El 10 de marzo de 2020 Jacob Gutwillig, Fiscal de Nueva York, calificaba a Honduras como un “narcoestado” cuyo presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), era “parte fundamental” de la estructura criminal. Gutwillig verbalizaba lo que desde hacía años la DEA ya sabía: Honduras, bajo los gobiernos del Partido Nacional (PNH), había llevado a un grado nunca antes visto los siempre existentes vínculos entre política y narcotráfico.
En poco más de una década, desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, el Estado se había deformado al compás del crimen organizado con una praxis autoritaria que desdibujó los límites institucionales.
Un año y medio después de que JOH fuese señalado como la cúspide del esquema de crimen organizado que rige Honduras, una amplia coalición opositora liderada por Xiomara Castro consiguió derrotar al gobernante PNH. Lo hicieron recogiendo un gran descontento social multifactorial: corrupción, pobreza, violencia… todo agudizado por la COVID-19.
Xiomara Castro asumirá la Presidencia de Honduras el próximo 27 de enero con un mandato hasta 2026.
La mayoría de medios subrayó en que se convierta en la primera presidenta del país, en su matrimonio con el depuesto expresidente Manuel Zelaya o en la salida del Partido Nacional de Honduras tras doce años ininterrumpidos en el poder. Tres puntas de un mismo proceso de transformación; con el cambio de presidencia, Honduras abre un nuevo ciclo político, aún incierto, pero que ya está en construcción.
Fin a un siglo de bipartidismo
Quizá uno de los aspectos más determinantes y menos analizados que justifican hablar de cambio de ciclo es que la presidencia de Xiomara Castro rompe el bipartidismo que vertebra la política del país desde hace más de un siglo y cuya génesis, como la de todos los partidos liberales y conservadores en la región, puede encontrase en las últimas décadas del s. XIX, cuando las pequeñas agrupaciones conservadoras y liberales representaban un suerte de grupos organizados de presión y de intereses clientelares compuestos por las élites político-económicas del país.
Su confrontación, pacífica o violenta, y sus alianzas llevaron a ambos partidos a acaparar la presidencia hondureña durante más de cien años con las únicas salvedades de gobiernos militares.
El ejército, árbitro en los momentos de mayor tensión e inestabilidad nacional, llegó varias veces al poder con la necesaria connivencia de alguno de los grupos; la última vez entre 1963-1981, coincidiendo con la ola de dictaduras militares en toda Latinoamérica.
En este lapso de bipartidismo centenario, el Partido Conservador se renombraría en 1919 como Partido Nacional de Honduras (PNH), denominación con la que ha llegado a nuestros días.
La transición a una democracia liberal llegó tras un proceso de transformación pactado entre la junta militar saliente y la Asamblea Constituyente electa en 1980, que tras dos años de trabajo alumbró la Carta Magna de 1982 que sigue rigiendo el país.
Se inauguraba una democracia electoral donde Liberales y Conservadores no solo compartieron el poder sino también una gran parte del ideario político: importancia de la religión, alineamiento con EEUU, defensa del status político y continuismo económico. El bipartidismo hondureño era uno de los más sólidos de la región con una concentración electoral (suma del voto de ambos) superior al 95% hasta 2013.
El sistema comenzó a resquebrajarse con la elección de Manuel Zelaya como candidato del Partido Liberal y posterior presidente del país tras las elecciones del 2005. Pese a que su candidatura se postuló desde uno de los partidos históricos, lo hizo gracias al “sector de izquierdas” que respaldaba sus aspiraciones en unas primarias que agudizaron las fricciones intrapartidistas, lo que ya permitía aventurar un cambio en el sistema de partidos que el golpe de Estado de 2009 materializó.
De izquierda a derecha, el presidente de Cuba, Raúl Castro; el hondureño Manuel Zelaya; el venezolano Hugo Chávez y el nicaragüense Daniel Ortega.
El aparato del Partido Liberal colaboró activamente en el derrocamiento del que fuera su candidato. El giro de Zelaya en política exterior -alineándose con el ALBA-TCP y marcando distancias con EEUU-, así como las transformaciones económicas y el intento de promover una asamblea constituyente, fueron el pretexto para que sectores del Partido Liberal, el PNH y el ejército ejecutasen el golpe de Estado del 28 de junio.
Al exilio y la persecución les siguió una reorganización política del espacio político de Zelaya con la fundación en 2011 del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Ni su organización ni ninguna otra candidatura crítica participó en las elecciones del 2009, cita que estuvo marcada por un clima de tensión y violencia y donde se impuso el candidato del PNH Porfirio Lobo, reconocido tan solo por una docena de países, entre ellos EEUU, que fue el gran valedor internacional del gobierno conservador que había desplazado la amenaza bolivariana de Honduras.
Desde entonces se fraguó una amplia y heterogénea oposición al golpe de Estado, que tenía continuidad en los sucesivos gobiernos conservadores del PNH. En la cita electoral del 2013 la oposición acudió divida en dos grandes listas -la exprimera dama Xiomara Castro de Zelaya, por LIBRE (28,8%) y el discurso regeneracionista y outsider de Salvador Nasralla, por el Partido Anticorrupción (13,4%), lo que permitió la elección del candidato de la derecha Juan Orlando Hernández (JOH) con un 36,9%.
En la siguiente cita se tomó nota de la fragmentación y la “Alianza de Oposición contra la Dictadura” promovió una lista unitaria, con Nasralla como presidenciable y Castro como vicepresidenta, para evitar la reelección de JOH. Pero en esta ocasión la victoria se escapó por escasos 50.000 votos en una elección marcada por las irregularidades y un polémico recuento -caída de la plataforma de escrutinio incluido- que la oposición calificó de “pucherazo”.
Crisis social, económica e institucional carcomen Honduras
Hasta la victoria de LIBRE en 2021, el PNH había ostentado la presidencia las últimas tres elecciones. Porfirio Lobo (2009-2013) y luego Juan Orlando Hernández -JOH- (2013-2021) dirigirían el país en un contexto de progresiva pauperización económica y auge de la crisis política. Un cóctel acrecentado por las prácticas de clientelismo, la destrucción de empleos y las acusaciones de autoritarismo.
A las sospechas de fraude electoral -que con mayor o menor fuerza se han dado en 2009, 2013 y 2013- se suma un ejercicio del poder político que, pese a mantener la apariencia democrática, ha bordeado y reinterpretado los límites de la Constitución.
La propia reelección JOH es objeto de polémica, pues la Carta Magna establece en su artículo 234 que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado”, un límite que consiguió sortear gracias a la lenta y progresiva disolución de la separación de poderes.
Desde el golpe de Estado la depuración de funcionarios y el nombramiento de otros nuevos respondió a un criterio ideológico consiguiendo que, pese a lo explícito del texto, el Tribunal Electoral y la Corte Constitucional, copados de oficialistas, avalasen su reelección. Manuel Zelaya lo había intentado 8 años antes promoviendo una reforma constitucional, precisamente el detonante de su derrocamiento.
El deterioro institucional hondureño es innegable. La desafección y el sentimiento de no representación ha crecido espoleado por la corrupción y la crisis social. De acuerdo con el Latinobarómetro de 2021, en una década la confianza en la democracia como sistema político bajó del 53% en 2009 al actual 40%. Una de las tasas más bajas de la región.
El modelo productivo hondureño se sustenta desde hace siglos en la agricultura: banano, café y palma brotan con facilidad del rico suelo tropical; una tierra concentrada por grandes familias terratenientes y compañías que han sido objetivo de sucesivas reformas y contrarreformas agrarias.
El precario sector primario, la ganadería, la famélica industria o la agraciada minería se sustentan en un 58% de trabajadores informales de acuerdo a los datos del Banco Mundial para 2020. Ello unido a la pobre legislación laboral tiene su reflejo en una pobreza del 70% de la población, según la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), lo que hace de Honduras el país más desigual de la región más desigual del mundo, América Latina.
En esta coyuntura la migración funciona como válvula de escape para la población. Se estima que a principios de este siglo el número de hondureños en el extranjero se aproximaba a los 340.000, una cifra que se ha triplicado en dos décadas rozando ya el millón de compatriotas en la diáspora, casi un 10% de la población.
Una importante comunidad buscó refugio en España -100.000- y en países del entorno; pero muchos se juegan la vida intentando llegar a EEUU, donde topan con la impasible “frontera sur”. En el año fiscal 2021, que finalizó en septiembre, los hondureños representaban cerca de la mitad de los 700.000 centroamericanos detenidos a las puertas de EEUU según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La Casa Blanca trata de frenar este fenómeno desde hace años reforzando la frontera y con importantes programas de inversión en los países de origen; pero el nepotismo y la fragilidad institucional hondureña se ha convertido en un dolor de cabeza para el vecino del norte.
El problema es tan grave que EEUU promovió a través de la OEA un mecanismo que fiscalizase las multimillonarias ayudas económicas que llegaban a Tegucigalpa para combatir la migración. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH), creada en 2016, fue la primera misión que la OEA creaba para combatir la corrupción de uno de sus estados miembros. Su mandato de cuatro años no fue renovado por los votos en contra del PNH, pese a la intención favorable de la oposición.
No obstante fue tiempo suficiente para judicializar 14 casos de corrupción que afectaban a más de 100 funcionarios del país. La propia administración norteamericana y la OEA calificaron como algo “negativo” la renovación de la Misión ante el evidente ambiente de impunidad que predominaba en las altas esferas gubernamental sin que ni sus propios aliados pudiesen ya negarlo.
La corrupción se encuentra institucionalizada en Honduras. En la última década decenas de instituciones como el Instituto Hondureño de la Seguridad Social -donde se desfalcaron más de 335 millones de dólares-, el Instituto de la Propiedad, el cuerpo diplomático o la Liga Nacional de Fútbol se han visto salpicadas por escándalos.
El indicador “Transparency International” otorgó a Honduras el puesto 157 de los 180 países estudiados según la percepción de corrupción.
La narcopolítica: la difusa frontera entre crimen organizado y la institucionalidad hondureña
Honduras es hoy un punto neurálgico de producción y distribución de drogas. Su ubicación lo convierte en punto de llegada de las rutas terrestres -desde Venezuela y Colombia-, aéreas -recepcionando los puentes aéreos que recorren el cielo del Caribe- y también marítima; y en vía de acceso privilegiada hacia el mercado estadounidense.
Que el país juegue este rol solo ha sido posible gracias a la connivencia institucional; aquí el narcotráfico se mezcla con el poder político y económico. El ejército es también parte necesaria de esta ecuación.
Los grupos que operan desde territorio hondureño cuentan con una nutrida partida de generales, diputados, alcaldes y funcionarios a sueldo que garantizan la viabilidad de sus operaciones.
Como revela InSight Crime en varios reportajes “remanentes de los clanes narco de los Valle y los Cachiros se han unido con oficiales del ejército y políticos para reabrir sus negocios y transportar cargamentos de cocaína suramericana hacia Guatemala, según funcionarios de seguridad y agentes de inteligencia del ejército entrevistados por InSight Crime en Tegucigalpa”.
Estos grupos han aprovechado la libertad de acción para comenzar a plantar coca y crear varios laboratorios en el norte del país, especialmente en las zonas selváticas y en el oeste fronterizo con Guatemala, siguiente parada en el camino a EEUU.
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Mapa de las rutas del narcotráfico en Honduras. Fuente: insightcrime.org
Los vínculos del narcotráfico con la política hondureña se han hecho evidentes. El rastro de la droga llega hasta la Casa Presidencial. Desde el derrocamiento de Zelaya los dos presidentes en el poder (Porfirio Lobo y JOH) y su partido, el PNH, se han visto señalados por sucesivas investigaciones periodísticas y la propia justicia estadounidense.
“Mientras estaba en el cargo, el presidente Porfirio Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos”.
Con esta contundencia el secretario de Estado, Antony Blinken, señaló al exmandatario como engranaje fundamental en el narcotráfico hondureño. Lobo vendría a liderar una suerte de “clan” familiar; su mujer y exprimera dama, Rosa Lobo, fue acusada por EEUU de “incurrir en actos de corrupción importantes mediante el fraude y la malversación de fondos públicos para su beneficio personal”.
Su hijo, Fabio Lobo, fue detenido y condenado en EEUU a 24 años de cárcel por conspiración y narcotráfico. “Usted era el hijo del presidente de Honduras en funciones. Usted usó sus conexiones, facilitó un fuerte apoyo gubernamental a una organización de narcotráfico (…) Abusó de quien usted era para perpetrar este crimen”, dijo la magistrada Lorna Schofield durante el juicio.
Los innegables vínculos de Lobo con el crimen organizado obligaron a EEUU, uno de los pocos países que reconoció su presidencia tras las elecciones posteriores al golpe, a prohibir la entrada al país a todo el clan.
Su suerte es distinta en Honduras, donde el monopolio político del PNH garantizó inmunidad a la familia; allí la cuestión del narcotráfico no está siendo investigada, pero sí tuvieron que hacer frente a acusaciones de corrupción gracias a la labor de la MACIH, que antes de ser disuelta por el gobierno acusó a la exprimera dama de corrupción, siendo condenada en 2019 a 58 años de prisión.
Apenas seis meses después la Sala de lo Penal de Corte Suprema de Justicia anuló de manera unánime el juicio llevado a cabo y ordenó que se repitiera a petición de la defensa de Lobo.
En octubre de 2021 la revelación de los Pandora Papers destapó que el expresidente Porfirio Lobo mantuvo tres sociedades offshore radicadas en Panamá durante prácticamente todo su gobierno y al menos hasta 2016. Una la abrió dos meses antes de las elecciones presidenciales de 2005, que perdió frente a Manuel Zelaya; las dos restantes fueron creadas durante su primer año en el poder.
También la exprimera dama aparece al frente de una cuenta en Panamá durante el periodo 2011-2016, coincidiendo con la presidencia de su marido.
El hijo de ambos y diputado por el PNH, Jorge Dimitrov Lobo Alonzo, también aparece en los Pandora Papers. Wilfredo Cerrato Durón, quien fuera jefe de la Casa Presidencial bajo su gobierno, también tuvo cuentas offshore de acuerdo con la filtración.
A las todopoderosas familias Lobo y Hernández debe sumarse la Rosenthal. El empresario y político liberal Jaime Rosenthal, que antes fuera vicepresidente en el gobierno de Jorge Azcona (1986-90) y diputado, se desempeñó como asesor de Manuel Zelaya durante su gobierno.
En 2015 el Banco Continental, del que era propietario, fue intervenido por el Departamento de Estado norteamericano por servir para el blanqueamiento de dinero de los Cachiros. Junto a él cayeron varios familiares como su sobrino Yankel Rosenthal y su hijo y heredero del imperio empresarial Yani Rosenthal, quien fuese Ministro de la presidencia en los dos primeros años del gobierno de Zelaya.
Tuvo un papel clave en el golpe de Estado y fue una de las cabezas visibles del Partido Liberal que defenestraron a Zelaya; después desempeñó varios cargos hasta que la justicia estadounidense le condenó a una pena reducida de tres años por su colaboración con los Cachiros.
A su salida de prisión, en 2020, reaparecería en la vida pública hondureña postulándose como candidato presidencial del Partido Liberal, donde la familia continua ejerciendo una gran influencia. Aunque en las elecciones del 28N de 2021 obtuvo poco menos del 10% de los votos, será fundamental en los equilibrios legislativos de la legislatura entrante.
El sucesor de Lobo en la presidencia, JOH, también aparece íntimamente ligado al narcotráfico. Desde 2004 su hermano, Tony Hernández, diputado entre 2014 y 2018, era una de las patas del “cartel de los Hermanos AA” junto a Hugo y Alexander Ardón; este último fue además alcalde por el PNH del municipio de El Paraíso.
Su poder político les permitió hacer de Honduras una autopista para la cocaína suramericana, a la que cobraban una tasa con la que sostenían todo el aparato criminal.
Varias investigaciones apuntan a que el presidente JOH se benefició de este dinero ilícito, que habría financiado su campaña. Durante la presidencia la cobertura al cartel fue casi total: la tercera hermana de la familia, Hilda Hernández, fue nombrada Ministra de Desarrollo y desde el Estado se ajustaron cuentas con grupos rivales como los Cachiros, que tenían su protección política en la familia Rosenthal.
La justicia hondureña, ciega al quehacer de la familia Hernádez y el “Cartel de los Hermanos AA”, no intervino en ningún momento, pero sí la DEA. El organismo norteamericano, que desde hacía años seguía la actividad de estos grupos lanzó una ofensiva en 2016 que JOH no pudo frenar; fue así como su hermano, decenas de funcionarios y personas de su entorno político y familiar serían extraditados a EEUU.
Allí un macrojuicio resolvió que Tony Hernández “estuvo involucrado en todas las etapas” del tráfico de toneladas de cocaína, sobornó a funcionarios hondureños y “solicitó grandes sobornos a los principales traficantes de drogas”; manteniendo relación con “algunas de las redes trasnacionales más peligrosas de México y Colombia”.
Las investigaciones apuntan también al presidente como “parte fundamental de un narcoestado hondureño”, en palabras del representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, institución que busca el enjuiciamiento del mandatario. Algo que por el momento no llega gracias a la posición de poder y el control estatal de JOH.
Imagen del juicio a Tony Hernández en EEUU por tráfico de drogas.
Una oposición heterogénea para un mañana por escribir
El golpe de Estado fue respondido en la calle por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una organización social que mantuvo el pulso a la nueva administración; una vez asentado el golpe y ante la irreversibilidad del mismo se apostó por transforma lo que hasta entonces era un movimiento de protesta en un partido político: Libertad y Refundación (LIBRE), primera fuerza política de izquierdas con incidencia significativa en la historia reciente del país. Hasta entonces solo el muy minoritario Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), de centroizquierda, competía contra conservadores y liberales consiguiendo discretos resultados sin superar los cuatros escaños.
La nueva formación arrastró al sector de izquierdas del Partido Liberal y el tejido social construido por el FNRP. Al frente de LIBRE se encuentra el propio Zelaya. Ideológicamente podríamos ubicar sus lineamientos con las tesis del Socialismo del s. XXI, con una defensa de la intervención estatal en los sectores estratégicos de la economía y una mayor inversión en servicios sociales.
En su seno conviven varias tendencias; la influencia de la teología de la liberación es notable y muchos de sus cuadros presentan un perfil socialdemócrata que, aunque coinciden en la necesidad de transformar el modelo político del país, no buscan imprimir en ese cambio un carácter radical. LIBRE es además miembro del Foro de São Paulo, punto de encuentro de un vasto número de partidos de izquierda latinoamericanos como PSUV, FSLN, MORENA, MAS, PT, PCCuba o Perú Libre.
La expulsión de Zelaya y la concentración de poder del PNH se canalizó también en otros partidos socioliberales y regeneraciones que han hecho de la anticorrupción y el cambio su bandera.
Fue el caso de Salvador Nasralla, apodado “el señor de la televisión” por su dilatada carrera en los medios hondureños. Nasralla cofundó el Partido Anticorrupción (PAC), con quien en las elecciones del 2013 consiguió un 13,4% de voto en las presidenciales y 13 asientos en el Congreso; una gran irrupción como cuarta fuerza -tras PNH, LIBRE y el Partido Liberal- que saltó por los aires en cuestión de meses por la guerra intestina en la formación; Nasralla denunció indisciplina de varios miembros e insinuó que varios se encontrarían sobornados por el gobierno, a quien apoyaron en varias votaciones claves.
La crisis se saldó con la salida de Nasralla, que acudió como candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura para las elecciones del 2017, una marca que agrupó al entorno del presentador de televisión, LIBRE -con Xiomara Castro como fórmula vicepresidencial- y PINU. Las razonables sospechas de fraude electoral incendiaron de nuevo las calles y ratificaron a la oposición es la estrategia unitaria.
Cuatro años después Castro y Nasralla cambiarían papeles, con la exprimera dama como presidenciable y él como vicepresidente, ahora con el respaldo partidario de una formación que él mismo lidera, el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Hay que destacar que el movimiento de protesta, que comenzó contra el golpe de Estado y evolucionaría hacia una “lucha contra la dictadura”, tiene una composición mucho más compleja que la suma de los actores arriba descritos. Buena parte de la ciudadanía carece de identificación partidista y el carácter transversal y amplio de las movilizaciones, que denunciaban las prácticas del PNH con una reivindicación “abstracta” de cambio, posibilitó que adquiriesen un carácter masivo.
Otro actor fundamental es el movimiento campesino hondureño, que por la realidad económica y social del país goza de una amplia base social, aunque no tienen el nivel de combatividad y movilización de otros países del entorno.
Sin salir del ámbito laboral, los principales sindicatos del país -la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) socialdemócrata, la Central General de Trabajadores (CGT) socialcristiana y la Federación Unitaria de Trabajadores de Hondura (FUTH) con una visión clasista de la sociedad- también han sido parte de las movilizaciones, especialmente contra la legislación laboral y la reforma del código penal impulsada por JOH, que aumentaba penas por protestar o reducía las sanciones a la violencia machista entre otros.
Manifestantes portan un retrato de la activista Berta Cáceres, asesinada en Honduras en 2016.
Por último, el movimiento indígena y ambientalista ha sido punta de lanza en la lucha contra las políticas de la práctica totalidad de gobiernos del país y ha participado también en las movilizaciones contra el golpe del 2009.
Resistencia activa contra la explotación de suelo selvático, los proyectos mineros o la deforestación, su acción ha sido respondida con violencia; sin duda alguna el caso más representativo es el de la lideresa Berta Cáceres, cofundadora Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016.
La proliferación de megaproyectos económicos en la última década visibilizó la labor que venía haciendo desde años, y cuyo liderazgo en el movimiento de resistencia por la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque le costó la vida.
Tras un lustro de investigación el polémico juicio dictaminó que la autoría intelectual provenía de la empresa constructora Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) aunque, como denuncia la familia, el hostigamiento y posterior asesinato requirieron de la complicidad del Edtado hondureño.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada y coordinadora de la COPINH, aseguró sobre el triunfo de Xiomara Castro que “Celebramos con cautela pero con esperanza la victoria de Xiomara Castro, siendo electa como la primera presidenta de Honduras, rompiendo el dominio masculino del poder ejecutivo de la historia de Honduras y la hegemonía golpista autoritaria sostenida durante más de 12 años…un proyecto de cambio radical y profundo de nuestra sociedad necesariamente implica continuar la lucha, diálogos y organización para desmontar los poderes fácticos contrarios a los derechos de las mayorías y ejercer el poder popular”.
En este escenario de polarización, degradación institucional, crimen organizado y pobreza, Honduras afrontó las trascendentales elecciones del 28 de noviembre. Una cita que, pese a dar el poder a Xiomara Castro, no garantiza que el nuevo gobierno pueda combatir una miseria galopante, un Estado deformado y la narcopolítica.
Honduras se tambalea malherida, sus extremidades son débiles y cada día se desangra con cientos de compatriotas que abandonan su tierra buscando un futuro mejor. Sacar al país de su estado de letargo exigirá transformaciones profundas que toparán con las resistencias de no pocos actores; no será por tanto cuestión de voluntad sino de capacidad, la articulación de alianzas y los equilibrios internos determinarán el porvenir del país.
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