La investigación relaciona al actual mandatario con el presunto jefe narco Geovanny Fuentes Ramírez, a quien habría protegido a cambio de dinero para su campaña electoral.
Un documento de la Fiscalía de Nueva York confirmaría la investigación contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El documento, al que ha tenido acceso El Heraldo de Tegucigalpa, certificaría las pruebas sobre el tráfico de cocaína y el uso de armas, a través del capo narco Geovanny Fuentes Ramírez, a quien el mandatario habría protegido a cambio de una importante suma de dinero.
Según el documento judicial, en 2013 y 2014, Fuentes Ramírez y el actual mandatario hondureño —por aquel entonces diputado— mantuvieron una serie de reuniones en las que presuntamente acordaron sobornos para que el Gobierno aceptara movilizar fuerzas de seguridad, con el objetivo de proteger los negocios ilícitos con drogas.
En ese tiempo, el presidente de Honduras era Porfirio Lobo y Hernández trabajaba en la campaña para sucederlo en la primera magistratura a partir de 2014.
El texto, que no nombra explícitamente a Juan Orlando Hernández sino que lo identifica como "CC-4" (conspirador número 4), asegura que el político usó "el tráfico de drogas para ayudar a hacerse con el poder y el control en Honduras".
El pasado lunes, la Presidencia de Honduras emitió un comunicado en el que negó las acusaciones contra el jefe de Estado: "La afirmación de que el presidente Hernández supuestamente aceptó dinero de la droga de un Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100 % falso, y parece estar basado en mentiras de delincuentes confesos que buscan venganza y reducción de condenas", dice el mensaje publicado en Twitter.
Fuentes Ramírez fue arrestado el 1 de marzo del 2020 en Miami y enfrentará en marzo próximo en Nueva York la acusación, entre otros ilícitos, de producir "cientos de kilogramos mensuales" de esta droga —tal como consta en el escrito de los fiscales— , así como de ordenar el asesinato de varias personas para proteger sus actividades criminales.
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