Victoria Nuland, de subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado
El gobierno estadounidense sigue instrumentando su aparato institucional apuntando a Venezuela mediante la fabricación sin bases de un «narcoestado» en el país. Un informe revelador de finales del año 2020 del gobierno estadounidense sentó las bases, mediante recomendaciones, para que desde Washington se encaminaran esfuerzos en consolidar un desmantelamiento del poder y las instituciones venezolanas, camuflando acciones dentro de la supuesta «lucha contra las drogas» en el hemisferio.
A finales del año pasado, la Comisión de Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC, por sus siglas en inglés), una instancia bipartidista del Congreso norteamericano y que estudia las políticas antidrogas de los países e instituciones internacionales, publicó un informe con recomendaciones al gobierno demócrata recién electo en Estados Unidos con el fin de retomar (y amplificar) la «guerra contra las drogas», esta vez en el marco de una operación mundial coordinada, a partir de una reorientación general del Departamento de Estado.
Partiendo de una afirmación inicial en la que la WHDPC admite el «fracaso» de las políticas antidrogas y señalando la muerte de más de 500 mil estadounidenses en la última década por sobredosis, el documento insta a un rediseño integral del departamento para las relaciones exteriores y los órganos jurisdiccionales en la materia antidrogas, para que este extienda sus facultades superponiéndolas a la labor de la lucha contra los narcóticos, haciendo de ellas un epicentro de las relaciones internacionales estadounidenses en facultades y modalidades más extensas y profundas que las habituales.
En una referencia a la situación de la producción y tráfico de drogas en la región, contrario a los registros de las instancias internacionales involucradas en la materia, la peor parte queda para Venezuela, según el informe. En el desarrollo del texto, esta Comisión propone acciones para el desmantelamiento de las estructuras de narcotráfico, pero definen a Venezuela como un «obstáculo» para estos fines.
«La WHDPC reconoce que Estados Unidos y sus socios no pueden controlar el flujo de drogas ilícitas de América del Sur sin detener la política y crisis económica en Venezuela y alentar una transición ordenada a una situación estable, responsable y a un gobierno democrático. El tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas brindan un apoyo vital para el régimen autoritario del país, alimentando una crisis humanitaria que se ha extendido a países vecinos», indica el documento.
Nuevamente el «Eje del mal» y el «Cartel de los Soles»
De acuerdo al referido informe, existe un entramado de asociaciones entre Venezuela y sus países aliados que, lejos de establecer acuerdos de cooperación económica en materias sensibles, es, para esta Comisión, un entramado de relaciones sujetas a sospecha.
«El régimen de Maduro ha persistido a pesar de múltiples crisis económicas y políticas con la ayuda no solo de otros Estados hostiles, como Cuba, Rusia e Irán, sino también de las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los traficantes de drogas ilegales y de oro. El apoyo extranjero ha impulsado la economía y ha ayudado a las fuerzas de seguridad a reprimir a la disidencia.
Rusia proporciona equipos y asesores militares, así como inversiones, especialmente en industria petrolera. Por otro lado, operadores (agentes) cubanos presuntamente brindan un apoyo crucial en la vigilancia. La inteligencia venezolana, entrenada por cubanos, se ha infiltrado efectivamente en el sector militar. Mientras que Irán ha proporcionado combustible al país», señala el informe.
«El llamado ‘Cartel de los Soles’ supuestamente colaboró durante décadas con la guerrilla colombiana, proporcionando armas a cambio de cocaína», señala la WHDPC.
Adicionalmente, refieren que en 2020, en medio del escalamiento judicial de las arremetidas contra Venezuela, el entonces fiscal general William Barr puso precio a la captura del presidente Nicolás Maduro y parte de su gabinete civil y militar por «narcoterrorismo», lo cual coloca como «legítimos» los señalamientos contra la nación petrolera en el mencionado documento.
De acuerdo a esta Comisión, Venezuela también es responsable de las FARC-EP y el ELN, quienes según el informe se mueven «libremente» por el territorio venezolano imponiendo su supuesta estructura narcotraficante.
El informe señala además que Venezuela es responsable por un crecimiento de 39 a 85 toneladas métricas de cocaína que se mueven por el Caribe rumbo a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Dicho aumento estaría registrado desde 2011 a 2017, citando como fuente a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Convertir al Departamento de Estado en la instancia rectora en el continente
La propuesta de la WHDPC consiste en consolidar, en el aparato gubernamental estadounidense, modalidades de Estado excepcional no solo en las estructuras de poder nacional, también mediante modalidades extensivas a otros países.
El informe encomienda la dirección de esta tarea en la subsecretaría de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, cargo en el cual Victoria Nuland espera la confirmación del Senado luego de ser postulada por Joe Biden en febrero. El Instituto Samuel Robinson para el Pensamiento Original describe a Nuland como una expresión del «militarismo neoconservador» del imperio en las últimas décadas, y es recordada por:
o Jugar un papel clave en la invasión a Irak (2003) siendo asesora del vicepresidente Dick Cheney.
o Como secretaria de Asuntos Europeos de Obama, participó directamente en la operación de cambio de régimen en Ucrania (2014).
o Es esposa de Robert Kagan, uno de los neoconservadores más influyentes del establecimiento.
El informe estadounidense recomienda un «empoderamiento» del Departamento de Estado y dicha subsecretaría para articular en todas las instancias dependientes del gobierno estadounidense (Departamento del Tesoro, Pentágono, órganos de seguridad nacional, así como otras organizaciones como la USAID y NED) en una estrategia conjunta.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado debe erigirse como una instancia de coordinación de políticas con otros países para conseguir los objetivos en la «lucha contra las drogas», avasallando de hecho otros aparatos institucionales consolidados como Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado (UNDOC, por sus siglas en inglés) y sus instancias dependientes como el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
La concentración de poder en la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Departamento de Estado en materias de seguridad, con capacidades de superponerse y extralimitarse más allá de las fronteras estadounidenses, tiene carácter de excepcionalidad por delegar en una instancia política de un país capacidades ejecutivas relativas, no a la seguridad estadounidense, sino sobre las atribuciones de otros órganos internacionales.
Señales estas inequívocas de que la Comisión bipartidista de Políticas Antidrogas se asume con facultades supranacionales.
Para esta Comisión, hay un énfasis en el tratamiento del flagelo del tráfico de drogas como una pieza para hacer más extenso y profundo el alcance estadounidense.
El informe insiste de manera sumamente reiterada que el Departamento de Estado y la Subsecretaría en cuestión deben coordinar un esfuerzo de todo el gobierno estadounidense y sus socios para «contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales en el extranjero y reducir la oferta extranjera de drogas ilícitas», dando poco o nulo tratamiento al ineludible hecho de que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Por ende, la lucha antidrogas se reafirma en la política norteamericana como un brazo político para el desarrollo de los mecanismos de presión e influencia.
Venezuela como objetivo
Aunque el informe detalla ampliamente el fracaso de las políticas antidrogas en Colombia y México, donde el gobierno estadounidense ha estado sumamente involucrado, Venezuela se destaca en el informe por ser un nudo crítico.
Según la WHDPC, las acciones para contener el narcotráfico pasan por el endurecimiento de medidas de control al flujo de capitales y lavado, delegando a ello al Departamento del Tesoro y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN). Aunque estas medidas son claramente congruentes con las recomendaciones asentadas desde instancias como UNDOC para ser aplicadas dentro de cada país, es sabido que el Departamento del Tesoro ha actuado con fines políticos y fuera de las fronteras estadounidenses.
Concretamente el Departamento del Tesoro y su instancia dependiente, la FINCEN, han sido claves en las operaciones de desmantelamiento de gran parte de las capacidades económicas de Venezuela, mediante el congelamiento y despojo de facto de activos financieros y bienes soberanos venezolanos en Estados Unidos y otros países alegando «violaciones a los DDHH» o «lavado de capitales de la corrupción y el narcotráfico».
La implementación de estos nuevos poderes por parte del Departamento de Estado y la Subsecretaría de Asuntos Políticos solo podría significar para Venezuela la justificación para endurecer medidas de embargo económico y quizás de fuerza militar contra el país en nombre de una supuesta lucha contra el narcotráfico.
Adicionalmente, los riesgos del uso de las armas contra Venezuela, con el pretexto de desmantelar estructuras narcotraficantes que no figuran en los documentos de UNDOC, es una de las amenazas más graves a la estabilidad de Venezuela por tratarse de la construcción de narrativas sin fundamento para justificar agresiones al país.
El informe insta al gobierno estadounidense a adelantar todos los esfuerzos posibles para producir un cambio de situación (trasunto de «cambio de régimen» en la jerga militar) en Venezuela, que pasa por el desmantelamiento del chavismo en el poder para que solo así existan condiciones de plegar al país a la «lucha contra las drogas» a la usanza estadounidense.
En el informe se omite convenientemente que desde el cese de relaciones de Venezuela con la DEA, en 2005, el país incrementó las operaciones contra el narcotráfico, al punto de lograr hasta 2020 la incautación de más de 813 toneladas de esas sustancias. El país, desde 2012, ha neutralizado 226 narcoaeronaves que ingresaron a cielo venezolano, mediante derribo en el aire o mediante inutilización por fuego luego de aterrizaje forzoso.
Dentro del marco de lucha antidrogas por parte del Estado venezolano, la situación en Apure denota los esfuerzos estatales de la República Bolivariana que contrastan notablemente lo enunciado por Estados Unidos, en medio de la campaña continuada de desestabilización integral a la vida cotidiana del país.
