparecieron durante la Guerra Civil española y el período posguerra.
El Tribunal Supremo, máximo organismo judicial español, sigue estando controlado por magistrados conservadores, pese al cambio de Gobierno en el país hace casi seis años. Los jueces del Tribunal, máximo exponente de lo que The Economist describe como "politización de la justicia española", han emprendido varias causas contra el 'juez estrella' de la Audiencia Nacional, desde que este decidiera empezar a investigar las torturas y asesinatos durante la época franquista.
En otra vuelta de tuerca del esperpento interpretado por la máxima autoridad de la justicia española, a la que parte de la prensa europea relaciona con la extrema derecha gracias a decisiones como la de buscar la destitución de Garzón, la propia fiscalía del Supremo, más vinculada con el Gobierno, intenta impedir el procesamiento del juez.
Hoy mismo, el teniente del fiscal del Supremo ha presentado un recurso ante este Tribunal para intentar que no se admita a trámite otra querella presentada contra el magistrado por unas supuestas escuchas ilegales durante la investigación del caso 'Gurtel', que implica a varios miembros del opositor Partido Popular en una trama de corrupción. Una gran parte de las querellas que el Supremo admite a trámite están presentadas por organizaciones ultraderechistas españolas.
El 16 de octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil española y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, aceptó las demandas de los parientes de víctimas del régimen franquista y empezó la investigación calificando los crímenes como delitos contra la humanidad, y por lo tanto no cubiertas por cualquier amnistía.
Más tarde, obedeciendo a la Audiencia Nacional, dejó de instruir la causa traspasando la investigación a los juzgados provinciales en los que se encuentren las fosas de víctimas. Con anterioridad, el juez ya había emprendido procesos similares contra algunos participantes en violaciones de los derechos humanos de otras dictaduras, como el abierto contra Augusto Pinochet o contra el torturador argentino Adolfo Scilingo. Paradójicamente, en este último caso el Tribunal Supremo juzgó y condenó al acusado aduciendo que el tipo de crímenes de los que se le acusaba (de lesa humanidad) pueden y deben ser perseguidos por los tribunales de cualquier país, tras y como sostiene también la legislación internacional. Ahora, acusa al juez por emprender el mismo tipo de proceso en referencia a la dictadura española.
Pese a todas las contradicciones, la causa contra el juez continúa abierta.
El proceso contra el juez también coincide con la apertura por parte de Garzón de la investigación contra los oficiales de la administración de Bush por la organización de tortugas en la carcel Guantánamo. El juez Baltasar Garzón acusaba al Gobierno estadounidense de las torturar a los encarcelados y quería llevar a la administración de George Bush a los tribunales.
La investigación de Garzón podría ser el primer examen formal de la presunta actividad criminal que podría conducir a acusaciones de violaciones de las Convenciones de Ginebra y la Convención Contra la Tortura por parte de los funcionarios estadounidenses ratificados por el Senado de este país.
"Si se acusa a Baltasar Garzón sería una ofensa a la justicia internacional", comenta el caso famoso el periodista y político italiano Giulietto Chiesa.
Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la Humanidad. Además consiguió arrestos de muchos miembros de la organización terrorista ETA, acusó de ocultación de ingresos a Silvio Berlusconi y puso en marcha la investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, BBVA, por supuestos delitos de lavado del dinero.
En enero de 2003, el magistrado criticó duramente al Gobierno de Estados Unidos por retener a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Iraq de 2003 y ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al Qaeda.
En 2008 dirigió un proceso dirigido para combatir contra la actividad de una red criminal rusa y en un sólo mes fueron arrestados 11 representantes de la mafia rusa y ucraniana.
