PGR continúa recuperación de dinero robado al Estado
Las acciones legales que se impulsan son: demandas judiciales; requerimientos judiciales y embargo de bienes.
La PGR ha trabado 21 embargos a ex funcionarios que no se acercaron a realizar arreglos de pago.
Entre los embargados están:
1. Dionisio Chamorro Chamorro, Ex Presidente Ejecutivo BANADES. Se le requirió judicialmente pague C$1, 467,492.52, por autorizar pago de seguro familiar a William Montealegre y pago de tarjetas de créditos sin estar facultado para ello. Se embargó bien inmueble.
2. Ana Nubia Alegría Treminio, Ex Sub Directora de TELCOR. Se le requirió judicialmente pague C$65,901.41 por recibir bono navideño cuando fungía como Sub Directora General de TELCOR, lo que es erróneo por tratarse de un beneficio establecido en el Convenio Colectivo únicamente para los trabajadores de TELCOR, pero no para los cargos de Dirección General, constituyendo perjuicio económico ya que tal egreso carece de Base Legal.
3. Salvador Nolasco Quintanilla Vanegas, Ex Presidente Ejecutivo de ENITEL. Se le requirió judicialmente pague C$14,971,644.34, por ordenar el pago de comisión por Contrato de Asesoría en la Privatización del 40% de las acciones de ENITEL sin existir evidencias de que el asesor haya cumplido y entregado los productos, establecidos explícitamente en la Cláusula Primera del Contrato suscrito con ENITEL, causando un perjuicio económico al Estado.
4. Jesús Martínez Alemán, Ex Director Administrativo de la D.G.I. Se le requirió judicialmente pague C$218,986.25, por la emisión de cheque a favor de MULTICAMBIOS, para comprar dólares que se entregaron al Lic. Byrón Jerez Solis, por asistir al seminario sobre Fortalecimiento Institucional efectuado en la Ciudad de Miami, USA, sin que existiera documentación justificativa.
5. Gustavo Adolfo Narváez Picado, Ex Vocal de la Junta Directiva de CANAL, S. A. Se le requirió judicialmente pague C$4, 021,781.87 por autorizar pagos de indemnización por cargos de confianza, en contravención de lo estatuido en el Arto. 47 del Código del Trabajo. Se embargaron cuatro bienes inmuebles.
6. Ariel Linarte Ulloa, Ex Gerente del Banco de Crédito Popular, Sucursal Chinandega. Se le requirió judicialmente pague C$78,742.14, por autorizar créditos sin cumplir con las normas y políticas establecidas para tal efecto, sin estudio o análisis de crédito, sin la garantía y cobertura suficiente y por no ejercer, conforme el Manual de Recuperaciones, las debidas gestiones de cobranza, lo que causó la irrecuperabilidad de los saldos de dichos créditos. Se embargó un bien inmueble.
7. Eduardo Espinoza Lara, Ex Gerente del Banco de Crédito Popular, Sucursal Ciudad Sandino. Se le requirió judicialmente pague C$232,893.23, por aprobar crédito No. 04-62657-5 concedido a JOSÉ BENITO CÁCERES DONARTE y aceptar como garantía prendaria, un bus con más de 10 años de haber sido adquirido, incumpliendo con lo establecido en el Arto. 165 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
8. Denis Rivera: Ex Director del Instituto Autónomo “Miguel Bonilla Obando”. Se le requirió judicialmente pague C$84,348.02, por efectuar gastos no soportados, extraviar y/o extender 82 recibos de manera incorrecta.
9. Ramiro Balladares Barreto, Ex Director General de la OCI. Se le requirió judicialmente el pago de C$318, 623,063.20, por autorizar pagos de indemnización sin soporte y sobrevalorar propiedades en reclamo.
10. María Auxiliadora Camacho, Ex – Directora Legal OCI. Se le requirió judicialmente el pago de US$39,946.55, por autorizar pago de doble indemnización sobre certificados de ahorro en reclamo en la OCI.
11. Albany Moreno Fonseca, Ex Director General y Fanny Medina, Ex Gerente Administrativa Financiera de la Empresa Médica Provisional Policlínica Oriental del MINSA. Se les requirió judicialmente el pago de C$569,790.48, por autorizar compras de medicamentos e insumos médicos a precios más altos de los aprobados por el Comité de Licitaciones.
12. Jorge Solís Farias, Ex Presidente Ejecutivo de ENITEL. Se le requirió mediante cédula judicial el pago de C$1, 534,098.00, por recibir pago de cargo de confianza a sin tener derecho a ello.
13. Gustavo García Mangas, Ex Analista de Tarifas y Proyectos de Correos de Nicaragua. Se le cobra judicialmente US$3,700.00, por recibir dicha suma en concepto de honorarios por servicios profesionales, sin los respectivos soportes y producto final, incumpliendo lo establecido en el Arto. 166 de la Ley Orgánica de la CGR.
14. Julio César Cajina, Ex Gerente Banco de Crédito Popular, Sucursal Centro Comercial Managua, se le requirió judicialmente pague C$85,186.00, por aprobar préstamo No. 02-62793-0 a DINA María Castillo Torrez, y aceptar como garantía prendaría dos buses de los años 1981 y 1982, con más de 10 años de haber sido adquiridos, incumpliendo con lo establecido en el Arto. 165 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. Se embargó parte indivisa de un inmueble.
15. Ronald Arturo Ayala Hernández, Ex Responsable de la División de Programación y Control Financiero de Fondos Externos del MARENA. Se le requirió judicialmente el pago de C$90,819.30, por haber utilizados fondos destinados para la compra de un boleto aéreo con ruta a Costa Rica, los que no fueron debidamente justificados en la rendición de cuentas del Cheque No. 0152, provenientes de los anticipos entregados por el Proyecto PROTIERRA y por entregar boletos aéreos a particulares que no laboran para la entidad auditada.
16. Bernardo José Tardencilla Irías, Administrador de la Oficina de Enlace en Managua de la URACCAN. Se le requirió judicialmente pague C$48,325.65, por gastos deducidos por la Oficina de Enlace en Managua URACCAN, de fondos provenientes del 6% asignados del Presupuesto General de la República.
17. Freddy Gonzalez, Ex Contador General de Correos de Nicaragua. Se le requirió judicialmente pague C$900.00 por recibir dicha suma en concepto de honorarios por servicios profesionales, sin los respectivos soportes y producto final, incumpliendo lo establecido en el Arto. 166 de la Ley Orgánica de la CGR. Se embarga salario.
18. Francisco Ampié Hernández, Ex Director de la Oficina de Cuantificación de la OCI. Se le requirió judicialmente pague US$37,701.39, por cuantificar bienes sin los correspondientes soportes del expediente OCI 2413.
19. Danilo Barquero, Ex Administrador, Aduana Central, Carga Aérea. Se le requirió judicialmente pague C$347,512.58, por aplicar multas que oscilaban entre el 30% y 100% sobre el valor de mercancías, en los casos de defraudación detectados durante el período de su gestión, siendo lo correcto la aplicación del 200% sobre dicho valor. Se le embargaron bienes muebles, en su domicilio en Masatepe.
20. Rita Pérez Castellón, Ex Especialista Financiera del Proyecto de Ordenamiento y Manejo de la Tierra y los Recursos Naturales (PROTIERRA), se le requirió judicialmente pague C$9,544.77, por la compra de un boleto aéreo con destino a Costa Rica, que no fue debidamente justificado al efectuar la rendición de cuenta del Cheque No. 0151.
La PGR continuará implementando las acciones respectivas, en aras de defender y proteger el patrimonio del Estado.
Entre los embargados están:
1. Dionisio Chamorro Chamorro, Ex Presidente Ejecutivo BANADES. Se le requirió judicialmente pague C$1, 467,492.52, por autorizar pago de seguro familiar a William Montealegre y pago de tarjetas de créditos sin estar facultado para ello. Se embargó bien inmueble.
2. Ana Nubia Alegría Treminio, Ex Sub Directora de TELCOR. Se le requirió judicialmente pague C$65,901.41 por recibir bono navideño cuando fungía como Sub Directora General de TELCOR, lo que es erróneo por tratarse de un beneficio establecido en el Convenio Colectivo únicamente para los trabajadores de TELCOR, pero no para los cargos de Dirección General, constituyendo perjuicio económico ya que tal egreso carece de Base Legal.
3. Salvador Nolasco Quintanilla Vanegas, Ex Presidente Ejecutivo de ENITEL. Se le requirió judicialmente pague C$14,971,644.34, por ordenar el pago de comisión por Contrato de Asesoría en la Privatización del 40% de las acciones de ENITEL sin existir evidencias de que el asesor haya cumplido y entregado los productos, establecidos explícitamente en la Cláusula Primera del Contrato suscrito con ENITEL, causando un perjuicio económico al Estado.
4. Jesús Martínez Alemán, Ex Director Administrativo de la D.G.I. Se le requirió judicialmente pague C$218,986.25, por la emisión de cheque a favor de MULTICAMBIOS, para comprar dólares que se entregaron al Lic. Byrón Jerez Solis, por asistir al seminario sobre Fortalecimiento Institucional efectuado en la Ciudad de Miami, USA, sin que existiera documentación justificativa.
5. Gustavo Adolfo Narváez Picado, Ex Vocal de la Junta Directiva de CANAL, S. A. Se le requirió judicialmente pague C$4, 021,781.87 por autorizar pagos de indemnización por cargos de confianza, en contravención de lo estatuido en el Arto. 47 del Código del Trabajo. Se embargaron cuatro bienes inmuebles.
6. Ariel Linarte Ulloa, Ex Gerente del Banco de Crédito Popular, Sucursal Chinandega. Se le requirió judicialmente pague C$78,742.14, por autorizar créditos sin cumplir con las normas y políticas establecidas para tal efecto, sin estudio o análisis de crédito, sin la garantía y cobertura suficiente y por no ejercer, conforme el Manual de Recuperaciones, las debidas gestiones de cobranza, lo que causó la irrecuperabilidad de los saldos de dichos créditos. Se embargó un bien inmueble.
7. Eduardo Espinoza Lara, Ex Gerente del Banco de Crédito Popular, Sucursal Ciudad Sandino. Se le requirió judicialmente pague C$232,893.23, por aprobar crédito No. 04-62657-5 concedido a JOSÉ BENITO CÁCERES DONARTE y aceptar como garantía prendaria, un bus con más de 10 años de haber sido adquirido, incumpliendo con lo establecido en el Arto. 165 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
8. Denis Rivera: Ex Director del Instituto Autónomo “Miguel Bonilla Obando”. Se le requirió judicialmente pague C$84,348.02, por efectuar gastos no soportados, extraviar y/o extender 82 recibos de manera incorrecta.
9. Ramiro Balladares Barreto, Ex Director General de la OCI. Se le requirió judicialmente el pago de C$318, 623,063.20, por autorizar pagos de indemnización sin soporte y sobrevalorar propiedades en reclamo.
10. María Auxiliadora Camacho, Ex – Directora Legal OCI. Se le requirió judicialmente el pago de US$39,946.55, por autorizar pago de doble indemnización sobre certificados de ahorro en reclamo en la OCI.
11. Albany Moreno Fonseca, Ex Director General y Fanny Medina, Ex Gerente Administrativa Financiera de la Empresa Médica Provisional Policlínica Oriental del MINSA. Se les requirió judicialmente el pago de C$569,790.48, por autorizar compras de medicamentos e insumos médicos a precios más altos de los aprobados por el Comité de Licitaciones.
12. Jorge Solís Farias, Ex Presidente Ejecutivo de ENITEL. Se le requirió mediante cédula judicial el pago de C$1, 534,098.00, por recibir pago de cargo de confianza a sin tener derecho a ello.
13. Gustavo García Mangas, Ex Analista de Tarifas y Proyectos de Correos de Nicaragua. Se le cobra judicialmente US$3,700.00, por recibir dicha suma en concepto de honorarios por servicios profesionales, sin los respectivos soportes y producto final, incumpliendo lo establecido en el Arto. 166 de la Ley Orgánica de la CGR.
14. Julio César Cajina, Ex Gerente Banco de Crédito Popular, Sucursal Centro Comercial Managua, se le requirió judicialmente pague C$85,186.00, por aprobar préstamo No. 02-62793-0 a DINA María Castillo Torrez, y aceptar como garantía prendaría dos buses de los años 1981 y 1982, con más de 10 años de haber sido adquiridos, incumpliendo con lo establecido en el Arto. 165 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. Se embargó parte indivisa de un inmueble.
15. Ronald Arturo Ayala Hernández, Ex Responsable de la División de Programación y Control Financiero de Fondos Externos del MARENA. Se le requirió judicialmente el pago de C$90,819.30, por haber utilizados fondos destinados para la compra de un boleto aéreo con ruta a Costa Rica, los que no fueron debidamente justificados en la rendición de cuentas del Cheque No. 0152, provenientes de los anticipos entregados por el Proyecto PROTIERRA y por entregar boletos aéreos a particulares que no laboran para la entidad auditada.
16. Bernardo José Tardencilla Irías, Administrador de la Oficina de Enlace en Managua de la URACCAN. Se le requirió judicialmente pague C$48,325.65, por gastos deducidos por la Oficina de Enlace en Managua URACCAN, de fondos provenientes del 6% asignados del Presupuesto General de la República.
17. Freddy Gonzalez, Ex Contador General de Correos de Nicaragua. Se le requirió judicialmente pague C$900.00 por recibir dicha suma en concepto de honorarios por servicios profesionales, sin los respectivos soportes y producto final, incumpliendo lo establecido en el Arto. 166 de la Ley Orgánica de la CGR. Se embarga salario.
18. Francisco Ampié Hernández, Ex Director de la Oficina de Cuantificación de la OCI. Se le requirió judicialmente pague US$37,701.39, por cuantificar bienes sin los correspondientes soportes del expediente OCI 2413.
19. Danilo Barquero, Ex Administrador, Aduana Central, Carga Aérea. Se le requirió judicialmente pague C$347,512.58, por aplicar multas que oscilaban entre el 30% y 100% sobre el valor de mercancías, en los casos de defraudación detectados durante el período de su gestión, siendo lo correcto la aplicación del 200% sobre dicho valor. Se le embargaron bienes muebles, en su domicilio en Masatepe.
20. Rita Pérez Castellón, Ex Especialista Financiera del Proyecto de Ordenamiento y Manejo de la Tierra y los Recursos Naturales (PROTIERRA), se le requirió judicialmente pague C$9,544.77, por la compra de un boleto aéreo con destino a Costa Rica, que no fue debidamente justificado al efectuar la rendición de cuenta del Cheque No. 0151.
La PGR continuará implementando las acciones respectivas, en aras de defender y proteger el patrimonio del Estado.
