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Amnistía no debe legitimar los abusos cometidos por administraciones neoliberales

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El Inspector General del Ministerio Público, Armando Juárez, señaló que si la Asamblea Nacional como poder del Estado otorga amnistía a personas que están siendo señaladas e investigadas por actos de corrupción, estaría cometiendo un grave error con el cual estaría enviando un mensaje negativo al pueblo nicaragüense. 

“Creo que doblemente erran los diputados que están promoviendo la amnistía, la amnistía en estos momentos no puede ser un instrumento jurídico que legitime los delitos y los abusos cometidos por funcionarios de los gobiernos que sean”, dijo el Juárez, quien considera que el parlamento ya comete un primer error al no despojar de la inmunidad al banquero Eduardo Montealegre, uno de los principales acusados del robo de más 600 millones de dólares con los Certificados Negociables de Inversión (CENIS).

Para Juárez, como conocedor del Derecho, la amnistía debe tener el carácter altruista que la historia brindó a esta figura jurídica, misma que nunca benefició a delincuentes comunes de la época, tal y como ahora pretenden beneficiar los legisladores de la derecha.

“Siempre he sido de la idea de que el alcance de la inmunidad y los alcances de los procesos de amnistían deben de tener el carácter altruista que siempre la historia romana, la historia de la humanidad dio, es decir la amnistía se daban ante hechos que de alguna manera causaban una consternación en la sociedad y que de alguna manera tenían que considerarlo para retornar a la paz social, pero no se amnistiaba a delincuentes”, señaló Armando.

“Creo que es un error y al igual que el caso de Montealegre (no despojarlo de inmunidad) hará pagar un costo enorme a la Asamblea Nacional y envía un antivalor a la sociedad. Y eso es como que a cada cierto periodo, cada vez que delincamos recurramos a una amnistía y los alcances de amnistía va a beneficiar precisamente al universo de personas cuestionadas. Es un error tremendo de la Asamblea si está considerando amnistiar y amnistiarse para propiciar impunidad”, lamentó el funcionario.

Armando se ha presentado en diversas oportunidades a la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional ha solicitar la agilización al trámite de desafuero de Montealegre, quien a través de su inmunidad quiere lograr impunidad.

“Siempre dije que el caso del acusado Eduardo Montealegre, de alguna manera iba a tener un costo político a la Asamblea y un costo negativo en la población, primero porque se desnaturaliza el carácter de los privilegios de la inmunidad, cuando alguien se atrinchera en un poder del Estado para obviar un proceso penal”.

“Nosotros (Ministerio Público) vamos a continuar haciendo lo posible y lo imposible para que la desaforación del diputado Montealegre se haga realidad (…) en ningún momento la ley me obliga que yo me quede como Fiscal Especial de brazos cruzados, al contrario el carácter persecutorio de la institución y la delegación que se me ha hecho me exige y me obliga a que yo continúe haciendo todo lo necesario para alcanzar y superar este estado de cosas que a estas alturas le pesa a la Asamblea Nacional”, destacó.

“Estamos estudiando toditos los escenarios jurídicos, para hacer valerlos toditos, ante la inercia o la omisión de la Primera Secretaría (de la Asamblea Nacional) de no dar curso al trámite, nosotros vamos a dar una respuesta, tengan la plena seguridad que vamos a dar respuestas contundentes en términos jurídicos, de manera que no cabe duda y no quede en la población duda de que sí estamos persiguiendo a personas que merecen ser llevadas a un tribunal y quien lo protege, creo que lo están protegiendo de manera equivocada”.

Juárez señaló que un diputado deber “ser lo más honorable de esta sociedad, un diputado debe ser la persona mas idónea, más proba, más versada, más sapiente, más dispuesta al servicio de la población y no alguien que llegue y se atrinchera para protección de sus desmanes, de sus abusos y de sus delitos cometidos”.

Los diputados de la bancada sandinista se oponen a este proyecto de ley, que está siendo rechazado por diversos sectores sociales, políticos y económicos del país

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