Guayaquil, Ecuador
Este beneficio se concretó ayer, mediante la firma de los contratos de arriendo realizada entre las autoridades del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) y los campesinos.
El acto se desarrolló en los predios de la finca, ubicada en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
La medida se enmarca dentro del programa de Unidades Productivas Familiares que impulsa el Gobierno, con el fin de dar utilidad a los bienes incautados por tener vinculación con delitos de narcotráfico.
Domingo Paredes, director nacional del Consep, dijo que son 638 las hectáreas destinadas al desarrollo de cultivos orgánicos de ciclo corto en Las Delicias.
Esta propiedad -dijo- se dividirá en lotes de entre 2 y 5 hectáreas para cada familia. El arrendamiento tendrá un costo mensual de un dólar por cada hectárea.
Las familias beneficiadas conforman la organización campesina Cooperativa Justicia Verde, que se formó en 2004, cuando sus integrantes se asentaron de forma ilegal en esos predios.
Jefferson Zambrano, dirigente de los campesinos, dijo que llegaron a la hacienda tras solicitar a los administradores que los dejen trabajar en la tierra, que se encontraba improductiva, pero que no tuvieron un resultado positivo hasta la actualidad.
“La dirección del Consep nos abrió las puertas a inicios de este año, permitiéndonos cultivar algunos vegetales”, acotó Zambrano.
El dirigente señaló que, posteriormente, se llegó a un acuerdo para hacer realidad el contrato de arrendamiento que está vinculado a la implementación de unidades productivas familiares.
Los agricultores del sector tienen planificado diseñar proyectos de industrialización de los productos que cultiven: maracuyá, cacao, banano, arroz, producción avícola, porcina y piscícola.
De esa manera esperan que en el corto plazo esté en funcionamiento un plan de negocios, el cual permitirá incorporar un diseño de plantas procesadoras, para que los campesinos puedan industrializar sus productos.
Esto permitirá realizar la venta o comercialización directa a mejores costos para el mercado nacional.
El proyecto contará con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que intervendrá con programas sociales que permitan el desarrollo de cultivos. Entre esos se menciona el Bono Solidario, Alimentación Saludable, etc.
Adicionalmente, los beneficiarios contarán con el apoyo económico del Banco Nacional de Fomento, a través de créditos para poner en marcha la producción agrícola y agroindustrial.
El asambleísta Víctor Quiroga Fernández consideró oportuna la implementación de este tipo de proyectos, pero cree que se debe implementar una reforma a la Ley de Consep para que esta entidad no sea solo un depositario judicial, sino, también, que partícipe en la parte procesal.
En ese contexto, se refiere a que en “muchas ocasiones las decisiones judiciales no permiten que los decomisos se hagan efectivos de forma inmediata”.
Esto motivaría que algunos bienes que fueron incautados por el Estado retornen a los antiguos propietarios que son investigados por delitos de narcotráfico.
Quiroga señaló que, para que esto no ocurra, los asambleístas deberían participar un poco más de la fiscalización, “ya que a veces comienzan a dormirse en el sueño eterno debido a que muchas sentencias ejecutoriadas son revertidas”.
El asambleísta dijo que el Gobierno no solo debe preocuparse de la prevención, sino, también, de la utilidad de los bienes decomisados, ya que pueden servir para las comunidades pobres que no tienen un lugar para producir. Pero reconoce que se ha avanzado en la aplicación de proyectos en beneficio de la comunidad.
Dijo esto al asegurar que existen convenios y comodatos mediante los cuales el Consep ha entregado a universidades varios bienes (como haciendas) para que los estudiantes de esas entidades educativas realicen prácticas.
El proyecto de cultivos permitirá cambiar la imagen de la hacienda Las Delicias, la cual -antes de la incautación- tenía cerca de 180 cabezas de ganado. Esto lo constató (durante una inspección) la entonces Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC).
En la verificación se determinó la existencia de irregularidades de anteriores administradores del Consep, debido a la venta ilegal de ganado y vehículos.
Además, se evidenció la improductividad de las 1.200 hectáreas que corresponden a esa propiedad.
