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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente que el Estado planea ofertar al sector privado o devolver a sus antiguos dueños los activos y empresas estatales considerados "no esenciales" o no estratégicos.
Durante su mensaje a la nación, detalló que este proceso forma parte de un plan de reestructuración económica y que la valoración técnica de estos bienes ya se encuentra en una etapa avanzada.
A continuación se resumen los puntos clave del anuncio:
Alcance de la medida: Afectará exclusivamente a los activos "no esenciales" administrados por el Estado. El objetivo es revertir la ola de expropiaciones y nacionalizaciones previas, devolviendo empresas a sus propietarios originales o abriéndolas a ofertas públicas.
Sectores estratégicos y petróleo: Los hidrocarburos y la industria petrolera principal (como PDVSA) quedan explícitamente excluidos de privatizaciones totales para mantener el control estatal sobre los principales ingresos del país.
No obstante, se mantienen bajo negociación decenas de acuerdos petroleros y mineros (oro, hierro y aluminio) con capitales externos.
Apertura de servicios públicos: El plan de reformas incluye también la apertura a la inversión privada en áreas críticas como el sistema eléctrico nacional para la generación y distribución de energía.
Justificación oficial: Rodríguez fundamentó la decisión señalando que la propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución venezolana y que esta apertura busca impulsar la eficiencia y el crecimiento económico sostenido del país.
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