Erika Montano, víctima de abuso infantil, en Cochabamba, Bolivia, el 2 de septiembre de 2025
A partir de investigaciones de EL PAÍS, testimonios y documentos eclesiásticos, los autores de la publicación sostienen que los delitos fueron “perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable”
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| Jesuita español Alfonso Pedrajas |
La revelación de los abusos sexuales cometidos por el jesuita español Alfonso Pedrajas por tres décadas contra un centenar de niños en situación vulnerable en Bolivia, revelados por EL PAÍS en 2023 y que causaron un revuelo mediático y social en el país sudamericano, fue solo la punta del iceberg.
Aparecieron después denuncias contra al menos una veintena de abusadores, todos pertenecientes a la Compañía de Jesús, casi todos españoles.
La fiscalía boliviana ha recibido una media docena de casos y dos altos cargos ya han sido sentenciados a un año de prisión. Las investigaciones de este medio calculan aproximadamente 500 víctimas desde la década de 1960; la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) las cifra en más de 1.000.
El libro Las puertas del infierno, publicado esta semana, organiza y sintetiza los hallazgos descubiertos hasta la fecha para sustentar una denuncia colectiva por crimen de lesa humanidad contra la Compañía de Jesús.
Está escrito por tres miembros de la CBS, Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, quienes han recopilado testimonios de los agredidos, pesquisas de EL PAÍS, auditorías forenses y documentos incautados de las sedes de la orden en Bolivia para concluir que los delitos fueron “perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable”.
“Nuestra lucha no es contra la fe de cada persona, ni contra la Iglesia católica, ni siquiera contra la Compañía de Jesús; es por justicia para nuestras víctimas y sobrevivientes”, se lee en el libro.
Los crímenes ocurrieron en lugares diseñados por jesuitas para dar techo, educación y hacer valer los derechos de niños y niñas en situaciones precarias o de calle: en el internado-colegio Juan XXIII de Cochabamba, en las oficinas de la ONG Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), en el hogar de niños huérfanos Tacata...
Los abusos se perpetuaron en el tiempo porque, si la víctima reunía el coraje de presentar una denuncia en la Iglesia, los altos cargos no lo ponían en conocimiento de la justicia ordinaria.
Existió una red de encubrimiento que escondía pruebas y guardaba silencio, y que alcanza a la Provincia Tarraconense, en Cataluña, e incluso, en algún caso, hasta la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma.
“Los hechos de abuso sexual se dieron no solo por la personalidad anormal o desviada de los agresores, sino por las condiciones estructurales y circunstanciales dentro de la institución, que permitieron que esto sucediera de modo sistemático, generalizado e impune”, describe el libro.
Si bien en marzo de este año dos antiguas máximas autoridades de los jesuitas en Bolivia, ambos españoles, fueron sentenciados a un año de prisión por encubrir los crímenes de Pedrajas, o Padre Pica, entre 1971 y 2008, la condena no fue ejecutada.
“La defensa presentó una apelación que ha sido rechazada para ratificar la sentencia en segunda instancia.
Sin embargo, los jesuitas han presentado un memorial de solicitud de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Todo es dilatorio; si fallecen los acusados, el juicio se extingue antes de quedar ejecutoriado”, cuenta a este medio Alvarado, uno de los autores del libro y víctima de Pica.
Ramón Alaix sale de una audiencia este miércoles, en Cochabamba, en 2025.JORGE ABREGO (EFE)
El ya fallecido Pica, además de relatar en su diario sus agresiones como director del colegio Juan XXIII, confiesa que al menos siete superiores provinciales y una decena de clérigos bolivianos y españoles sabían de estos hechos: “lo conté tantas veces”, escribe.
Otra prueba tajante del encubrimiento, apunta el libro, es la designación de Pica a las minas en 1983 por parte de los jefes clericales, como castigo, después de la denuncia interna de una víctima. Quien fue enviado en su reemplazo al colegio, el catalán Francesc Peris, tenía un historial tan manchado como el de Pedrajas.
Peris llegó a Bolivia huyendo de denuncias por violación de niñas en el colegio jesuita Casp de Barcelona. En el Juan XXIII duró apenas un año, porque una decena de alumnas que fueron agredidas sexualmente por él decidieron enfrentarlo.
“¿Acaso eso no es clara facilitación cómplice del provincial jesuita en Cataluña, del viceprovincial boliviano y de la institución religiosa, que permitió la comisión de delitos en aquel internado?”, se preguntan los autores del libro.
La insistencia de la Compañía de Jesús en remitir a acusados de pedofilia a lugares con niños y adolescentes no solo se repite con el regreso de Pica en 1984 al Juan XXIII; otro ejemplo es el del catalán Luis Tó González.
Tó fue enviado a Bolivia como profesor de ética sexual de novicios en 1992, apenas meses después de ser hallado culpable de violar a una niña en el colegio Sant Ignasi de Barcelona. En el país sudamericano continuó cometiendo abusos, y documentación interna a la que tuvo acceso EL PAÍS revela que tanto los jesuitas de Cataluña como el general de la Compañía en Roma fueron informados periódicamente del riesgo de reincidencia de Tó.
Las puertas del infierno termina enumerando a 23 sacerdotes jesuitas de los que la CBS ha recibido denuncias. Entre ellos está el español Luis Roma, quien abusó de al menos 70 niñas indígenas cuando era misionero en la población rural de Charagua, registrando sus delitos en su diario y produciendo con ellos material audiovisual.
También aparece Alejandro Mestre, acusado por un exalumno del colegio San Calixto, pero que terminó ocupando el prestigioso cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.
O Jorge Vila, fundador del DNI, a quien en el libro se acusa de usar fondos de la cooperación internacional para extorsionar a sus víctimas comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero.
El jesuita Alfonso Pedrajas, en una de sus visitas al balneario de Urmiri, en Bolivia.
La mayoría de los casos ya han sido presentados al Ministerio Público de Bolivia; otros todavía están siendo armados y apoyados por la CBS.
Los integrantes de la comunidad esperan que el libro sea, además de un expediente, una “herramienta de prevención que permita conocer los mecanismos de encubrimiento”.
No creen hallar una reparación a las consecuencias de la agresión —alteración en la vida sentimental, laboral y psicológica—, pero sí un resarcimiento: “No basta con pedir perdón, se debe reconocer públicamente el daño y garantizar una reparación integral con todas sus implicaciones”.
https://elpais.com/america/2026-07-13/las-puertas-del-infierno-el-libro-que-denuncia-a-la-compania-de-jesus-por-los-abusos-a-mas-de-500-ninos-bolivianos.html
