Antecedentes
En el 2018 se concretizo el intento golpista para derrocar al gobierno sandinista electo democráticamente
El malestar en la sociedad a través de “acciones no violentas”. Mucho se ha dicho que los problemas en Nicaragua iniciaron el 18 de abril 2018 con las protestas en contra de la reforma de la seguridad social, lo cual es totalmente falso.
Los primeros síntomas del intento de golpe de estado se dieron con el incendio de la Reserva de Biosfera Indio Maíz.
A inicios de abril/2018 (3 de abril), un grupo de estudiantes, previamente organizados, de las universidades privadas o subvencionadas como la UCA y la UPOLI iniciaron una campaña en las redes sociales con eco en los medios de comunicación de la élite económica con el propósito de crear descontento en la población (entre 8 – 12 de abril); argumentando que el gobierno había reaccionado tarde en el control del incendio y por lo tanto era negligente y no debía seguir gobernando el país.
Por su parte el gobierno de Nicaragua para controlar el incendio había dispuesto desde el inicio 1500 soldados del ejército, cientos de miembros del cuerpo de bomberos unificados y del apoyo aéreo de México, Honduras y El Salvador. El incendio se controla el 13 de abril.
El 18 de abril se usó como excusa para dar inicio al intento de golpe de estado la reforma al seguro social. A partir de ese momento un grupo violento bien organizado abanderó la lucha por la derogación de la reforma al seguro social y comenzó la campaña de desinformación por las redes sociales, se hablaba de una masacre estudiantil en Managua, la cual nunca existió.
Sin embargo, la campaña anunciando el circo del horror que se aproximaba surtió efecto. Entre el 18 al 22 de abril no hubo ningún estudiante universitario muerto en Managua.
Las muertes de los estudiantes se produjeron en León (Cristian Cadenas, 20 de abril, quemado por grupos derecha “autoconvocados” dentro de las instalaciones CUUN), en Estelí (Orlando Pérez y Franco Valdivia, ambos murieron el 20 de abril) y en Masaya (Álvaro Gómez, 20 de abril).
Desde el retorno al poder del FSLN (2007), a través de elecciones, los mal llamados grupos de la sociedad civil (ONGs ligados a la extrema derecha norteamericana, que reciben financiamiento de USAID, NED y organismos europeos) han iniciado una campaña de desprestigio sistemático en contra del gobierno revolucionario de Nicaragua.
Para ello se han valido de sus aliados políticos del Movimiento Renovador Sandinista (fracción política adulterada del verdadero sandinismo).
Una de las estrategias utilizadas para difamar al gobierno Sandinista es el secuestro del concepto de intelectualidad, es decir solo los que ellos y los medios de comunicación de la derecha reconocen como intelectuales deben ser reconocidos como tales, olvidándose de la intelectualidad y sabiduría populares.
Al poseer estos señores oligarcas y vende patria el monopolio de los medios de comunicación a través de sus operadores políticos – “intelectuales” (escritores, cantautores, columnistas, periodistas) hacen denuncias constantes en pro de aparentes reivindicaciones sociales.
A lo largo de estos once años de gobierno Sandinista los hemos (MRS, ONGs, etc.) visto mutar entre lucha y lucha, todas sin sentido, con el único propósito de deslegitimizar el actuar del gobierno nicaragüense.
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Ley Renacer
Washington – Los Senadores Fascistas, Bob Menéndez (D-N.J.), el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los Senadores Marco Rubio (R-Fla.) y Tim Kaine (D-Va.), Miembro de Más Alto Rango y Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, y los Senadores Dick Durbin (D-Ill.), Ben Cardin (D-Md.) y Chris Murphy (D-Conn.) presentaron un nuevo proyecto de ley bipartidista para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos, incluyendo agresiones selectivas, para promover "elecciones democráticas en Nicaragua" este noviembre de 2021.
Titulado el Proyecto de Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), la legislación propone "nuevas iniciativas" para abordar la corrupción del gobierno del Presidente Daniel Ortega y la de su familia, así como los "abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad" nicaragüenses.
El Proyecto injerencista de Ley RENACER también requiere que el gobierno estadounidense aumente agresiones coordinadas con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea (eternos lacayos de las políticas sucias del los gobiernos de EEUU), y fortifique los informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua.
“El Proyecto de Ley RENACER deja sumamente claro que los Estados Unidos no tolerará el surgimiento de "otro dictador" en nuestro hemisferio.
Esta nueva propuesta alinea completamente la diplomacia y las agresiones estadounidenses hacia un objetivo singular – permitir (?) elecciones democráticas en Nicaragua este noviembre de 2021”, dijo el Senador Menéndez., (Encuestas recientes reflejas una alta aceptación del electorado por el partido de izquierda FSLN)
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Unas semanas antes de que el g
uión golpista de J. Foster Dulles, Henry Kissinger y Gene Sharp comenzara a ser
aplicado por la CIA en Nicaragua, usted como nuestra todavía grata embajadora
Laura Dogu, durante una reunión con los empresarios privados, impartió una conferencia titulada
Perspectiva 2018: el camino hacia 2030 inicia hoy, evento en el cual mostró sus
dotes proféticos, con su respectiva bola de cristal, alto dominio de las técnicas del oráculo y el más
diáfano injerencismo en la política nacional, para incentivar a la oposición a retomar el poder político por cualquier medio y a cualquier costo, porque el fin justifica los medios (entre ellos los anti-democráticos e inconstitucionales).
Leamos, pues usted Mrs. Dogu dijo:
“…la situación de Nicaragua puede ser descrita como incierta”. (2)
“…las decisiones que Nicaragua ha tomado a nivel nacional, como en su política exterior, han contribuido a generar incertidumbre”. (2)
“En conjunto, estos aspectos afectan la relación de Nicaragua con su principal socio comercial [Estados Unidos]…” (2)
“…reafirman la percepción generalizada de que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles…” (2)
“…los inversionistas están claros que el riesgo y el retorno siempre están ligados.” (2)
“Si el nivel de riesgo aumenta, los inversionistas demandarán un mayor nivel de retorno. Y en Nicaragua, el riesgo ha aumentado pero las posibilidades de obtener mayor retorno no se presentan, lo cual la hace menos competitiva”. (2)
Dogu apuntó que con la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones municipales de 2017, no se pudo identificar algún cambio, lo que produce “incertidumbre acerca de la sostenibilidad del actual sistema político, [que] a su vez, tiene un componente económico”. (2)
Recordó que la Ley Nica o Nica Act, pendiente de aprobación por el Senado de Estados Unidos, orientaría a este gobierno a votar en contra de préstamos para Nicaragua. (2)
“Esta iniciativa de ley [Nica Act] surge como consecuencia de la falta de democracia, la violación a los derechos humanos, la corrupción y las relaciones cercanas con Rusia y Venezuela”. (2)
“[Estados Unidos] prohíbe trabajar muy de cerca con gobiernos que han reconocido a Osetia del Sur y Abjasia, siendo Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru, los únicos países en el mundo que lo han hecho”. (2)
“Roberto Rivas [presidente del Consejo Supremo Electoral] fue sancionado por corrupción con base en la Ley Global Magnitsky”. (2)
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Ocho meses antes de que se celebraran las elecciones generales de 2016 en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, y utilizando varias ONG locales e internacionales, montó un millonario operativo a fin de impedir que el candidato del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, se alzara con la victoria.
En realidad ya existía una partida millonaria manejada por varias empresas extranjeras que operan como organismos no gubernamentales, a fin de encubrir que son intermediarias en la labor de desestabilización ejecutada por la ultraderecha norteamericana y europea.
Pero el 6 de abril de 2016, se les dio más dinero y se dio curso al plan antisandinista.
En total, las intermediarias de la injerencia gringa manejaron a partir de abril de 2016, US$ 54,440,178 en diferentes programas en el conocido como A&A PLAN-USAID Nicaragua.
La
Fundación Violeta Barrios de Chamorro, propiedad de
Cristiana Chamorro Barrios, fue incluida directamente en este plan con una
misión específica: dañar la imagen del gobierno sandinista utilizando para ello a medios de comunicación de su familia, y capacitando a otros que se auto llaman “independientes”, lo mismo que a periodistas que adversan al sandinismo.
Cristiana y su Fundación manejaron al inicio 1.6 millones de dólares, no obstante, poco después le subieron el presupuesto a US$ 2,500,000.
... Llama la atención la adjudicación de US$ 8,998,767 a la contratista norteamericana Dexis, a la que inicialmente habían entregado US$ 6,498,767 y en abril de 2016 le dieron US$ 2,500,000 más.
Dexis opera en todo el planeta y tiene objetivos muy sugerentes: “tiene la misión de ayudar a resolver los desafíos políticos, sociales y económicos globales más apremiantes de hoy y crear un mundo donde todas las personas sean seguras y prósperas.
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Ley de
Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma
Electoral (RENACER)
Nicaragua celebrará elecciones generales en noviembre de
2021. La comunidad internacional puede jugar un papel importante en la presión
por condiciones electorales libres, justas y transparentes en Nicaragua.
En los últimos meses, el gobierno de Nicaragua ha
ampliado su restricción a las libertades de los medios de comunicación, aprobó
leyes para obstruir la movilización ciudadana y aceleró la persecución de
opositores políticos.
Este proyecto de ley requiere que el Poder Ejecutivo alinee
la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas existentes para promover
elecciones democráticas en Nicaragua, e incluye nuevas iniciativas para abordar
la corrupción, abusos de los derechos humanos y restricción de la libertad de
prensa.
2 - Hallazgos: incluye hallazgos sobre los
esfuerzos del gobierno de Ortega para frenar los derechos y aumentar la persecución
de opositores políticos en el período previo a las elecciones de noviembre de
2021.
3 - Sentido de Congreso: Expresa oposición a leyes
y políticas que suprimen los derechos humanos y libertades fundamentales en
Nicaragua.
4 - Restricciones a las Instituciones Financieras
Internacionales Relacionadas con Nicaragua: Modifica la Ley de Condicionalidad
de Inversiones de Nicaragua de 2018 al ampliar los mecanismos de supervisión
para IFI otorga préstamos a Nicaragua y reafirma la exención legal existente
para proyectos humanitarios.
5 - Sanciones específicas para promover elecciones
democráticas: requiere que EE. UU.
El gobierno desarrolle e implemente una estrategia unificada
para alinear los esfuerzos diplomáticos y el uso de sanciones específicas para
promover elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.
6 - Desarrollar una estrategia de sanciones
coordinada con socios diplomáticos: requiere el gobierno de los EE. UU. para
lograr una coordinación más estrecha con Canadá y la Unión Europea en esfuerzos
diplomáticos y sanciones específicas para promover elecciones libres, justas y
transparentes.
7 - Inclusión de Nicaragua en la lista de países
sujetos a ciertas sanciones relacionadas con Corrupción. Modifica la Ley de
Apropiaciones Consolidadas de 2021 al incluir a Nicaragua en la lista de países
sujetos a determinadas restricciones relacionadas con la corrupción.
8 - Informe clasificado sobre la participación de
familiares Ortega y nicaragüenses Funcionarios gubernamentales en corrupción.
Requiere informes clasificados sobre actos públicos importantes corrupción en
Nicaragua que involucra al presidente Ortega, su familia y funcionarios del
gobierno.
9 - Informe clasificado sobre las actividades de la Federación de Rusia en
Nicaragua.
Requiere informes clasificados sobre las actividades del
gobierno ruso en Nicaragua.
10 - Informe sobre abusos a los derechos humanos en
el interior de Nicaragua. Requiere informes sobre graves violaciones de
derechos humanos perpetradas por el gobierno de Ortega contra campesinos, comunidades
indígenas y sociedad civil del interior de Nicaragua.
11 - Apoyo a los medios de comunicación
independientes y la libertad de información en Nicaragua.
Requiere informar sobre el acoso del gobierno de Ortega a
los medios de comunicación independientes y una estrategia sobre cómo el
gobierno de los Estados Unidos puede apoyar la libertad de prensa en Nicaragua.
Fuente Original
https://www.trincheraonline.com/2021/03/26/ley-renacer-tiene-apoyo-bipartista-y-presionara-por-elecciones-libres/
