Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)
Alan García Pérez es un caso que muestra que mientras un asesino u otro tipo de avezado delincuente no es arrestado y sancionado por sus graves delitos éste seguirá siendo una seria amenaza para la población.
En política esto es mucho mas grave, sobre todo si cuenta con el poder del Estado, las fuerzas armadas y fuerzas policiales. García Pérez, durante su primer gobierno (1985-1990) aplicó una política de crímenes y matanzas masivas de ciudadanos.
Organizó grupos paramilitares para asesinar a sus opositores, incluso planificó y dio la orden para exterminar a 300 prisioneros (Lurigancho, El Frontón, Santa Bárbara). ¿Pagó por estos crímenes?. No, por el contrario fue alagado y premiado con una nueva presidencia del Perú. Las nuevas matanzas de trabajadores que ahora comete desde el Estado, tienen segura una impunidad penal y política.
Ellas cuentan con la complicidad del poder judicial corrupto, del parlamento inservible, y de una “oposición” política de pacotilla, que hace parte del sistema corrupto y degenerado que ahora administra el aprista García. En todo esto hay que discrepar con todos aquellos que sindican al presidente peruano como loco, demente o psicópata. García Pérez es peor que eso, es un reaccionario que para servir a las transnacionales es capaz de ordenar las peores y más abominables matanzas de peruanos.
Matanza en Madre de Dios
El sábado 3 de abril, cuando recién amanecía las fuerzas policiales arremetieron con ferocidad contra una masa de manifestantes en Madre de Dios, región peruana selvática del sureste del Perú. El saldo de esta represión a cuenta de la democracia peruana y del gobierno de Alan García Pérez, ha sido bastante elevado. Para algunos, los mineros muertos por balas fueron 43, además de 11 policías ejecutados por los manifestantes, y decenas de trabajadores heridos (información del ambientalista y corresponsal Martín Herrera). Para la mayoría de la prensa peruana, mucha de ella acostumbrada a encubrir los crímenes del gobierno, los mineros eliminados por la represión policial fueron entre 5 y 6. Martín Herrera, cuenta que el enfrentamiento fue en la entrada de la ciudad de Tambopata (Puerto Maldonado), cuando un contingente de policías armados con fusiles de guerra y ametralladoras, intentaron impedir el ingreso de miles de mineros artesanales.
De acuerdo a la crónica de este hecho sangriento, Puerto Maldonado era una ciudad en llamas, ráfagas de metralletas, bombas, y mineros pertrechados con fusiles de caza, cuchillos, piedras y otras armas que utilizaron para hacer frente a las hordas criminales de policías y soldados que habían llegado para matar a los mineros que protestaban contra el gobierno. Según Martín Herrera, Todo Puerto Maldonado tenía olor a pólvora, y los cuerpos de los mineros acribillados estaban regados en las calles. El ejercito declaró el estado de sitio, y con ello amplio la represión al resto de la población.
Matanza en Arequipa
El mismo día en la ciudad de Chala (departamento de Arequipa), una ciudad bastante distante de Puerto Maldonado, la policía arremetía violentamente también contra una manifestación de mineros artesanales. El Saldo, según fuentes oficiales, fue 6 mineros muertos y una centena de heridos por balas. Ese día cerca de 7 mil mineros se habían declarado en huelga en solidaridad con los mineros de Madre de Dios.
Como parte de la acción de protesta, los mineros tomaron la carretera panamericana y bloquearon la circulación de esta importante vía de comunicación entre Arequipa y el resto del Perú. Según testigos, los policías llegaron con “orden de matar”, y por ello no tuvieron ningún reparo en disparar contra trabajadores que tuvieron que defenderse con flechas rudimentarias, palos y piedras. No portaban ninguna arma de fuego para hacer frente las tropas policiales. De la misma forma que en Madre de Dios, todo el departamento de Arequipa fue declarado zona en emergencia, donde los militares y policías asumen el control total de la región.
Frente a esas medidas represivas y criminales, Alan García Pérez, respondió con los mismos argumentos que ya ha usado otras veces para justificar sus acciones criminales. Cínico y criminal señalo que ”El Estado sí tiene pantalones”, y que el “Gobierno no se pone de perfil para enfrentar a la minería informal que esclaviza niños y jóvenes, además de envenenar ríos y contaminar el medio ambiente”. “Eso me parece una cobardía.
El Estado tiene que demostrar que tiene principios “Que el Perú sea testigo. Nosotros no nos ponemos de perfil, podríamos dejar que esta gente siga sacando oro, envenenando muchachos, o envenenando niños, prostituyendo a muchísimas personas en esa zona”.
Genocidio étnico en Bagua
Los hechos sangrientos en Madre de Dios y Arequipa, son casos semejantes a lo que ocurrió en 2009 en Bagua. Ahí el viernes 5 y sábado 6 de junio del 2009, Alan García Pérez ordenó una violenta represión contra nativos y pobladores de Bagua (Amazonas) que exigían se respete sus territorios que ancestralmente les pertenece, y que el gobierno lo subastaba a las transnacionales.
El resultado fue cerca de 50 nativos asesinados, una docena de desaparecidos, además de una centena de heridos por tiros de balas. En el enfrentamiento murieron 11 policías que cayeron atravesados por las lanzas que usaron los nativos para defenderse. Ese baño de sangre fue un genocidio ético, y su objetivo fue limpiar el camino para seguir entregando la amazonía a las grandes petroleras y compañías mineras internacionales. En esta violenta represión participaron 600 efectivos policiales, y más de 200 soldados del ejército, apoyados por helicópteros artillados y carros de combate. Días después de esta carnicería, Alan García Pérez, con su cinismo que ya es característico en él, hablo públicamente para justificar la matanza, y señalar amenazadoramente que el gobierno no iba a permitir el chantaje de un grupo de peruanos.
Por este crimen ninguna persona fue acusada, ni sancionada. Hasta la actualidad nadie sabe de los nativos desaparecidos, y ningún representante del gobierno ni de la policía y del ejército, fueron acusados por el asesinato de cerca de 50 nativos. Para encubrir esta masacre, se aplico el libreto de siempre, y para ellos los partidos de “oposición”, presentaron una propuesta para “formar una comisión que investigue este hecho represivo”. Ahora será lo mismo, y nuevamente la “oposición, sobre todo ahora que está en carrera electoral, exigirá una “comisión investigadora”, y el epilogo será el de siempre. Nadie en el gobierno es culpable y las victimas quedaran para siempre en el olvido.
