El canciller de Nicaragua, Samuel Santos, descalificó  el intento de promover la aprobación de una amnistía que exonere a los funcionarios corruptos de los gobiernos neoliberales de los presidentes Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.

Para explicar los puntos de vista del gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega sobre este asunto, el ministro convocó  a los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas  en una reunión a la que también asistieron representantes de la prensa nacional y extranjera.




Santos recordó que el 28 de enero último siete diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del movimiento "Vamos con Eduardo" aprobaron un dictamen que, de ser adoptado como ley por la Asamblea, exoneraría a todos los funcionarios, así como a sus cómplices, familiares y convivientes, de todo delito cometido del 25 de abril de 1990 hasta el 9 de enero de 2007.

El dictamen recibió de inmediato el rechazo del del gobierno sandinista y de numerosos sectores y organizaciones populares.

Fue el propio Daniel Ortega quien, al hablar en un acto de exoneración de impuestos a comerciantes de los mercados populares capitalinos, denunció lo que calificó de un intento de "amnistía general para los acusados de robar millones de dólares a la nación".

La bancada sandinista en la Asamblea Nacional no se cruzó de brazos y en menos de 24 horas adoptó un dictamen de minoría con el objetivo de que se discuta ante el pleno del parlamento conjuntamente con el aprobado por los diputados opositores, recordó  el canciller Santos.

Al mismo tiempo, las organizaciones integrantes del Consejo del Poder Ciudadano, con representación en todo el país, iniciaron una intensa campaña de "denuncia, rechazo y condena" del proyecto opositor, y destacaron su carácter ilegal, inconstitucional e inmoral.

En la reunión en la Cancillería con el cuerpo diplomático, participaron, además del ministro Santos, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y los diputados sandinistas Alba Palacios y José Figueroa, quienes aportaron numerosos argumentos que sustentan el carácter ilegal e inconstitucional del intento de amnistía.

Desde los puntos de vista técnico y jurídico y de acuerdo con el proceso establecido para la formación de leyes, la iniciativa de la oposición es ilegal, dijo Figueroa, y recordó que la Asamblea Nacional no está facultada para exonerar la comisión de delitos comunes.

Figueroa hizo una descripción pormenorizada de los delitos que se pretenden borrar de los expedientes de los implicados y citó, entre otros, lavado de dinero, quiebras fraudulentas y falsificación de documentos, además de graves daños a la economía nacional, a la industria y al comercio.

En medio de este clima, la consultora Siglo XXI divulgó este lunes los resultados de una encuesta realizada durante el fin de semana en el Departamento de Managua, con el sondeo, el 62,7 por ciento de los encuestados no aprueba el desempeño de los diputados en el Parlamento, el 69 por ciento desaprueba el proyecto de amnistía de la oposición y el 82,2 por ciento opinó que no votaría por candidatos acusados y/o condenados por robo o corrupción, explicó el canciller al cuerpo diplomático.