Es imperativo que el movimiento social, aparte de la valiosa denuncia y acompañamiento internacional, retome la senda de la acumulación y la movilización. Además, es clave despuntar la correlación de fuerza y buscar la legitimidad y cobijo de las masas.
Este conflicto social y político antes de finalizar, se está profundizando, es necesario pasar a la ofensiva en términos de una propuesta política y proyecto de país. ¡Es hora que cese la horrible noche!.
“La civilización y la justicia del orden burgués aparecen en todo su siniestro esplendor, dondequiera que los esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus señores”
Karl Marx,
La Guerra Civil En Francia[1]
La crisis que actualmente se agudiza en el país es fruto del histórico declive del proyecto de nación, que representa la oligarquía criolla lacaya del gran capital.
La pérdida de soberanía nacional enmarcada en contra de la autodeterminación del país se refleja también en la desindustrialización del aparato productivo; la crisis agraria; la primarización productiva; el paro estructural; la crisis del sistema de ciudades y la economía especulativa que promueve el capital ficticio y esto depende más de los movimientos de capital externo. Esto ha sumido a la nación en una espiral de degradación moral que configura un estado de inestabilidad, violencia y destrucción al que está sometido la clase popular y trabajadora.
La posición del movimiento social colombiano no ha sido neutral en el tiempo, sino que ha levantado las banderas de un proyecto para un país diferente que intenta contrarrestar lo hegemónico. Como resultado de este proyecto de país, se desarrolló un profundo conflicto social que perdura hasta nuestros días.
En esta contienda, el régimen de gobierno se ha caracterizado por ser elitista, profundamente excluyente, muy violento e inestable.
La masacre de las bananeras inició la violencia contra el movimiento social en el país; luego, el Bogotazo demostró la persecución del régimen; con la violencia de los 50’s inicia el denominado “conflicto armado”; la brutalidad y represión de principios de los 80’s que catapultó la dura década de los 90’s hacia la hora más sangrienta; hasta la “seguridad democrática” con sus falsos positivos y la criminalización del movimiento social, siendo esta última, la antesala a la persecución a la protesta y la carnicería de líderes sociales que se gestó, tan pronto se firmó los acuerdos de paz.
Se calcula un aproximado de 8 millones de desplazados, desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2019 (Observatorio Global del Desplaza-miento Interno (IDMC), 2019), para 2010, la extensión de tierras despojadas entre 1980 y la fecha del estudio, sumo casi 7 millones de hectáreas (III ENV, 2010).
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, y hasta julio 31 de 2018 se registraron 257 asesinatos, principalmente a líderes del movimiento social (Comisión Colombiana de Juristas, 2019) y en lo que va del año, el país registra 16 masacres entre: Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Norte de Santander, los mismos departamentos donde ejercer el liderazgo, es más peligroso (Nocua, 2019).
La judicialización y estigmatización es otra práctica recurrente, desde el año 2012 mensualmente se dan unas 33.5 amenazas, 3.5 atentados, 7 defensores asesinados y 3 judicializadas, entre enero de 2012 y 2019 se han judicializado, 249 personas (Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos —CSPP— 2019).
El narcotráfico reflejo de la crisis económica
El peso de la industria de la cocaína en el país no puede considerarse marginal. El Banco De La República calcula que es un negocio con unos 1,95 billones de pesos, el 2% del PIB.
Mientras que para la ANIF, la cifra es cercana a los 29,2 mil millones cuando se suman a otras actividades auxiliares lo que representa el 3% del PIB.
El exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, público un informe que describe, cómo la cocaína sirvió de estabilizador macroeconómico del país.
Estabilización que se dio durante la caída del precio de los hidrocarburos en 2014, caída que produjo una pérdida de US$55.000 millones en ese año, el 17% del PIB de la época.
Para Arias el creciente narcotráfico desde 2013, aporto unos US$ 46.032 millones, amortiguando cerca del 85% de la caída de los precios (Arias Leiva, 2019); sin embargo, para el CEDE de la universidad de los Andes, en cabeza de Hernando Zuleta se estima en apenas 1% del PIB el peso del narcotráfico en la economía (ZULETA, 2017).
Manifiesta además que es difícil medir de manera exacta el volumen del negocio en el país, pues no se tienen en cuenta todos los factores.
Luis García, de la Universidad Javeriana, no descarta que la caída de los precios de los hidrocarburos, haya coincidido con el aumento del precio de la cocaína; sin embargo, lo que no coincide, es que el valor agregado que se produce a lo largo de a la cadena de suministro, sea “repatriado” en su totalidad al país (García Echeverría, 2019).
Esto desmiente el argumento de Arias, pues como también lo precisa Sergio Orjuela economista de la Universidad Nacional: “buena parte de la ganancia se la quedan los intermediarios”. Por lo que el volumen de negocio no estaría a la altura de ser palanca para la economía del país (Becerra, 2019).
Lo anterior muestra que se puede estar bajo la presencia de un espiral ascendente en este negocio, como también lo demuestra el aumento de las áreas de cultivo en este mismo periodo (ver gráfica) que para 2017, llegaron a las 171 mil hectáreas.
Nivel muy superior al del año 2000, que se situó en cerca de 163 mil hectáreas, para 2018 la dinámica descendió con cerca de 169 mil hectáreas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC—, 2020).
El entonces gerente del Banco De La República, Juan José Echavarría, estima que el tema está sobrevalorado y aunque el narcotráfico influencia de manera directa ciertas regiones y sectores económicos del país, aún no tiene la capacidad de definir la tasa de cambio.
La guerra se dispara del campo a la ciudad
Cabe destacar que es innegable que el narcotráfico es el motor de la guerra en el país. Aunque las áreas de cultivo han disminuido en los últimos dos años, la violencia se ha apoderado de las principales regiones rurales del país donde continúan existiendo cultivos.
Desde 2012, se planteó que si el proceso de paz no funciona, aumentaba el riesgo de un mayor rearme y creación de nuevas estructuras.
Desde el año 2016, comenzaron a aparecer grupos de guerrilleros de las FARC, que no acataron ni el proceso de paz, ni los acuerdos firmados en septiembre, continuaron alzados en armas y se conocen como las disidencias.
Pero más allá de grupos reincidentes, como los catalogó la propia organización, es un fenómeno enmarcado en la distorsión político ideológica de las FARC.
Que sumada a un entorno con diferencias sociales, un atraso de las zonas rurales del país y el narcotráfico continúan impulsando el conflicto social del país. (Fundación Ideas para la paz, 2018).
Las disidencias se ubicaron en zonas donde la violencia y el narcotráfico aumentaron debido a la introducción de megaproyectos de energía minera y el incumplimiento y abandono del estado al mundo rural y agrícola.
Para 2019, había alrededor de 18 estructuras de oposición concentradas en 1200 a 1500 combatientes. Las acciones de estas organizaciones, que no tienen un mando central o unificado, para el 2018 llegaron a 200, preservando los elementos militares, tácticos y políticos de la antigua guerrilla (Fundación Ideas para la paz , 2018).
Así como la llegada de carteles mexicanos al país, que si bien llevan décadas interviniendo en la cadena de producción de narcóticos, en los últimos años vienen desde centro América hacia el sur y ahora aparentemente en Colombia teniendo un dominio en el mercado del narcotráfico (Fundación Paz Y Reconciliación-PARES, 2020).
El informe de la Cumbre Agraria e Indepaz, sobre la violencia ejercida contra el movimiento social, se permite ver como en los dos últimos gobiernos, donde ya la situación se ha agudizado en materia económica, social y política, también ha sido una auténtica carnicería para el movimiento social y sus liderazgos.
Desde la posesión del presidente Iván Duque, al 15 de julio de 2020, 573 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia.
Así mismo durante la administración Santos, en un lapso igual, entre julio de 2016 y el 7 de agosto de 2018 ocurrieron 459 asesinatos de líderes y personas defensoras de los Derechos Humanos (Idepaz, 2020).
Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz en 2016, las víctimas de unos 681 casos de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales.
Una cifra cruda, pero no más cruel que saber, que los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70.13% de los homicidios (Idepaz, 2020).
Esto muestra como el escenario bélico que se agudiza hoy en el país, producto de la política de seguridad de Duque, está sometiendo al movimiento social a un nuevo embate.
Embate que está siendo aprovechado por la oligarquía y el gran capital, para frenar los procesos sociales, limitar la soberanía de las comunidades y así dar vía libre a megaproyectos. Además de sacar del camino a opciones políticas alternativas y populares, sin hablar del despojo de tierras que pueden estar preparando.
Exterminio al movimiento social
En el marco del prolongado conflicto social y político del país, el movimiento social intentó mantener y proteger los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, a pesar de los múltiples ataques y agresiones a lo que lo ha sometido las clases hegemónicas y el gran capital.
La práctica de exterminio en contra de esta apuesta popular de las masas, se mantiene con rigurosidad y sevicia. La capacidad del movimiento social para bandear esta situación le ha proporcionado herramientas de defensa táctica en derechos humanos, litigio legal estratégico, denuncia de irregularidades y garantías internacionales.
El posconflicto como corolario de la “nueva” época del país, parece ser un elemento más de esta estrategia de exterminio.
Pues intenta superar de un plumazo las décadas de conflicto social y política, que está lejos de resolverse en el país y además trae una nueva metodología, para tipificar a los “enemigos” del Estado y sus instituciones.
Esto ha llevado como consecuencia, a una espiral de violencia, desde la firma de los acuerdos de paz, que ha tenido como objeto al tejido humano, del movimiento social colombiano, sus organizaciones, recursos y procesos.
Las formas van desde el homicidio, las amenazas, las judicializaciones y el despojo. La excusa, la lucha contra el “terrorismo y el narcotráfico”.
Es imperativo que el movimiento social, aparte de la valiosa denuncia y acompañamiento internacional, retome la senda de la acumulación y la movilización. Además, es clave despuntar la correlación de fuerza y buscar la legitimidad y cobijo de las masas.
Este conflicto social y político antes de finalizar, se está profundizando, es necesario pasar a la ofensiva en términos de una propuesta política y proyecto de país. ¡Es hora que cese la horrible noche!.
Este artículo es un extracto, pronto publicaremos el artículo completo en la Revista Proletaria, esfuerzo entre el Centro de Pensamiento y teoría crítica – PRAXIS y Trochando Sin Fronteras.
Trabajos citados:
Observatorio Global del Desplazamiento Interno (IDME). (2019). Informe 2019.
Arias Leiva, A. F. (2019). Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico colombiano 2015-2018? Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.
Becerra, L. L. (2019, noviembre 18). Narcotráfico pesa hasta $19 billones en el Producto Interno Bruto de Colombia. La Republica.
Comisión Colombiana de Juristas. (2019). ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Postacuerdo. Bogotá DC: CCJ.
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP). (2019). Criminalización de la defensa de los derechos humanos. 2019: Periferia Prensa Alternativa.
Fundación Ideas para la paz. (2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC. Bogotá: FIP.
Fundación Paz Y Reconciliación-PARES. (2020). Radiografía de la presencia de los carteles mexicanos en Colombia. Bogotá: PARES.
García Echeverría, L. (2019). La economía colombiana y la economía mundial. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Idepaz. (2020). INFORME ESPECIAL: Registro de líderes y personas defensoras de DD. HH. asesinadas. Bogotá: IDEPAZ.
III ENV. (2010). La III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada en Colombia, (III ENV 2010). Bogotá: centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
Nocua, D. (2019). Violencia sociopolítica contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el postconflicto: dificultades y retos para la implementación de una paz estable y duradera en Colombia. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 30, 30-1.6.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2020). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Bogotá: UNODC-SIMC.
ZULETA, H. (2017). Coca, cocaína y narcotráfico. Documentos CEDE.
