A pesar del ingente esfuerzo del Gobierno de Noboa y sus aliados mediáticos para presentar su mandato como exitoso, la realidad y sus cifras muestran lo contrario.
Antes de que el 24 de mayo Daniel Noboa hubiera cumplido un año de su segundo mandato, ya se había deshecho de sus principales opositores políticos: el 6 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió los derechos políticos de la Revolución Ciudadana (RC) por nueve meses.
Posteriormente, el 14 de abril y casi como si de un movimiento sincronizado se tratara, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió sorpresivamente adelantar las elecciones locales a noviembre —en lugar de febrero de 2027-.
La decisión dejaba fuera de la contienda a la RC, el movimiento del expresidente Rafael Correa.
La principal fuerza de la oposición en la Asamblea Nacional y los actuales gobernantes de las principales plazas del país -las prefecturas de Pichincha y Guayas, así como las Alcaldías de Guayaquil y Quito- no podrán ni siquiera participar en las elecciones.
Noboa y los suyos ya venían allanando previamente el terreno desde meses atrás: el pasado 10 de febrero la Fiscalía de arrestó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y el 6 de abril, sin motivo aparente -aunque todo apunta a amenazas y presiones-, la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció que dejaba la Prefectura.
Noboa ha encadenado 23 estados de excepción, haciendo de su gobierno un gobierno de excepción de facto.
Los ecuatorianos viven con sus derechos constitucionales suspendidos y el gobierno aprovecha los poderes excepcionales que ha convertido en cotidianos para reprimir la protesta social frente a medidas impopulares como la subida del precio del combustible o el IVA.
La prensa no se ha librado del cierre autoritario y el acelerado retroceso democrático del país. Ecuador cayó 31 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y ocupa ahora el puesto 125 de 180 países.
El Ecuador de Noboa es un Ecuador de periodistas amenazados, medios autocensurados y regiones enteras en las que informar es una actividad de riesgo.
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Noboa ha encadenado 23 estados de excepción, haciendo de su gobierno un gobierno de excepción de facto
La violencia no deja de aumentar.
La organización ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), que monitorea a escala global conflictos y violencia armada, declara que las masacres en las prisiones y los enfrentamientos mortales entre grupos del crimen organizado contribuyeron a un aumento del 42% en las muertes registradas en Ecuador en los primeros once meses de 2025.
En 2024, según la organización Insight Crime, Ecuador ya era el país más violento de América Latina, con una tasa de homicidios de 38,8 por cada 100.000 habitantes, casi un 50% más que el segundo país de la región, Venezuela.
Hay un notable retroceso de las economías familiares. Según datos de la Consultora Multiplica [2] elaborados a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre pobreza multidimensional, para el cierre de 2025, un 41,7% de la población está en situación de pobreza, un nivel comparable con el de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 impactó significativamente en los indicadores sociales.
La pobreza extrema multidimensional alcanzó 18,1%.
Estos valores representan incrementos de 7,1 y 4,0 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con 2017, cuando se registraron los niveles más bajos de la década.
En el plano energético, aunque la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, declaró el 8 de enero de 2026 que «no va a haber apagones», lo cierto es que los ecuatorianos se han acostumbrado a convivir con ellos.
Por sólo poner un ejemplo, en las últimas semanas se programaron cortes para 30 y 31 de mayo y 6 y 7 de junio.
Ecuador cayó 31 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y ocupa ahora el puesto 125 de 180 países
Para 2026 se proyectó que el déficit de energía eléctrica llegaría a 440megavatios (MW), un 48,9% más que en 2025.
El informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del 6 de marzo advertía, además, que faltan entre 892 y 991 MW para el próximo estiaje de septiembre-octubre, energía con la que el país actualmente no cuenta.
Las causas estructurales de este grave déficit son imputables directamente a los gobiernos post-Correa.
De un lado, la falta de instalación de nueva energía térmica firme en los últimos nueve años y, de otro, las graves deficiencias en el mantenimiento del sistema de transmisión, especialmente en el último año, y también la decisión del presidente Noboa de romper relaciones con Colombia, que eliminó una fuente crucial de importación de energía.
La policrisis que atraviesa el país alcanza también a la Salud. El INREDH, organización dedicada a la veeduría de Derechos Humanos, publicaba el pasado 23 de abril un análisis del sistema de Salud ecuatoriano en el que informaba de que para el 2025 el presupuesto de salud había bajado un 20% respecto a 2023, cayendo de un 11% del Presupuesto General del Estado a un 8%. Además, la ejecución del gasto apenas alcanzó el 45% a finales de 2025.
El informe se hacía eco, asimismo, del dramático desabastecimiento de los hospitales.
En referencia al hospital señero de la capital, Eugenio Espejo, referente nacional en el sistema de salud público se narraba cómo desde el mes de junio de 2025 se redujeron las cirugías programadas por falta de insumos y medicinas, que estaban en un 45% de la disponibilidad necesaria.
El saldo migratorio tradicionalmente ha sido un medidor de la situación de bonanza o crisis en el país. Así, según datos del Ministerio del Interior referidos por ONU Migraciones [5], mientras que hasta 2019 el saldo migratorio se mantenía contenido, por debajo de los 20.000 migrantes/año, a partir de 2021 esta cifra se ha disparado sin tregua hasta superar los 100.000 migrantes/año.
La Encuesta de Intenciones y Dinámicas Migratorias en Ecuador (ENEDIM), realizada en abril de 2024 por la OIM, estima que 1,2 millones de ecuatorianos tiene la intención de migrar al extranjero, cifra que incluye los cerca de 370.000 jóvenes de entre 18 y 29 años quieren irse del país (20% de los jóvenes).
Para el cierre de 2025, un 41,7% de la población está en situación de pobreza, un nivel comparable con el de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 impactó significativamente en los indicadores sociales
Mientras este sombrío panorama se cierne sobre los ecuatorianos y ecuatorianas, hay un un minoritario sector que se beneficia de esta situación. Por ejemplo: sólo en el primer trimestre de 2026 las exportaciones de banano ecuatoriano crecieron un 10%.
A pesar del ingente esfuerzo del Gobierno de Noboa y sus aliados mediáticos para presentar su mandato como exitoso, la realidad y sus cifras muestran lo contrario.
Aunque en Ecuador rige el principio constitucional del Buen Vivir, la cotidianeidad de la gran mayoría de la ciudananía se caracteriza por un ‘Peor Vivir’.
https://www.diario-red.com/articulo/ecuador/ecuador-balance-gobierno-noboa/20260621062926071680.html
