Recientemente, Amnistía Internacional puso en circulación un nuevo documento referido a la situación de la Nicaragua Sandinista.
El material, ciertamente sesgado e incriminatorio, fue respondido de manera clara y concluyente por el Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua, que formuló un análisis serio del texto publicado por el citado organismo.
La Declaración de Amnistía Internacional no debiera sorprendernos.
Es conocido el hecho que en noviembre de este año, tendrán lugar las elecciones políticas en la Patria de Sandino y el país hermano –en esa circunstancia- será nuevamente escenario de una confrontación entre las fuerzas conservadoras y la mayoría del pueblo empeñado en desarrollar y profundizar transformaciones sociales orientadas a elevar las condiciones materiales de vida de sus habitantes, alentando y promoviendo la construcción de una sociedad mejor, más humana y más justa.
Porque eso es así, desde el año pasado ya las fuerzas reaccionarias que operan en Managua y otras ciudades, fomentan un clima artificial de violencia, en el que no han caído las autoridades del país.
Eso no ha sido óbice, para que estos segmentos, vinculados a poderes antinacionales y conectados con el gobierno de los Estados Unidos y sus servicios secretos, atenúen sus propósitos.
Ellos, tomando la cautela del Estado Nicaragüense como una expresión de debilidad, han multiplicado sus esfuerzos porque saben que contarán con el beneplácito y el apoyo de quienes, operando en un escenario externo, alientan el caos y promueven el desgobierno en beneficio de los enemigos de Nicaragua y de su pueblo.
SE TRATA DE UNA CAMPAÑA ORQUESTADA CONTRA EL SANDINISMO
Se trata entonces, de una campaña orquestada contra el Sandinismo, y que tiene un claro corte de tipo electoral. A través de ella se busca alentar a los sectores conservadores de la sociedad para que se unan -actualmente están disgregados y dispersos- y presenten una batalla común orientada a bloquear las posibilidades de continuación del régimen Sandinista en la Patria de Rubén Darío.
En el fondo, esta campaña es la continuación de la iniciada en abril del 2018 y que se prolongara hasta julio del mismo año, generando un clima artificial de enfrentamiento y violencia que hizo inmenso daño a la sociedad nicaragüense.
Aún se recuerda, en efecto, que en esta aciaga etapa de la vida del país hermano, ocurrieron acciones vandálicas orquestadas con un claro sentido político y revestidas con un falso barniz “humanitario”. Bandas armadas, confundidas con delincuentes comunes y protegidas por grupos organizados por la antigua oligarquía y por sectores conservadores y reaccionarios de la Iglesia Católica, idearon una suerte de “insurrección” colectiva, buscando minar las bases de apoyo popular al Sandinismo y derribar al gobierno del Comandante Daniel Ortega.
Se produjeron atentados terroristas, toma de locales, incendio de oficinas públicas y emisoras; se construyeron verdaderas barricadas para obstruir el paso de personas y el tránsito vehicular, se atacaron sedes del FSLN, y se cometieron crímenes contra personas indefensas, muchas de las cuales fueron bárbaramente torturadas antes de perecer.
Todo eso pretendió presentarse ante el estupor del mundo como “acciones legítimas ejecutadas por un pueblo enardecido” cuando en realidad no fueron sino actos atroces consumados por elementos desclasados y muchas veces financiados por las fuerzas más retardatarias de la sociedad.
Tales acciones obedecieron por cierto, a un solo propósito: desacreditar la experiencia Sandinista en el marco de una ofensiva criminal contra el Proceso Emancipador Latinoamericano.
Tras las bambalinas estuvo, de comienzo a fin, el trabajo de sectores vinculados a la administración norteamericana en el periodo más violento y despiadado impulsado por Donald Trump desde la Casa Blanca.
Todos pudimos ver, en efecto, que los sucesos de Nicaragua fueron la continuación de acciones idénticas perpetradas un año antes en Caracas contra el Gobierno Constitucional del Presidente Nicolás Maduro; en Ecuador contra Rafael Correa y en Bolivia contra Evo Morales y su gestión gubernativa.
En uno u otro país, la acciones fueron idénticas y se fundamentaron en la misma teoría de la “insurgencia popular” contra regímenes rechazados por la ciudadanía.
En realidad, eran todo lo contrario: acciones sediciosas organizadas por elementos desquiciados que buscaban caotizar la sociedad, para restaurar el dominio de una oligarquía envilecida y en derrota.
En el caso de Nicaragua, el asunto tuvo antecedentes por cierto más lejanos. Los antiguos “somocistas” que trabajaron intensamente en favor de la oprobiosa dictadura de tal estirpe sangrienta, hicieron siempre un trabajo de zapa contra la administración sandinista.
En los años 80 conspiraron abiertamente contra el país e incluso muchos de ellos tomaron las armas implementando acciones bélicas respaldadas desde el exterior, y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Fue de ese modo como lograron burlar al pueblo de Nicaragua y restablecer un régimen conservador y corrupto que pudo retener los resortes del Poder hasta el 2007; cuando el Sandinismo restituyó el proceso emancipador interrumpido desde fines de los años 80.
EL OBJETIVO DE ESA CAMPAÑA, SIEMPRE FUE EL PODER
Nunca estas fuerzas hicieron lo que podría denominarse una “resistencia pacífica” a la restauración de gobierno Sandinista. Siempre buscaron el choque y la confrontación.
Y en todas las circunstancias, su objetivo, fue el Poder. Usaron el sabotaje y el terrorismo, y se valieron de métodos violentos para obstaculizar la gobernabilidad del país. Hay que decir, sin embargo, que fracasaron en toda la línea.
No sólo el FSLN fue confirmado en el Poder en sucesivas elecciones, sino que el propio Comandante Daniel Ortega recibió el respaldo ciudadano, para ira de sus adversarios, los contrarrevolucionarios.
Ahora, en el marco de las elecciones que se avecinan, buscan hacer lo mismo. Y para lograrlo, requieren minar el prestigio y la autoridad del gobierno sandinista más allá de las fronteras de Nicaragua toda vez que en el plano interno, ya se sienten vencidos. Intentan, entonces, sorprender a los desinformados, a quienes no conocen la realidad de Nicaragua y se dejan influenciar por algunos grandes medios a su servicio.
Para ese efecto, además, les resulta muy útil contar con instituciones como Amnistía Internacional, por el prestigio que ha alcanzado como un organismo defensor de los Derechos Humanos.
Para conseguir ese propósito, se valen por cierto, de influencias personales, de vínculos individuales y aun familiares con ciertas autoridades y funcionarios tanto del gobierno de los Estados Unidos como de otras entidades del exterior. Para lograrlo, deforman y manipulan groseramente los hechos.
NICARAGUA EN LA PANDEMIA
Si ha habido en el 2020 un acontecimiento mundial que ha puesto al desnudo las debilidades y errores de Estados y Gobiernos, éste ha sido la crisis sanitaria derivada del COVID 19, que ya ha costado al mundo alrededor de cuatro millones de víctimas, entre fallecidos y enfermos.
Países altamente desarrollados, con un gran poder económico -como Estados Unidos- han sufrido en carne propia inmensos daños de este orden.
Pero éste ha afectado también a otros países más pequeños y de limitado desarrollo.
En Centroamérica y el istmo de Panamá, los daños registrados han sido considerables. Nicaragua, sin embargo, ha sido uno de los países que ha enfrentado más exitosamente esa satánica pandemia. Y lo ha hecho sin adoptar medidas extremas, sin recurrir a las crueles cuarentenas que han martirizado a otros pueblos.
En Panamá el número de fallecidos y contagiados, ha sido estremecedoramente alto. Pero en Honduras, Costa Rica y El Salvador, países hermanos y muy próximos a las fronteras de Nicaragua, también se han registrado daños elevados, mucho mayores que en Nicaragua.
La oposición en Nicaragua ha tratado de sabotear la política del Estado en la materia. Para ese efecto, ante todas las medidas optó por la demanda opuesta. Siempre se llevó por “la contraria”, tratando de escandalizar a la población en el sentido inverso de la óptica oficial. Por eso es que fracasó en toda la línea en la materia.
Hoy se puede decir con verdadera alegría que Nicaragua es uno de los países más limpios de la región. Ha sufrido daños, es verdad, y ha tenido victimas incluso mortales, pero la proporción de ellas resulta claramente inferior a lo ocurrido en otros escenarios.
Algunas cifras tomadas de indicadores internacionales, nos permiten apreciar más objetivamente las cosas: el sistema sanitario de Nicaragua es largamente el mejor de la región. Cuenta con 77 hospitales del sistema público, número que duplica en unos casos y triplica en otros la cantidad de centros similares de otros países del Istmo Centro Americano.
En Nicaragua, durante el año 2020 se registró una cifra de 4,065 personas afectadas por el coronavirus. En Honduras esta cifra subió a 72,306 y en Costa Rica a 66,689; en Panamá a 107,284 y en República Dominicana a 109,737.
La notable diferencia se explica porque la política de prevención y atención de salud aplicada en la Patria de Darío por el Sandinismo, fue mucho más humana y exitosa que la impuesta en toda la región.
En otras palabras, porque el Gobierno Sandinista ha sabido proteger adecuadamente la salud y la vida de los nicaragüenses y que todos ellos, independientemente de su opción política, han sido debidamente cuidados. Eso no lo puede ignorar nadie.
Si se mira la cosa desde la óptica de los recuperados luego de padecer la enfermedad, se puede tener la misma idea.
En Nicaragua, se recuperó el 93% de las personas afectadas; en tanto que en Costa Rica sólo sucedió eso con el 38% y en Honduras con el 32%
En el plano de los decesos, también es notable la diferencia. Hasta el 21 de marzo del 2021 se consideraba el número de fallecidos de acuerdo al siguiente cálculo:
Guatemala: 6,700
Panamá: 6,044
Honduras: 4,443
R. Dominicana: 3,272
Costa Rica: 2,896
Nicaragua: 176
Estos indicadores no los puede soslayar ni borrar nadie. Y constituyen un apreciable éxito de la política del Gobierno Sandinista que es reconocido por los organismos internacionales, pero que desata la ira de la contrarrevolución interna y de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos.
DESDE WASHINGTON SE ALIENTA A LA CONTRA
Este es uno de los temas que algunos ignoran deliberadamente. La exitosa política del Sandinismo ha sufrido siempre los efectos de la agresiva campaña del gobierno de los Estados Unidos.
En los años 80 fue la política de Ronald Reagan la que alentó las operaciones militares contra Nicaragua desde las fronteras norte y sur del país. En los años 90 ella fue comandada por George Bush. Más reciente, estuvo al frente, con singular odiosidad, Donald Trump.
Cuando ocurrieron las recientes elecciones en el país del norte, se pensó que esto podría cambiar no sólo en relación a Nicaragua, sino también a Cuba, a Venezuela y otros países que sufren los embates del Imperio. Hasta hoy, eso no ha ocurrido.
Y según los más recientes informes, no es previsible que se registre un cambio de signo positivo en la materia, por lo menos durante este año, cuando precisamente tendrán lugar las elecciones en Nicaragua.
Según informa Prensa Latina, recientemente el asesor de Seguridad Nacional Juan Sebastián González, propuso como líneas de trabajo en la región el problema de la corrupción, el tema dictatorial y la creación de organizaciones no gubernamentales (ONGs) análogas a las Cortes de Justicia.
La idea es alimentar una suerte de Poder paralelo a los gobiernos nacionales en cada país para “fiscalizarlos” mejor.
El modelo sería la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2006-2019), con facultades, bajo el formato de la ley estadounidense, hasta para apresar, enjuiciar y extraditar a un presidente en ejercicio, como en su momento se hizo con Manuel Antonio Noriega, en Panamá.
Invertir recursos en una suerte de “Sociedad Civil” de ONGs de corte político, financiadas por el gobierno estadounidense, más los medios de comunicación masiva, algo que representa la creación de un poder paralelo a los gobiernos nacionales, pareciera ser el objetivo concreto.
Bajo el dictado de esa estrategia, la idea es formar un muro de contención al norte contra Nicaragua, cuyos interlocutores no sólo serán los gobiernos, sino la sociedad civil y la empresa privada.
Por eso Nicaragua ocupa un lugar principal en la materia. Y el propósito fundamental en marcha es muy simple: no reconocer el resultado de las elecciones nacionales que ocurrirán en noviembre.
En otras palabras, alentar un gobierno ficticio, paralelo al oficial, por cuyo “reconocimiento” la Casa Blanca impulsaría el accionar de otros regímenes de la región. El espectro fracasado de Guaidó, en el Istmo Centroamericano.
LOS PRESOS POLÍTICOS
Por eso desde ahora levantan temas puntuales. Hablan de presos políticos, de cárceles inhumanas y de represión generalizada, como una manera de victimizar a la “oposición” disgregada y desunida que busca propiciar el caos en Nicaragua.
En ese país hoy no hay Presos Políticos. Los que fueron detenidos en el marco de la crisis del 2018, no fueron presos políticos; pero aún ellos, fueron liberados en sucesivas amnistías dispuestas por el gobierno del Comandante Daniel Ortega. Ello ocurrió incluso en casos en los que los intervenidos estaban procesados por daños al cuerpo y la salud de sus compatriotas y hasta por muerte de los mismos.
En la actualidad hay menos de un centenar de procesados por delitos comunes, algunos de los cuales tienen el carácter de reincidentes, ya que fueron acusados por hechos similares ocurridos entre abril y julio del 2018. Nadie está preso por sus ideas políticas, su militancia partidaria o por la expresión de sus afinidades. Quienes hoy transitoriamente están privados de su libertad, deben responder por hechos delictivos específicos.
Y es que pudo siempre más la generosidad del Gobierno Sandinista y su deseo de generar una clima de concordia y unidad nacional por encima de todas las diferencias, el que primó en la circunstancia, y determinó la libertad de decenas de procesados.
Como la actividad sediciosa de algunos de ellos no ha cesado, se dictaron puntuales medidas orientadas a investigar y procesar delitos, respetándose escrupulosamente el debido proceso y los derechos de los acusados.
Hay que llamar la atención sin embargo ante el hecho que, cuando se habla de este tema, Amnistía se preocupa de los “derechos” de los agresores, y no toma para nada en cuenta la situación de las víctimas de los crímenes cometidos por estos.
Hay muertos por la barbarie desatada en ese aciago periodo de la historia de Nicaragua. Y hay viudas e hijos que quedaron huérfanos en esa circunstancia. Y hay personas que fueron alevosamente golpeadas, torturadas y amenazadas. ¿No funciona para ellos la preocupación de Amnistía Internacional?
LAS CÁRCELES
En la Nicaragua de hoy, no hay cárceles ni Centros Penitenciarios que puedan compararse a los que existieron en los años del somocismo. Tampoco las personas privadas temporalmente de su libertad, han sido tratadas como lo fueran los ciudadanos que lucharon heroicamente contra la dictadura asesina de los Somoza.
En la Nicaragua de hoy no existen Cámaras de Torturani tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna.
Ningún caso de esos podría ser mostrado al mundo por Amnistía Internacional o por cualquier otro organismo en el mundo.
Incluso los asesinos y torturadores del 2018, recluidos temporalmente, fueron tratados de manera digna por el Gobierno Sandinista. Esto ha sido comprobado incuso por los organismos de Derechos Humanos que operan en el país y que han visitado los centros penitenciarios.
El Gobierno Sandinista ha mostrado prolijo empeño en mantener estos centros dentro de los límites posibles de la circunstancia. Incluso en los momentos más complicados de la crisis sanitariareciente, se ha procurado proporcionar a las personas detenidas, la ayuda sanitaria y médica necesaria para afrontar sus dificultades.
Del mismo modo se ha mantenido debidamente informadas a lasfamilias de los reos, para evitarles preocupaciones suplementarias. La idea es que ellas también puedan ayudar a atender a sus allegados que hoy afrontan dificultades vinculadas a su ausencia de libertad.
Un tema que ha preocupado recientemente a Amnistía Internacional ha sido el referido a la ley de Agentes Extranjeros, debatida y aprobada por el órgano legislativo de Nicaragua.
El Parlamento nicaragüense, como cualquier Poder similar en el mundo, consideró su deber debatir el caso de personas que reciben subvenciones del exterior y cuya tarea es proporcionar para organismos de otros países, informes referidos a la vida de los nicaragüenses.
Luego de un análisis racional del tema, aprobó ciertas normas que tienen que ver con la regulación de lasactividades de las personas conectadas con entidades foráneas ycuyas acciones pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
Es claro que la intención de la ley debatida es precisar un instrumento que permita a Nicaragua evitar que, potencias, países, gobiernos, agencias u organizaciones extranjeras interfieran en los asuntosinternos o la política internacional de Nicaragua, algo que no sólo Nicaragua busca repudiar, sino que las organizaciones internacionales y gobiernos de todo tipo también rechazan.
En esa línea de trabajo fue que entre noviembre y diciembre de 2018, las autoridades cancelaron el registro legal de al menos nueve organizaciones. Hasta finales del 2020, otra organización se había unido a esta lista. Esto a AI, le preocupa singularmente.
No refiere, sin embargo, que en Nicaragua existen alrededor de 5,000 ONGs, la gran mayoría de las cuales está involucrada en actividades legítimas en torno a problemas sociales y de salud.
Ninguna de ellas estará restringida por esta ley, dirigida únicamente a una minoría de organizaciones que han sido financiadas en gran medida por los EEUU, simplemente para actuar como representantesde la agenda de EEUU y de la derecha política doméstica.
Y este es un tema que resulta compatible no sólo con la función de un ente legislativo, sino también con los deberes patrióticos de una entidad comprometida con el país y con la defensa de su soberanía.
DEFENDER A NICARAGUA SANDINISTA, ES NUESTRO DEBER
Los Amigos de Nicaragua, que en el pasado hemos tomado posición clara en defensa de la Revolución Sandinista, nos consideramos, desde el Perú, en la obligación de actuar no sólo enarbolando la solidaridad como bandera; sino también cautelando los intereses de los pueblos de América Latina afectados por la agresividad constante del Imperio.
Este año que culmina el periodo del Bicentenario de la Independencia de América del yugo español, en cada país se libra una lucha consecuente y firme, en el empeño de salvaguardar los intereses de los pueblos.
Próximamente -en abril de este año- tendrán lugar importantes procesos electorales en varios países. En Ecuador ocurrirá la segunda ronda electoral orientada a ratificar la victoria de Andrés Arauz, alcanzada el pasado 6 de febrero. En Chile el pueblo elegirá una Convención Electoral para restaurar las libertades conculcadas por el fascismo pinochetista. En Bolivia tendrá lugar la elección complementaria de Poderes Locales, que quedara pendiente desde el pasado 7 de marzo.
Y en el Perú las elecciones Presidenciales y parlamentarias asoman en un escenario particularmente propicio para las fuerzas más avanzadas.
De modo general, la derecha más reaccionaria está en retroceso, en tanto que avanzan los pueblos. Eso es lo que preocupa al Imperio y concita la ira de las fuerzas más reaccionarias de nuestro continente. Nuestro deber, en tal contexto, es expresar nuestra identificación con la Independencia y la Soberanía de los Estados de nuestro Continente.
En ese marco, renovamos nuestro apoyo a la Revolución Sandinista de Nicaragua y llamamos a todos a mantener muy en alto nuestra bandera solidaria con la causa que ella encarna.
Lima, 23 de Marzo del 2021
El Directorio de “Los Amigos de Nicaragua”
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