Venezuela denuncia ante la ONU las "operaciones mercenarias" de EE.UU. y Colombia "para derrocar gobiernos"

Venezuela pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar "las operaciones mercenarias" que se habrían planificado en EE.UU. con el propósito de cometer "ataques armados, actos de terrorismo y el asesinato de jefes de Estado" para "derrocar gobiernos" en la región.

El representante permanente venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, envió una carta fechada el 27 de julio a la presidencia del Consejo de Seguridad de ese organismo para "denunciar" el uso de "una red de delincuencia organizada transnacional", presuntamente integrada por mercenarios colombianos y estadounidenses, que tendría relación con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y con la Operación Gedeón, una acción armada fallida que buscaba derrocar y asesinar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Según el texto de 45 páginas, la finalidad de esta organización delictiva sería la de "perpetrar actos de terrorismo y asesinatos de jefes de Estado y facilitar el derrocamiento" de los gobiernos de Haití y Venezuela, lo que "constituye un ataque que pone claramente en peligro la paz y la seguridad internacionales".

¿Cuáles son los puntos más destacados?

En el texto, Moncada afirma que "es evidente" que el magnicidio en Haití "reúne todas las condiciones establecidas por el derecho internacional para definirlo como un 'acto de agresión'", que incluyó otros "graves crímenes" como un asesinato y un acto terrorista "mediante el uso de mercenarios" con financiación de "grupos delictivos organizados".

Del mismo modo, se relaciona el atentado armado contra el mandatario haitiano con el magnicidio fallido contra Maduro, en agosto de 2018, y con la Operación Gedeón, ejecutada en mayo de 2020. Ambas, según las autoridades venezolanas, habrían sido planificadas por los gobiernos de Colombia y de EE.UU.

"Puede pensarse que lo ocurrido en Haití es un fenómeno singular. Sin embargo, no es más que la repetición de un modo de ejecutar golpes de Estado, actos de terrorismo y asesinatos mediante el uso de mercenarios", dice el escrito.

Un hombre clave

Para demostrar sus afirmaciones, Moncada expone una serie de vínculos que ofrecerían pruebas de la supuesta relación entre el magnicidio de Moïse y la Operación Gedeón.

Uno de los nombres que surge es el de Antonio Intriago, propietario de la empresa CTU Security LLC, involucrada en el asesinato de Moïse y que, según medios colombianos, organizó el concierto que se realizó en la frontera colombo-venezolana en 2019, cuando el exdiputado opositor Juan Guaidó intentó ingresar de manera forzada y con acciones de violencia una supuesta "ayuda humanitaria" a territorio venezolano.

Según Caracas, Intriago tendría "conexiones políticas" con Juan José Rendón, exasesor de Guaidó, quien reconoció en una entrevista que había contratado y pagado 50.000 dólares a la empresa Silvercorp USA, que organizó y llevó a cabo el intento de invasión en costas venezolanas.

Otro punto que dejaría en evidencia las presuntas relaciones entre Intriago y el entorno de Guaidó, es que la empresa de aviación Helidosa, con sede en República Dominicana, transportó en un vuelo privado al dueño de CTU Security LLC, junto a otras personas, desde EE.UU. a Haití, y prestó el mismo servicio, en varias oportunidades, a un grupo cercano al exdiputado opositor que estuvo en "diversas islas del Caribe".

¿Cuáles son las conclusiones?

Venezuela sostiene que hay una "red delictiva estructurada", integrada por individuos de distintas nacionalidades residentes en EE.UU., que se dedicaría a la financiación de mercenarios colombianos para cometer "graves crímenes internacionales contra terceros Estados". Según se afirma, estarían protegidos por Washington y Bogotá.

Las conclusiones de este extenso informe apuntan a que el asesinato de Moïse fue el resultado de "una operación de fuerzas mercenarias", que habría sido planificada en EE.UU. y Haití, ejecutada por "asesinos colombianos" y financiada por empresas norteamericanas con recursos provenientes de la venta de activos del Estado haitiano.

Otro de los planteamientos indica que "es imposible avalar ingenuamente la tesis" de que toda la operación que culminó con asesinato del mandatario haitiano se hizo sin el conocimiento de los organismos de seguridad e inteligencia de los gobiernos de Colombia y de EE.UU.