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Nicaragua es un país pequeño, pero asentado en una geografía pródiga, tanto por su ubicación como por sus recursos naturales.
Un país ribereño de los dos más grandes océanos del mundo, con acceso directo a todos los continentes y mares, que a su vez otorga grandes facilidades para el desarrollo del comercio internacional, la explotación de los recursos marinos, la exploración y aprovechamiento de minerales e hidrocarburos del subsuelo oceánico, dentro del Mar territorial y la zona económica exclusiva (ZEE) de nuestro país.
La incapacidad, la ambición y el entreguismo de las élites que en distintos periodos de nuestra historia han des-gobernado a Nicaragua, seguramente han sido los principales factores por los que durante toda nuestra vida republicana no hayamos podido explotar y disfrutar de tales prerrogativas geográficas y económicas, negando cualquier posibilidad de desarrollo y bienestar al pueblo nicaragüense.
Aprovechando el caos nacional ocasionado por la llamada “guerra constitucionalista” entre la misma oligarquía libero-conservadora, la intervención militar yanqui y el inicio de la lucha libertaria anti-intervencionista del General Sandino, las presiones y chantajes del gobierno colombiano (que amenaza con tomarse toda la región de la Mosquitia nicaragüense) lograron hacer ceder de manera incruenta y alegremente al gobierno títere liberal, el cual mediante el Tratado “Bárcenas Meneses-Ezquerra”, entrega el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a Colombia (que con el tiempo se adueñaría adicionalmente de siete Cayos, también nicaragüenses) y de paso, nos encerraría -como en un gran corral limitado al Este por el meridiano 82 de Greenwich- bloqueándonos el estratégico acceso al Caribe y al Océano Atlántico.
A principios de 1980, el gobierno del Frente Sandinista desconoció oficialmente ese oneroso tratado y en el 2012 celebró -junto a todo el pueblo nicaragüense- el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, que aunque ratifica la soberanía sobre el archipiélago y los siete cayos a Colombia, nos restituyó la ZEE de 200 millas marítimas (setenta y cinco mil kilómetros cuadrados), y rompió la barrera artificial del meridiano 82, impuesta a la fuerza por este país a Nicaragua. La salida al Mar Caribe y al Océano Atlántico estaba asegurada.
Sin embargo, en la práctica los sucesivos gobiernos colombianos desconocen el fallo y han continuado limitando por la fuerza los derechos de nuestro país en la amplia zona económica restituida por el fallo de la CIJ, por lo cual el gobierno del Comandante Daniel Ortega acudió nuevamente a este alto tribunal internacional de la ONU, resultando en un nuevo revés para el gobierno colombiano.
La CIJ ordenó mediante esta última sentencia (abril de 2022), definitiva e inapelable, cesar inmediatamente las actividades marítimas de Colombia en aguas nicaragüenses, reafirmó que no hay derecho ni a explorar, ni a explotar, ni a administrar, ni a conservar la ZEE otorgada a Nicaragua en el fallo de hace diez años, pues eso es privativo del Estado ribereño, es decir, de nuestro país.
Está de más decir que el actual gobierno ultraderechista de Colombia, es el principal peón de la política gringa en Latinoamérica y a lo interno, conduce una política fascista enfilada contra los movimientos sociales y las personalidades más progresistas de esa sociedad.
Un Estado fallido, enfrentado contra su propia ciudadanía, que alberga en su territorio a media docena de bases militares yanquis y que a pesar de su creciente militarismo, está sometido a la voluntad de los grandes carteles de la droga y grupos paramilitares.
Colombia desde hace décadas lleva adelante relaciones antagónicas, inclusive hostiles por motivaciones políticas e ideológicas, no sólo para con su vecina Venezuela, sino con Cuba y Nicaragua, siempre siguiendo el guion designado por su patrón del norte.
El histórico conflicto limítrofe en el Mar Caribe con Nicaragua, que se pierde en los lejanos tiempos de la disolución del poder colonial español en América, es más enconado y recurrente (incluso sirve para distraer a la propia ciudadanía colombiana de sus muchas crisis políticas y sociales internas) que cualquier otro tipo de desencuentro o conflicto internacional contemporáneo del país sudamericano, tanto que nunca ha descartado el uso de la fuerza, incluso de una guerra a gran escala contra la patria de Sandino.
Colombia, comparativamente, es un gigante geográfico y económico frente a Nicaragua.
Su oligarquía ultra-conservadora y la parte más reaccionaria de los mandos de sus Fuerzas Armadas, aprovechan este conflicto para presionar a sus gobiernos de turno y así lograr aumentos en los presupuestos para gasto militar en compras de tecnología, armas y equipos extranjeros, incluso para seguir creando una poderosa industria nacional de fabricación de naves de guerra de mediano y gran calado, vehículos, drones, armas, accesorios y municiones de infantería.
Un dato revelador de la importancia que este país pone en el tema militar (vigilancia, recolección de datos, guiado de futuras tecnologías coheteriles, etc.), es el hecho de haber enviado al espacio exterior varios satélites que aunque de vida útil limitada, demuestra su interés en los campos más tecnológicos y avanzados de la guerra contemporánea.
Tal énfasis puesto en la amenaza del uso de la fuerza y no de la diplomacia (siguiendo los pasos de su mentor imperialista norteamericano) se nota a simple vista:
Sus FF. AA., las segunda más numerosa e importante de América Latina, rondan los trecientos mil hombres sobre las armas, con un presupuesto sólo el año 2021 de diez mil quinientos millones de dólares (que superan en ¡120 veces! los 85 millones gastados en este rubro por Nicaragua en el mismo periodo); cuatrocientos sesenta y nueve aeronaves militares de todo tipo y una Armada de guerra que cuenta actualmente con cuatrocientos cincuenta y tres naves de todo tipo, donde destacan cuatro fragatas de misiles, dos corbetas y once submarinos.
En cambio, nuestro país gobernado por el FSLN ha construido su doctrina militar defensiva en base a la política de búsqueda de la paz y la colaboración internacional, la observancia del Derecho Internacional y la resolución pacífica de los conflictos.
Un ejército pequeño pero muy profesional, entregado a las tareas de la defensa de la soberanía nacional, en permanente integración con el pueblo nicaragüense, que a su vez siempre está en disposición –si fuera necesario- de luchar junto a sus FF. AA.
Sin embargo, atendiendo la compleja situación internacional, las misiones emanadas de la obligación de cuidar la enorme extensión marítima nacional en ambos océanos y sobre todo, de garantizar la disuasión a potenciales adversarios (como es el caso de Colombia, si persiste en desconocer los acuerdos internacionales y los límites marítimos de Nicaragua), nuestro gobierno debe de ayudar a desarrollar mayores capacidades combativas (hombres, entrenamiento, equipos, tecnologías y armamento) a nuestro Ejército nacional.
Nuestras obvias limitaciones presupuestarias, por el tamaño de nuestra economía y nuestra propia doctrina militar, hacen imposible e innecesario un crecimiento cuantitativo de nuestras FF. AA., principalmente en las ramas más necesarias: Fuerza aérea y naval.
No obstante, está demostrado que en las condiciones del combate moderno la tácticas de guerra asimétrica, las tecnologías furtivas, las armas portátiles anti-carros y antiaéreas, los drones artillados y cohetes anti-buques baratos, están haciendo obsoletos los grandes sistemas de armas, las grandes naves y flotas, incluso la carísima aviación reactiva de ataque.
Aunque, debemos buscar la paz, siempre hay que estar preparados para la guerra (más aún en esta “nueva era” donde está llegando a su fin la globalización, el neoliberalismo, se debilita el sistema mismo y en cuando muchos envalentonados (o desesperados) se atreven a despreciar el Derecho
Internacional, resistiéndose al ineludible cambio de paradigma histórico y socio-económico global que se avecina), para lo cual es necesario acercarnos a nuestros aliados y amigos detentores de grandes recursos y fabricantes de tecnologías militares eficientes, eficaces, prácticas y de bajo costo. El derecho nos asiste.
A nivel internacional, nuestro país enfrenta la agresión en forma de sanciones por parte del Imperialismo yanqui, la UE y sus secuaces, a la vez que la correcta decisión de salir de OEA traerá seguramente represalias de parte de ese instrumento de la política exterior yanqui y en definitiva, las grandes organizaciones multinacionales llamadas a preservar la paz y promover la colaboración entre los países (incluida la ONU) demuestran cierta parcialidad, cierto alineamiento en esta coyuntura mundial tan conflictiva. Todo esto nos indica que debemos prepararnos, impulsados por nuestro propio desempeño.
Este llamado a la defensa, en realidad no nos debe de desviar de nuestro histórico amor por la paz y la buena vecindad, colaboración y solidaridad con nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica y el mundo, incluyendo al sufrido pueblo colombiano y claro está, el aprovechamiento de cualquier oportunidad que la Diplomacia nos ofrezca para encontrar, junto con el gobierno colombiano, caminos de solución a nuestros conflictos, siempre partiendo de la base del Derecho Internacional y las resoluciones de la CIJ, en el caso del Mar Caribe.
Esperamos que el nuevo gobierno colombiano que surja de las elecciones presidenciales próximas de ese país, asuma con responsabilidad y sabiduría la resolución de una vez por todas de estos problemas recurrentes y artificiales, para bien de todos y de nuestra Patria Grande.
Edelberto Matus.
