La corrupción: garrote estadounidense para atacar a México
La decisión de un ex funcionario del ex gobernador de Sinaloa —miembro del mismo partido de la Presidenta— de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses para enfrentar acusaciones de vínculos con el crimen organizado ha llevado a una creciente crisis de desconfianza en las relaciones bilaterales.
“Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la 4T”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana.
Pero en medio de las tensiones que enfrenta el país con Estados Unidos, la mandataria también subrayó que “nada le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.
Para los mexicanos, la actual ronda de conflictos entre ambos países no comenzó con estas acusaciones, sino con la muerte de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua hace un mes, durante una operación antinarcóticos. El gobierno federal declaró que no se sabía que la CIA estuviera operando sobre el terreno junto con agentes de seguridad estatal, y acusó a la gobernadora del estado y a la CIA de actuar de manera contraria a la Constitución.
Muchos en México perciben la decisión de revelar públicamente los cargos contra el gobernador en Sinaloa como una represalia por las críticas de México a la participación de la CIA en Chihuahua.
Aunque el gobierno de Donald Trump ha exigido que sus agentes participen directamente en operativos antinarcóticos en México, Sheinbaum ha sostenido que eso nunca ocurrirá, dado que contraviene la Constitución. Plantea que la muerte de los dos agentes, por lo tanto, amenaza con deteriorar aún más la cooperación.
La corrupción ha sido durante mucho tiempo el talón de Aquiles de México, y los gobiernos de la 4T se han comprometido a confrontarla a todos los niveles. Sin embargo, queda por comprobarse que estos políticos acusados por Washington están vinculados al narcotráfico.
Después de que el gobierno de Estados Unidos solicitara la extradición del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de nueve de sus colaboradores —incluido el que ya se entregó a las autoridades estadunidenses— debido a sus vínculos con narcotraficantes, Sheinbaum declaró que no existen pruebas suficientes para acceder a dicha solicitud.
Sin embargo, el columnista Julio Hernández apuntó que el mexicano que se presentó ante un tribunal en Estados Unidos es un ex general que podría convertirse en testigo cooperante con las autoridades estadunidenses y así “la capitulación del general golpearía a las fuerzas armadas y al gobierno mexicano en general”.
Pero el gobierno de México también demostró que no hay reciprocidad por parte de Washington, señalando que de las 269 solicitudes de extradiciónque México ha planteado al gobierno de Estados Unidos desde el primero de enero de 2018 al pasado 13 de mayo, ninguna ha resultado en el traslado a México de la persona acusada. “¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes, si hay reciprocidad?”, preguntó Sheinbaum.
La respuesta del gobierno de Trump a la decisión de México de no extraditar a Rocha, ha sido intensificar la presión. La semana pasada, el Departamento de Justicia giró instrucciones de triplicar el número de acusaciones contra funcionarios mexicanos supuestamente vinculados a la narco-corrupción pero ahora calificando ese delito como “terrorismo”.
A la vez, llama la atención la supuesta campaña contra la corrupción en México por parte de Estados Unidos, ya que una amplia gama de expertos, políticos y organizaciones de monitoreo de actividades gubernamentales califican al auto-proclamado “juez” —el gobierno de Trump— como entre los más corruptos de la historia moderna de Estados Unidos.
“En estos momentos, todo el despliegue judicial, diplomático y mediático tiene la apariencia de una operación orquestada para desestabilizar al gobierno mexicano y avanzar en los designios neocoloniales que el presidente Donald Trump y su gabinete han expresado de forma abierta”, escribió La Jornada en un editorial. “Con todos estos elementos de juicio, parece prudente revisar las formas de colaboración en materia de seguridad con Washington. Como el propio trumpismo muestra una y otra vez, continuar la cooperación con los funcionarios estadounidenses actuales supone un peligro para la soberanía y la paz en México”.
