José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
La presencia de expertos estadounidenses en contrainsurgencia y en el combate al narcotráfico, que operan legalmente en unos departamentos del centro noreste del país, no ha motivado ningún debate público en Paraguay, a pesar de constituir un programa de cooperación proyectado a largo tiempo, similar al que opera en Colombia, cuya aplicación actual ha sido declarado inconstitucional por la Corte.
Tampoco esa presencia en Paraguay ha requerido aprobación parlamentaria, presumiblemente porque ambos gobiernos decidieron convalidar discretamente un convenio de cooperación vigente desde octubre de 1961, suscrito por el General Alfredo Strossner y su colega de Estados Unidos Dwight David Eisenhower.
La satisfacción expresada estos días ante la prensa por la Embajadora norteamericana Liliana Ayalde, corrobora un triunfo en el gran interés que ha tenido su Gobierno en consolidar la instalación de equipos norteamericanos en Paraguay, fuertemente resistidos por los movimientos sociales y partidos de izquierda.
La zona donde están operando es una de las más combativas en la reclamación de una reforma agraria.
Paraguay es el país suramericano con más desigualdad en la distribución de la tierra, con 85 por ciento de la mejor en manos del dos por ciento de los hacendados, mayoría sojeros agro-exportadores y extranjeros, que pagan un impuesto humillante, de burla.
Es de presumir que el método empleado por los funcionarios de ambos gobiernos para relanzar el operativo en el norte paraguayo, imitó al acordado el año pasado entre Washington y la administración de Alvaro Uribe, en virtud de la cual el imperio instaló siete bases de su IV flota de guerra en territorio colombiano.
Ese contingente bélico, que se sumó a otras seis apostadas sigilosa y progresivamente en los recientes años, utilizó como respaldo formal un tratado de 1952, aprobado por el Congreso de entonces, igual que ocurrió en Paraguay unos diez años después, en plena guerra fría y con la irrupción de la Revolución Cubana, que intensificó la lucha anticomunista de Estados Unidos.
Una legalidad intachable corroboró los dos convenios de cooperación militar USA-Colombia y, una década después USA-Paraguay, en robusta clonación extendida en más de medio siglo.
Ese acuerdo nació ilegítimo, porque en nombre del Estado de Colombia lo firmó el general Laureano Gómez, golpista menos recalcitrante que su colega de armas Rojas Pinilla, que lo derrocó para garantizar la aplicación del plan de los servicios estadounidenses, el mismo que en Asunción ejecutaba Strossner.
De hecho, en este país esa cooperación entró en su fase más activa e intensa en 1969, con fuertes razzias de persecución y encarcelamiento de militantes de izquierda, registrando su pico más alto con el asesinato de decenas de campesinos pertenecientes a las Ligas Agrarias, un movimiento cristiano organizado en cooperativas de producción, todos comunistas, según la pérfida tiranía y su patrón.
La comparación con los terroristas y guerrilleros de hoy es impactante y, aunque no creo en brujas, que las hay, las hay, sin dudas, pero no siempre vuelan montadas en escobas.
La represión criminal, con asesoría estadounidense, igual que ocurría en Colombia, llevó a la cárcel, a la tortura y al exilio a numerosos paraguayos, todos acusados de ser agentes de Moscú.
Ese manido pretexto, utilizado por Estados Unidos desde el estallido de la Revolución Bolchevique en 1917, le fue muy útil en Paraguay para utilizar este país sureño, triple frontera con Brasil y Argentina, y limitando al norte con Bolivia, para ensayar ciertas prácticas de su ejército de profesionales especializados en la tortura y asesinatos y en la creación de escuadrones de la muerte.
Ananías Maidana, con 86 años y en plena militancia política como líder del Partido Comunista, es un testimonio contundente, pues pasó 20 años en las mazmorras de Strossner, junto a cientos de civiles, mayoría campesinos, y algunos universitarios y militares.
Entre ellos también estaba su hermano, Antonio Maidana, quien sufrió prisión y vejámenes durante cuarto siglo. Una vez afuera de los barrotes, viajó a Buenos Aires y ahí fue secuestrado y desaparecido definitivamente, es decir, asesinado por la Junta Militar que encabezaba el General Videla.
En ese marco, y abarcando varias regiones del subcontinente, desde el norte Caribe hasta Tierra del Fuego, Estados Unidos fue perfeccionando el Operativo Cóndor, con la obediencia debida de las satrapías cívico-militares, junto con las numerosas células mercenarias que instaló hasta mediados de la década del ochenta, con un saldo de más de cien mil muertos, sólo en Guatemala 40 mil y en Argentina 30 mil.
Ante la repulsa de grandes sectores de los pueblos, que aunque muy golpeados daban muestras de invencibilidad y de recuperación de las fuerzas democráticas, el propio agotamiento del modelo y el rechazo de algunos gobiernos con influencia en la política internacional, unos pocos europeos y la URSS y China, aconsejó a Washington un repliegue en su barbarie, aunque jamás ha significado renunciamiento.
Una nueva concepción de la guerra de baja intensidad concibió el Pentágono y, como táctica, fingió una retirada, condenando en los discursos en Naciones Unidas y en su OEA, a los regímenes más sanguinarios y ladrones, que había sostenido en su totalidad, reciclándose con un maquillaje de apoyo a los gobiernos de transición a la democracia.
En ese nuevo esquema, el tirano paraguayo fue de los últimos en caer, en febrero de 1989, sustituido por el General Andrés Rodríguez, hasta meses antes presentado como capo del narcotráfico paraguayo por los servicios secretos de Estados Unidos, que le había prohibido la entrada al país.
¡¡Otra coincidencia con Colombia!!. Uribe, según documentos del Pentágono publicado en el 2004, tenía el Nº 84 en una lista de delincuentes vinculados a las drogas, con fecha 1992. La única diferencia, hasta ahora, es que Rodríguez habría muerto en una Clínica en Estados Unidos y Uribe aún anda vivo, pero ambos pueden quedar identificados al limón exprimido. Entregado su jugo, ya no sirve más y se elimina.
Observadas de cerca, esas coincidencias tienen algunas diferencias que pueden ser significativas o no. Por ejemplo, en cierto sentido, los plazos varían un poco y ello puede ser importante en la medida que obedecen a coyunturas que así lo exigen.
En Colombia, el acuerdo militar, eufemísticamente de cooperación, dado que siempre es unilateral al servicio del más fuerte, fue reflotado en el 2009 con la instalación de la IV Flota de Guerra y, en Paraguay, la firma de 1961, ejercida sanguinariamente entre 1969 y 1986, ahora se ha desempolvado, en la búsqueda de guerrilleros en el norte del país.
Expertos del Pentágono, como Frank Mora, uno de los jerarcas para los asuntos que le interesan a Estados Unidos en el subcontinente americano, en una reciente visita de una semana a Paraguay, declaró que es necesario unir las fuerzas de ambos países para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, desde sus propias bases de apoyo.
El tiempo que duró su estancia, con mucha prensa y una copiosa agenda, interesado en conocer la situación del Ministerio de Defensa, tras la remoción de su titular, el General Bareiro Spaini, un nacionalista antimperialista, demuestra la importancia que Washington está dando a esta plaza sureña.
Habitualmente los agentes pasan 24 horas o menos, tras dejar sus consejos, como es costumbre en los expertos del Pentágono, que la mayoría de las veces representan órdenes a quienes consideran subditos. En esta ocasión, más medido en sus palabras, concluyó con profunda aseveración que el EPP representa una peligrosa guerrilla.
Sin embargo, por métodos y accionar, el EPP es una nebulosa, al que algunos políticos y la gran prensa le dan categoría de guerrilla, a pesar de que nunca se enfrentó ni con la más mínima expresión de un cuerpo represivo del Estado.
La acusación más corriente es que habría asesinado a algunas personas en esa zona del país donde están los expertos estadounidenses, y por esa suposición hay unos 30 campesinos presos desde hace meses, sin condena por falta de pruebas.
Una pocas personas encarceladas, acusadas de sedición, se han declarado miembros del EPP y están procesados por la Fiscalía General por los secuestros de una hija de un ex Presidente, quien fue encontrada asesinada después de varios meses, en un crimen crapuloso que no puede cometer nadie con ideología revolucionaria, y de dos hacendados, quienes habrían pagado miles de dólares para conservar su vida.
En la última década y en unos 30 plagios, la extorsión habría acumulado más de diez millones de dólares, pero en muchos casos han sido descubiertos varios policías y militares entre los autores directos, pertrechados de radio, uniforme y armamento de esos mismos organismos de seguridad. No obstante, el EPP es siempre el acusado.
Unos pocos papeles, atribuidos a esa fantasmagórica organización, han circulado con declaraciones de propósitos políticos, la mayoría amenazando al Estado Capitalista.
Algunos actos explosivos han acompañado esos escritos y la reacción del Gobierno no se ha hecho esperar, como es lógico, aunque sin unanimidad entre sus componentes, porque una parte habla de bandas criminales que es necesario aniquilar y otra estima que puede ser la expresión de gente con profundo resentimiento político y social, dada la miserable situación que sufre la mayor parte del campo paraguayo.
Los órganos de la prensa de derecha, que simpatizan con la Casa Blanca, han levantado al EPP al pedestal del crimen, con una investigación superficial de su accionar y de la composición social de la zona donde se realizan los actos imputados al grupo, que es la más combativa en las reivindicaciones de los labriegos.
En esos lugares ejerció de Obispo durante varios años Fernando Lugo, quien acompañaba las luchas de los sin tierras, hasta que se levantó la sotana e inició su vida política que, en unos tres años, lo catapultó a la Presidencia de la República, victorioso en las primeras elecciones limpias en dos siglos, pero que en sus dos años de gobierno ha sido incapaz de combatir las causas de la injusticia social.
